ABC.es - Noticias de España y del mundo
Martes, 27 de Octubre de 2009
Madrid
Noticias de Sociedad
Noticias de Salud
Uno de cada cuatro españoles sufre falta de apetito sexual
El sexo, mejor en pareja
EP | MADRID
Actualizado Lunes, 26-10-09 a las 19:30
Uno de cada cuatro españoles tiene dificultades para alcanzar el orgasmo y casi este mismo porcentaje (21%) sufre de falta de apetito sexual, según un estudio de la Asociación para la Investigación de Disfunciones Sexuales en Atención Primaria (AIDS-AP), realizado sobre 3. 600 hombres de entre 18 y 95 años que acudían a consultas de Atención Primaria (AP) en 720 centros de toda España.
Este trabajo confirma que la disfunción eréctil es el trastorno que más sufren los españoles (42%). La mayoría de estos casos (72%) se encuentran entre los mayores de 70 años y los mayores de 40 (47%), aunque el 17 por ciento de los españoles entre 18 y 40 años también lo sufren. Otros trastornos menos comunes fueron la eyaculación precoz (16), la aversión al sexo (7%) y el dolor genital (4%).
La encuesta, desarrollada por los doctores de la AIDS-AP Lorenzo Guirao y Luis García-Giralda, también midió el nivel de satisfacción de estos pacientes con sus amigos y su vida familiar, desvelando que los aspectos que más insatisfacción generan a los hombre españoles son los relacionados con la vida sexual y las relaciones de pareja.
En concreto, el 27 por ciento de los entrevistados afirma que el aspecto de la vida con el que más insatisfechos se sentían era la vida sexual -siendo éste el porcentaje más alto de insatisfacción en los hombres-, seguido por las relaciones de pareja con un 15 por ciento y la situación laboral, con un 10 por ciento.
La mayoría de los hombres tienen interésEn este sentido, el trabajo precisa que el 91 por ciento de los hombres tiene 'interés' en mantener relaciones sexuales y que el 65 por ciento reconoce tenerlas 'con regularidad'. Sin embargo, para el 53 por ciento de los encuestados esta regularidad es insatisfactoria.
En cuanto a esta regularidad, un 41 por ciento reconoció tenerlas de 2 a 3 veces por mes' y un 31 por ciento 'menos de una vez al mes'. Sólo un 24 por ciento dijo tenerlas 'varias veces por semana'.
Los aspectos con los que dijeron sentirse más satisfechos son los amigos (67%), la vida familiar (61%) y la vida, en general (60%).
27 de octubre de 2009
Un cura entre los 34 detenidos por 100 matrimonios de conveniencia
ABC.es - Noticias de España y del mundoMartes, 27 de Octubre de 2009
Madrid
España
Un cura entre los 34 detenidos por 100 matrimonios de conveniencia
Armas, libros y documentos requisados por la Policía Nacional / Ministerio del Interior AGENCIAS | MADRID
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red internacional de matrimonios de conveniencia que había concertado más de un centenar de casamientos por los que los inmigrantes irregulares pagaban entre 10.000 y 12.000 euros y ha detenido a 34 personas, entre ellas un sacerdote.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la red organizaba matrimonios entre ciudadanos colombianos, la mayoría vinculados al narcotráfico, y españoles, que cobraban unos 3.000 euros. A cambio del dinero, los inmigrantes podían obtener un permiso de residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.
En la denominada operación "Escarlata", en la que también ha participado la Policía Municipal de Madrid, se ha detenido a 34 personas, en Madrid y Valdemoro, entre ellas un sacerdote nacido en Colombia, una funcionaria y una abogada. No obstante, la investigación no ha concluido, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería.
La investigación policial relaciona a once iglesias de Madrid con el delito
Se hacía pasar por abogadaEntre los miembros de esta red había una mujer, apodada "Claudia", nacida en Colombia pero nacionalizada española, quien, a través de una supuesta gestoría en el barrio madrileño de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos.
Con ayuda de otros miembros de la organización, la mujer había hecho una red de contactos, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes. Según la Policía, esta mujer podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones, y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas.
Normalmente, el extranjero interesado en legalizar su situación contactaba con "Claudia" y le adelantaba parte de los 10.000 euros que costaba la boda con un ciudadano español, mientras que el resto del dinero era entregado tras obtener el permiso de residencia. "Claudia" buscaba entonces a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio.
Realizaba también todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta aleccionar a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizasen correctamente la entrevista previa.
De los 34 detenidos, uno de ellos es un sacerdote colombiano
200 euros por ser testigoOtra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros, y se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos.
Así, los miembros de la red falsificaban certificaciones eclesiásticas, las presentaban en el Registro Civil correspondiente y registraban el casamiento en los Libros de Registro oportunos, sin necesidad de pagar a contrayentes.
La Policía se dirigirá a los organismos públicos competentes para que anulen los matrimonios fraudulentos detectados, así como a la extinción de las tarjetas de permiso de residencia concedidas en virtud de ellos.
«Claudia», la encargada de realizar las bodas, pagaba 200 euros a los testigos
Once iglesias relacionadas con el delito
Once iglesias madrileñas oficiaron matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y colombianos organizados por una red internacional desarticulada hoy por la Policía en la denominada 'Operación Escarlata'.
Entre ellas está la de San Manuel y San Benito, situada en la calle de Alcalá junto al parque del Retiro y muy "cotizada" entre los novios de la capital. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación que han dejado claro que ninguno de los párrocos estaba al tanto de que se trataba de matrimonios de conveniencia, salvo el sacerdote de origen colombiano que ha sido detenido.
Las iglesias implicadas son: San Francisco de Asís, San Manuel y San Benito, San José Obrero, San Roque, Cristo de la Paz, San Romualdo, San Ildefonso, Virgen de la Fuensanta, San Félix, San Pedro Apóstol y Ascensión de Nuestro Señor, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales.
Cuando el cliente deja de ser lo primero
ELPAIS
REPORTAJE: vida&artes
Cuando el cliente deja de ser lo primero
España pierde la vergüenza y aprende a denunciar los abusos de las empresas - Los usuarios se rebelan contra una práctica de moda: ofrecer mejores condiciones a los nuevos contratos
RAMÓN MUÑOZ 27/10/2009
La recesión ha elevado a la categoría de dogma el viejo lema del comercio El cliente es lo primero. Con el consumo bajo mínimos y los precios despeñándose por el tobogán de la deflación, las empresas no se pueden permitir el lujo de tratar mal a los maltrechos consumidores.
La recesión ha elevado a la categoría de dogma el viejo lema del comercio El cliente es lo primero. Con el consumo bajo mínimos y los precios despeñándose por el tobogán de la deflación, las empresas no se pueden permitir el lujo de tratar mal a los maltrechos consumidores. Pero, paradójicamente, las quejas de éstos se han multiplicado. De una parte, la reducción de costes por parte de las compañías de servicios, la búsqueda de ingresos extra y prácticas poco éticas por arrebatarse los clientes entre ellas han disparado las reclamaciones. Al mismo tiempo, la estrechez de los bolsillos de muchos ciudadanos activa sus ganas de pelear por sus derechos.
Se reclama más y por más cosas que nunca. El total de reclamaciones recibidas en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de enero a septiembre ascendió a 258.959, casi 100.000 más que las practicadas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 57%, según los datos preliminares de esta organización, única que tiene estadísticas actualizadas. Extrapolando este dato al conjunto de reclamaciones recibidas por todas las organizaciones de consumidores, se estima que, por primera vez, en 2009 se pueden rozar los dos millones de consultas.
