28 de mayo de 2008

«Teherán quiere aniquilar a Israel, pero también a Occidente»


ABC - 28/05/08

«Teherán quiere aniquilar a Israel, pero también a Occidente»


Menashe Amir (a la izda.) y Uzi Rabi, ayer en Madrid

POR JOSÉ GRAU. FOTO: DANIEL G. LÓPEZ. MADRID
-El ex presidente Carter dijo anteayer que Israel tiene por los menos 150 armas nucleares. ¿Qué les parece?
-(Menashe Amir) No tengo información de los servicios secretos y en cualquier caso el número no es lo importante. Israel no ha amenazado a nadie con extinguirlo, como ha hecho Irán. Israel es una democracia, toma las decisiones con cuidado y no tiene ambiciones territoriales.
-(Uzi Rabi) Lo relevante es que Irán, con Ahmadineyad, es un Estado extremista, que busca demoler a otro Estado.
-(Menashe Amir) Carter es un presidente imbécil, que trajo a Jomeini al poder, que destruyó a Irán y que ahora va contra Israel apoyando a Hamás.Quizá la inteligencia que tenga provenga de Hamás.
-¿Debería EE.UU. negociar directamente con Teherán?
-(Menashe Amir) No hay nada que se pueda negociar con el régimen actual, fundamentalista islámico, que piensa que Occidente es débil, caduco.
-(Uzi Rabi) La única opción es la presión, incluso con la opción militar, pero en primer lugar, golpearles con las sanciones. Por ejemplo, la mayoría de las importaciones iraníes provienen de Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y Austria. Podrían imponer sanciones incluso al margen de la ONU. El régimen iraní está en la cuerda floja, y la gente allí no está contenta.
-(Menashe Amir) Piense que la aspiración de Irán es no sólo terminar con Israel, sino con la civilización occidental. Son fanáticos que educan en la «guerra santa» y en «martirio por la guerra santa».
-(Uzi Rabi) Si Occidente no hace nada, Irán hallará eco en las comunidades fundamentalistas europeas, como, según me han dicho, ciertas paquistaníes en Barcelona. Las consecuencias las sufrirá también todo Occidente.
-Irán insiste en que tiene derecho a la energía nuclear bajo el tratado de no proliferación.
-(Menashe Amir) Ese tratado lo firmó el régimen del Sha. Es evidente que persiguen la bomba atómica desde hace 18 años. Y que la conseguirán si no actuamos a tiempo. Piense en el último informe de la OIEA. No dejan trabajar a los inspectores. ¿Sabe usted que el islam permite la mentira si sirve al islam? Pues le anuncio que dentro de unos días los líderes religiosos dirán que el islam es incompatible con la bomba.
- (Uzi Rabi) Irán piensa que EE.UU. es un «tigre de papel»; quiere ser una superpotencia.

Los jueces vascos piden más protección, tras los últimos atentados de ETA

ABC - 28/05/08

Los jueces vascos piden más protección, tras los últimos atentados de ETA

ABC
MADRID. Los jueces del País Vasco han pedido al Gobierno y al Ejecutivo de Vitoria que incrementen las medidas para garantizar su protección ante los últimos atentados de ETA, si bien ambas administraciones han rechazado que sea necesario, salvo en casos puntuales.
El decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González Guija, explicó ayer que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha mantenido recientemente una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el viceconsejero, Mikel Legarda, para analizar la seguridad de quienes ejercen como jueces en esta comunidad.
Según González Guija, en ese encuentro expusieron «con total sinceridad» los temores ante el incremento de la amenaza terrorista y reclamaron que cada juez esté protegido por dos escoltas y un vehículo, en lugar de un solo escolta que acompaña en la mayoría de los jueces vascos hasta la fecha.
González manifestó que tanto Camacho como Legarda se mostraron «sensibles» ante esos temores, «pero la respuesta volvió a ser «no» y confirmaron que se mantendrán las mismas medidas aprobadas en el año 2001, adoptadas tras el atentado que costó la vida al magistrado José María Lidón, salvo en casos muy concretos, donde pueden incrementarse en base a amenazas terroristas o determinadas situaciones personales. Sin embargo, Alfonso González destacó que la amenaza de un posible atentado «no se manifiesta en el día a día de los jueces vascos, que siguen trabajando con la misma integridad».

