Bermejo niega el colapso de la Justicia y habla de males endémicos heredados del franquismo

ABC - 09/05/08

Bermejo niega el colapso de la Justicia y habla de males endémicos heredados del franquismo

NIEVES COLLI. MADRID.
«Me niego a hablar de colapso; no es justo porque no es cierto». El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue muy claro en la rueda de prensa ofrecida ayer en la sede de su departamento para salir al paso de la alarma social generada tras conocerse el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los juzgados especializados en ejecutar las sentencias. Negó con rotundidad que la Justicia esté en una situación de «caos» o «colapso», que sufra una parálisis, pero sí admitió algo que se sabe desde hace años y «no voy a descubrir ahora»: los males de la Justicia son estructurales y tienen que ver con el uso de métodos obsoletos de trabajo, con estructuras que no se adaptan a la distribución demográfica y con el retraso en la incorporación de las nuevas tecnologías. «Heredamos una Justicia raquítica de un sistema no democrático [el franquismo]; las cosas han cambiado mucho pero no es suficiente», afirmó.
Al abierto reconocimiento de los «males endémicos» que sufre la administración de Justicia le siguió toda una declaración de intenciones: acabar con ellos es prioritario. «Hay una enorme voluntad del Gobierno y queremos contar con todos, absolutamente con todos», dijo Bermejo. Y es que, a juzgar por sus palabras, se diría que este ministro va a disponer del respaldo económico que le faltó a su antecesor en el cargo y que el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero va a destinar a la Justicia los recursos necesarios para acometer en serio su modernización. Quedan cuatro años por delante.
Si hay Pacto, será entre todos
El ministro no quiso hablar de reeditar el pacto de Estado por la Justicia, que tan buenos frutos dio durante los gobiernos del Partido Popular, pero aseguró que «si tiene que haberlo, es entre todos», en referencia a que no puede tratarse de un acuerdo a dos bandas (PSOE y PP). Bermejo sí apeló a la «obligación» de todos los grupos políticos «a hacer un esfuerzo» para mejorar el servicio que desde los juzgados y los tribunales se presta al ciudadano.
Cuando se refirió a la situación de los juzgados de ejecutorias denunciada por el CGPJ, Bermejo quiso ser muy didáctico: «La ejecución es el proceso lento por excelencia, pero lentitud no es igual a parálisis». Eso sí, es un «mal endémico que hay que erradicar».
Explicó, como también lo hizo ayer la Comisión Permanente del CGPJ, que cuando se habla de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar no quiere decir que estén paralizadas, bloquedas, sino «en trámite de ejecución». «La ejecución -indicó el ministro- es un proceso duradero» que empieza con el ingreso en prisión de un condenado, con la retirada del carné de conducir a un infractor o con el cobro del primer plazo de una multa y concluye cuando el reo sale de prisión, cuando se devuelve el permiso o cuando se termina de pagar la multa. «Los procesos de ejecución duran 5, 10, 20 años y por eso siempre hay un poso de sentencias pendientes de ejecución», incidió.
Pero lo cierto es que el negociado de las ejecutorias presenta deficiencias, y eso también lo reconocieron el CGPJ y el propio Bermejo. Mientras la Permanente señalaba que «la pendencia se sitúa en niveles por encima de lo deseable», Bermejo no negaba que hay situaciones concretas de «parálisis» que merecen actuaciones puntuales. Sin embargo, el ministro rechazó que se trate de un problema generalizado. Parálisis hubo en el caso del pederasta acusado de asesinar a la niña Mari Luz Cortés, apuntó el ministro, pues su primera condena estuvo más de un año esperando a que fuera ejecutada.
El informe sobre las ejecutorias fue debatido ayer por la Comisión Permanente del CGPJ, que acordó por unanimidad tomar conocimiento del mismo, remitirlo a la Comisión de Organización y Modernización Judicial (para que se mantengan las medidas de refuerzo en varios juzgados) y enviarlo al Ministerio de Justicia y a las Comunidades con las competencias transferidas con el fin de que, cada uno en su ámbito, tome las medidas que estimen oportunas. Encomendó a la Inspección que haga un seguimiento del rendimiento de los juzgados reforzados.
Medidas rescatadas
La rueda de prensa ofrecida ayer por el ministro fue una buena ocasión que éste no desaprovechó para vender algunas de las medidas con las que el Gobierno quiere sanear la Justicia. La mayoría de ellas no son nuevas.
En primer lugar, el modelo de oficina judicial aprobado en 2003, cuya implantación nunca llegó a producirse en la pasada legislatura pese a ser objeto de continuas promesas. No obstante, su desarrollo depende de que el Parlamento tramite la reforma de 21 leyes procesales. Ellas darán cobertura legal a los cambios en la distribución del trabajo dentro de los juzgados: con la oficina judicial, la gestión quedará en manos de los secretarios judiciales, de manera que los jueces podrán dedicarse exclusivamente a juzgar y ejecutar lo juzgado.
La segunda medida pasa por la instalación de un sistema informático integral para la gestión procesal. El ministro citó el «Minerva.noj», un programa que está «en estudio desde hace tiempo» pues está vinculado a la nueva oficina judicial. El 19 de mayo tendrá lugar un ensayo en Murcia. En tercer lugar, habló de la introducción de una nueva aplicación en el registro de penados y rebeldes, de tal manera que los jueces que accedan a esa base de datos no sólo encuentren información sobre situaciones de rebeldía y sentencias firmes, sino también sobre medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.
Finalmente, Bermejo anunció la creación de 15 nuevos juzgados de lo Penal, algunos de los cuales se dedicarán en exclusiva a ejecutar sentencias.