De nuevo sin fisuras, el Tribunal Constitucional
ha cerrado la puerta al nuevo órdago secesionista que el presidente de la Generalitat ha planteado al Estado con su
referéndum encubierto del 9-N. Fuentes del Pleno han confirmado que el TC ha admitido este martes a trámite la impugnación del Gobierno contra la nueva consulta de Artur Mas, lo que se traduce en la
suspensión automática de la convocatoria en virtud del artículo 161.2 de la Constitución durante un periodo de cinco meses.
A partir de este momento
ni Mas ni su Gobierno pueden seguir alentando esta consulta. El artículo 87.1 de la ley orgánica del TC señala que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva» con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar. Un eventual incumplimiento ya no compete al TC.
Ahora llega el turno de la Fiscalía, que tendrá que vigilar cada paso del Ejecutivo autonómico vinculado al referéndum suspendido por si pudieran incurrir en un delito de desobediencia.
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