ABC.es - Noticias de España y del mundo
Lunes, 2 de Noviembre de 2009
Madrid
Opinión
Editorial
Un pacto contra la corrupción
Domingo , 01-11-09
HA llegado la hora de la reacción social y política contra la corrupción, a través de un gran pacto de Estado que exprese el compromiso ineludible para combatir esta lacra del sistema democrático. Entre la perplejidad y la indignación, los ciudadanos asisten en las últimas semanas al desfile de políticos y ex políticos que comparecen ante los jueces como imputados por prevaricación, cohecho, fraude fiscal y otros tipos delictivos derivados de la interferencia entre intereses públicos y privados. Los altos cargos de CiU en la etapa de Jordi Pujol y los dirigentes del PSC se suman a los implicados en asuntos de este tipo en El Ejido, la comunidad balear o el «caso Gürtel». Estamos en presencia de un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos, como demuestran de forma concluyente las últimas operaciones policiales. Queda así en evidencia el oportunismo del PSOE cuando intenta presentar al PP como «partido de la corrupción». Nadie está libre de pecado, y por ello la opinión pública exige a unos y otros una reacción rápida y eficaz para frenar el deterioro evidente de la clase política. La gestión urbanística es el ámbito más propicio para este tipo de tramas, relacionada muchas veces con la «economía del ladrillo», según explica hoy ABC. En este sentido, es imprescindible revisar la legislación vigente, reforzando los mecanismos de control y -sobre todo- garantizando su aplicación correcta a través de órganos independientes. Mientras el Ejecutivo estudia una reforma de la ley de bases de régimen local en busca de mayor «transparencia», el PP anuncia una iniciativa parlamentaria para la reforma del Código Penal, endureciendo las penas correspondientes.
Al margen del derecho de los imputados a defenderse con todas las garantías procesales, los diferentes casos de corrupción demuestran que hay una mezcla de intereses turbios en la que confluyen políticos sin escrúpulos y delincuentes disfrazados de empresarios. La gran reforma pendiente en los partidos españoles es utilizar un buen método de selección de los cargos representativos, ya que mucha gente honorable se ve desplazada por auténticos especialistas en maniobras irregulares para acceder al poder. Aparece así un sistema de «castas», que -como se percibe con nitidez en el caso de Santa Coloma de Gramanet- conduce a un sorprendente contubernio entre políticos de diferentes partidos, dispuestos a favorecer un lucro injustificable. La degradación de la función pública en determinados niveles territoriales contribuye también a facilitar estas operaciones. Frente al funcionario que accede al cargo por méritos propios y goza de garantías para su independencia, se generalizan los nombramientos de confianza en favor de individuos que actúan después como verdaderos cómplices y colaboradores. Las administraciones más cercanas a los intereses urbanísticos o a la adjudicación de ciertos contratos públicos son susceptibles de influencias oscuras que deberían ser contrarrestadas por órganos independientes. La ley y su aplicación tienen que ser iguales para todos. Los partidos tienen que tomar iniciativas eficaces para limpiar al Estado democrático de la miseria moral que acompaña a la corrupción.
2 de noviembre de 2009
Cleptocracia
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Lunes, 2 de Noviembre de 2009
Madrid
Opinión
Firmas
Cleptocracia
IGNACIO CAMACHO
Domingo , 01-11-09
EN los años noventa la corrupción ascendió a los áticos y plantas nobles del Estado y provocó un colapso político nacional, pero lo que hizo crisis fue el felipismo y no el sistema porque salvo algunas excepciones la venalidad había sobrevenido como una excrecencia derivada del acaparamiento hegemónico del poder por un partido que lo disfrutaba en régimen extensivo. Ahora el Gobierno y sus aledaños son reos de una mediocridad letal pero en materia de mangancia parecen relativamente limpios; sin embargo en los escalones intermedios de la Administración se ha incrustado un ejército de saqueadores que amasan fortunas a base de ordeñar y desviar los recursos públicos sin distinción de ideologías ni adscripciones. Esa universalización de la deshonestidad es mucho más peligrosa porque impide a los ciudadanos asqueados la opción de derivar su voto hacia alternativas no contaminadas; la partitocracia corrompida nos lleva directamente a Trincolandia.