La crisis ha sacado a relucir la ira del comprador. Uno de ellos pidió a la OCU que reclamara porque su bolsa de patatas fritas estaba "más vacía de lo normal", aunque se comprobó que el peso era el que figuraba en el envase. Otro pedía daños y perjuicios porque el perrito mascota que compró creció más de lo previsto, y hasta hubo un asociado que planteó una reclamación porque se le rompió su preservativo, su pareja se quedó embarazada y pretendía que la empresa de preservativos asumiera los gastos de manutención.
"La gente ya no pasa ni una. Se presentan quejas que hace un año y medio hubieran sido impensables por asuntos casi anecdóticos o por cuantías inferiores a los tres euros. Creemos que, en general, las compañías se están esmerando en atender al cliente, porque no se pueden arriesgar a perder los pocos que les van quedando. Pero éste ha aumentado mucho su nivel de exigencia. Se está perdiendo la típica vergüenza española a reclamar, a poner por escrito lo que antes sólo se protestaba de boca", dice Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU.
El sector que más quejas sigue acaparando es el de la telefonía y acceso a Internet, curiosamente uno de los que goza de mayor competencia. Teniendo en cuenta que hay más líneas de móviles que población (53 millones por 44 millones de habitantes), es decir, que todos los ciudadanos tienen ya un móvil en su bolsillo (y algunos más de uno), a las compañías no les queda más remedio que robarse los clientes entre sí, porque ya no quedan nuevos caladeros de clientela a la que cautivar.
La introducción del mecanismo de la portabilidad, que permite al usuario cambiar gratis de compañía conservando el número, ha dado lugar a un fenómeno casi inaudito en Europa: la infidelidad casi promiscua del cliente hacia su compañía telefónica. Sólo en lo que va de año, casi tres millones han cambiado de firma de móvil. Incluso en agosto, un mes poco dado a trámites administrativos, 344.276 usuarios portaron su número de móvil hacia otra compañía, un 25% más que en el mismo mes del año pasado. Algo parecido ocurre en la conexión a Internet. Más de 100.000 clientes al mes se dan de baja y se pasan a la competencia.
La lucha por el cliente es casi cuerpo a cuerpo. Llamadas y envío masivo de sms desde call center (a veces a horas intempestivas), regalo de teléfonos y, sobre todo, ofertas deslumbrantes con planes de tarifas que suponen un importante descuento o una mejora de condiciones sobre las que disfrutan los que ya son clientes. Precisamente, el abuso de esta práctica de marketing está desatando la irritación de miles de consumidores que se preguntan: ¿por qué si llevo toda la vida en esta compañía tengo que pagar más que uno que acaba de apuntarse?
Un ejemplo práctico y real. Rosario tiene contratado el Dúo de Telefónica, de tres megas con llamadas nacionales. Paga 62,4 euros al mes (IVA incluido). En abril de 2008 le sorprende una oferta para nuevos clientes de su proveedor: 20 euros menos por el mismo producto. Llama indignada a atención al cliente. Le tranquilizan diciendo que es sólo una promoción de seis meses de duración. Aún así insiste: no está dispuesta a pagar más por lo mismo y amenaza con darse de baja. En el departamento de bajas donde le transfieren comprueban su situación y aceptan la negociación. Como quiera que tiene una antigüedad de más de 18 meses y siempre ha estado al corriente de pago aceptan rebajarle la factura durante doce meses hasta los 46,6 euros al mes. A Rosario le dura poco la alegría. La compañía aumenta la velocidad hasta los seis megas y vuelve con otra oferta para captar clientela por menos de 40 euros. Por si fuera poco, en mayo de 2009 la promoción, de la que por supuesto Rosario se había olvidado, concluye y le vuelven a cargar los 62 euros. Vuelta a la indignación, reclama. Quiere darse de baja a toda costa. Sólo ante esa amenaza aceptan subirle la velocidad a seis megas y reducirle la factura mensual a 46,6 euros, aunque no le devolverán el importe de las dos mensualidades que le han cobrado de más. Rosario se sentía satisfecha por su impenitente lucha contra la compañía. Hasta que la semana pasada puso la televisión y vio un anuncio: "Dúo de seis megas de Telefónica. Los primeros cuatro meses pagas 12,95 euros (más IVA) y los siguientes ocho meses 27,95 euros". Otro caso: si quiere hacerse con un iPhone, y se pasa a Movistar le puede salir gratis firmando un compromiso de permanencia de 18 meses, y contratando una tarifa de voz mínima de 40 euros al mes. Si ya es cliente, le costará 114.300 puntos y firmar por dos años.
El ejemplo se podría aplicar a muchas otras compañías, tanto de telefonía móvil como de seguros, bancos o televisión de pago, que están a la caza del cliente ajeno descuidan el propio, dándole por seguro. Para Eugenio Ribón, responsable jurídico de CEACCU, "se trata de una deslealtad y una práctica discriminatoria hacia los que ya mantienen una relación contractual con la entidad. Las compañías se centran en la captación de nuevos clientes y se olvidan de los suyos. Y en eso se equivocan. Hay estudios que demuestran que una atención eficiente fideliza de por vida al 90% de los clientes".
La solución ideal para hacer frente a este manía marketiniana de dar prioridad al nuevo cliente frente al antiguo es muy sencilla: amenazar con darse de baja, como sostiene Rubén Sánchez, de la organización de consumidores FACUA: "Puede que esta práctica no sea éticamente muy correcta pero lamentablemente es legal. Ahora bien, hay un remedio infalible: decir que uno se va. En ese mismo momento, vas a comprobar cómo te igualan la oferta. Ahora, a las compañías, y si son grandes más aún, no les conviene perder un buen cliente porque les cuesta mucho captarlo".
Las operadoras se defienden. Se trata de promociones con mucho aparato publicitario pero eso no quiere decir que se descuide al cliente fiel. Lo único que ocurre es que sus ofertas no tienen tanta notoriedad, porque se le hacen llegar individualmente. "Existe esa percepción generalizada pero la realidad es otra. Lo que sucede es que cuando vas a captar un cliente nuevo no tienes ninguna información sobre él. Y debes hacer una oferta general muy atractiva. Mientras que con tu propio cliente tienes un montón de datos sobre sus hábitos de consumo e intentas hacerle ofertas a su medida. Lo cierto es que gastamos mucho más en retener clientes que en captar nuevos. Por ejemplo, en esta campaña de Navidad vamos a regalar el doble de terminales a nuestros clientes que a los que se vengan de la competencia", señala Carlos Vecino, director de marketing de Vodafone.
"Con la crisis, más que un terminal lo que el cliente verdaderamente desea es no tener sorpresas en la factura. Y por eso, hemos redoblado nuestra política de tarifas planas. Y para los que desean el último modelo, lo que hacemos es ofrecerle un nuevo compromiso de permanencia, de entre 12 a 18 meses", apunta Carlos Gurí, director de captación de clientes de Orange.
El síndrome del hijo pródigo no es exclusivo de las telecos. Los bancos lo practican también con profusión. Uno-e ofrece un depósito a tres meses al 2,97% TAE para nuevos clientes; para los propios el interés es del 0,75%. El Depósito Oro Creciente a seis meses del Banco Popular para dinero procedente de otras entidades tiene un interés medio de 2,25% frente al 1% que da a los que ya tienen su dinero en la entidad. La Cuenta Open Plus de Openbank da un 3,1% TAE para atraer clientes; y entre 1% y un 1,5% en un depósito similar para los que no lo son. Los ejemplos serían incontables.