Los inmigrantes eligen el castellano

ABC - 28/05/08

Los inmigrantes eligen el castellano

NATALIA ARAGUÁS. BARCELONA.
Pese a las múltiples campañas de la Generalitat para promover el catalán entre los inmigrantes, éstos siguen adoptando de forma mayoritaria el castellano. Así lo recoge un reciente estudio de la Fundación Jaume Bofill,que señala que un 55% de los hogares de inmigrantes tiene como lengua habitual el español, frente al 6% del catalán. De entrada, casi la mitad de los entrevistados (45,9%) reconoce el español como lengua propia, a causa del origen latinoamericano de gran parte de ellos. El segundo grupo lingüístico más numeroso es el árabe (20,9%), seguido del bereber (3,4%) y el francés o inglés (4,4%). Sólo un 1,6% se identifica con el catalán.
En general, los inmigrantes mantienen su lengua y la trasmiten a sus hijos. Precisamente son los castellano-hablantes los que en mayor proporción conservan el idioma de origen con su descendencia, en un 93%, frente al 4,4% del colectivo que también les introduce al catalán. Un 12% de los procedentes de otros ámbitos lingüísticos habla con sus hijos en castellano.
De cara a relacionarse con la sociedad de acogida, el español predomina entre los que aterrizan en Cataluña. Los inmigrantes no ven al catalán «como una necesidad a la hora de desenvolverse», explica la socióloga Elena Sintes, autora del apartado lingüístico del informe. Según Sintes, las nuevas olas migratorias repiten el patrón de los que llegaron a Cataluña en los años 60 y 70 procedentes del resto del Estado. Es decir, aprenden catalán cuando lo perciben como algo útil, que suele coincidir con el momento de promocionarse en el trabajo.
De acuerdo con el estudio, sólo un 1,7% de los encuestados asegura no tener ningún tipo de conocimiento de español. Se trata sobre todo de mujeres del Magreb y del resto de Europa, sin estudios y dedicadas a tareas domésticas. En el caso del catalán, el porcentaje asciende al 19,8%. Tres cuartas partes de los inmigrantes pueden hablar y escribir en castellano, el 17,3% lo habla pero no lo escribe y sólo el 5,3% lo entiende pero no lo habla. El nivel de conocimiento del catalán es mucho más bajo: el 12,7% sólo lo habla, el mismo porcentaje que quienes lo escriben.
Con los años, las habilidades lingüísticas mejoran, sobre todo en el caso del castellano. Según anota el informe, para desenvolverse en este idioma es necesario al menos hablarlo y leerlo, mientras que en catalán a los inmigrantes les basta con entenderlo y, como mucho, poder acceder a la información. En conclusión, las habilidades que requiere un aprendizaje formal (lectura y escritura) en catalán no se desarrollan.
Las personas con más conocimiento del catalán provienen de la Unión Europea: un 39,3% lo habla y un 26,9% también lo escribe. Los que presentan más dificultades proceden de Marruecos, Asia Central y Oceanía, con un 32,8% y un 52,1% que no lo entiende. Respecto a los latinoamericanos, son los que más lo comprenden y, sin embargo, los menos activos en hablarlo y escribirlo. «La mayoría de los inmigrantes trabaja muchas horas», explica Sintes. «Aprender un didioma supone un sobresfuerzo; aprender dos, aún más si no les es necesario». Con todo, factores como el entorno lingüístico y la calificación profesional son determinantes.
«Por favor, en catalán»
En definitiva, en el momento de escoger lengua los inmigrantes no hacen sino reflejar «la situación lingüística de la calle». Con el fin de convertir al catalán en imprescindible para su día a día, la Generalitat, a través del Consorcio para la Normalización Lingüística, junto con la Fundación Jaume Bofill y la Plataforma per la Llengua ha presentado este mismo mes la campaña «Si us plau, parla´m en català». El objetivo: animar a los catalano-hablantes a que no cambien de lengua cuando un inmigrante se dirija a ellos.

Los españoles se irían de cañas con Zapatero y Rajoy

ABC - 28/05/08


Los españoles se irían de cañas con Zapatero y Rajoy

EFE
José Luis Rodríguez Zapatero es desde hace cuatro años el "compañero perfecto" de los españoles para tomar unas cervezas y el número uno en la lista de los preferidos para salir de tapas, según el estudio "¿Con quién te irías de cañas"?, realizado por la asociación Cerveceros de España.
De hecho, parece que a los españoles les atrae la idea de charlar con políticos mientras beben unas cervezas, ya que el líder popular Mariano Rajoy, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se encuentran entre los más votados.
Andreu Buenafuente y Antonio Banderas son los acompañantes favoritos de las mujeres, mientras que Fernando Alonso es más votado por los hombres.
Los músicos son también un sector muy atractivo, especialmente Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, que han sustituido a los actores -elegidos otros años- con una excepción: Miguel Ángel Silvestre que ha pasado de no existir en los ránking a "subir como la espuma" y encontrarse entre los quince primeros.
Pero no es fácil mantenerse entre los preferidos de los españoles para salir de cañas, un hábito que realiza el 61 por ciento de la población los fines de semana, ya que, por ejemplo, Penélope Cruz ha bajado desde el puesto dos de la pasada edición al 23 o Arturo Pérez Reverte que también ha descendido en picado desde la posición ocho.
Los encuestados, que en un 57 por ciento salen con su familia a tomar unas cañas, también optan por el Rey como una buena opción para compartir una cerveza.

Javier Sierra vuelve a Sor María Jesús de Ágreda, «La dama azul»

ABC - 28/05/08

Javier Sierra vuelve a Sor María Jesús de Ágreda, «La dama azul»

TULIO DEMICHELI. MADRID
El éxito obtenido en EE.UU. por la traducción de «La dama azul» ha permitido la reedición de la novela que Javier Sierra publicó en 1998 y que Planeta edita ahora con las modificaciones y apéndices de la versión inglesa. «Este libro no sólo habla de la bilocación -explicó ayer su autor a los periodistas-. También habla de la casualidad y el destino. No es una obra de intriga histórica, sino científica... Decía casualidad, pero también digo causalidad. El periodista que la protagoniza tiene mucho que ver conmigo. Yo trabajaba en un artículo sobre las teleportaciones para «Año cero» y pensé que esas cosas ya pasaban en la antigüedad. Había oído hablar de María Jesús de Ágreda, la monja que se bilocaba y predicaba a los indios en Nuevo México sin salir de Soria, y que además será confidente de Felipe IV. Viajando por la sierra de Cameros, la niebla me sacó de ruta tras una nevada y acabé en un pueblo que se llama Ágreda. Decidí visitarlo y acabé frente a un convento en el que hay una estatua. Llamé al torno. «¿Es de aquí?», pregunté, y me contestaron: «Es nuestra fundadora. Pase». Me cuentan su historia y cuando me voy a marchar me invitan: «¿Quiere visitarla?» Y es que allí se conserva su cuerpo incorrupto... y el de su madre, a la que llaman «la abuelita»».
Para abundar en las dos esferas: la científica y la religiosa, acompañaban al autor un sacerdote, José Pedro Manglano, y un físico del CSIC, Francisco Alonso. No es Sierra aficionado a fabular enredos esotéricos, sino a plantear enigmas siendo respetuoso con la ciencia y la religión. Para el sacerdote, «esta monja es un personaje extraordinario. La Iglesia estudió los hechos en su tiempo y concluyó que fueron verdaderos. Aunque ella no se explicaba cómo le sucedía aquello. En realidad, el brazo sobrenatural continúa el obrar natural, y así, María Jesús de Ágreda, a la que apenaba que tantos indígenas desconocieran a Jesús en las Américas, le fue dado el predicarles». Ellos la llamaban «la dama azul».
Para la ciencia, ni que decir tiene que «las partículas elementales se bilocan. La naturaleza -afirmó Alonso- es sencilla pero sutil. Dos partículas aparentemente separadas están unidas. El arco iris que ve un observador es distinto al que ve otro observador».

