El CGPJ denuncia el «inabarcable» trabajo de los jueces de ejecutorias

ABC - 07/05/08

El CGPJ denuncia el «inabarcable» trabajo de los jueces de ejecutorias

NIEVES COLLI. MADRID.
La «inabarcable» carga de trabajo que soportan los jueces y secretarios judiciales destinados en los juzgados especializados en ejecutorias, la «necesaria e imperiosa» de implantar un sistema informático específico y la deficiente formación de los funcionarios interinos son las principales causas del atraso que sufren estos órganos.
Así lo pone de manifiesto un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que será debatido y previsiblemente aprobado mañana por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. El total de resoluciones penales pendientes o en trámite de ejecución en toda España alcanzaba a 31 de diciembre de 2007, según los datos contenidos en el informe, los 269.405 asuntos.
Mari Luz y Sylvina
Este estudio fue encargado por el presidente del CGPJ, Francisco Hernando, al Servicio de Inspección después de conocerse la existencia de anomalías o posibles errores judiciales en la tramitación de dos asuntos tristemente famosos por la muerte de las víctimas: la niña de cinco años Mari Luz Cortés en Huelva (el pederasta Santiago del Valle, sospechoso de su asesinato, nunca llegó a ingresar en prisión por una condena anterior por abusar sexualmente de su propia hija, también de cinco años); y Sylvina Bassini (la mujer argentina asesinada en Alovera junto a su pareja por su ex marido, al que se concedió la posibilidad de ver a su hijo en un punto de encuentro pese a tener vigente una orden de alejamiento tanto de su ex esposa como del pequeño). La actuación de los jueces que han intervenido en ambos casos está siendo analizada por el CGPJ, competente para imponer sanciones disciplinarias a los miembros de la carrera judicial.
El informe de la Inspección denuncia la situación de los juzgados especializados en ejecutorias y propone distintas medidas, dirigidas a obtener su «plena normalización» así como la adecuación de su función jurisdiccional a los derechos constitucionales a la tutela efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. Entre otras medidas, pide al Ministerio de Justicia la «creación e implantación» de un modelo específico de oficina judicial -que se basa en el aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2003- tal y como ya solicitó la propia Inspección en un informe de diciembre 2005. La preocupación del CGPJ por la situación de estos juzgados ha sido «permanente», incide el informe.
Más secretarios judiciales
En el documento de 2005, los especialistas del CGPJ ya planteaban la necesidad de ampliar la plantilla de secretarios judiciales, de tal manera que de cada uno de ellos dependieran un máximo de diez ó doce funcionarios, y no entre veinte y treinta como ocurre en la mayoría de los juzgados penales de ejecutorias.
El informe que mañana estudiará la Comisión Permanente del CGPJ pone de manifiesto que cada magistrado y cada secretario judicial soportan en los juzgados de ejecutorias una carga de trabajo «a todas luces inabarcable», lo que lleva a la conclusión de que el equipo rector de cada uno de estos órganos debería estar constituido por más de un magistrados y un secretario judicial. El sistema actual es, señala, «claramente insuficiente».
Funcionarios interinos
La Inspección también solicita, tanto al Gobierno como a las Comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, que cubran con funcionarios titulares las plazas vacantes, de tal manera que pueda reducirse el elevadísimo porcentaje de interinos destinados en estos órganos (74 por ciento de media en Madrid; 87 en Barcelona; 24 en Valencia; 75,8 en Palma de Mallorca; 27,7 en Bilbao; y 80 por ciento de la plantilla en San Sebastián).
De no ser posible cubrir las plazas con titulares, el informe plantea la necesidad de «facilitar la formación necesaria al personal interino», casi siempre falto de experiencia. La escasa formación de este tipo de personal, la elevadísima movilidad de los funcionarios (los órganos de ejecutorias se conocen en el argot como «juzgados castigo», lo que los convierte en un destino nada agradable) y «cierta descoordinación entre el personal titular» a la hora de desarrollar su actividad «impiden -según reza el informe- la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad jurisdiccional prestada por estos juzgados».
Pendencia elevada
A 31 de diciembre de 2007, las resoluciones pendientes o en trámite de ejecución en los 14 juzgados de ejecutorias -órganos que sólo existen en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián y que ejecutan los asuntos que reciben de 72 juzgados penales ordinarios- sumaban 80.125; a ellas cabe añadir los 189.280 asuntos pendientes o en trámite de ejecución en los otros 237 juzgados penales ordinarios de toda España, que ejecutan sus propias resoluciones. El total arroja la preocupante cifra de 269.405 ejecutorias.