Las entidades financieras tienen fama de tratar mal a sus clientes y, lo que es peor, de salir casi siempre impunes. Pero la tendencia está cambiando. Los servicios financieros son ya la segunda causa de reclamación. Sólo el Banco de España recibió 6.512 escritos de quejas en el primer semestre de 2009, lo que supone un 81% más que en el mismo período del año anterior. Por primera vez el principal motivo de reclamación -casi un tercio de ellas- fueron los préstamos hipotecarios. Y es que las entidades financieras se apresuran a actualizar los tipos cuando el Euríbor sube, pero sacan la letra pequeña cuando baja. La revisión del tipo en los préstamos a interés variable ha provocado más de una sorpresa en los propietarios que han descubierto que sus hipotecas tenían suelo, es decir, que estaban sujetas a un tipo mínimo, independientemente de que el Euríbor fuera menor. Nadie les avisó cuando suscribieron sus préstamos.
Los usuarios recuperaron 2,46 millones de euros gracias a sus quejas ante el organismo emisor. Pero son pocas las que llegan a esta instancia, porque antes se les obliga a tramitarlas en el servicio de atención al cliente de cada entidad, alargando el proceso y desanimando a muchos posibles perjudicados. Los bancos y cajas se defienden asegurando que sólo el 21% de los informes emitidos por el Banco de España dieron la razón al reclamante, frente al 32,2% en favor de la entidad (el resto no llegaron a tramitarse por causas formales). Sin embargo, en casos como Banco de Valencia, Banesto, Deutsche Bank, Ibercaja, Barclays, Bankinter y Unicaja, el porcentaje superó el 30% a favor de los depositantes.
Las compañías eléctricas tampoco van a la zaga. El cambio de modelo de facturación -de bimensual a mensual- desde enero, que obligaba a estimar el consumo, duplicó las quejas en el primer semestre. En un sector en el que la competencia para los clientes residenciales es ilusoria y las compañías se reparten tradicionalmente el mercado por territorios, la teórica liberalización del mercado el pasado 1 de julio volvió a disparar las quejas. Las comercializadoras se distribuyeron miles de clientes a su voluntad y no se les aplicó la tarifa reducida a jubilados y desempleados que tenían derecho al llamado bono social, según denuncian las organizaciones de consumidores.
Iberdrola reconoce el aluvión de quejas pero descarta cualquier error. "En general las reclamaciones no tenían razón de ser. A finales de marzo, habíamos analizado más de cuatro millones de facturas y no se detectaron errores. De las 3.500 peticiones de aclaración, menos del 2% supusieron rectificación de la factura estimada" señalan en fuentes de la eléctrica.
El defensor del cliente de Endesa, José Luis Oller, coincide en quitar importancia al asunto: "Se ha juntado la revisión de tarifas con el nuevo modelo de facturación y eso ha producido una sobrecarga. Ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para atender a las consultas, más de 100.000 al mes, ampliando el personal de los call centers y el horario de atención, pero la mayoría de ellas se resuelven en una llamada, y se ha detectado un número mínimo de facturaciones incorrectas".
Tratar bien al cliente, casi siempre, es rentable. Jazztel es un buen ejemplo de ello. En 2007, era la operadora de telecomunicaciones que más quejas recibía. Tardaba más de dos meses en dar línea a sus clientes, y luego los dejaba desprotegidos ante un servicio de atención al cliente subcontratado que cobraba por llamada atendida, en lugar de por problema solucionado. La fuga de clientes fue masiva hasta que decidió crear su propio call center, en el que no se pretende ganar dinero sino atender eficazmente a los clientes, premiando a los empleados si resuelven la incidencia en el primer contacto. Desde entonces el ratio de reclamaciones se ha reducido por tres y se ha convertido en la segunda operadora en captación de clientes de banda ancha.
El usuario sigue siendo el patito feo del ecosistema consumista. Pese a todo, Etelvina Andreu, directora general de Consumo, señala que los ciudadanos protestan más no sólo por la crisis sino porque cada vez tienen más confianza en las normas, las instituciones y las asociaciones de consumidores.
Andreu resalta que la generalización del arbitraje electrónico y la nueva legislación que está a punto de salir del Parlamento relativa a prácticas desleales y publicidad engañosa aumentarán esa seguridad, frenando prácticas cada vez más extendidas como el spam telefónico, esos mensajes de texto con los que le bombardean su móvil durante todo el día y a veces durante toda la noche.
Queda el consuelo de que al menos en este terreno del consumo, todos -incluso las distintas administraciones- animan al ciudadano a protestar. Algo poco común en tiempos en que tan apreciado es el conformismo.
REPORTAJE: vida&artes
Cuando el cliente deja de ser lo primero
España pierde la vergüenza y aprende a denunciar los abusos de las empresas - Los usuarios se rebelan contra una práctica de moda: ofrecer mejores condiciones a los nuevos contratos
RAMÓN MUÑOZ 27/10/2009
La recesión ha elevado a la categoría de dogma el viejo lema del comercio El cliente es lo primero. Con el consumo bajo mínimos y los precios despeñándose por el tobogán de la deflación, las empresas no se pueden permitir el lujo de tratar mal a los maltrechos consumidores.
La recesión ha elevado a la categoría de dogma el viejo lema del comercio El cliente es lo primero. Con el consumo bajo mínimos y los precios despeñándose por el tobogán de la deflación, las empresas no se pueden permitir el lujo de tratar mal a los maltrechos consumidores. Pero, paradójicamente, las quejas de éstos se han multiplicado. De una parte, la reducción de costes por parte de las compañías de servicios, la búsqueda de ingresos extra y prácticas poco éticas por arrebatarse los clientes entre ellas han disparado las reclamaciones. Al mismo tiempo, la estrechez de los bolsillos de muchos ciudadanos activa sus ganas de pelear por sus derechos.
Se reclama más y por más cosas que nunca. El total de reclamaciones recibidas en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de enero a septiembre ascendió a 258.959, casi 100.000 más que las practicadas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 57%, según los datos preliminares de esta organización, única que tiene estadísticas actualizadas. Extrapolando este dato al conjunto de reclamaciones recibidas por todas las organizaciones de consumidores, se estima que, por primera vez, en 2009 se pueden rozar los dos millones de consultas.
La crisis ha sacado a relucir la ira del comprador. Uno de ellos pidió a la OCU que reclamara porque su bolsa de patatas fritas estaba "más vacía de lo normal", aunque se comprobó que el peso era el que figuraba en el envase. Otro pedía daños y perjuicios porque el perrito mascota que compró creció más de lo previsto, y hasta hubo un asociado que planteó una reclamación porque se le rompió su preservativo, su pareja se quedó embarazada y pretendía que la empresa de preservativos asumiera los gastos de manutención.
"La gente ya no pasa ni una. Se presentan quejas que hace un año y medio hubieran sido impensables por asuntos casi anecdóticos o por cuantías inferiores a los tres euros. Creemos que, en general, las compañías se están esmerando en atender al cliente, porque no se pueden arriesgar a perder los pocos que les van quedando. Pero éste ha aumentado mucho su nivel de exigencia. Se está perdiendo la típica vergüenza española a reclamar, a poner por escrito lo que antes sólo se protestaba de boca", dice Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU.
El sector que más quejas sigue acaparando es el de la telefonía y acceso a Internet, curiosamente uno de los que goza de mayor competencia. Teniendo en cuenta que hay más líneas de móviles que población (53 millones por 44 millones de habitantes), es decir, que todos los ciudadanos tienen ya un móvil en su bolsillo (y algunos más de uno), a las compañías no les queda más remedio que robarse los clientes entre sí, porque ya no quedan nuevos caladeros de clientela a la que cautivar.
La introducción del mecanismo de la portabilidad, que permite al usuario cambiar gratis de compañía conservando el número, ha dado lugar a un fenómeno casi inaudito en Europa: la infidelidad casi promiscua del cliente hacia su compañía telefónica. Sólo en lo que va de año, casi tres millones han cambiado de firma de móvil. Incluso en agosto, un mes poco dado a trámites administrativos, 344.276 usuarios portaron su número de móvil hacia otra compañía, un 25% más que en el mismo mes del año pasado. Algo parecido ocurre en la conexión a Internet. Más de 100.000 clientes al mes se dan de baja y se pasan a la competencia.
