La familia Flores-Cano, que obtuvo la primera sentencia a favor del TSJA contra la asignatura, perdió el segundo asalto cuando el Tribunal Supremo no aceptó la objeción de conciencia
ABC
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA
Día 20/10/2010 - 22.11h
La batalla que los padres de Bollullos emprendieron en el curso 2007-2008, contra Educación para la Ciudadanía, sigue viva. La familia Flores-Cano, que obtuvo la primera sentencia a favor del TSJA contra la asignatura, perdió el segundo asalto cuando el Tribunal Supremo no aceptó la objeción de conciencia. Pero el Alto Tribunal dejaba claro que los gobiernos no podían adoctrinar al impartir la polémica asignatura. Ese es el argumento que les ha servido para volver a ganar el tercer ring.
Este miércoles, el TSJA, la misma sala que le dio la razón la primera vez, volvió a darle alas: anula por «adoctrinador» el libro de EpCeditado por Mcgraw Hill con el que su hijo, entonces en 3º de ESO en un instituto de Bollullos Par del Condado, estudiaba la materia.
Aunque el fallo llega tres años después (el chico está en 1º de Bachiller con la asignatura pendiente), es tajante al afirmar que vulnera los artículos 176.1 y 27.3 de la Constitución y asegura que el menor no está obligado a asistir a las clases de esta materia ni a ser evaluado mientras se imparta con ese texto. El niño tiene un hermano en 3º de ESO que tampoco asiste a las clases. Pero más allá del caso concreto, la sentencia, según el abogado de la familia y portavoz del Foro de la Familia, Abel Martínez, además de «un triunfo de la libertad» abre la puerta a que otros padres puedan impugnar en todos los centros donde la materia se imparta con ese manual.
De hecho el fallo, que lleva un voto particular en contra y a favor de desestimar el recurso porque lo cree cosa juzgada, estima que el libro «no es respetuoso con los derechos fundamentales». Y que «atiende preferentemente a una opción ovisión parcial y objetiva». «No se puede imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidos», dice.
El TSJA también dice que en una sociedad democrática «no debe ser la administración educativa quiere se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito de libre debate de la sociedad civil». E insiste en que cuando se explican varias doctrinas y se «ridiculiza» una determinada, hay «adoctrinamiento».La Junta de Andalucía anunció recurso de casación y defendió la materia por lo que la batalla final se librará en el Supremo.