La pasividad complaciente de los aparatos de dirigencia nos ha devuelto a los tiempos en que Julio Camba podía escribir con sorna que en España se dice que los concejales roban como se dice que los caballos relinchan o los toros mugen: como una suerte de expresión natural de su condición zoológica. Sólo que ahora además de los concejales roban alcaldes, presidentes de diputaciones y caciquillos de las autonomías, más una pléyade de satélites especuladores que gira en su entorno desde la esfera privada. En vez de organizar una cruzada común contra esta delincuencia de cuello blanco que subvierte la representación del pueblo, los partidos se blindan en su autodefensa, apelan a detalles victimistas o protestas persecutorias y abordan el problema con una óptica de sectarismo cuyos cristales filtran la corrupción propia para medir tan sólo la del adversario, o encuentran vagos argumentos paliativos y excusas de un casuismo hipócrita con las que cohesionarse a sí mismos.
Para tomar medidas de fondo, penales o civiles, urge primero la aceptación del mal desde una conciencia de ética pública que parece haberse perdido en el debate banderizo. Sólo a partir de ahí cabría pensar en fórmulas sinceras de achicar el campo a los corruptos desde una voluntad de atajar el problema más allá de sus repercusiones en las urnas, acaso parcas por desistimiento o conformismo de un electorado envuelto en el desaliento moral. Si los partidos fuesen responsables subsidiarios del dinero defraudado por sus militantes quizá asumiesen más en serio su deber de vigilancia. Como núcleo funcional del sistema les corresponde una responsabilidad ineludible en la centinela de su integridad. Ante el riesgo de llegar a una cleptocracia no valen lágrimas de cocodrilo que suenan a la cínica sentencia de Henry Kissinger: el noventa por ciento de los políticos le crea mala reputación al diez por ciento restante.
Lunes, 2 de Noviembre de 2009
Madrid
Opinión
Firmas
Cleptocracia
IGNACIO CAMACHO
Domingo , 01-11-09
EN los años noventa la corrupción ascendió a los áticos y plantas nobles del Estado y provocó un colapso político nacional, pero lo que hizo crisis fue el felipismo y no el sistema porque salvo algunas excepciones la venalidad había sobrevenido como una excrecencia derivada del acaparamiento hegemónico del poder por un partido que lo disfrutaba en régimen extensivo. Ahora el Gobierno y sus aledaños son reos de una mediocridad letal pero en materia de mangancia parecen relativamente limpios; sin embargo en los escalones intermedios de la Administración se ha incrustado un ejército de saqueadores que amasan fortunas a base de ordeñar y desviar los recursos públicos sin distinción de ideologías ni adscripciones. Esa universalización de la deshonestidad es mucho más peligrosa porque impide a los ciudadanos asqueados la opción de derivar su voto hacia alternativas no contaminadas; la partitocracia corrompida nos lleva directamente a Trincolandia.
La pasividad complaciente de los aparatos de dirigencia nos ha devuelto a los tiempos en que Julio Camba podía escribir con sorna que en España se dice que los concejales roban como se dice que los caballos relinchan o los toros mugen: como una suerte de expresión natural de su condición zoológica. Sólo que ahora además de los concejales roban alcaldes, presidentes de diputaciones y caciquillos de las autonomías, más una pléyade de satélites especuladores que gira en su entorno desde la esfera privada. En vez de organizar una cruzada común contra esta delincuencia de cuello blanco que subvierte la representación del pueblo, los partidos se blindan en su autodefensa, apelan a detalles victimistas o protestas persecutorias y abordan el problema con una óptica de sectarismo cuyos cristales filtran la corrupción propia para medir tan sólo la del adversario, o encuentran vagos argumentos paliativos y excusas de un casuismo hipócrita con las que cohesionarse a sí mismos.
Para tomar medidas de fondo, penales o civiles, urge primero la aceptación del mal desde una conciencia de ética pública que parece haberse perdido en el debate banderizo. Sólo a partir de ahí cabría pensar en fórmulas sinceras de achicar el campo a los corruptos desde una voluntad de atajar el problema más allá de sus repercusiones en las urnas, acaso parcas por desistimiento o conformismo de un electorado envuelto en el desaliento moral. Si los partidos fuesen responsables subsidiarios del dinero defraudado por sus militantes quizá asumiesen más en serio su deber de vigilancia. Como núcleo funcional del sistema les corresponde una responsabilidad ineludible en la centinela de su integridad. Ante el riesgo de llegar a una cleptocracia no valen lágrimas de cocodrilo que suenan a la cínica sentencia de Henry Kissinger: el noventa por ciento de los políticos le crea mala reputación al diez por ciento restante.