La lucha por el cliente es casi cuerpo a cuerpo. Llamadas y envío masivo de sms desde call center (a veces a horas intempestivas), regalo de teléfonos y, sobre todo, ofertas deslumbrantes con planes de tarifas que suponen un importante descuento o una mejora de condiciones sobre las que disfrutan los que ya son clientes. Precisamente, el abuso de esta práctica de marketing está desatando la irritación de miles de consumidores que se preguntan: ¿por qué si llevo toda la vida en esta compañía tengo que pagar más que uno que acaba de apuntarse?
Un ejemplo práctico y real. Rosario tiene contratado el Dúo de Telefónica, de tres megas con llamadas nacionales. Paga 62,4 euros al mes (IVA incluido). En abril de 2008 le sorprende una oferta para nuevos clientes de su proveedor: 20 euros menos por el mismo producto. Llama indignada a atención al cliente. Le tranquilizan diciendo que es sólo una promoción de seis meses de duración. Aún así insiste: no está dispuesta a pagar más por lo mismo y amenaza con darse de baja. En el departamento de bajas donde le transfieren comprueban su situación y aceptan la negociación. Como quiera que tiene una antigüedad de más de 18 meses y siempre ha estado al corriente de pago aceptan rebajarle la factura durante doce meses hasta los 46,6 euros al mes. A Rosario le dura poco la alegría. La compañía aumenta la velocidad hasta los seis megas y vuelve con otra oferta para captar clientela por menos de 40 euros. Por si fuera poco, en mayo de 2009 la promoción, de la que por supuesto Rosario se había olvidado, concluye y le vuelven a cargar los 62 euros. Vuelta a la indignación, reclama. Quiere darse de baja a toda costa. Sólo ante esa amenaza aceptan subirle la velocidad a seis megas y reducirle la factura mensual a 46,6 euros, aunque no le devolverán el importe de las dos mensualidades que le han cobrado de más. Rosario se sentía satisfecha por su impenitente lucha contra la compañía. Hasta que la semana pasada puso la televisión y vio un anuncio: "Dúo de seis megas de Telefónica. Los primeros cuatro meses pagas 12,95 euros (más IVA) y los siguientes ocho meses 27,95 euros". Otro caso: si quiere hacerse con un iPhone, y se pasa a Movistar le puede salir gratis firmando un compromiso de permanencia de 18 meses, y contratando una tarifa de voz mínima de 40 euros al mes. Si ya es cliente, le costará 114.300 puntos y firmar por dos años.
El ejemplo se podría aplicar a muchas otras compañías, tanto de telefonía móvil como de seguros, bancos o televisión de pago, que están a la caza del cliente ajeno descuidan el propio, dándole por seguro. Para Eugenio Ribón, responsable jurídico de CEACCU, "se trata de una deslealtad y una práctica discriminatoria hacia los que ya mantienen una relación contractual con la entidad. Las compañías se centran en la captación de nuevos clientes y se olvidan de los suyos. Y en eso se equivocan. Hay estudios que demuestran que una atención eficiente fideliza de por vida al 90% de los clientes".
La solución ideal para hacer frente a este manía marketiniana de dar prioridad al nuevo cliente frente al antiguo es muy sencilla: amenazar con darse de baja, como sostiene Rubén Sánchez, de la organización de consumidores FACUA: "Puede que esta práctica no sea éticamente muy correcta pero lamentablemente es legal. Ahora bien, hay un remedio infalible: decir que uno se va. En ese mismo momento, vas a comprobar cómo te igualan la oferta. Ahora, a las compañías, y si son grandes más aún, no les conviene perder un buen cliente porque les cuesta mucho captarlo".
Las operadoras se defienden. Se trata de promociones con mucho aparato publicitario pero eso no quiere decir que se descuide al cliente fiel. Lo único que ocurre es que sus ofertas no tienen tanta notoriedad, porque se le hacen llegar individualmente. "Existe esa percepción generalizada pero la realidad es otra. Lo que sucede es que cuando vas a captar un cliente nuevo no tienes ninguna información sobre él. Y debes hacer una oferta general muy atractiva. Mientras que con tu propio cliente tienes un montón de datos sobre sus hábitos de consumo e intentas hacerle ofertas a su medida. Lo cierto es que gastamos mucho más en retener clientes que en captar nuevos. Por ejemplo, en esta campaña de Navidad vamos a regalar el doble de terminales a nuestros clientes que a los que se vengan de la competencia", señala Carlos Vecino, director de marketing de Vodafone.
"Con la crisis, más que un terminal lo que el cliente verdaderamente desea es no tener sorpresas en la factura. Y por eso, hemos redoblado nuestra política de tarifas planas. Y para los que desean el último modelo, lo que hacemos es ofrecerle un nuevo compromiso de permanencia, de entre 12 a 18 meses", apunta Carlos Gurí, director de captación de clientes de Orange.
El síndrome del hijo pródigo no es exclusivo de las telecos. Los bancos lo practican también con profusión. Uno-e ofrece un depósito a tres meses al 2,97% TAE para nuevos clientes; para los propios el interés es del 0,75%. El Depósito Oro Creciente a seis meses del Banco Popular para dinero procedente de otras entidades tiene un interés medio de 2,25% frente al 1% que da a los que ya tienen su dinero en la entidad. La Cuenta Open Plus de Openbank da un 3,1% TAE para atraer clientes; y entre 1% y un 1,5% en un depósito similar para los que no lo son. Los ejemplos serían incontables.
Las entidades financieras tienen fama de tratar mal a sus clientes y, lo que es peor, de salir casi siempre impunes. Pero la tendencia está cambiando. Los servicios financieros son ya la segunda causa de reclamación. Sólo el Banco de España recibió 6.512 escritos de quejas en el primer semestre de 2009, lo que supone un 81% más que en el mismo período del año anterior. Por primera vez el principal motivo de reclamación -casi un tercio de ellas- fueron los préstamos hipotecarios. Y es que las entidades financieras se apresuran a actualizar los tipos cuando el Euríbor sube, pero sacan la letra pequeña cuando baja. La revisión del tipo en los préstamos a interés variable ha provocado más de una sorpresa en los propietarios que han descubierto que sus hipotecas tenían suelo, es decir, que estaban sujetas a un tipo mínimo, independientemente de que el Euríbor fuera menor. Nadie les avisó cuando suscribieron sus préstamos.
Los usuarios recuperaron 2,46 millones de euros gracias a sus quejas ante el organismo emisor. Pero son pocas las que llegan a esta instancia, porque antes se les obliga a tramitarlas en el servicio de atención al cliente de cada entidad, alargando el proceso y desanimando a muchos posibles perjudicados. Los bancos y cajas se defienden asegurando que sólo el 21% de los informes emitidos por el Banco de España dieron la razón al reclamante, frente al 32,2% en favor de la entidad (el resto no llegaron a tramitarse por causas formales). Sin embargo, en casos como Banco de Valencia, Banesto, Deutsche Bank, Ibercaja, Barclays, Bankinter y Unicaja, el porcentaje superó el 30% a favor de los depositantes.
Las compañías eléctricas tampoco van a la zaga. El cambio de modelo de facturación -de bimensual a mensual- desde enero, que obligaba a estimar el consumo, duplicó las quejas en el primer semestre. En un sector en el que la competencia para los clientes residenciales es ilusoria y las compañías se reparten tradicionalmente el mercado por territorios, la teórica liberalización del mercado el pasado 1 de julio volvió a disparar las quejas. Las comercializadoras se distribuyeron miles de clientes a su voluntad y no se les aplicó la tarifa reducida a jubilados y desempleados que tenían derecho al llamado bono social, según denuncian las organizaciones de consumidores.
