El Gobierno teme que las medidas de Italia desvíen a los inmigrantes a España

ABC - 23/05/08

El Gobierno teme que las medidas de Italia desvíen a los inmigrantes a España

LUIS AYLLÓN. MADRID
El Gobierno teme que la decisión del Ejecutivo de Silvio Berlusconi de considerar delito la inmigración ilegal termine afectando a otros países del entorno, entre ellos España. Así se desprende de las palabras que pronunció ayer el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tras reunirse en Madrid con el ministro italiano de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, que viajó a nuestro país para explicar las medidas que el Gobierno de Italia aprobó el miércoles para hacer frente a los problemas derivados de la inmigración.
Discrepancia
La visita de Ronchi tenía como objetivo exponer a las autoridades españolas los motivos por los que Italia ha adoptado esas medidas, después de que hace sólo unos días se desatara una polémica entre los dos países a raíz de unas declaraciones críticas hechas por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que intervenir para bajar el tono del incidente, y, al mismo tiempo, las autoridades italianas mantuvieron una actitud de concordia, a pesar de dejar claro su derecho a adoptar las medidas que crea oportunas. La decisión más polémica es la de considerar delito la inmigración ilegal, algo que no ocurre en España, donde un inmigrante irregular sólo se enfrentaría a una sanción administrativa.
Por ese motivo, Diego López Garrido, después de subrayar que el Gobierno respeta la capacidad de las autoridades italianas para tomar las medidas que estime convenientes pensando en el bienestar de sus ciudadanos, precisó que eso no quiere decir que España esté de acuerdo con todas ellas. «Unas nos satisfacen más que otras», dijo.
Entre las que no gustan al Gobierno español se encuentra, precisamente, la de considerar delito la entrada ilegal de inmigrantes. Según el secretario de Estado, se trata de una «medida disuasoria», que «podría derivar los flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo hacia España, sino también hacia otros países europeos». En cualquier caso, España podría ser uno de los principales perjudicados de ese desvío de los flujos del tráfico ilegal de personas.
Para López Garrido, la decisión italiana no favorece la posibilidad de adoptar una política común europea en materia de inmigración. «No es la mejor vía», dijo, al tiempo que señaló que la medida se debería haber consultado al resto de los socios europeos.
Ante esos temores y críticas, era obvio que a López Garrido se le preguntaría por el proceso de regularización que España llevó a cabo en el año 2005, y sobre el que hubo muchas críticas en otros países europeos que consideraban que tendría un efecto llamada y que se quejaban igualmente de que el Gobierno de Zapatero no hubiera tratado el asunto a nivel comunitario. Según López Garrido, no es el mismo caso, porque entonces «otros países no se veían afectados, ya que los inmigrantes se quedaban en España».
Ronchi: «Cambio de registro»
Por su parte, Ronchi explicó que las decisiones tomadas por su Gobierno y que, previsiblemente, aprobará el Parlamento, obedecen a que «Italia se encuentra en una emergencia de seguridad y Europa debe entender esa situación de urgencia».
El ministro italiano se mostró convencido de que, a partir de ahora, tras lo que llamó un «cambio de registro», «Italia dejará de ser la puerta giratoria del Mediterráneo para que entre la inmigración clandestina». Ronchi precisó que lo que se pretende «no es equiparar al inmigrante con el delincuente, sino ser drásticos con esa minoría de inmigrantes que delinquen».
Por último, fue muy tajante a la hora de afirmar: «Quien llegue a Italia debe respetar nuestra cultura, nuestra religión, nuestra identidad y todas las reglas de convivencia civil. Quien no acepte esto no puede estar en Italia, no puede ser aceptado en nuestra comunidad, sobre todo quien después delinque».