El PSOE cree que el crucifijo «está de más» al prometer cargos, pero no lo prohibirá

ABC - 28/05/08

El PSOE cree que el crucifijo «está de más» al prometer cargos, pero no lo prohibirá

M. CALLEJA. MADRID.
El crucifijo que presidía la mesa en la toma de posesión de José Luis Rodríguez Zapatero, y en la de todos sus ministros, en el Palacio de la Zarzuela debió de dejar noqueado a más de uno en la izquierda. Por ejemplo, a Gaspar Llamazares. El coordinador de IU defendió ayer ante el Pleno del Congreso una modificación del protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de cargos, para eliminar todo tipo de símbolos religiosos, «como corresponde a un Estado aconfesional».
El de ayer fue uno de esos debates que sirven a los partidos para reafirmarse en sus principios, y poco más. Lo sorprendente fue la postura del PSOE, que hizo auténticos malabarismos para votar en contra de la Proposición No de Ley de IU-ICV, y mostrarse a favor, al mismo tiempo, del fondo del asunto. El Pleno rechazó la propuesta, con 309 votos en contra (PP, PSOE, CiU y CC), nueve a favor (ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y Rosa Díez) y seis abstenciones (PNV).
El diputado Ramón Jáuregui defendió la postura equilibrista del PSOE. Explicó que su grupo no ve la necesidad de modificar el protocolo del Estado, porque el real decreto que lo regula no habla en ningún lado de los símbolos religiosos. Si hay una cruz y una Biblia es porque lo coloca la Casa del Rey en el lugar donde toman posesión los miembros del Gobierno, y porque cuando se jura -posibilidad que se ofrece junto a la de prometer-, se pone a Dios como testigo. Los socialistas votaron también que no porque deducen que IU pretende prohibir a la Casa del Rey la colocación del crucifijo en la mesa donde los ministros juran o prometen su cargo.
Después del rechazo, llegó la posición auténtica del Grupo Socialista: «En la toma de posesión de los ministros, el crucifijo está de más, pero no haremos una ley para prohibirlo», sostuvo Jáuregui. «Ya hay demasiados signos confesionales en la política», añadió. A su juicio, hay que avanzar en la aconfesionalidad del Estado, pero «sin producir tensiones o rupturas innecesarias».
El PSOE prefiere prácticas «acofensionales naturales y progresivas». Jáuregui lanzó dos preguntas, que se quedaron sin respuesta: «¿Debe imponerse una norma legal o protocolaria para las exequias fúnebres de las víctimas del terrorismo, o las de ex presidentes, como la reciente de Calvo-Sotelo, tienen que ser laicas y no funerales de Estado?». «España es como es», concluyó Jáuregui, quien recordó que los crucifijos han desaparecido de muchísimas aulas, y no ha hecho falta una ley para ello.
Por el PP, Eugenio Nasarre se preguntó qué pensarán millones de españoles al ver qué asuntos cruciales ocupan a los diputados en este inicio de legislatura. «Libertad religiosa, sí; laicidad del Estado, sí, en los términos de la Constitución; continuidad de la realidad histórica de España asumida por la democracia, sí, y sobre todo, concordia en el espíritu del pacto constitucional», resumió.
La nota extravagante la puso el PNV, quien presentó una enmienda para derogar los actos de acatamiento y promesa o juramento de cargos. Quizás tenga que ver que, además de crucifijo, hay una Constitución en la mesa. Ni se votó.
Acuerdos con la Santa Sede
Sus señorías completaron la tarde parlamentaria con otra iniciativa de similar calado. En este caso, el autor era el Bloque Nacionalista Gallego, que pedía revisar y modificar los acuerdos con la Santa Sede, para adecuarlos «al carácter aconfesional del Estado». Estas propuestas siempre suelen ir acompañadas de un guiño al resto de confesiones religiosas. Tampoco falló esta vez. Los nacionalistas pidieron extender las relaciones de cooperación a otras religiones, «según los principios de igualdad de trato y no discriminación».
El Pleno rechazó la proposición no de ley del BNG, que tuvo los votos en contra del PSOE, PP, CiU y PNV. Rosa Díez votó a favor de esta iniciativa. El diputado socialista Jesús Quijano apuntó que la revisión de los acuerdos no está en el programa electoral del PSOE ni en las prioridades del Gobierno, «lo que no quiere decir que estemos cerrados al asunto». De hecho, el PSOE dejó la puerta abierta de par en par al remitirse a la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. «Este deberá ser el contexto para plantearlo. No adelantemos acontecimientos», advirtió el diputado.
El PP denunció que se pretenda convertir el modelo de «aconfesionalidad cooperativa» recogido en la Constitución por un Estado laico.