Iberdrola reconoce el aluvión de quejas pero descarta cualquier error. "En general las reclamaciones no tenían razón de ser. A finales de marzo, habíamos analizado más de cuatro millones de facturas y no se detectaron errores. De las 3.500 peticiones de aclaración, menos del 2% supusieron rectificación de la factura estimada" señalan en fuentes de la eléctrica.
El defensor del cliente de Endesa, José Luis Oller, coincide en quitar importancia al asunto: "Se ha juntado la revisión de tarifas con el nuevo modelo de facturación y eso ha producido una sobrecarga. Ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para atender a las consultas, más de 100.000 al mes, ampliando el personal de los call centers y el horario de atención, pero la mayoría de ellas se resuelven en una llamada, y se ha detectado un número mínimo de facturaciones incorrectas".
Tratar bien al cliente, casi siempre, es rentable. Jazztel es un buen ejemplo de ello. En 2007, era la operadora de telecomunicaciones que más quejas recibía. Tardaba más de dos meses en dar línea a sus clientes, y luego los dejaba desprotegidos ante un servicio de atención al cliente subcontratado que cobraba por llamada atendida, en lugar de por problema solucionado. La fuga de clientes fue masiva hasta que decidió crear su propio call center, en el que no se pretende ganar dinero sino atender eficazmente a los clientes, premiando a los empleados si resuelven la incidencia en el primer contacto. Desde entonces el ratio de reclamaciones se ha reducido por tres y se ha convertido en la segunda operadora en captación de clientes de banda ancha.
El usuario sigue siendo el patito feo del ecosistema consumista. Pese a todo, Etelvina Andreu, directora general de Consumo, señala que los ciudadanos protestan más no sólo por la crisis sino porque cada vez tienen más confianza en las normas, las instituciones y las asociaciones de consumidores.
Andreu resalta que la generalización del arbitraje electrónico y la nueva legislación que está a punto de salir del Parlamento relativa a prácticas desleales y publicidad engañosa aumentarán esa seguridad, frenando prácticas cada vez más extendidas como el spam telefónico, esos mensajes de texto con los que le bombardean su móvil durante todo el día y a veces durante toda la noche.
Queda el consuelo de que al menos en este terreno del consumo, todos -incluso las distintas administraciones- animan al ciudadano a protestar. Algo poco común en tiempos en que tan apreciado es el conformismo.
Interior mantiene a los mandos imputados tras el robo de la droga
ELPAIS
Interior mantiene a los mandos imputados tras el robo de la droga
El respaldo a los tres agentes está sujeto al informe secreto de Asuntos Internos
J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 27/10/2009
Ante el desconcierto, se ha impuesto la cautela. El Ministerio del Interior decidió ayer mantener en sus puestos al jefe y a dos inspectores de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, tras imputarles la juez un delito de encubrimiento en la investigación del robo de 154 kilos de droga de la Jefatura Superior.
Ante el desconcierto, se ha impuesto la cautela. El Ministerio del Interior decidió ayer mantener en sus puestos al jefe y a dos inspectores de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, tras imputarles la juez un delito de encubrimiento en la investigación del robo de 154 kilos de droga de la Jefatura Superior.
El caso ha derivado en un agrio enfrentamiento policial. Tras el informe que esgrimió ante la juez la Brigada de Asuntos Internos sobre el supuesto retraso de los tres mandos en comunicar la existencia del robo, los agentes expusieron pruebas de su "total y ejemplar colaboración" con la investigación desde que se destapó el asunto, según fuentes del caso. Los tres mandos explicaron a la magistrada sus comunicaciones verbales y escritas con la Jefatura Superior desde que el 16 de julio de 2008 se certificó que los 5,2 kilos de cocaína de la Operación Maleta habían sido sustituidos. Y ayer el jefe superior de la Policía, Enrique Álvarez Riestra, les mostró su respaldo tras la cautela que impuso el pasado sábado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"A pesar de que Asuntos Internos afirmaba que nuestras informaciones lo único que pretendían era contaminar la investigación, hemos iniciado varias investigaciones, declaradas secretas (...) bajo la supervisión de los funcionarios encargados de la misma", relatan los agentes en un comunicado interno. Y es que las graves acusaciones de Asuntos Internos pueden volverse en su contra. El sindicato Profesional de Policía, que representa a los inspectores, avanzó ayer que denunciará al jefe de la Brigada, Carlos G., por los "graves errores de una lamentable investigación con métodos poco ortodoxos", así como los defectos de su intervención en el asunto del chivatazo a ETA en el bar Faisán. "Estamos perplejos y estupefactos por la imputación efectuada a los compañeros de la Udyco, que son víctimas de una lamentable investigación", censuró el sindicato en un duro comunicado.
Nuevo depósito judicial
A la espera de que se levante el secreto de sumario, lo cierto es que la imputación de los dos inspectores deja en suspenso su ascenso a inspectores jefe, ya que el régimen disciplinario de la policía establece que "se ascenderá de forma condicionada" si un agente resulta imputado. En caso de confirmarse la imputación, su ascenso se congelará.
Mientras, ayer se vislumbró una solución al problema que originó el robo: los depósitos judiciales en sede policial. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, informó ante la Comisión de la Policía Judicial del proyecto para trasladar la sede de Sanidad Exterior, que incluiría la creación de un depósito judicial para toda la droga intervenida y así sacarla de los calabozos policiales.
Interior mantiene a los mandos imputados tras el robo de la droga
El respaldo a los tres agentes está sujeto al informe secreto de Asuntos Internos
J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 27/10/2009
Ante el desconcierto, se ha impuesto la cautela. El Ministerio del Interior decidió ayer mantener en sus puestos al jefe y a dos inspectores de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, tras imputarles la juez un delito de encubrimiento en la investigación del robo de 154 kilos de droga de la Jefatura Superior.
Ante el desconcierto, se ha impuesto la cautela. El Ministerio del Interior decidió ayer mantener en sus puestos al jefe y a dos inspectores de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, tras imputarles la juez un delito de encubrimiento en la investigación del robo de 154 kilos de droga de la Jefatura Superior.
El caso ha derivado en un agrio enfrentamiento policial. Tras el informe que esgrimió ante la juez la Brigada de Asuntos Internos sobre el supuesto retraso de los tres mandos en comunicar la existencia del robo, los agentes expusieron pruebas de su "total y ejemplar colaboración" con la investigación desde que se destapó el asunto, según fuentes del caso. Los tres mandos explicaron a la magistrada sus comunicaciones verbales y escritas con la Jefatura Superior desde que el 16 de julio de 2008 se certificó que los 5,2 kilos de cocaína de la Operación Maleta habían sido sustituidos. Y ayer el jefe superior de la Policía, Enrique Álvarez Riestra, les mostró su respaldo tras la cautela que impuso el pasado sábado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"A pesar de que Asuntos Internos afirmaba que nuestras informaciones lo único que pretendían era contaminar la investigación, hemos iniciado varias investigaciones, declaradas secretas (...) bajo la supervisión de los funcionarios encargados de la misma", relatan los agentes en un comunicado interno. Y es que las graves acusaciones de Asuntos Internos pueden volverse en su contra. El sindicato Profesional de Policía, que representa a los inspectores, avanzó ayer que denunciará al jefe de la Brigada, Carlos G., por los "graves errores de una lamentable investigación con métodos poco ortodoxos", así como los defectos de su intervención en el asunto del chivatazo a ETA en el bar Faisán. "Estamos perplejos y estupefactos por la imputación efectuada a los compañeros de la Udyco, que son víctimas de una lamentable investigación", censuró el sindicato en un duro comunicado.
