31 de agosto de 2011

Ofensiva laica contra la clase de religión


Ofensiva laica contra la clasede religión

Las aulas españolas han perdido más de medio millón de alumnos en los últimos diez años

ABC - Día 29/08/2011
La asignatura de religión católica (de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado) resiste en las aulas españolas pese al acoso laicista. En los últimos diez años, más de medio millón de alumnos han dejado de cursar la materia en España, lo que preocupa a las autoridades eclesiásticas, que en más de una ocasión han mostrado sumalestar por la pérdida progresiva de peso de la asignatura en el currículo educativo. Sectores católicos atribuyen esta situación a una campaña de desprestigio contra la materia por parte de grupos laicistas y «al descenso de espíritu religioso de los padres que ceden a las presiones de sus hijos».
Los últimos datos del Ministerio de Educación y Ciencia, consultados por este diario, dan fe de esta sangría de alumnado. Según las mencionadas estadísticas, la demanda de religión católica en las etapas de educación básica (Infantil, Primaria y Secundaria) ha descendido en más de 500.000 estudiantes en los últimos diez años, un total de 158.483 en los colegios y 344.668 en los institutos.
El informe ministerial revela que el 75,5 por ciento de los 2.665.161 estudiantes españoles matriculados en Primaria (niños de entre 6 y 12 años) en el curso 2008-2009 —el último del que se tienen estadísticas oficiales—, y el 55,3 por ciento de los 1.813.572 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) estaban inscritos en la asignatura. Diez años antes, cursaba religión el 84,7 por ciento de los 2.562.785 alumnos de Primaria y el 71,3 por ciento de los 1.890.004 de ESO. Así, en virtud de los números, la asignatura ha perdido en diez años un 7,3 por ciento de estudiantes en los colegios y hasta un 25,5 por ciento en los institutos.
La Comunidad en la que la asignatura es menos aceptada es, con diferencia, Cataluña, donde hace dos cursos sólo un tercio del alumnado estudiaba religión. Ahora, según recientes estadísticas de la consejería de Enseñanza, la situación ha ido a más y sólo uno de cada diez alumnos la marca en su currículo básico. En Melilla, donde la materia tiene también muy poca presencia escolar, solo un 25% del alumnado de los centros públicos la elige. Por contra, en Extremadura, Andalucía y Cantabria cursan la materia entre nueve y ocho alumnos de cada diez.
Los casos de Cataluña y el País Vasco (sólo la elige el 35,5 por ciento del alumnado de Primaria y el 21,7 por ciento de ESO) han sembrado preocupación entre los defensores de la educación religiosa en la enseñanza básica. Una de las voces más beligerantes ha sido la del obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, quien denuncia que desde hace años hay una campaña para desprestigiar la asignatura. «No es justo lo que ocurre con religión. Está padeciendo una agresiva estrategia de acoso y derribo», afirmó el prelado en declaraciones recientes.

Campaña de desprestigio

«Se empieza por poner palitos en las ruedas al estatus de la asignatura (evaluable o no evaluable; troncal o secundaria; con asignatura alternativa o sin alternativa; en horario escolar o extraescolar; etc...); se sigue por reivindicar su exclusión del sistema público de enseñanza, en nombre de una malentendido concepto de “escuela laica”; y se terminará por forzar su salida del curriculum», añadió.
Monseñor Munilla defiende la clase de religión asegurando que es un derecho y no un privilegio y advierte de que «algunos católicos pueden estar arrastrando una especie de complejo, como si hubieran aceptado que es una reminiscencia del antiguo régimen en esta sociedad democrática». La asignatura está regulada en una orden del Ministerio del 3 de julio de 2007, por la que el Gobierno garantiza a los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria que lo soliciten el derecho a recibir esta asignatura.

Cataluña apela a la historia y la tradición para vetar los nuevos centros de culto


Cataluña apela a la historia y la tradición para vetar los nuevos centros de culto