27 de mayo de 2008

Rubalcaba anuncia 500 agentes más para luchar contra ETA y el terrorismo islamista y 14 reformas legislativas

ABC - 27/05/08

Rubalcaba anuncia 500 agentes más para luchar contra ETA y el terrorismo islamista y 14 reformas legislativas

AGENCIAS. MADRID
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo para acabar con la organización terrorista ETA, cuyos miembros, según sus palabras, "nos pueden hacer mucho daño todavía", pero "nunca ganarán", porque "su final está escrito".
En su primera comparecencia de la legislatura en la comisión de Interior del Congreso, el ministro ha cuantificado en 500 los nuevos efectivos policiales que se destinarán a luchar contra el terrorismo de ETA y el internacional, un incremento que, tal y como ha recordado, alcanzará los 1.800 agentes en ocho años.
Durante su intervención, Rubalcaba ha detallado los planes de su Departamento, como el de establecer una estrategia nacional de seguridad, que se unirá a catorce nuevas reformas legislativas que afectarán, entre otros, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, al sistema penitenciario o a las víctimas del terrorismo.
Todo ello para hacer frente a las "amenazas y riesgos" a las que España debe hacer frente y para las que será necesario aumentar las plantillas de la Policía y la Guardia Civil hasta los 140.000 agentes disponibles.
Esta es una de las prioridades del ministro, que ha comenzado su intervención recordando y rindiendo homenaje a las víctimas del terrorismo, que contarán con una nueva ley integral, en la que se unificarán todas las normas existentes.
"El Estado ganará y ETA, más pronto que tarde, tendrá que desistir", ha señalado Rubalcaba, quien ha destacado las últimas detenciones de miembros de la banda en Francia, entre ellos la del número uno, Francisco Javier López Peña, "Thierry".
Una detención, que debilita a la organización terrorista, que no obstante, "conserva capacidad para hacer mucho daño", aunque "nunca podrá alcanzar sus objetivos".
El titular de Interior ha situado como otra "amenaza" al crimen organizado, al que se hará frente duplicando los actuales GRECO de la Policía y los ECO de la Guardia Civil, con el objetivo de establecer una "malla operativa" contra la delincuencia sobre todo el territorio.
Sobre la política penitenciaria, Rubalcaba ha destacado la construcción de 18 nuevas cárceles y 32 nuevos centros de inserción social, además de la creación de cinco nuevas "unidades de madres" para "sacar a los niños de las prisión".
En esta línea, Rubalcaba ha anunciado la reforma de la Ley penitenciaria para potenciar las penas alternativas a las de cárcel.
También fijó como otro de los objetivos del Gobierno la lucha contra la violencia de género, para la que se contará en diciembre de este año con 1.848 agentes especializados más respecto al 2004, y la mejora de la seguridad vial.

España defiende su tesis de no suprimir totalmente las bombas de racimo

ABC - 27/05/08

España defiende su tesis de no suprimir totalmente las bombas de racimo

EFE. DUBLÍN.
El Gobierno español aseguró ayer en Dublín que su oposición a un tratado internacional que prohíba totalmente el uso, fabricación y almacenamiento de bombas de racimo no está condicionada por los intereses de la industria armamentística.
«Un buen tratado debe incluir excepciones a la prohibición total que estén claramente reguladas e inspiradas por preocupaciones humanitarias, no por preocupaciones de carácter militar o industrial», explicó Ignacio Sánchez de Lerín, subdirector general de No Proliferación y Desarme en el Ministerio español de Asuntos Exteriores. Sánchez de Lerín encabeza la delegación que, desde el pasado 19 de mayo, negocia en Dublín, junto a otros 108 países y más de 200 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la redacción de un texto que ponga fin al uso, fabricación, distribución y almacenamiento de este tipo de municiones.
Según fuentes próximas a las conversaciones, el tratado final, que será presentado este viernes, podría incluir excepciones que, de momento, son inaceptables para algunos Gobiernos y para las ONG agrupadas en torno a la llamada Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC).

26 de mayo de 2008

Monseñor Cañizares: «Que nadie arrebate la misión educadora de la familia»

ABC - 26/05/08


Monseñor Cañizares: «Que nadie arrebate la misión educadora de la familia»

A.T.
TOLEDO. El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, lanzó ayer con motivo de la celebración del Corpus toledano un alegato en defensa de la familia y de su derecho a educar a sus hijos, del matrimonio entre hombre y mujer y en contra del aborto y del terrorismo.
En su alocución a los fieles rogó a Dios para que cesen tantas formas de violencia y se consolide la voluntad de «buscar soluciones pacíficas respetuosas de las legítimas aspiraciones de los hombres y de los pueblos» y «que alientes tú mismo las iniciativas de diálogo y reconciliación». «Ayúdanos a cada uno a contribuir a la edificación de un futuro de justicia, de solidaridad y de paz para cada nación, derribando fronteras y superando divisiones», dijo monseñor Cañizares, quien pidió también que «nunca más golpee el terrorismo en estas tierras de España ni en ninguna parte del mundo».
Consideró necesario que se asuma «que la única vía para construir la paz es huir horrorizados del mal» y contribuir a la edificación «de un futuro de justicia, solidaridad y paz para cada nación», esa «paz tan rota y amenazada hoy en tantos lugares del mundo», subrayó
El cardenal primado también se refirió a «esta hora difícil que atraviesa la institución familiar asentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer», debido a los «grandes ataques de que es objeto la familia». Igualmente, rogó a Dios «que nadie arrebate, debilite o dificulte la misión educadora de las familias ni usurpe los derechos inalienables ni en modo alguno negociables que les corresponden en la educación de sus hijos» y que se respete su derecho a elegir la formación religiosa y moral. «Que nunca se aprueben legislaciones contrarias a este derecho, sino que se aprueben leyes que la propicien y faciliten», concluyó.
Ultraje al cuerpo de Cristo
Con anterioridad, el cardenal pidió «que en España se respete la auténtica libertad religiosa. Necesitamos libertad religiosa también para los cristianos porque son muchos los insultos, los agravios y las ofensas que está recibiendo la Iglesia, y ante la pasividad de tantos no puede continuar esta situación». Se refería así a un espectáculo celebrado ayer a cargo del grupo Morboria Teatro que, patrocinado por el Ayuntamiento de Toledo, incluía «burlas, sarcasmos y blasfemias» y «eran un «ultraje al Cuerpo de Cristo». En la alocución estaba presente el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.