La corrupción ahoga España
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Lunes, 2 de Noviembre de 2009
Madrid
España
La corrupción ahoga España
Consulta el mapa de la corrupción en España (No hay forma de copiarlo)
Editorial: Un pacto contra la corrupción
La Tercera: Al borde del sumidero de la corrupción, por Ángel Expósito
«Corrupción y política», por José María Carrascal
«Los políticos han perdido la vergüenza y ya te piden ellos la pasta, sin mediadores»
Cataluña, bajo el síndrome Gürtel
CiU, tripartito y TSJC claman contra las «penas de Telediario» a los detenidos
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO | MADRID
«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Mira el mapa de la corrupción en España más grande
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
Lunes, 2 de Noviembre de 2009
Madrid
España
La corrupción ahoga España
Consulta el mapa de la corrupción en España (No hay forma de copiarlo)
Editorial: Un pacto contra la corrupción
La Tercera: Al borde del sumidero de la corrupción, por Ángel Expósito
«Corrupción y política», por José María Carrascal
«Los políticos han perdido la vergüenza y ya te piden ellos la pasta, sin mediadores»
Cataluña, bajo el síndrome Gürtel
CiU, tripartito y TSJC claman contra las «penas de Telediario» a los detenidos
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO | MADRID
«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Mira el mapa de la corrupción en España más grande
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
Milicianos evitaron que el fuego destrozara las obras de arte
Placa conmemorativa de la reconstrucción.
Milicianos ante el lienzo 'Artemisa' en la exposición en Valencia en 1937. | IPCE
Interior del Palacio de Liria en 2006. | Q. F.
Interior del Palacio de Liria en 1937. | IPCEMilicianos evitaron que el fuego destrozara las obras de arte
Sevilla | Andalucía | elmundo.es Líder mundial en español
Lunes 02/11/2009. Actualizado 10:42h.
CULTURA |
El día que los comunistas salvaron el tesoro de los Alba
* Dieciocho bombas incendiarias cayeron el 17 de noviembre de 1936 sobre Liria
* Los lienzos, embalados, se guardaban en el cuarto más seguro del palacio
* Dada la identidad de su propietario, nunca se pensó que fuera un objetivo
José María Rondón | Sevilla
Un miliciano, con el fusil al hombro, mira detenidamente uno de los lienzos expuestos en el claustro del Colegio del Patriarca de Valencia. En él, una joven vestida con mantos de ricos brocados de oro, Artemisa, mira hacia lo alto implorando la piedad de los dioses, al mismo tiempo que un paje vierte las cenizas de su esposo Mausolo en la copa que sostiene su mano derecha. Las manos de ambos hablan por sí solas del dramático desenlace. Los guerreros y los nobles acusan la consternación del hecho.
La fotografía en cuestión ilustra el folleto editado por el Ministerio de Instrucción Pública con motivo de la exposición de las obras de arte del Palacio de Liria en Valencia, capital de la España republicana. Junto a imágenes que contraponían el estado ruinoso de la residencia madrileña del duque de Alba a las obras cuidadosamente expuestas, se podían leer textos muy elocuentes: «Exposición de obras de arte salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista, y entregadas por éste al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes».
Las bombas taladraron el tejado y el fuego consumió el inmueble
«La barbarie fascista destruye el tesoro artístico nacional incendiado en Liria» o «Las milicias del 5º Regimiento rescatan de las llamas las mejores obras de arte de este célebre Museo y el Ministerio de Instrucción Pública expone ante el mundo civilizado el testimonio vivo de la cultura salvada por el pueblo antifascista» son los otros lemas que aparecen en el folleto de la exposición que se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1936, y cuyo éxito obligó a prorrogarla en enero de 1937.
Este episodio un capítulo más de la epopeya vivida por el patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, pero significativo y de gran repercusión por el número y calidad de las obras propiedad de la Casa de Alba aparece ampliamente descrito en La historia recuperada. Vicisitudes del Palacio de Liria durante la Guerra Civil española , estudio realizado con motivo de la exposición Colección Casa de Alba por Valme Muñoz, comisaria junto a Ignacio Hermoso de la muestra que acoge estos días el Bellas Artes de Sevilla.
Así, en el citado estudio, se apunta cómo sólo unos días después de la rebelión militar contra el Gobierno de la República, «el Palacio de Liria fue incautado por las milicias del Partido Comunista, que lo mantuvieron abierto al público conservando sus colecciones tal como las encontraron».
Pese a los bombardeos sobre Madrid, se decidió que la colección permaneciera en el Palacio de Liria, entre otras razones porque, dada la identidad del propietario, se creía que el bando sublevado nunca atentaría contra el inmueble. «Se extremaron las medidas de seguridad, hasta el punto que no se permitía fumar en el interior del edificio y las pinturas se salvaguardaron con pasamanos para evitar los posibles daños ocasionados por los visitantes», explica Valme Muñoz.