Sin embargo, esos 269.405 asuntos no incluyen, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los expedientes de ejecución derivados de los juicios de faltas (unos 94.000 en total) ni los de los juzgados de violencia sobre la mujer (unos 2.000) o los de menores (26.000). Así, en realidad son más de 391.000 los asuntos penales (que abarcan desde una multa de tráfico hasta el ingreso en prisión de un condenado) que están pendientes o en trámite de ejecución en toda España.
La media de asuntos que en el trienio 2005-2007 tenían pendientes de ejecución los juzgados especializados -objeto específico del informe- alcanza los 5.723 expedientes por cada órgano, una cantidad que llama la atención cuando el módulo de trabajo previsto por el Consejo es de 2.655 asuntos. «La pendencia -pone de manifiesto la Inspección- se encuentra lejana de lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados».
Esta sobrecarga revierte de forma negativa sobre los funcionarios, cada uno de los cuales se encarga de entre 150 y 200 ejecutorias. Fuentes del CGPJ recuerdan que los expedientes de ejecución son muy delicados y complicados, «no tanto por su dificultad jurídica como por la cantidad de trámites y burocracia que encierran».
Muy por encima del módulo
La peor situación la sufren Palma de Mallorca y Valencia, cuyos juzgados superan los módulos en un 82,30 y en un 99,62 por ciento, respectivamente. En Madrid están un 21 por ciento por encima de lo que el Consejo considera una carga de trabajo racional; un 52,24 por ciento en Barcelona; un 80 por ciento en Bilbao; y un 4,1 por ciento en San Sebastián.
La aparente feliz situación del único juzgado de ejecutorias de San Sebastián se debe a su particular sistema de organización, con dos secretarios judiciales. En palabras del informe, «la distribución del trabajo es mucho más eficaz» y «mayor el control» sobre las labores que desempeñan el resto de los funcionarios.
Buena tasa de resolución
Pese al oscuro panorama que pintan las cifras, el Servicio de Inspección asegura que, durante los tres años analizados, la actividad resolutoria de los órganos especializados en la ejecución de resoluciones ha sido «elevada». A excepción de Palma de Mallorca y San Sebastián, los demás juzgados han conseguido sacar adelante la misma cantidad de papel que han ingresado cada año.
Asimismo, destaca cómo la creación de estos juzgados «ha supuesto una importante disminución en la carga competencial que soportan el resto de los juzgados penales ordinarios», pues les ha liberado de la función de ejecutar lo juzgado.
El porcentaje de asuntos pendientes y en trámite de ejecución está «lejano de lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados», señala el informe. Pese a ello, destaca cómo las medidas de refuerzo que se han ido adoptando han contribuido a que la situación no empeore aún más.
Por ello, la Inspección propone también que se mantengan las medidas de apoyo que tienen concedidas en la actualidad los juzgados de ejecutorias de Barcelona, Valencia y Bilbao; y que se adopten nuevas (según los casos, designación de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios como refuerzo) en los de Madrid, Palma de Mallorca y San Sebastián.
Sistema informático urgente
Junto a las medidas de refuerzo, a la cobertura de las plazas por funcionarios titulares (o, al menos, una correcta formación de los interinos) y a la creación de un nuevo sistema de oficina judicial, la Inspección propone también la implantación de un «sistema informático de gestión procesal», específico para este tipo de órganos, que «permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos». La ausencia de esta esencial herramienta de trabajo es una de las «carencias más significativas» que presentan estos juzgados.
La «pronta implantación» de un sistema informático específico es «necesaria e imperiosa», pues permitiría establecer alarmas y avisos automáticos sobre las distintas incidencias del procedimiento de ejecución. De haber existido, probablemente se habría podido evitar que el ingreso en prisión de un pederasta condenado como Santiago del Valle se dictara con dos años de retraso.
De hecho, un sistema informático adecuado prevendría al magistrado sobre prescripciones de buscas y capturas, liquidaciones y licenciamientos de penas privativas de libertad, suspensión de condenas, incumplimiento de pago de multas y otras incidencias.
La última propuesta de la Inspección se refiere a la creación de una comisión técnica mixta (CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas) para lograr el desarrollo de las medidas que propone el informe.