Los técnicos de Hacienda, en pie de guerra contra el Ministerio

ABC - 26/05/08

Los técnicos de Hacienda, en pie de guerra contra el Ministerio

D.P. MADRID
Los Técnicos del Cuerpo Especial de la Hacienda Pública (Gestha) son los grandes olvidados del Ministerio de Economía y Hacienda. Ocho mil profesionales que dicen asistir estupefactos a la sordera crónica de los sucesivos ministros del ramo pese a las 11 movilizaciones realizadas en los dos últimos años, la última el pasado 24 de abril y sin que se descarten nuevos paros, en plena campaña de la renta. Sus reivindicaciones son antiguas. Nacieron como grupo profesional en 1976 para sustituir a lo que por entonces se denominaban subinspectores y con el objetivo de solucionar problemas de personal en el Ministerio.
Sin embargo, estos problemas «se han enquistado, dejando obsoleta la composición y estructura de personal dando lugar a un progresivo enrarecimiento del clima laboral», según explican sus portavoces.
Una conflictividad que se debe, en gran medida, a que los funcionarios del antiguo Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, hoy integrados en los cuerpos técnicos de Auditoría y Contabilidad, Gestión Catastral y Hacienda, han asumido la carga de trabajo que supone la gestión diaria de los servicios y, con ella, las funciones técnicas e incluso directivas, pero sin el reconocimiento que estos trabajos se merecen.
Con el fin de solucionar esta situación, el Ministerio de Economía realizó en el año 2002 una modificación del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública que supuso su conversión en tres nuevos cuerpos, a los que reconocía la cualidad de «técnicos», adscribiéndolos al grupo B.
Esta modificación se realizó con la oposición de estos profesionales y sus representantes sindicales, que abogaban por la creación de un solo Cuerpo Técnico clasificado dentro del grupo A, de carácter técnico-ejecutivo, que englobara a los funcionarios que, perteneciendo al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, contaran con titulación académica superior o reunieran los requisitos de antigüedad necesarios.
Así, en estos momentos más de 8.000 profesionales esperan a ser habilitados para realizar las liquidaciones e inspecciones, así como las funciones aduaneras, de recaudación tributaria y control de las subvenciones y de las auditorías al sector público y asumir así las responsabilidades necesarias para lograr una significativa reducción del fraude. Un informe reciente valora que si Hacienda se decidiera a poner en marcha la habilitación se podría llegar a recuperar hasta 13.000 millones de euros defraudados.

El ex presidente Jimmy Carter asegura que Israel cuenta con 150 bombas nucleares

ABC - 26/05/08

El ex presidente Jimmy Carter asegura que Israel cuenta con 150 bombas nucleares

EP. LONDRES
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter afirmó ayer durante su visita a una feria literaria en Gales que Israel cuenta con un arsenal de 150 bombas nucleares. Además, emplazó a las autoridades estadounidenses a dialogar directamente con Irán para convencer al país persa de que renuncie a sus aspiraciones nucleares, según informa el diario británico 'The Times'.
Durante su visita a Hay-on-Wye, una pequeña localidad galesa en la que todos los años se celebra una importante feria literaria, Carter criticó duramente la política israelí con respecto a los asentamientos de Cisjordania y sobre la negativa a negociar con cargos electos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Sin embargo, afirmó que la seguridad de Israel es su primera preocupación.
Estas declaraciones suponen un cambio radical de actitud, aunque sea por parte de un ex presidente estadounidense, ya que hasta ahora Washington y su entorno se habían atenido a la estrategia israelí de negar que disponga de armas nucleares. Además, tanto Israel como Estados Unidos consideran a Hamás una organización terrorista, por lo que rechazan cualquier contacto directo con la organización islamista.
Por otra parte, Carter también abordó la cuestión del programa nuclear iraní. "Mi consejo a Estados Unidos sería que iniciara ahora mismo conversaciones con Irán" para convencer a su Gobierno de que desista de sus aspiraciones a construir armamento nuclear, pero citó los casos de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia para argumentar que es casi imposible que Irán desarrolle en secreto muchas armas y misiles que puedan transportarlas.

El 60% de los colegios catalanes incumplen el decreto sobre la enseñanza en castellano


ABC - 26/05/08

El 60% de los colegios catalanes incumplen el decreto sobre la enseñanza en castellano


