La abstención del Partido Popular en la votación de
una de las leyes más ideológicas -de ideología de género- desarrolladas en la Comunidad de Madrid evidencia el giro ideológico de la formación de la mano de Cristina Cifuentes, promotora del texto inicial -el votado este jueves era el propuesto por la oposición en pleno- sobre transexualidad.
Una norma que no sólo recoge los derechos de las personas transexuales -ya contemplados en la legislación nacional y autonómica- sino que añade una enorme carga ideológica en cuestiones como la educación, la vida administrativa y laboral o la libertad de expresión. Una ley que contempla el tratamiento hormonal para menores incluso en contra del deseo de los padres o tutores legales, que coloca la autodesignación de género por delante del criterio médico y que señala sanciones para quien no comulgue con los postulados más radicales de la ideología de género: a saber, que el sexo-género es una construcción cultural variable con el tiempo y que cada persona ha de ser libre para autoasignarse el género -masculino, femenino, intergénero, queer, otro...- que prefiera. Una ley que ha sido aprobada, además, en medio de un abrumador silencio mediático, a las puertas de la Semana Santa y en medio de la crisis de Gobierno en que está inmersa España.
La ley más ideológica en el silencio más atronador.
Así fue el debate de laley de transexualidad:
“Hace cuatro meses tuve todos los miedos del mundo y todas las dudas. Hoy ni dudas, ni miedos sino el orgullo de hacerlo posible. Esta ley es lo justo y lo necesario”, decía Borox sobre una ley que, no sólo amplía los derechos de las personas que afrontan un cambio de sexo –derechos en su mayoría ya recogidos en la Comunidad de Madrid- sino que impone un contenido ideológico para administración pública, comunidad educativa, mercado laboral y, lo más peligroso, los menores de edad.
Tras recordar a Alan, un joven transexual que se quitó la vida en la Comunidad de Madrid, Borox ha recordado a las madres de las personas transexuales, que acompañan a sus hijos en el “difícil camino del cambio de sexo”. “Hoy tenemos una ley para todos, para garantizar una ley que ampara desde el más menor al más mayor. Han sufrido una larga lucha para conseguir desarrollarse y las dificultades que se encuentran y el sufrimiento es incontable. Era necesario crear un marco normativo”, afirma Borox que termina su intervención con un mensaje de la Fundación Daniela: Cada día llegan al mundo 300.000 nuevas vidas. Bailarines, astronautas, modelos… que en el quinto mes de embarazo ya tienen asignado un nombre y un sexo. Muchos lo tendrán para toda la vida, pero otros –señala la campaña- no se sentirán identificados por él. La naturaleza es así de libre. ¿Y si dejamos que sean ellos los que se expresen como son? Si María se siente María seguirá siendo María. Pero si Daniel se siente Daniela, podrá serlo, sin que nadie se lo prohíba. No es el cuerpo, sino el cerebro el que determina la identidad de cada persona… Para que esos niños no tengan que esperar a la mayoría de edad para vivir su cuerpo.
Este es el mensaje que envía Ciudadanos. Aprobar un derecho a “vivir tu propia vida, una vida que reivindico sin sufrimientos, un derecho a ser y disfrutar como tú quieras que hoy queda reconocido para todos”.
En el debate ha intervenido por Podemos Beatriz Gimeno, que ha querido resaltar que la aprobación de la ley de género supone ante todo una legitimación de "una determinada manera de entender el mundo" a la que otras visiones se han opuesto "con mucha dureza".
Gimeno ha defendido que la nueva ley no es únicamente una lucha por los derechos de transexuales y del movimiento LGTBI, sino un "cambio en la comprensión del mundo radicalmente nueva". La ley de identidad de género, sostienen desde Podemos, legitima la revolucionaria idea de que "las niñas pueden tener pene y los niños vaginas". "Esto pone patas arriba la idea tradicional de que el sexo determina el género", ha asegurado Gimeno en la Asamblea de Madrid, al tiempo que ha calificado la aprobación de la ley como un "giro copernicano en el sistema sexo-género". "Compañeras y compañeros de lucha, hemos ganado", ha recalcado.
Por parte del Partido Socialista ha intervenido Carla Delgado Gómez, que ha agradecido a Podemos y Ciudadanos que hayan hecho posible que la ley de género haya salido adelante. "Hoy es el inicio del fin de las discriminaciones históricas", ha celebrado Delgado.
La diputada socialista explica por qué su partido ha rechazado las enmiendas presentadas por los populares referidas, por ejemplo, a la inversión de la carga de la prueba –obligan al acusado de discriminar a demostrar que no tenía intención de tal cosa- alegando que esta ley debe ser modelo de las futuras leyes de transfobia. En el mismo sentido ha defendido la propuesta educativa de la ley: “la educación es fundamental para luchar contra la discriminación y la transfobia”.
“Hoy es el día de la victoria. Hoy hemos vuelto a ser historia. Vamos a colocar a Madrid en el lugar donde siempre debió estar”, dice Carla Delgado, que ha recordado a las personas transexuales “que murieron solas y enfermas en las calles y nadie les tendió la mano”.
La diputada popular Ana Camíns, mientras, ha recordado que fue el Gobierno de Cristina Cifuentes el que presentó el primer borrador de la ley de Transexualidad – “era un compromiso electoral del programa con el que ganamos las elecciones”- y ha lamentado el “cordón sanitario” de los partidos de la oposición.
