El Defensor del Pueblo, dispuesto a actuar ante la imposición del euskera en la escuela

ABC - 26/04/08

El Defensor del Pueblo, dispuesto a actuar ante la imposición del euskera en la escuela

B.T. MADRID
Satisfechos tras entrevistarse con el Defensor del Pueblo y después de comprobar que Enrique Múgica se mostró «muy receptivo» a sus planteamientos, los portavoces de la Plataforma por la Libertad Lingüística que está denunciando la imposición del euskera como única lengua de la enseñanza en el País Vasco, explicaron a la prensa los fundamentos legales en que han basado sus reivindicaciones ante esta institución, premisa necesaria para que prosperen. «Hemos esbozado una argumentación jurídica -explicó uno de sus portavoces, Pablo Gay-Pobes- y se la hemos presentado al Defensor del Pueblo para que él tenga base para formalizar una queja». Los representantes de este colectivo (que agrupa ya a más de 2.500 padres) comentaron que el propio Múgica les expuso con claridad «que no vale con una vaga protesta, sino que hay que acreditar que se está conculcando la ley, pues sólo en ese caso él podrá actuar».
A primera vista parece obvio que tanto la Constitución como el Estatuto de Guernica, o incluso la Ley de la Escuela Pública Vasca, amparan el derecho a la educación en castellano, la lengua común de los españoles, pero en este caso es más complicado demostrar que esa opción no se está respetando «de facto» porque, según los padres desplazados a Madrid, «el Gobierno vasco está actuando de tapadillo». Primero, como ya ha informado ABC, mediante la aprobación del Decreto 175/2007 de desarrollo del currículo vasco, en el que se «cuela» el enunciado de que la lengua vehicular de la enseñanza será el vascuence en todos los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados. Y después, «porque algunos centros concertados, sobre todo los religiosos agrupados en Kristau Eskola, «están haciendo el trabajo sucio al Gobierno vasco liquidando progresivamente la oferta de plazas en castellano».
Por ese motivo, en el informe presentado y ya registrado en la Oficina del Defensor del Pueblo, la Plataforma esgrime como vulneración de las leyes vigentes que «en el País Vasco la oferta lingüística la están llevando a cabo los centros educativos, que carecen de habilitación legal para ello, violando de esa manera la garantía de todos los alumnos vascos a recibir enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos».
Creen igualmente que ha habido dejación de funciones por parte de los poderes públicos, pues «ni regulan los criterios, ni realizan la planificación de la oferta educativa y la asignación de los modelos lingüísticos a impartir en cada centro».