Desde agosto del 36 se organizaron las visitas de grupos de milicianos dos veces por semana, y las charlas de prestigiosos conferenciantes, como Rafael Alberti o Teresa León, convirtieron al Palacio de Liria en uno de los centros culturales más activos del Madrid de la contienda. Sin embargo, toda esta actividad fue interrumpida cuando, contra todo pronóstico, el 17 de noviembre el palacio era devastado por 18 bombas incendiarias.
'Obras salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista', rezaba un lema
Variados testimonios dan cuenta de los daños del bombardeo. Una persona del servicio de la Casa de Alba llamada Remigio hace en unas notas manuscritas un breve relato de los hechos. Él cuenta cómo a las cuatro de la tarde del 17 de noviembre de 1936 la servidumbre se apresuró junto a los milicianos en llegar a las cubiertas para sofocar las llamas, pero fue insuficiente, pues las bombas incendiarias habían taladrado el zinc del tejado y el fuego se había adueñado de toda la armadura de madera.
Los milicianos decidieron entonces intentar salvar cuanto se pudiese. Los cuadros, embalados ante la eventualidad de un bombardeo, se guardaban en un cuarto seguro el del teléfono, en concreto . Se descolgaron las cortinas, los tapices y, junto a las alfombras, se sacó todo al jardín. Allí se trasladaron también los muebles, los libros, las porcelanas y la plata. Posteriormente, todo se llevó a dos céntricos edificios madrileños en las calles Serrano y Antonio Maura , ocupados por el Partido Comunista.
Los cuadros se expusieron en Valencia, luego viajaron a Cataluña y recalaron en Ginebra
Ya por entonces, con el Gobierno republicano instalado en Valencia ante el avance de las tropas nacionales, se decidió el traslado del tesoro artístico nacional -unas 18.000 piezas, incluidas las del Museo del Prado y, lógicamente, las de la Casa de Alba- a la capital levantina.
De allí viajarían a Cataluña para, posteriormente, recalar en la Sociedad de Naciones en Ginebra hasta su retorno a Madrid casi tres años después en uno de los episodios más apasionantes de la historia reciente de España. La odisea del tesoro nacional en la Guerra Civil ha centrado algunas importantes exposiciones como Arte Protegido (Museo del Prado, 2003) y Biblioteca en guerra (Biblioteca Nacional, 2006).
Durante los casi tres años de este azaroso viaje, el restaurador Manuel Arpe Retamino acompañó las obras y escribió luego un diario con fecha 1 de agosto de 1949, que resulta de gran interés para conocer los detalles de lo sucedido. Arpe relata el gran éxito de la exposición del tesoro de la Casa de Alba en Valencia.
Finalmente, los lienzos se expondrían en Ginebra antes de su retorno a Madrid, donde quedaron inicialmente bajo la custodia del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, creado por decreto por el primer gobierno de Franco en 1938.
El duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, tardaría algunos años en reagrupar toda la colección, a través de diversas entregas entre el verano de 1939 y los meses finales de 1944. Él moriría tres años antes de que concluyeran las obras de construcción del renovado Palacio de Liria, inaugurado en junio de 1956.
Juventudes Socialistas: 'Cero abortos'
España | elmundo.es
Líder mundial en español
Domingo 01/11/2009. Actualizado 22:11h.
POLÉMICA | Campaña a favor de la nueva legislación
Juventudes Socialistas: 'Cero abortos'
* Distribuirán 100.000 'medicamentos': dos preservativos y un folleto informativo
Manuel Sánchez | Madrid
En el trimestre decisivo para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se suceden las campañas a favor y en contra, y esta semana saldrán las Juventudes Socialistas con una campaña integral a favor del proyecto de ley, en múltiples frentes y con un mensaje más que llamativo: "Súmate al 0. Cero embarazos no deseados. Cero abortos".
La campaña, según ha podido saber EL MUNDO, abarca todos los frentes en apoyo de la nueva legislación. Así, se creará una nueva página web denominada: www.decidoyo.com, en la que se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad pero, a la vez, se reta a la sociedad, "a acabar con los embarazos no deseados desde la educación y desde la formación".
