Más confusión, más desconfianza

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EDITORIALES

Más confusión, más desconfianza

El decreto ley sobre la reforma laboral es insuficiente y añade aún más incertidumbre sobre las posibilidades de afrontar la crisis de solvencia de nuestra economía

Día 17/06/2010 - 04.32h

TENÍA razón el presidente del Gobierno cuando afirmó ayer en el Congreso de los Diputados que su Ejecutivo es el que menos ha contribuido a la credibilidad de España en el exterior. Sin embargo, la autocrítica no ha ido seguida de coherencia, porque también ayer el Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que nadie apoya, que no es la definitiva, porque va a tramitarse como proyecto de ley, y que sirve principalmente para que Rodríguez Zapatero sienta hoy menos presión durante el último Consejo Europeo de la presidencia española. Al menos, el Gobierno socialista ha asumido que tenía que haber una reforma del mercado de trabajo, asunto tabú durante estos años en los que el PSOE ha defendido un discurso «social» basado en premisas falsas y en prejuicios ideológicos. El cambio de posición no ha respondido a un análisis propio de la situación del país, sino a una nueva imposición de los mercados, de los organismos financieros y de los gobiernos europeos que han tomado las riendas en Bruselas. Por eso, en la reforma laboral hay más necesidad y urgencia que aciertos de fondo sobre los problemas estructurales del mercado laboral. Es cierto que hay medidas que apuntan a una significativa rectificación de postulados tradicionales de la izquierda, como la extensión del abaratamiento del despido o el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal. Incluso se refuerza el contrato de fomento del empleo, aprobado por el primer gobierno de José María Aznar. Por tanto, la reforma tiene un valor principalmente político, en cuanto implica el reconocimiento de que ya son inservibles los eslóganes habituales de la izquierda frente a las necesidades reales del mercado laboral en España. Nuevamente, la izquierda se topa con su caducidad ideológica y se ve obligada a afrontar los retos de la crisis con fórmulas basadas en el dinamismo empresarial, la flexibilidad de las relaciones laborales y la reducción de los costes del mercado de trabajo. Aun así, esta reforma no convence, porque el Gobierno no es capaz de convencer sobre su propia solidez política para tomar iniciativas. Su imagen de equipo arrastrado por otros gobiernos a asumir decisiones que no quiere es un lastre para la confianza de socios y mercados, pero también, y sobre todo, para sumar apoyos internos. Ni sindicatos, ni empresarios ni grupos parlamentarios han manifestado su respaldo a las medidas laborales aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. La solución «puente» de tramitar la reforma como proyecto de ley, siempre que el decreto ley sea convalidado previamente, es una maniobra para ganar tiempo, aparentemente sensata, pero escasamente creíble por la falta de voluntad del Gobierno de promover realmente durante los últimos años un acuerdo de Estado, principalmente con el Partido Popular. Al final, en el trance más complicado de sus mandatos, Zapatero no ha logrado cuajar un solo acuerdo social o político sobre la crisis.
Además, el Gobierno ha demostrado que el ritmo de reformas vendrá impuesto por las exigencias de Bruselas y las dificultades de la financiación de nuestra deuda en los mercados. El hecho incuestionable es que el Ejecutivo ha renunciado a su autonomía para dirigir la economía española. Por eso, esta reforma laboral, necesaria pero no suficiente para remontar la crisis, no está enmarcada en ese plan a gran escala de transformaciones que urge en España. Siguen pendiente la reformas del sector energético, costoso, incierto y preso de prejuicios antinucleares. El sector financiero demanda también una reestructuración con criterios de eficiencia. Y es evidente que hace falta una reforma de la Administración del Estado, porque no es sostenible el gasto ingente que provocan las administraciones central, autonómica y local. El Estado de las Autonomías y la extraordinaria fragmentación de la estructura municipal consumen recursos por encima de lo que puede permitirse la sociedad española. La última exigencia de Bruselas pone a España en la obligación de adoptar nuevas medidas para reducir el déficit en 2011 y el Gobierno ya ha trasladado a las comunidades autónomas su parte de responsabilidad en el recorte de los números rojos. Las autonomías se han comprometido a ahorrar 11.000 millones de euros, pero es necesario que el Gobierno disponga de instrumentos legales no sólo para verificar esta reducción del gasto, sino para ejecutarla llegado el caso. En definitiva, el Gobierno gana tiempo con la reforma provisional aprobada ayer, pero tiempo es, precisamente, lo que menos tiene España.