ESTHER ARMORA. BARCELONA.
La práctica totalidad de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Cataluña (públicos y concertados) no imparten la tercera hora de castellano que establece el decreto de Enseñanzas Mínimas del Gobierno (1513/2006).
Según ha podido saber este diario, un total de 1.427 colegios de esta Comunidad, de los 2.265 que existen (1.677 de titularidad pública y 588 concertados) no cumplen con los mínimos fijados por el decreto estatal en los dos primeros años de primaria -Primer Ciclo-, que contempla 315 horas para esta primera fase de la etapa. Los informes lingüísticos de estos centros demuestran que la tónica es impartir únicamente 140 horas de Lengua Castellana, en una interpretación más que forzada del decreto de enseñanzas mínimas del Ejecutivo.
Recurso ante el Constitucional El Gobierno catalán presentó en 2007 un recurso ante el Constitucional (TC) al entender que esta normativa invade competencias autonómicas y el caso sigue aún pendiente de pronunciamiento por parte del Alto Tribunal.
Poco después de abrirse el litigio, la Generalitat aprobó su propia normativa para regular las enseñanzas mínimas en esta etapa -el decreto 142/2007 de 26 de junio-, que establece en su anexo 4, un mínimo de 140 horas para Lengua y Literatura Castellana en el Ciclo Inicial, menos de la mitad de las que fija la ley estatal.
Convivencia Cívica Catalana (CCC) recurrió en septiembre de 2007 esta normativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al entender que «incumple» el decreto ministerial vigente en toda España. La organización reclamó al tribunal catalán «medidas cautelares» previas al pronunciamiento del Constitucional, al entender que la Generalitat «está burlando» la normativa estatal.
Margen para las comunidades Dicha normativa en su Anexo IV establece de manera explícita un mínimo de 315 horas para los dos primeros años de Primaria. No obstante, concede, apelando al artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), cierto margen a las Comunidades Autónomas para organizar sus horarios. Así, según el citado artículo de la LOE, las Comunidades que tengan lengua cooficial podrán restar una cifra nunca superior a 35 horas de una misma asignatura para dedicarla a otras áreas.
Según denunció CCC, «la Administración catalana interpreta esa facultad de detraer nada menos que 70 horas, todas de la materia Lengua y Literatura Castellana (35 por curso), asegurando que las horas que se deben cumplir por ciclo son 245 en lugar de las 315 que requiere la normativa del Gobierno».
Aun así, las escuelas catalanas siguen muy por debajo del mínimo marcado por el Gobierno. Para alcanzar los mínimos que establece el decreto estatal -pasar de las 140 actuales de la mayoría de los centros a las 245 mínimas-, el decreto de la Generalitat establece una vía B que permite ampliar estas horas base «impartiendo contenidos de áreas no lingüísticas en castellano o en una lengua extranjera, o alternativamente se podrán utilizar estas lenguas en la realización de actividades previstas en la franja horaria de libre disposición». Para el Gobierno catalán, enseñar plástica o ciencias naturales en castellano -incluso con los libros de texto en catalán- cuenta como hora de español.
Ultimátum del TSJC CCC tenía la sospecha de que el grueso de los centros no realizaban ese «refuerzo de castellano», y así lo comunicó al TSJC. El 6 de marzo, el Alto Tribunal catalán dio una semana de plazo a la Generalitat para que presentara los horarios lingüísticos de todos los centros de Primaria. Ante la imposibilidad de reunir en tan poco tiempo toda la documentación, el TSJC amplió el plazo.
La Generalitat tiene ahora hasta el 13 de junio para presentar ante el TSJC la totalidad de los horarios de los más de 2.000 colegios. Hasta ahora, se han remitido al tribunal autonómico los expedientes de 1.427 colegios, documentos a los que ha tenido acceso ABC.
Estos informes lingüísticos demuestran que la inmensa mayoría de los centros se limitan a cumplir rigurosamente las 140 horas mínimas que fija el decreto catalán para estos dos años y no amplían horas de castellano.
En contadas excepciones como el caso del CEIP «Prosperitat», situado en el Ensanche barcelonés, se llega a un tope de 157 horas de Lengua y Literatura Castellana, 70 menos de las 245 mínimas requeridas por el decreto ministerial. Convivencia Cívica Catalana asegura que el hecho de que el 90% de estos centros se quede en las 140 horas de castellano -es decir dos horas a la semana- demuestra que «la Generalitat está burlando la normativa estatal».
Francisco Caja, presidente de CCC, confía en que, una vez entregados todos los informes -faltan aún los de 838 colegios- y si se mantiene la tónica de los remitidos hasta ahora, «el Alto Tribunal catalán tome medidas cautelares».
«Muestra de mala fe» CCC entiende -y así se lo ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- que «el departamento de Educación de la Generalitat, en una muestra inequívoca de mala fe, pretende hacer creer a este Tribunal que el déficit de 140 horas que arbitrariamente establece el decreto 142/2007 se compensa con clases de castellano o en castellano, y esto es totalmente falso como esta parte ha demostrado no sólo con lo que las adenda de los centros demuestran, sino también el análisis más superficial de la Disposición transitoria de la referida orden».
«Aunque algunos de los colegios que han presentado sus informes -contadas excepciones-exceden las 140 horas de castellano, en ningún caso llegan a las 245, lo que demuestra que se está incumpliendo el decreto ministerial», apunta Caja. Entre los centros que han remitido sus horarios al Alto Tribunal catalán se encuentran el CEIP Alexandre Galí, situado en el Paseo Marítimo de Barcelona, que imparte un total 148,75 horas de castellano en los dos cursos (70 en el primero y 78,5 en el segundo); el CEIP Auró de la Avenida Paralelo de Barcelona, que da 140 en total (70 por curso) y el CEIP Octavio Paz, ubicado en el número 655 de la calle Mallorca que imparte las mismas horas de castellano que el anterior.
Ninguno de los dos últimos colegios señalados refuerza las 140 horas mínimas establecidas por la Generalitat para esta etapa inicial. Lo mismo ocurre en la inmensa mayoría de centros que han enviado sus informes.
YOLANDA CARDO
Los alumnos de primaria de los centros catalanes reciben dos horas de castellano a la semana

Don Juan Carlos y la integración de la mujer

ABC - 26/05/08

Don Juan Carlos y la integración de la mujer

POR A.M.-F.
ABU DHABI/DUBAi. Aunque el viaje que el Rey realiza por Oriente tiene un componente esencialmente económico, Don Juan Calos aludió en su primera intervención en público a la situación de la mujer en los Emiratos Árabes Unidos, un país mucho más moderado y tolerante que otros de su entorno geográfico.
Así, Don Juan Carlos elogió la «probada capacidad» de Emiratos Árabes Unidos «para conciliar tradición y modernidad» y destacó su «compromiso con la integración de la mujer en la vida laboral y social». También dijo el Rey que este país árabe se asocia a valores como «la tolerancia, la moderación o la búsqueda de la paz» y destacó que en él conviven armónicamente «ciudadanos de múltiples orígenes».
La tolerancia a la que aludió el Rey se palpa en las playas y en las calles de Abu Dhabi y de Dubai. En las principales vías de comunicación predomina la ropa occidental sobre las tradicionales abayas (túnicas negras que cubren el cuerpo de la cabeza a los pies) y tampoco es necesario llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, salvo para entrar en una mezquita o recinto sagrado. En estos días, las zonas comerciales de estas ciudades están salpicadas de retratos de la actriz española Penélope Cruz, anunciando ropa de una marca española que arrasa entre las mujeres emiratíes.
Aunque la mayor parte de los empresarios emiratíes que asistieron al encuentro organizado por la CEOE eran hombres, lo mismo ocurría entre los empresarios españoles, donde la presencia de la mujer sigue siendo excepcional.
También es excepcional la presencia femenina en el Gobierno de los Emiratos. Esa excepción se llama Sheikha Lubna Khalid Sultan al Qasimi. En 2004 se convirtió en la primera mujer ministro de los Emiratos al asumir la cartera de Economía. Ahora es ministra de Comercio Exterior y con ella firmó el sábado un memorándum de entendimiento en materia económica el titular español de Industria, Miguel Sebastián.