Junto a dicha página web, las Juventudes del PSOE repartirán gratuitamente 100.000 nuevos 'medicamentos' que han denominado 'Precoitol', y que incluye "dos comprimidos de prevención y educación: concretamente, dos preservativos y un prospecto informativo". Unos 100.000 'medicamentos' de este tipo se repartirán gratuitamente.
Una caja de 'precoitol'
Una caja de 'precoitol'
Pero el plato fuerte es un vídeo donde se ve a una joven escribiéndole una carta a su abuela, en la que le explica amablemente cómo ha afrontado un aborto, con imágenes de fondo que apuntan todo lo contrario. Se puede ver cómo relata que se lo ha contado a sus padres, junto a unas imágenes que expresan la reacción furibunda de estos. O cómo cuenta el apoyo que ha sentido de la gente, con imágenes impactantes de los momentos más radicales de las manifestaciones contra el aborto. No faltan las caras de Rouco Varela, José María Aznar y Mariano Rajoy.
Según las Juventudes del PSOE, el vídeo trata de "poner en relieve el distanciamiento existente entre una mujer que ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo y una parte de la sociedad que llega a criminalizarla por ello".
Asimismo, los cachorros socialistas dicen que quieren denunciar el extremismo con el que se defienden algunas posiciones y, añaden, "respetamos todos los posicionamientos, pero el mismo respeto deben tener quienes desean interrumpir su embarazo dentro de unos límites comunes a la inmensa mayoría de la UE". El vídeo termina con una defensa del derecho de las menores de 16 y 17 años a tener la decisión en este asunto: "Con las más jóvenes, por su derecho a decidir".
Líder mundial en español
Domingo 01/11/2009. Actualizado 22:11h.
POLÉMICA | Campaña a favor de la nueva legislación
Juventudes Socialistas: 'Cero abortos'
* Distribuirán 100.000 'medicamentos': dos preservativos y un folleto informativo
Manuel Sánchez | Madrid
En el trimestre decisivo para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se suceden las campañas a favor y en contra, y esta semana saldrán las Juventudes Socialistas con una campaña integral a favor del proyecto de ley, en múltiples frentes y con un mensaje más que llamativo: "Súmate al 0. Cero embarazos no deseados. Cero abortos".
La campaña, según ha podido saber EL MUNDO, abarca todos los frentes en apoyo de la nueva legislación. Así, se creará una nueva página web denominada: www.decidoyo.com, en la que se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad pero, a la vez, se reta a la sociedad, "a acabar con los embarazos no deseados desde la educación y desde la formación".
Junto a dicha página web, las Juventudes del PSOE repartirán gratuitamente 100.000 nuevos 'medicamentos' que han denominado 'Precoitol', y que incluye "dos comprimidos de prevención y educación: concretamente, dos preservativos y un prospecto informativo". Unos 100.000 'medicamentos' de este tipo se repartirán gratuitamente.
Una caja de 'precoitol'
Una caja de 'precoitol'
Pero el plato fuerte es un vídeo donde se ve a una joven escribiéndole una carta a su abuela, en la que le explica amablemente cómo ha afrontado un aborto, con imágenes de fondo que apuntan todo lo contrario. Se puede ver cómo relata que se lo ha contado a sus padres, junto a unas imágenes que expresan la reacción furibunda de estos. O cómo cuenta el apoyo que ha sentido de la gente, con imágenes impactantes de los momentos más radicales de las manifestaciones contra el aborto. No faltan las caras de Rouco Varela, José María Aznar y Mariano Rajoy.
Según las Juventudes del PSOE, el vídeo trata de "poner en relieve el distanciamiento existente entre una mujer que ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo y una parte de la sociedad que llega a criminalizarla por ello".
Asimismo, los cachorros socialistas dicen que quieren denunciar el extremismo con el que se defienden algunas posiciones y, añaden, "respetamos todos los posicionamientos, pero el mismo respeto deben tener quienes desean interrumpir su embarazo dentro de unos límites comunes a la inmensa mayoría de la UE". El vídeo termina con una defensa del derecho de las menores de 16 y 17 años a tener la decisión en este asunto: "Con las más jóvenes, por su derecho a decidir".
¿Una generación sin pensiones?
ELPAIS
REPORTAJE: vida&artes
¿Una generación sin pensiones?
Trabajar dos años más aumenta los ingresos generales y reduce los gastos
EE UU alcanza un récord: 6,6 millones de sus empleados superan los 65 años
El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis - España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados
ALEJANDRO BOLAÑOS 02/11/2009
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación...
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.
En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.
En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.
Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.
"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.
No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.
La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.
"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.
Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.
Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.
Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.
El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.
Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).
El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.
Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.
Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente. El secretario de Estado de la Seguridad Social rebate que esos cambios hayan contribuido a aumentar el número de cotizantes de forma notable. Entre ellos destaca que se han reducido los retiros anticipados, pese a que aún se jubila antes de los 65 años más del 40% de los pensionistas, o que se haya incentivado (con una ganancia del 1% anual en la pensión) alargar de forma voluntaria la edad de jubilación.
El Gobierno cree que el cambio demográfico no pondrá el sistema en déficit hasta 2023 y que, entonces, el fondo de reserva de las pensiones permitiría compensar ese saldo negativo al menos seis años más. La crisis puede trastocar ese cálculo: si el paro, cercano al 18%, tarda años en volver a reducirse y las cotizaciones se mantienen en niveles bajos, el fondo de reserva dejará de crecer y el déficit puede aparecer antes de lo previsto. "No veo ningún problema si la crisis dura menos de cinco años", sentencia Granado. Ése es precisamente el periodo que vaticina ahora mismo el FMI para la economía española.
El secretario de Estado sí asume que serán necesarios cambios profundos, pero evita dar pistas. Sobre la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que revisa precisamente ahora la estrategia de pensiones, recae la responsabilidad de tomar las medidas que garanticen las pensiones de toda una generación.
REPORTAJE: vida&artes
¿Una generación sin pensiones?
Trabajar dos años más aumenta los ingresos generales y reduce los gastos
EE UU alcanza un récord: 6,6 millones de sus empleados superan los 65 años
El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis - España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados
ALEJANDRO BOLAÑOS 02/11/2009
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación...
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.
En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.
En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.
Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.
"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.
No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.
La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.
"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.
Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.
Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.
Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.
El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.
Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).
El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.
Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.
Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente. El secretario de Estado de la Seguridad Social rebate que esos cambios hayan contribuido a aumentar el número de cotizantes de forma notable. Entre ellos destaca que se han reducido los retiros anticipados, pese a que aún se jubila antes de los 65 años más del 40% de los pensionistas, o que se haya incentivado (con una ganancia del 1% anual en la pensión) alargar de forma voluntaria la edad de jubilación.
El Gobierno cree que el cambio demográfico no pondrá el sistema en déficit hasta 2023 y que, entonces, el fondo de reserva de las pensiones permitiría compensar ese saldo negativo al menos seis años más. La crisis puede trastocar ese cálculo: si el paro, cercano al 18%, tarda años en volver a reducirse y las cotizaciones se mantienen en niveles bajos, el fondo de reserva dejará de crecer y el déficit puede aparecer antes de lo previsto. "No veo ningún problema si la crisis dura menos de cinco años", sentencia Granado. Ése es precisamente el periodo que vaticina ahora mismo el FMI para la economía española.
El secretario de Estado sí asume que serán necesarios cambios profundos, pero evita dar pistas. Sobre la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que revisa precisamente ahora la estrategia de pensiones, recae la responsabilidad de tomar las medidas que garanticen las pensiones de toda una generación.
La Universidad española renquea en investigación
ELPAIS
La Universidad española renquea en investigación
De las 10 mejores, seis son catalanas y tres de la Comunidad Valenciana
Destaca el esfuerzo de grandes centros, como la Autónoma de Madrid
El sistema español es bastante homogéneo, no hay grandes diferencias
El fichaje de nuevos talentos es una de las claves del éxito
Ningún centro está entre los mejores del mundo - Hay 17 campus situados por debajo de la media internacional
SUSANA PÉREZ DE PABLOS - Madrid - 02/11/2009
Las universidades españolas pecan de falta de excelencia en la investigación. En conjunto, están situadas en la nube central en el ranking de las universidades que publican trabajos científicos de mayor impacto internacional.
Las universidades españolas pecan de falta de excelencia en la investigación. En conjunto, están situadas en la nube central en el ranking de las universidades que publican trabajos científicos de mayor impacto internacional. Así lo muestra un reciente estudio, que se encuentra entre los cuatro de referencia en el mundo, que analiza desde distintos aspectos, por medio de los artículos científicos, las investigaciones que hacen los 2.000 mejores centros del mundo, entre ellos, aparte de organismos de investigación, fundaciones u hospitales, por ejemplo, se encuentran las universidades. Aparecen más de 1.500 de todo el mundo, de las cuales 50 son españolas (existen 78 en total), todas públicas menos dos, la de Navarra y la Ramon Llull.