“Ya manifestamos nuestro apoyo a las personas transexuales y nuestro compromiso para erradicar cualquier discriminación por motivo de la identidad de género”, ha dicho Camíns, para denunciar la nula voluntad de acuerdo de la oposición.
“La defensa de la transexualidad no puede ser bandera de nadie, sino de todos, sin excluir a nadie. Rechazamos hacer política partidista y sectaria y seguimos abiertos a alcanzar un acuerdo”, defiende la diputada popular, cuyo grupo ha preferido la abstención que el voto en contra en el momento de la votación de la ley.
Pero, ¿en qué consiste la ley de transexualidad?
Era un compromiso electoral de Cristina Cifuentes, pero el texto de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid que se vota este jueves en la Asamblea es, finalmente, el presentado de forma conjunta por el grupo socialista de Madrid, Podemos y Ciudadanos.
Cuenta con más votos que el presentado poco antes por el Gobierno de Madrid, al haber puesto de acuerdo a los tres partidos de la oposición contra Cifuentes pero no porque el presentado por el PP de Madrid diverja mucho ideológicamente – fuentes del PP de Madrid reconocen que es, en un 80%, el mismo texto- sino porque PSOE y Podemos se negaron, en su momento, a que el PP se pusiera una medalla, la de la lucha por los derechos LGTB que era, decían, de los socialistas.
Así las cosas, la Asamblea de Madrid acoge el debate de un texto estructurado en una exposición de motivos, catorce títulos y cinco disposiciones adicionales que, a lo largo de 57 artículos, describe cómo debe ser el comportamiento administrativo, educativo, laboral, sanitario y social respecto a las personas transexuales.
Un texto que parte de la base ideológica de que el sexo-género de una persona “no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial”. Así, se ha de otorgar soberanía a la “voluntad humana” para designar el sexo-género que se elige sobre cualquier otra consideración física y se considera la propia determinación del sexo-género un derecho fundamental.
Por eso –y después de criticar que durante años la Medicina haya considerado la transexualidad como una enfermedad o un trastorno de identidad sexual- la ley acordada aboga por una “definitiva despatologización de la transexualidad y la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano”.
¿Cómo?
A través de la definición de la transexualidad, el listado de actuaciones consideradas discriminatorias hacia las personas trans, la puesta en marcha de medidas educativas, sanitarias y laborales, todo ello adornado por una enorme carga ideológica, con nula base científica.
¿Quién es trans?
Toda persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer”. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la ley de identidad de género o sub categorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como “otros” o describen su identidad con sus propias palabras”.
Con esta amplia definición en la mano, asomarse al nuevo marco legal que se pide para este ‘colectivo’, supone aceptar, entre otras cosas, que cada uno puede construir su propia identidad de género sin que “sea necesario acreditar en ningún caso la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”.
Curiosa cuestión, teniendo en cuenta que otra de las medidas que contempla el texto es que en los espacios tanto sanitarios como deportivos y educativos –hospitales, vestuarios, gimnasios…- se debe respetar la identidad de género que cada persona refiera a la hora de hacer uso de los espacios separados por sexo. Es decir: chicos en el vestuario de las chicas, y viceversa. Del mismo modo, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y acredite tal condición podrá acceder en condiciones de igualdad a los recursos existentes para las mujeres víctimas de malos tratos.
¿Y los menores y la escuela?
“En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de los menores afectados y constituirían un maltrato, o de fijar barreras de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual de cada menor, se establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades específicas de cada menor, y en el que se provee delos oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo”. Es decir, se proporcionará terapia hormonal a las personas trans, bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado y la negativa de los padres a este tratamiento podrá ser recurrida ante la autoridad judicial si se estima que hay perjuicio o sufrimiento para el menor.
Pero además, se instará a los colegios y centros educativos a poner en marcha los recursos educativos y psicológicos necesarios para “la detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género, con el fin de elaborar un posible plan de acción para la integración del alumno en el centro”. Así, la ley señala que los centros educativos deben, por ejemplo, “dirigirse al alumnado trans por el nombre elegido por éste o, en caso de no estar emancipado o no contar con la suficientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales”. También contempla el respeto a la imagen trans que elija cada alumno y, en caso de haber uniforme, a elegir el que más se adecúe a su identidad sexual.
La ley contempla también “transformar” los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género en los colegios, “tanto públicos como concertados”. Y, ya en los procesos de adopción, la realidad de las personas trans se configura de la siguiente forma: “En la valoración de idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por motivo de identidad o expresión de género”.
Superando estereotipos…
Además, impulsará medidas para lograr “el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas”.
La cuestión médica…
La ley señala que se debe proporcionar a todas las personas trans los procesos quirúrgicos genitales, prótesis, tratamiento hormonal y cualquiera otra intervención sin que se deban someter previamente a examen psicológico, poniendo la llamada “autodesignación de género” por delante del criterio médico.
Una vez expuestas los nuevos deberes, el texto normativo explica cuáles serán las sanciones que acompañen a cualquier acto de discriminación. De los 200 a 3.000 euros de multa para las sanciones leves, a los hasta 45.000 euros de multa, prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública e inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos para las más graves.
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