Nuevo depósito judicial
A la espera de que se levante el secreto de sumario, lo cierto es que la imputación de los dos inspectores deja en suspenso su ascenso a inspectores jefe, ya que el régimen disciplinario de la policía establece que "se ascenderá de forma condicionada" si un agente resulta imputado. En caso de confirmarse la imputación, su ascenso se congelará.
Mientras, ayer se vislumbró una solución al problema que originó el robo: los depósitos judiciales en sede policial. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, informó ante la Comisión de la Policía Judicial del proyecto para trasladar la sede de Sanidad Exterior, que incluiría la creación de un depósito judicial para toda la droga intervenida y así sacarla de los calabozos policiales.
El rastro de los moriscos
ELPAISEl rastro de los moriscos
Santiago Grisolía, ayer, en su visita a los restos del poblado morisco.
El Consell Valencià de Cultura exige la protección de los poblados musulmanes de La Vall d'Alcalà como reparación a su destierro
ARTURO RUIZ - Dénia - 27/10/2009
Hay aquí un silencio de cuatro siglos, el tiempo que ha transcurrido desde que nadie vive en L'Atzuvieta, uno de los cuatro poblados moriscos que existieron en La Vall d'Alcalà. Y sin embargo cada muro que ha resistido erguido los temporales, cada casa adivinada en restos de paredes, patios y dinteles, cada calle todavía trazada entre matorrales atestiguan que éste fue el último hogar de la desdichada civilización morisca, heredera de los antiguos musulmanes derrotados tras la conquista cristiana, y expulsada hace 400 años por un decreto del rey Felipe III.
En 1609, cuando ya se aproximaban los temibles tercios por los valles de La Marina acelerando con el fragor de las armas la unificación religiosa de la monarquía, alguien debió cerrar por última vez la puerta de su hogar camino del destierro, alguien debió ver por última vez sus huertos y sus recuerdos de infancia antes del exilio. Hay pues también en este lugar desierto una memoria apagada por los siglos: la de la última mirada del otro, del musulmán, del vencido.
Por este motivo, La Vall d'Alcalà exige la preservación de sus poblados moriscos, no sólo por su valor arqueológico, sino porque "es la mayor reparación simbólica que podemos ofrecer a ese pueblo desdichado que sufrió un episodio cruel y dramático", señaló ayer el presidente del Consell Valenciano de Cultura (CVC), Santiago Grisolía. Este organismo celebró su pleno en La Vall d'Alcalà para apoyar la exigencia de proteger los poblados moriscos: "Se lo debemos a la población musulmana, que era mayoritaria en estas tierras antes de la expulsión y que no pudo dejar este legado a sus hijos".
Grisolía pidió a la directora general de Patrimonio de la Generalitat, Paz Olmos, la declaración de los poblados como bienes de interés cultural y advirtió de la urgencia de que las administraciones y las entidades privadas inviertan para investigar y difundir este patrimonio. Es una cuestión urgente: el deterioro de los antiguos núcleos moriscos avanza a marchas forzadas y el alcalde, Juan José Sendra, se quejó de que el último temporal acabó hace unos días con otro de los atávicos muros de L'Atzuvieta.
El Consell Valencià de Cultura y la Mancomunidad Cultural de La Marina Alta -Macma- vinieron así a prestar apoyo a un plan de recuperación ideado por el consistorio en cuatro fases: consolidar los muros de los poblados, proteger los restos de las casas moriscas, recuperar la agricultura morisca (heredera de una heroicidad: abancaló montañas casi tan verticales como paredes) y construir un centro de interpretación para explicar al visitante las principales características de aquella civilización perdida.
26 de octubre de 2009
Un Jemad muy profesional que habla claro
Opinión | elmundo.es
Líder mundial en español
Lunes 26/10/2009. Actualizado 11:26h.
EDITORIAL
Un Jemad muy profesional que habla claro
UNA DE LAS TRANSFORMACIONES más profundas que se han producido en España en los últimos 30 años ha sido la de las Fuerzas Armadas. Hay una coincidencia general en que la apertura hacia el exterior y su implicación plena en misiones internacionales ha sido un elemento decisivo para la modernización del Ejército español, cuyo pasado negro ya es historia. De la alta cualificación profesional que poseen nuestras Fuerzas Armadas y del relevo generacional del estamento militar producido en los últimos 25 años, da buena cuenta la entrevista que hoy publica EL MUNDO con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general José Julio Rodríguez, uno de los pocos mandos militares que asumió el cargo con la fórmula de la promesa, y no del juramento, que es lo más frecuente. No es muy habitual que el máximo responsable del Ejército español se someta al escrutinio de preguntas de un medio de comunicación, por lo que es necesario subrayar la gran relevancia de este testimonio.
El general no elude comentar ninguna de las misiones -muy peligrosas- que tienen encomendadas las tropas españolas en el exterior, la principal de las cuales tiene como escenario Afganistán. La insistencia del Gobierno de que España está allí para garantizar la paz, cuando la guerra en aquel país se recrudece cada día, reabre una y otra vez el debate sobre la naturaleza de la misión de los soldados españoles. Sobre todo cuando se producen bajas como consecuencia de los ataques de los grupos insurgentes vinculados a los talibán. El Jemad reconoce que tal vez no se ha explicado bien la misión, pero afirma rotundamente que los españoles no tienen «las manos atadas» y que las reglas de enfrentamiento por las que se rigen son idénticas que las de las tropas del resto de los países que participan en la Isaf (la misión de la OTAN en Afganistán). Únicamente reconoce una «restricción específica» de los efectivos españoles: en caso de persecución de un sospechoso, están obligados «a utilizar una fuerza mínima que no sea letal». Algo un tanto ingenuo si el perseguido lleva armas o acaba de plantar una bomba. Sería muy de agradecer en todo caso, y evitaría muchos malentendidos que se producen en el debate político, que el Gobierno y su presidente hablaran tan claro como el máximo responsable del Ejército.
Realista se muestra también el general Rodríguez en lo que se refiere a la operación Atalanta que desarrolla la Armada en el Índico para proteger a los barcos pesqueros de los piratas. Tras descartar una intervención directa en el secuestro del Alakrana para no poner en riesgo la vida de los tripulantes, el Jemad señala que esta «operación militar nunca podrá acabar con éxito» porque la solución para Somalia -un Estado fallido donde mandan las mafias de todo tipo- no es sólo militar, sino «política y diplomática con acciones en tierra». Una opinión que coincide con la de los expertos que recomiendan una mayor implicación de la diplomacia española en esta zona del mundo.
Cuando -en significativa coincidencia con el aniversario de este periódico- se cumplen 20 años de misiones españolas en el exterior, las Fuerzas Armadas afrontan la posibilidad de ampliar el contingente hasta un máximo de 7.700 hombres, que es la cifra propuesta por el propio Jemad cuando tomó posesión. La hipótesis que él mismo plantea es la intervención en «dos escenarios importantes y en cuatro escenarios menores». Para una potencia de tamaño medio como España, con un papel geoestratégico ciertamente modesto, tal vez este cálculo de nuestras posibilidades resulte demasiado ambicioso. Pero en general podemos sentirnos orgullosos del papel exterior de nuestras Fuerzas Armadas.
Líder mundial en español
Lunes 26/10/2009. Actualizado 11:26h.
EDITORIAL
Un Jemad muy profesional que habla claro
UNA DE LAS TRANSFORMACIONES más profundas que se han producido en España en los últimos 30 años ha sido la de las Fuerzas Armadas. Hay una coincidencia general en que la apertura hacia el exterior y su implicación plena en misiones internacionales ha sido un elemento decisivo para la modernización del Ejército español, cuyo pasado negro ya es historia. De la alta cualificación profesional que poseen nuestras Fuerzas Armadas y del relevo generacional del estamento militar producido en los últimos 25 años, da buena cuenta la entrevista que hoy publica EL MUNDO con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general José Julio Rodríguez, uno de los pocos mandos militares que asumió el cargo con la fórmula de la promesa, y no del juramento, que es lo más frecuente. No es muy habitual que el máximo responsable del Ejército español se someta al escrutinio de preguntas de un medio de comunicación, por lo que es necesario subrayar la gran relevancia de este testimonio.