Las comunidades critican que la ley limita el derecho a la libertad religiosa

Una mujer pasea con sus hijos por Lleida tras asistir al fin del Ramadán. / HERMINIA SIRVENT
Los musulmanes y evangélicos, las dos comunidades con más pujanza en Cataluña, lo van a tener aún más difícil para abrir nuevas mezquitas o iglesias. La Generalitat catalana ha decidido reformar una norma aprobada en 2009 por el tripartito para incluir una referencia a la “tradición” y a la “historia” como elementos que los nuevos centros de culto deben “tener en cuenta”. La nueva norma que prepara el Gobierno de Artur Mas elimina, además, la obligación impuesta a los ayuntamientos de modificar sus planes urbanísticos para prever suelo de uso religioso. Esta decisión quedará ahora a criterio de los ayuntamientos “en función de las necesidades” de cada municipio.
El anteproyecto de ley, que el ejecutivo prevé aprobar a mediados de septiembre, detalla que las condiciones técnicas y materiales de los centros de culto de nueva construcción “han de tener en cuenta las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y el impacto sobre los elementos artísticos”. Eso puede significar, entre otras cosas, que el aspecto exterior de los oratorios islámicos o iglesias evangélicas, por citar dos ejemplos, deberán armonizar con el entorno.
El redactado de la ley es ambiguo y no se especifica qué significa “tener en cuenta” y qué se entiende por “tradición” de cada municipio. ¿Quiere eso decir que no será posible construir oratorios islámicos con la forma arquitectónica tradicional de una mezquita, o sea, con arcos, cúpula o minarete?
La Generalitat remite de nuevo a la autonomía municipal. “Se trata de dar pistas y posibilidades de acción a cada ayuntamiento. Los centros de culto se han de adecuar a las fachadas de los otros edificios. Pero las propias confesiones tienen que pensar si lo importante es la fachada o lo que dentro del edificio. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona), en manos de CiU, vetará el proyecto de una mezquita porque su fachada de elementos árabes rompe con la tradición.
Los críticos con la reforma, como el exsecretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, creen que las alusiones a la historia, la cultura y la tradición sobran en la ley. “Bastaba con decir que hay que respetar las normas urbanísticas, como cualquier construcción”. “En el fondo de eso hay el trauma social que supone para mucha gente ver minaretes en su entorno urbano”, abunda Amorós.
El anteproyecto de ley ha sido criticado por entidades musulmanas y evangélicas porque, en la práctica, supone un límite al derecho a la libertad religiosa que consagra la Constitución. El Gobierno catalán justifica la medida en que la obligación de cambiar los planes urbanísticos “había causado muchos problemas: son trámites largos y costosos para los municipios”, según el director general de Asuntos Religiosos, Xavier Puigdollers.
La ley de 2009 fija las condiciones de seguridad, higiene y accesibiliad, entre otras, que deben cumplir los centros de culto. Y da a las comunidades cinco años para adaptarse a la norma. La reforma impulsada por CiU prevé alargar el plazo hasta los 10 años. “Las comunidades están haciendo esfuerzos para adaptarse, pero muchas no tienen recurso y necesitan tiempo”, justifica el director de Asuntos Religiosos. Los críticos, entre ellos Amorós, replican que la moratoria “cronifica” el problema de la precariedad de los locales de culto.

Diplomáticos israelíes desaconsejan la presencia del presidente hebreo en el voto sobre el reconocimiento a Palestina


Diplomáticos israelíes desaconsejan la presencia del presidente hebreo en el voto sobre el reconocimiento a Palestina

Aseguran que la presencia de Peres en la Asamblea General de la ONU aumentaría el apoyo al Estado palestino

EL PAIS - AGENCIAS | Jerusalén 31/08/2011
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Diplomáticos israelíes desplazados a Nueva York han desaconsejado el envío del presidente hebreo, Simon Peres, a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra con carácter anual y que está prevista para este mes de septiembre para el voto sobre el reconocimiento al Estado soberano de Palestina bajo el argumento de que dañaría los intereses de Israel.
Estas fuentes han señalado que el envío de un alto cargo gubernamental podrá tener un efecto boomerang y provocaría resultados opuestos a los deseados por el Ejecutivo de Tel Aviv. La oficina del primer ministro había afirmado que Benjamin Netanyahu, que llevaría meses examinando las posibles futuras fronteras del Estado palestino, no participaría en la Asamblea de este año pero que enviaría a Peres para representar a Israel.
Dichas fuentes han recalcado que el envío de Peres a Naciones Unidas no reducirá el aplastante apoyo a la creación de un Estado Palestino, sino todo lo contrario, al intensificar la significación simbólica de la petición palestina, según ha informado el diario israelí Haaretz.
Por ello, los diplomáticos han agregado que sería positivo para los intereses del Estado hebreo que se enviara a alguien con un perfil bajo para hacer un alegato habitual. El enviado israelí a la ONU, Ron Prosor, afirmó la semana pasada que Tel Aviv no tiene posibilidades de conseguir grandes apoyos para oponerse a la resolución.
"Lo máximo que podemos esperar es que un grupo de países se abstengan o no se presenten a la votación", ha indicado Prosor. "Unicamente unos pocos países votarán en contra de la iniciativa palestina", ha apostillado.
La petición de ingreso del Estado palestino en Naciones Unidas será debatida por el Consejo de Seguridad en septiembre. Como bien sabe la Autoridad Nacional Palestina (ANP), su propuesta no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pues Estados Unidos ha anunciado que, si es necesario, ejercerá su derecho de veto. Por eso, en paralelo, la ANP presentará una propuesta de resolución sobre el reconocimiento del Estado Palestino ante la próxima Asamblea General, donde tiene el éxito asegurado, pues al menos 120 de sus 194 miembros reconocen ya dicho territorio.
La Asamblea General no puede, sin embargo, admitir a Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, una competencia reservada al Consejo de Seguridad. Lo que sí puede es darle el estatuto de "observador", una fórmula conocida como la santa sede. Se trata de una fórmula intermedia, pues los observadores no tienen derecho de voto, pero sí pueden adherirse a los convenios internacionales depositados en la ONU.