El Gobierno insiste en que hay que mejorar la libertad religiosa, y la Iglesia pide respeto
ABC Cardenal García-Gasco
R. CARRIÓN/ L. DANIELE. VALENCIA/ NÍGER.
La controversia suscitada por la intención del Gobierno de revisar la Ley de Libertad Religiosa para dar un paso más en los afanes laicistas de Rodríguez Zapatero vivió ayer un nuevo capítulo en el que fueron protagonistas el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García- Gasco, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Así, en la misa que presidió en la catedral de Valencia con motivo del gran día de la Virgen de los Desamparados, García-Gasco reclamó al Estado «un mejor cuidado de la libertad religiosa: los católicos no queremos privilegios. Sólo pedimos libertad y respeto». García-Gasco se refirió también al hecho de que «el hombre es un ser social y la fe tiene una dimensión comunitaria», y con palabras de Benedicto XVI aseguró que «es inconcebible que el creyente tenga que renunciar a una parte capital de sí mismo -su fe- para ser ciudadano activo».
Además, «de ahí dimanan tantos deberes y derechos de los ciudadanos: como la libertad efectiva de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos», a la vez que puntualizó que «el Estado no debe sustituir a los padres: sólo tiene un papel subsidiario».
El cardenal defendió también que «todos los seres humanos desde el primer instante de su concepción hasta el último de su muerte natural tienen plenos derechos, y es un fraude utilizar el nombre de la libertad y de la democracia para extender la licencia para matar». Insistió en que «una democracia sin valores puede perder su propia alma. La religión y la moralidad son soportes indispensables para la prosperidad y la paz social».
Acuerdos con la Santa Sede
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno respondió al prelado desde Níger, país africano donde se encuentra de visita oficial, y habló de «mejorar» y «actualizar» la Ley de Libertad Religiosa. Según Fernández de la Vega, en España está «garantizada la libertad religiosa para todo el mundo, pero de forma particular para los que practican la religión mayoritaria».
Durante una rueda de prensa posterior a una reunión multilateral con los seis países más pobres de África, la vicepresidenta del Ejecutivo socialista aseguró que en España rigen unos acuerdos con la Santa Sede desde el año 1979 y que no se ha producido «ni un solo problema de ejercicio de la libertad religiosa».
La vicepresidenta se mostró también tajante a la hora de destacar «las relaciones de respeto» que mantiene con la Conferencia Episcopal Española y de exigir el «mismo» trato para con «el Gobierno y las instituciones».
Con este anuncio, Fernández De la Vega quiso llevar tranquilidad a algunos sectores de la Iglesia católica que temen que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa anunciada por el Gobierno para esta legislatura se convierta en un instrumento contra la confesión mayoritaria.
Pero los temores no son infundados si se tiene en cuenta el programa del PSOE, que busca con esta reforma una «promoción activa de la aconfesionalidad» del Estado sin precisar cuáles serán los límites. Además, la ofensiva laicista que Zapatero viene impulsando desde la pasada legislatura tuvo su último exponente en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado para permitir la participación de los capellanes en los comités de ética de los hospitales.