El general no elude comentar ninguna de las misiones -muy peligrosas- que tienen encomendadas las tropas españolas en el exterior, la principal de las cuales tiene como escenario Afganistán. La insistencia del Gobierno de que España está allí para garantizar la paz, cuando la guerra en aquel país se recrudece cada día, reabre una y otra vez el debate sobre la naturaleza de la misión de los soldados españoles. Sobre todo cuando se producen bajas como consecuencia de los ataques de los grupos insurgentes vinculados a los talibán. El Jemad reconoce que tal vez no se ha explicado bien la misión, pero afirma rotundamente que los españoles no tienen «las manos atadas» y que las reglas de enfrentamiento por las que se rigen son idénticas que las de las tropas del resto de los países que participan en la Isaf (la misión de la OTAN en Afganistán). Únicamente reconoce una «restricción específica» de los efectivos españoles: en caso de persecución de un sospechoso, están obligados «a utilizar una fuerza mínima que no sea letal». Algo un tanto ingenuo si el perseguido lleva armas o acaba de plantar una bomba. Sería muy de agradecer en todo caso, y evitaría muchos malentendidos que se producen en el debate político, que el Gobierno y su presidente hablaran tan claro como el máximo responsable del Ejército.
Realista se muestra también el general Rodríguez en lo que se refiere a la operación Atalanta que desarrolla la Armada en el Índico para proteger a los barcos pesqueros de los piratas. Tras descartar una intervención directa en el secuestro del Alakrana para no poner en riesgo la vida de los tripulantes, el Jemad señala que esta «operación militar nunca podrá acabar con éxito» porque la solución para Somalia -un Estado fallido donde mandan las mafias de todo tipo- no es sólo militar, sino «política y diplomática con acciones en tierra». Una opinión que coincide con la de los expertos que recomiendan una mayor implicación de la diplomacia española en esta zona del mundo.
Cuando -en significativa coincidencia con el aniversario de este periódico- se cumplen 20 años de misiones españolas en el exterior, las Fuerzas Armadas afrontan la posibilidad de ampliar el contingente hasta un máximo de 7.700 hombres, que es la cifra propuesta por el propio Jemad cuando tomó posesión. La hipótesis que él mismo plantea es la intervención en «dos escenarios importantes y en cuatro escenarios menores». Para una potencia de tamaño medio como España, con un papel geoestratégico ciertamente modesto, tal vez este cálculo de nuestras posibilidades resulte demasiado ambicioso. Pero en general podemos sentirnos orgullosos del papel exterior de nuestras Fuerzas Armadas.
El PSOE podría perder otro medio millón de votos por la reforma de la ley del aborto
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Lunes, 26 de Octubre de 2009
Madrid
España
El PSOE podría perder otro medio millón de votos por la reforma de la ley del aborto
La caída socialista sería decisiva en Castilla-La Mancha ante las próximas elecciones autonómicas de 2011
Marea humana contra el aborto (17/10/09)
Rechazo total de los ciudadanos al alza de impuestos del Gobierno
El PSOE y el aborto
53 %
Según el estudio del CIS de febrero de 2008, el 53 por ciento de los simpatizantes socialistas eran contrarios al aborto o sólo eran partidarios en casos específicos.
2008
Pocas semanas antes de las elecciones generales de marzo, el Gobierno negaba que fuera a modificar la ley. El programa del PSOE sólo habló de «promover la reflexión»
-5,3%
Según el último barómetro de GAD, el PSOE ha perdido en total un 5,3 por ciento de voto desde las generales. Con una participación similar serían 1,2 millones de votos.
2009
En las elecciones europeas de junio, el PP ganó con holgura al PSOE por cuatro puntos. Guerra reconoció que fue un error introducir el aborto en la campaña electoral.
84,3%
La inmensa mayoría de los ciudadanos, el 84,3 por ciento, creen que los 100.000 abortos que se producen cada año reflejan que algo falla en la sociedad.
2011
Castilla-La Mancha, junto a Navarra, Andalucía y la Comunidad Valenciana, es una de las comunidades que más rechazan el aborto, lo que puede reflejarse en 2011.
MARIANO CALLEJA | MADRID
La «número tres» del PSOE, Leire Pajín, respondía este fin de semana a los deseos del presidente del Congreso, José Bono, de que la reforma de la ley del aborto se apruebe por un amplio consenso en el Congreso, donde mañana martes concluye el plazo para que los grupos presenten enmiendas de totalidad. Pajín aseguró que le gustaría que el proyecto de ley se aprobara sin ninguna modificación sobre el texto del Gobierno, que no contó con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, por falta de consenso entre sus miembros.
Pajín habló en nombre de «los socialistas», pero lo cierto es que el contenido de la reforma ha dividido a su partido, sobre todo por el apartado que permite abortar a las chicas menores de edad, sin necesidad de informar a los padres. Fuentes parlamentarias de la Mesa del Congreso han descrito el «mal trago» evidente que pasó José Bono cuando este órgano rector de la Cámara Baja calificó el proyecto de ley pese a no contar con el informe pertinente del CGPJ, como hizo constar el PP. El malestar entre un sector de los diputados socialistas puede hacerse más visible si, como pretende Ferraz, la ampliación del aborto transcurre sin ningún cambio ni «amplio consenso».
Según se desprende del último barómetro electoral del Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD), al que ha tenido acceso ABC, la reforma de la ley del aborto podría tener un coste electoral para el PSOE de medio millón de votos aproximadamente. Una caída que sería decisiva en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE desde el inicio de la democracia, y que es una de las regiones con mayor oposición al aborto, junto a Andalucía, Navarra y la Comunidad Valenciana, según un estudio del CIS de febrero de 2008. De ahí la preocupación de José Bono y su llamada a su partido para alcanzar un «amplio consenso» parlamentario, así como su respaldo al documento de los cristianos socialistas, donde se afirmaba, entre otras cosas, que el aborto no es un derecho de la mujer.
En ese contexto fue especialmente significativa la presencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presidenta de su partido en Castilla-La Mancha, en la masiva manifestación del sábado 17 en Madrid en contra de la ley del aborto. Los populares creen que en mayo de 2011 tienen opciones ciertas de alcanzar por primera vez el poder en Castilla-La Mancha, con Cospedal como candidata.
Desde las elecciones generales de marzo de 2008, el PSOE ha caído 5,3 puntos en porcentaje de voto, con una pérdida total de 1,2 millones de votantes, por motivos que van desde la crisis económica hasta la reforma del aborto, según el barómetro de GAD, basado en mil entrevistas telefónicas (realizadas entre el 14 y el 29 de septiembre). El rechazo a la ampliación del aborto está presente en cuatro de cada 10 de esos antiguos votantes socialistas. Este grupo de electores, que ronda el medio millón de personas, mantiene una posición firme contra la reforma auspiciada por el Gobierno de Zapatero y prefieren más firmeza en el cumplimiento de la actual ley o incluso modificarla para restringir sus supuestas, pero nunca aprobar una ley de plazos.
Efecto en las europeas
El apoyo del PSOE al aborto libre mediante una ley de plazos, incluso para menores de edad, tuvo ya su efecto en las últimas elecciones europeas, el pasado mes de junio, cuando el PP ganó con holgura por casi cuatro puntos de diferencia. Alfonso Guerra lo reconoció al decir que «fue un error introducir el aborto en la campaña (...). Son ganas de pagar una factura de una ley que aún no ha sido siquiera debatida». En plena crisis económica, con un paro galopante, el mensaje transmitido por el Gobierno durante la campaña electoral sobre sus prioridades situaba en primer plano el aborto, cuando era un debate cerrado en buena parte de la sociedad española, como reconocían los socialistas apenas un año antes.