Denuncian que Melilla retira los documentos a niños marroquíes al cumplir los 18 años

ABC - 26/05/08

Denuncian que Melilla retira los documentos a niños marroquíes al cumplir los 18 años

ANGIE PERAZZI. MELILLA
Pro Derecho de la Infancia (Prodein) denuncia que la Ciudad Autónoma de Melilla retira los documentos a los niños tutelados cuando cumplen la mayoría de edad. De esta forma, no pueden acreditar su identidad ni el hecho de que hayan estado acogidos en los centros de la Administración local, según el presidente de la asociación, José Palazón.
Palazón asegura que la Ciudad Autónoma, al alcanzar los 18 años, les quita a los jóvenes tanto el carné de identidad como cualquier otra documentación -el carné de socio de un videoclub o de un club de fútbol-. Además, -prosigue- no les entrega el certificado de tutela ni su currículum escolar.
«Les cierran las puertas»
Según el presidente de Prodein, los responsables del Gobierno local actúan de este modo movidos por un «único» objetivo: que los adolescentes no puedan ejercer sus derechos como, por ejemplo, obtener o renovar la tarjeta de residencia o pedir el certificado de escolaridad, logrando así que «les cierren las puertas a todo». «Incluso la gente de la propia Consejería de Bienestar Social -responsable de los centros de acogida- que ha atendido a esos niños durante años, le pedía que se identificaran cuando solicitaban el certificado de tutela», matiza.
Por este motivo, los jóvenes deben ir a Marruecos, «un país que muchos ya no conocen», para obtener un carné y un pasaporte que demuestre su identidad.
Sólo por tutelas de cinco años
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, afirmó que a los jóvenes «no se les puede devolver una cosa que nunca han tenido». Al hilo, aclaró que si se les concede la tarjeta de residencia hasta los 18 años, ésta se devuelve a Delegación del Gobierno cuando abandonan los centros y asevera que a los mayores de edad se les da el certificado de tutela «en base a lo que establece la ley». Los niños sólo pueden obtener la residencia permanente si han estado tutelados de forma continuada cinco años.

Blanco: "La disidencia en el seno de la Conferencia Episcopal es una extensión de la del PP"

El País. 26/05/08

Blanco: "La disidencia en el seno de la Conferencia Episcopal es una extensión de la del PP"

El secretario de Organización del PSOE lamenta la "escisión" entre los obispos y pide "interlocutores claros"

ELPAÍS.com - Madrid - 26/05/2008

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha señalado que su partido está "preocupado por que la disidencia del PP se extienda también a la Conferencia Episcopal Española". En su comparecencia ante los medios tras la reunión de la Ejecutiva federal del partido, Blanco ha lamentado esa "escisión" en el seno del órgano rector de los obispos porque los socialistas quieren tener "interlocutores claros".
· Aguirre insiste en que no se presentará y atribuye los rumores al "interés del Gobierno"
· El ala dura de la Conferencia Episcopal impone intransigencia frente al Gobierno

José Blanco López
A FONDO
Nacimiento:
06-02-1962
Lugar:
(Palas de Rei)
La noticia en otros webs
· webs en español
· en otros idiomas
Blanco ha dedicado la mayor parte de su intervención a hablar sobre la crisis del PP porque, según ha dicho, "pone nuevas dificultades para renovar los órganos judiciales", aunque no ha dado más detalles sobre el estado en que se encuentran las negociaciones entre el PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ha asegurado que su partido descarta cualquier posibilidad "que no sea la del acuerdo" con el principal partido de la oposición.
Sobre las afirmaciones de la presidenta de las Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a propósito de que los rumores sobre su posible candidatura a presidir el PP interesan al Gobierno, Blanco se ha limitado a responder que "la señora Aguirre confundió la calle Ferraz con la calle Génova. Fue un lapsus".

24 de mayo de 2008

Toda Iberoamérica defenderá unida el patrimonio subacuático contra los «piratas»

ABC - 24/05/08

Toda Iberoamérica defenderá unida el patrimonio subacuático contra los «piratas»

