El fiscal retira la petición de tres años de cárcel para el subdirector de EL MUNDO

EL MUNDO

La juez veta el acceso de los medios al juicio

El fiscal retira la petición de tres años de cárcel para el subdirector de EL MUNDO

• Pide una multa de 15 meses y otros tantos de inhabilitación profesional
• Desveló que un confidente avisó que la célula del 11-M iba a atentar
• Lea el escrito de protesta de los periodistas
ELMUNDO.es | Madrid
Actualizado jueves 24/06/2010 18:14 horas

La Fiscalía ha retirado la petición de tres años de cárcel para el subdirector del EL MUNDO Antonio Rubio por revelación de secretosen un juicio al que se ha vetado el acceso de los medios de comunicación por decisión de la juez, que ha alegado "razones de orden público". Ahora el Ministerio Público solicita 15 meses de multa y otros tantos de inhabilitación profesional.
Se juzga a este periodista por una información en la que desvelaba que el confidente policial 'Cartagena' estuvo infiltrado en la célula islamista de Serhane 'El Tunecino' hasta fechas próximas al 11-M y que avisó con detalle y precisión de sus planes para atentar en España.
Antonio Rubio se sienta en el banquillo, acusado por 'Cartagena', cuyo nombre real es Abdelkader el Farssaoui, por "descubrimiento y revelación de secretos". En la vista oral que se ha celebrado hoy, la Fiscalía ha rebajado ostensiblemente su solicitud de pena. Pedía tres años de cárcel y ahora una multa de 15 meses y otros tantos de inhabilitación profesional. Por otra parte, 'Cartagena' ha retirado la petición de una indemnización de 512.738 euros. Posiblemente, el colaborador policial abra ahora una vía civil separada.
El juicio ha estado marcado por el polémico veto a la prensa. La juez sustituta del juzgado de lo Penal Número 5 de Madrid, Carmen Viñaras Giménez, ha impedido el acceso de los medios de comunicación al juicio contra invocando "razones de orden público", en lo que supone una decisión insólita en procedimientos que afectan a la libertad de expresión en los que siempre se respeta la audiencia pública como garantía para el acusado.
Todos los periodistas que estaban cubriendo el juicio han elaborado unescrito de protesta que ha sido entregado por una periodista a un agente judicial para hacérselo llegar a Viñaras Giménez. Menos de un minuto después, se lo ha devuelto afirmado que la juez "no tiene tiempo para leerlo".
En él, los medios presentes solicitan a la juez la reconsideración de su decisión" para poder asistir al juicio por la "especial trascendencia para la libertad de expresión". De hecho, califican de "gravísima" esta decisión de Viñaras Giménez por atentar contra el derecho a la información.
Éste es el escrito de protesta íntegro firmado por los medios de comunicación:
"Los periodistas que firmamos este escrito, personados desde las 11 de la mañana en esta sede judicial para cubrir el juicio contra el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio, queremos solicitar a su señoría la reconsideración de su decisión de celebrar a puerta cerrada esta vista oral.
No nos explicamos las razones por las que se hurta al conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo en un juicio con especial trascendencia para la libertad de expresión, una decisión que consideramos gravísima por afectar no sólo al derecho constitucional a la publicidad de las actuaciones judiciales sino también al derecho fundamental a la información que consagra el artículo 20 de la Constitución española".
La información de Antonio Rubio permitió descubrir al propio juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, que ese confidente había relatado con todo detalle que ese grupo terrorista pretendía "hacer la 'yihad'" en España y que, con los datos que él ofreció, la Unidad Central de Información Exterior (Ucie) de la Policía elaboró 12 notas informativas que facilitaron el control de la célula hasta las vísperas de los atentados. La acusación fiscal no sólo se extiende a la revelación de la identidad real del testigo protegido, sino también a la publicación de esos documentos, "elaborados con carácter reservado".
Las investigaciones periodísticas de Rubio pusieron de manifiesto que algunos de los actores más destacados de la matanza se encontraban controlados en las fechas anteriores al 11-M por la Policía, la Guardia Civil y el CNI; que esa vigilancia llegó a ser tan cercana que algunos de los miembros de la célula islamista tenían el teléfono pinchado, y que existían confidentes que fueron informando de cada paso que daban hacia la comisión de los atentados quienes ya eran considerados como elementos peligrosos por las Fuerzas de Seguridad.
De hecho, el juez Del Olmo supo de la existencia de 'Cartagena' en octubre de 2004, después de que EL MUNDO publicase su detención, su condición de testigo protegido y el trabajo que había desempeñado para que se llevase a cabo la 'operación Nova'. Un mes después, el 23 de noviembre de ese año, el juez pidió al Juzgado Central de Instrucción número 5 que se le informara sobre "el paradero del testigo protegido por ese juzgado 'Cartagena' [...] a los efectos de su urgente citación para que preste declaración como testigo en el presente procedimiento", según aparece en el sumario del 11-M.
En ese escrito se detallan todas las circunstancias personales del confidente, cuya identidad real -Abdelkader el Farssaoui- e incluso su imagen ya habían sido desveladas por otros medios de comunicación nacionales como Canal Sur.
A partir de su arresto, 'Cartagena' se puso en contacto con Antonio Rubio para pedirle ayuda. El periodista, tras investigar la veracidad de su testimonio, publicó el 31 de mayo de 2005 las 12 notas informativas de la Ucie y todos los detalles que había ofrecido el confidente a la Policía,además de su identidad real y su fotografía con su consentimiento. En ningún caso se ofreció ningún dato que permitiese averiguar el nombre ficticio ni el domicilio que, por razones de seguridad, le había proporcionado la Secretaría de Estado de Interior.