La oposición lo interpretó en un primer momento como una «cortina de humo» para ocultar los problemas reales de España, pero también como un «guiño» a la izquierda, para compensar la dureza de la recesión. El «guiño» izquierdista, sin embargo, tenía su coste en otros sectores del partido y al mismo tiempo reforzaba la fidelidad del votante del PP. Al final pesó el modelo ideológico de familia que defiende el Gobierno.
La preocupación del PSOE por los efectos negativos de una ampliación del aborto sobre sus votantes quedó patente en las generales de 2008. Poco antes de las elecciones el CIS realizó un estudio que reflejaba el rechazo de un 53 por ciento de los simpatizantes socialistas a la ampliación del aborto. La vicepresidenta De la Vega aseguró, apenas unas semanas antes de la cita electoral, que no había «gran demanda para modificar la ley del aborto». De hecho, el PSOE no incluyó la reforma en su programa electoral, que sólo hablaba de «promover la reflexión». Además, el Gobierno obligó a que los debates en la subcomisión parlamentaria fueran a puerta cerrada. El proyecto de ley, ahora, podría aprobarse antes del verano de 2010, es decir, en el ecuador de la legislatura.
Lunes, 26 de Octubre de 2009
Madrid
España
El PSOE podría perder otro medio millón de votos por la reforma de la ley del aborto
La caída socialista sería decisiva en Castilla-La Mancha ante las próximas elecciones autonómicas de 2011
Marea humana contra el aborto (17/10/09)
Rechazo total de los ciudadanos al alza de impuestos del Gobierno
El PSOE y el aborto
53 %
Según el estudio del CIS de febrero de 2008, el 53 por ciento de los simpatizantes socialistas eran contrarios al aborto o sólo eran partidarios en casos específicos.
2008
Pocas semanas antes de las elecciones generales de marzo, el Gobierno negaba que fuera a modificar la ley. El programa del PSOE sólo habló de «promover la reflexión»
-5,3%
Según el último barómetro de GAD, el PSOE ha perdido en total un 5,3 por ciento de voto desde las generales. Con una participación similar serían 1,2 millones de votos.
2009
En las elecciones europeas de junio, el PP ganó con holgura al PSOE por cuatro puntos. Guerra reconoció que fue un error introducir el aborto en la campaña electoral.
84,3%
La inmensa mayoría de los ciudadanos, el 84,3 por ciento, creen que los 100.000 abortos que se producen cada año reflejan que algo falla en la sociedad.
2011
Castilla-La Mancha, junto a Navarra, Andalucía y la Comunidad Valenciana, es una de las comunidades que más rechazan el aborto, lo que puede reflejarse en 2011.
MARIANO CALLEJA | MADRID
La «número tres» del PSOE, Leire Pajín, respondía este fin de semana a los deseos del presidente del Congreso, José Bono, de que la reforma de la ley del aborto se apruebe por un amplio consenso en el Congreso, donde mañana martes concluye el plazo para que los grupos presenten enmiendas de totalidad. Pajín aseguró que le gustaría que el proyecto de ley se aprobara sin ninguna modificación sobre el texto del Gobierno, que no contó con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, por falta de consenso entre sus miembros.
Pajín habló en nombre de «los socialistas», pero lo cierto es que el contenido de la reforma ha dividido a su partido, sobre todo por el apartado que permite abortar a las chicas menores de edad, sin necesidad de informar a los padres. Fuentes parlamentarias de la Mesa del Congreso han descrito el «mal trago» evidente que pasó José Bono cuando este órgano rector de la Cámara Baja calificó el proyecto de ley pese a no contar con el informe pertinente del CGPJ, como hizo constar el PP. El malestar entre un sector de los diputados socialistas puede hacerse más visible si, como pretende Ferraz, la ampliación del aborto transcurre sin ningún cambio ni «amplio consenso».
Según se desprende del último barómetro electoral del Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD), al que ha tenido acceso ABC, la reforma de la ley del aborto podría tener un coste electoral para el PSOE de medio millón de votos aproximadamente. Una caída que sería decisiva en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE desde el inicio de la democracia, y que es una de las regiones con mayor oposición al aborto, junto a Andalucía, Navarra y la Comunidad Valenciana, según un estudio del CIS de febrero de 2008. De ahí la preocupación de José Bono y su llamada a su partido para alcanzar un «amplio consenso» parlamentario, así como su respaldo al documento de los cristianos socialistas, donde se afirmaba, entre otras cosas, que el aborto no es un derecho de la mujer.
En ese contexto fue especialmente significativa la presencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presidenta de su partido en Castilla-La Mancha, en la masiva manifestación del sábado 17 en Madrid en contra de la ley del aborto. Los populares creen que en mayo de 2011 tienen opciones ciertas de alcanzar por primera vez el poder en Castilla-La Mancha, con Cospedal como candidata.
Desde las elecciones generales de marzo de 2008, el PSOE ha caído 5,3 puntos en porcentaje de voto, con una pérdida total de 1,2 millones de votantes, por motivos que van desde la crisis económica hasta la reforma del aborto, según el barómetro de GAD, basado en mil entrevistas telefónicas (realizadas entre el 14 y el 29 de septiembre). El rechazo a la ampliación del aborto está presente en cuatro de cada 10 de esos antiguos votantes socialistas. Este grupo de electores, que ronda el medio millón de personas, mantiene una posición firme contra la reforma auspiciada por el Gobierno de Zapatero y prefieren más firmeza en el cumplimiento de la actual ley o incluso modificarla para restringir sus supuestas, pero nunca aprobar una ley de plazos.
Efecto en las europeas
El apoyo del PSOE al aborto libre mediante una ley de plazos, incluso para menores de edad, tuvo ya su efecto en las últimas elecciones europeas, el pasado mes de junio, cuando el PP ganó con holgura por casi cuatro puntos de diferencia. Alfonso Guerra lo reconoció al decir que «fue un error introducir el aborto en la campaña (...). Son ganas de pagar una factura de una ley que aún no ha sido siquiera debatida». En plena crisis económica, con un paro galopante, el mensaje transmitido por el Gobierno durante la campaña electoral sobre sus prioridades situaba en primer plano el aborto, cuando era un debate cerrado en buena parte de la sociedad española, como reconocían los socialistas apenas un año antes.
La oposición lo interpretó en un primer momento como una «cortina de humo» para ocultar los problemas reales de España, pero también como un «guiño» a la izquierda, para compensar la dureza de la recesión. El «guiño» izquierdista, sin embargo, tenía su coste en otros sectores del partido y al mismo tiempo reforzaba la fidelidad del votante del PP. Al final pesó el modelo ideológico de familia que defiende el Gobierno.
La preocupación del PSOE por los efectos negativos de una ampliación del aborto sobre sus votantes quedó patente en las generales de 2008. Poco antes de las elecciones el CIS realizó un estudio que reflejaba el rechazo de un 53 por ciento de los simpatizantes socialistas a la ampliación del aborto. La vicepresidenta De la Vega aseguró, apenas unas semanas antes de la cita electoral, que no había «gran demanda para modificar la ley del aborto». De hecho, el PSOE no incluyó la reforma en su programa electoral, que sólo hablaba de «promover la reflexión». Además, el Gobierno obligó a que los debates en la subcomisión parlamentaria fueran a puerta cerrada. El proyecto de ley, ahora, podría aprobarse antes del verano de 2010, es decir, en el ecuador de la legislatura.
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