Se trata del primer ranking de investigación que mide el impacto de los trabajos españoles de la última década, los años en los que más en serio se ha tomado este asunto, de una manera más amplia y con un discurso político de más peso detrás.
El indicador más relevante es el impacto medio que tienen los trabajos científicos de calidad, es decir, las veces que son citados estos artículos que han sido publicados en las revistas científicas de mayor prestigio del mundo. Pues bien, la que se sitúa a la cabeza en España es la Universidad Pompeu Fabra. Sus trabajos (papers) son los que tienen un impacto medio, medido en el número de veces que son citados en el mundo. Es un hecho llamativo ya que se trata de una universidad pequeña y no es, por tanto, de las que más número de publicaciones tiene (1.987) entre los años 2003 y 2007, el periodo que mide el estudio. Sus publicaciones tienen nueve citas de media, el valor más alto de las universidades españolas, superior al del CSIC.
La segunda con investigaciones de más impacto internacional es la Universidad de Barcelona. El mérito en este caso está en lograr situarse en la segunda posición entre las españolas, cuando se trata de una de las universidades presenciales más grandes de España y con mucha producción científica. Sus investigadores han publicado en el mismo periodo 12.517 papers.
Este Ranking Mundial de Instituciones de Investigación (SIR) ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación SCImago, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y de diversas universidades (Granada, Extremadura, Alcalá de Henares, Carlos III), con datos de la base SCOPUS, la mayor sobre producción científica. El estudio selecciona a las 2.000 instituciones que tienen más y mejores resultados de investigación del mundo e incluye el 85% de la producción científica mundial. Analiza los trabajos publicados en 17.000 revistas entre 2003 y 2007, más de seis millones de artículos.
Llama la atención que en las mejores posiciones en España abunden las universidades catalanas; además de las citadas, están la de Girona (la tercera), Rovira i Virgili (quinta) y Autónoma de Barcelona (sexta). En medio de ellas, en cuarto lugar, aparece la Autónoma de Madrid, un centro también grande, como su homóloga de Barcelona, con 9.005 publicaciones.
La cuestión es cuál es la clave para lograr investigaciones de impacto internacional. La primera razón es el tan polémico como relevante asunto del fichaje de talentos, de buenos investigadores, sean españoles o extranjeros. La segunda, la inversión, ligada a políticas que persigan promover esta calidad.
Respecto al fichaje de talentos, Félix de Moya, responsable de programas de investigación de SCImago, opina que uno de los factores que tiene que ver con que muchas universidades catalanas estén a la cabeza es "la alianza de esas universidades con nuevos centros de investigación públicos de excelencia que se crearon apoyados por la Generalitat y, en concreto, por Andreu Mas-Colell". En la actualidad, el prestigioso economista Mas-Colell es secretario general del Consejo Europeo de Investigación y fue consejero de Universidades e Investigación entre 2000 y 2003. "Desde la época de Mas-Colell, las universidades catalanas han recibido buenos investigadores contratados por ICREA y han apoyado con buenos investigadores estas fundaciones".
De Moya destaca que "todas las universidades españolas aparecen en esta clasificación en la franja media europea, ni una sola se encuentra entre las mejores, lo que quiere decir que en conjunto no hay universidades de excelencia". Así como que "el sistema español es bastante homogéneo, no hay grandes diferencias en impacto entre las primeras y las últimas". Además, mientras los países punteros europeos tienen sólo un par de universidades por debajo de la media mundial de impacto, España cuenta con 17 por debajo.
En este proceso de captación de "los mejores científicos se han reclutado además a investigadores posdoctorales de las mejores universidades del mundo", explica el director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Luis Sanz Menéndez. ¿La élite científica española actual es catalana? "Sin duda, de forma creciente. Mas-Colell creó los nuevos centros de investigación empezando por los cimientos: identificar un científico de élite mundial, ficharlo y que defina el proyecto científico".
La Universidad española renquea en investigación
De las 10 mejores, seis son catalanas y tres de la Comunidad Valenciana
Destaca el esfuerzo de grandes centros, como la Autónoma de Madrid
El sistema español es bastante homogéneo, no hay grandes diferencias
El fichaje de nuevos talentos es una de las claves del éxito
Ningún centro está entre los mejores del mundo - Hay 17 campus situados por debajo de la media internacional
SUSANA PÉREZ DE PABLOS - Madrid - 02/11/2009
Las universidades españolas pecan de falta de excelencia en la investigación. En conjunto, están situadas en la nube central en el ranking de las universidades que publican trabajos científicos de mayor impacto internacional.
