Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas
El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias
Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento
Ana Mato, ministra de Sanidad, tras el Consejo Interterritorial que aprobó los recortes. / CRISTÓBAL MANUEL
La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer)de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En laAsociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.
A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.
Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.
El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.
En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.
La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.
Los afectados
VIH. El Grupo de Estudio de Sida calcula que hay entre 2.700 y 4.600 inmigrantes sin papeles con el virus.
Cáncer. No hay datos de cuántos de los 160.000 diagnósticos de cáncer que se efectúan en España al año corresponden a inmigrantes irregulares. Si su proporción fuera igual que en el total de la población, serían 510 al año. Pero probablemente sean menos, porque los inmigrantes son en general más jóvenes.
Diálisis. En España hay unas 47.000 personas que usan estos servicios. Si su necesidad fuera igual entre los 150.000 inmigrantes sin papeles que en el conjunto de la población, los afectados serían 150.
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