Las universidades españolas pecan de falta de excelencia en la investigación. En conjunto, están situadas en la nube central en el ranking de las universidades que publican trabajos científicos de mayor impacto internacional. Así lo muestra un reciente estudio, que se encuentra entre los cuatro de referencia en el mundo, que analiza desde distintos aspectos, por medio de los artículos científicos, las investigaciones que hacen los 2.000 mejores centros del mundo, entre ellos, aparte de organismos de investigación, fundaciones u hospitales, por ejemplo, se encuentran las universidades. Aparecen más de 1.500 de todo el mundo, de las cuales 50 son españolas (existen 78 en total), todas públicas menos dos, la de Navarra y la Ramon Llull.
Se trata del primer ranking de investigación que mide el impacto de los trabajos españoles de la última década, los años en los que más en serio se ha tomado este asunto, de una manera más amplia y con un discurso político de más peso detrás.
El indicador más relevante es el impacto medio que tienen los trabajos científicos de calidad, es decir, las veces que son citados estos artículos que han sido publicados en las revistas científicas de mayor prestigio del mundo. Pues bien, la que se sitúa a la cabeza en España es la Universidad Pompeu Fabra. Sus trabajos (papers) son los que tienen un impacto medio, medido en el número de veces que son citados en el mundo. Es un hecho llamativo ya que se trata de una universidad pequeña y no es, por tanto, de las que más número de publicaciones tiene (1.987) entre los años 2003 y 2007, el periodo que mide el estudio. Sus publicaciones tienen nueve citas de media, el valor más alto de las universidades españolas, superior al del CSIC.
La segunda con investigaciones de más impacto internacional es la Universidad de Barcelona. El mérito en este caso está en lograr situarse en la segunda posición entre las españolas, cuando se trata de una de las universidades presenciales más grandes de España y con mucha producción científica. Sus investigadores han publicado en el mismo periodo 12.517 papers.
Este Ranking Mundial de Instituciones de Investigación (SIR) ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación SCImago, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y de diversas universidades (Granada, Extremadura, Alcalá de Henares, Carlos III), con datos de la base SCOPUS, la mayor sobre producción científica. El estudio selecciona a las 2.000 instituciones que tienen más y mejores resultados de investigación del mundo e incluye el 85% de la producción científica mundial. Analiza los trabajos publicados en 17.000 revistas entre 2003 y 2007, más de seis millones de artículos.
Llama la atención que en las mejores posiciones en España abunden las universidades catalanas; además de las citadas, están la de Girona (la tercera), Rovira i Virgili (quinta) y Autónoma de Barcelona (sexta). En medio de ellas, en cuarto lugar, aparece la Autónoma de Madrid, un centro también grande, como su homóloga de Barcelona, con 9.005 publicaciones.
La cuestión es cuál es la clave para lograr investigaciones de impacto internacional. La primera razón es el tan polémico como relevante asunto del fichaje de talentos, de buenos investigadores, sean españoles o extranjeros. La segunda, la inversión, ligada a políticas que persigan promover esta calidad.
Respecto al fichaje de talentos, Félix de Moya, responsable de programas de investigación de SCImago, opina que uno de los factores que tiene que ver con que muchas universidades catalanas estén a la cabeza es "la alianza de esas universidades con nuevos centros de investigación públicos de excelencia que se crearon apoyados por la Generalitat y, en concreto, por Andreu Mas-Colell". En la actualidad, el prestigioso economista Mas-Colell es secretario general del Consejo Europeo de Investigación y fue consejero de Universidades e Investigación entre 2000 y 2003. "Desde la época de Mas-Colell, las universidades catalanas han recibido buenos investigadores contratados por ICREA y han apoyado con buenos investigadores estas fundaciones".
De Moya destaca que "todas las universidades españolas aparecen en esta clasificación en la franja media europea, ni una sola se encuentra entre las mejores, lo que quiere decir que en conjunto no hay universidades de excelencia". Así como que "el sistema español es bastante homogéneo, no hay grandes diferencias en impacto entre las primeras y las últimas". Además, mientras los países punteros europeos tienen sólo un par de universidades por debajo de la media mundial de impacto, España cuenta con 17 por debajo.
En este proceso de captación de "los mejores científicos se han reclutado además a investigadores posdoctorales de las mejores universidades del mundo", explica el director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Luis Sanz Menéndez. ¿La élite científica española actual es catalana? "Sin duda, de forma creciente. Mas-Colell creó los nuevos centros de investigación empezando por los cimientos: identificar un científico de élite mundial, ficharlo y que defina el proyecto científico".
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