JESÚS GARCÍA CALERO. MADRID
Mal día para los expoliadores disfrazados de arqueólogos y los «indiana jones» de pacotilla. Ayer, en San Salvador, el ministro español de Cultura, César Antonio Molina, pidió colaboración a sus colegas iberoamericanos para defender el patrimonio sumergido, los galeones hundidos «desde Tierra de Fuego al Golfo de Cádiz», que según sus palabras son vestigios de una historia común y que la tecnología ha puesto en peligro.
La propuesta española fue aprobada por unanimidad en la reunión de ministros iberoamericanos e incluye la adopción de medidas concretas que «eviten la destrucción y el comercio ilícito» de los bienes patrimoniales extraídos de los pecios, con el fin de que «se garantice su salvaguarda para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras». Entre las medidas, destaca la designación de una comisión de expertos que se reunirá con carácter urgente para profundizar en el asunto.
César Antonio Molina, satisfecho
Además, por el acuerdo unánime de los ministros del hemisferio, la defensa del patrimonio subacuático será abordada en la próxima cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, que se celebrará en El Salvador en octubre. Urgido por la impunidad con la que actúan los «piratas», demostrada en el caso Odyssey, España ha logrado que tanto la comunidad de naciones iberoamericanas como los miembros de la UE acuerden políticas comunes para salvar los galeones hundidos.
En declaraciones a ABC, Molina se mostró ayer muy satisfecho por los acuerdos logrados y aprobados «por todos los Estados. Se ha creado una conciencia unánime de este problema, que en algunos países ya existía y en otros, no. Pero incluso éstos se han comprometido a revisar el trabajo de ONG o instituciones semiacadémicas que operan e investigan en estas naciones y después sus resultados no se controlan, lo que ha dado lugar a problemas», añadió. Ahora se controlará.
Además, la cumbre podría recomendar la urgente aprobación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, pendiente de ratificación por muchos estados, lo cual ha impedido su entrada en vigor, algo que aprovechan los cazatesoros. Como valoración, Molina afirma que «hemos cerrado el círculo, primero con el acuerdo de Bruselas; y ahora, con este compromiso y, también, con el juicio en Tampa contra Odyssey. Creo que todo es favorable para que podamos evitar que vuelvan a producirse situaciones como la que hemos sufrido en España». En esta primera ocasión, Molina ha ofrecido ayuda arqueológica y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de fundar empresas mixtas para realizar excavaciones, así como promover la creación de lugares de estudio y también de museos en un futuro.
Para el ministro de Cultura, este paso es muy importante, ya que avanza «por un camino en el que se fortalece la postura española y a los cazatesoros se les van cerrando las puertas, en aguas europeas e iberoamericanas. En diez meses hemos dado pasos gigantes. Estamos presentando una batalla legal fundamental en los tribunales, pero también estamos ante una batalla ética y publicística, en el sentido de que debemos crear una conciencia mundial para la defensa de este patrimonio. De hecho, observamos que la compañía Odyssey está cayendo en picado, no les va a ir bien el negocio. Tenemos que combatir prácticas como las de los cazatesoros, y hacerlo fuera de cualquier interés económico, sólo pensando en la salvaguarda de nuestra herencia histórica».
Las rutas de la libertad
En otro orden de cosas, la Conferencia de ministros ha servido para apoyar la conmemoración conjunta de las independencias de los países de Iberoamérica, un proyecto de la OEI llamado «Las rutas de la libertad», para el que España anunció una aportación de 1,2 millones de euros.
Por otra parte, en combinación con la institución cultural mexicana Conaculta, Molina presentó el I Congreso de Cultura Iberoamericana, una celebración centrada en el cine y el audiovisual —por ser una de las manifestaciones más visibles de la industria cultural del hemisferio— que se celebrará en México del 1 al 5 de octubre.
Molina resaltó que estos congresos —Brasil y Colombia acogeran los siguientes— se convertirán en un «elemento de identidad común» para toda Iberoamérica, y que servirán para «colocar la cultura en el centro mismo del proceso de construcción de una Iberoamérica más unida, más integrada y, sobre todo, más presente en el mundo».

Rouco: 'El matrimonio <> es la rebeldía del hombre contra sus límites biológicos'


El Mundo

DICE QUE ES 'IR EN CONTRA DE LA REALIDAD'


Rouco: 'El matrimonio <> es la rebeldía del hombre contra sus límites biológicos'


El cardenal, monseñor Rouco Varela. (Foto: Kike Para)
Actualizado sábado 24/05/2008 11:46 (CET)

EUROPA PRESS
MADRID.- El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, considera que leyes como la del matrimonio homosexual expresan "la rebeldía del hombre contra sus límites biológicos".
Así se refiere el cardenal a la unión entre parejas del mismo sexo, que, a su entender, es "ir en contra de la realidad", en el libro 'Entrevistas con doce obispos españoles', de Isidro Catela, publicado por La Esfera de los Libros. Con los derechos de autor se ayudará a la financiación de un proyecto pastoral en Kenia.
El cardenal cree que en la llamada 'ideología de género' y en las leyes que se inspiran en ella, como la del "supuesto" matrimonio de homosexuales, "se expresa la rebeldía del hombre contra sus límites biológicos".
"Es una versión moderna del querer ser como Dios Creador y no sus criaturas, de no aceptar su ley, que muestra los bienes fundamentales del hombre y de la sociedad y, por ello, garantiza la dignidad, la libertad y la igualdad de los hombres mejor que cualquier construcción humana al margen de ella", añade Rouco.
A su juicio, las leyes humanas no tienen que coincidir punto por punto con la ley moral, pero tienen que basarse y proteger los bienes fundamentales "sin los que la sociedad no puede subsistir".
Monseñor Rouco habla, además, con Isidro Catela sobre otras muchas cuestiones, entre las que cabe citar la falta de vocaciones, que achaca a la "crisis de la familia", o la posible celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en 2010 en Madrid.
'Los obispos no se limitan a pronunciar condenas'
A lo largo de 277 páginas, el autor, cuyo proyecto lleva gestándose desde hace año y medio, recoge sus conversaciones, además de con Rouco Varela, con el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo; el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo; el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez; el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares; el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricardo María Carles; el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado; el arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz; el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach; el obispo de Sigüenza Guadalajara, José Sánchez; el arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela, Fernando Sebastián y el arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Yanes.
"Es un libro de anuncio. Es un testimonio de fe. Quizá algunos descubran con sorpresa que los obispos no se limitan a pronunciar juicios y condenas, sino que ante todo son seres humanos que anuncian con sencillez y alegría el Evangelio. Es muy difícil querer o apreciar lo que no se conoce y, como han demostrado nuestros propios estudios recientemente, aquellos que se muestran más críticos con la Iglesia, resultan ser los que menos la conocen", explicó Catela.
El objetivo de la obra es "abrir espacios en los que sea posible conocer una imagen más completa de la Iglesia, y en concreto de sus obispos, de la que nos encontramos a menudo en algunos medios de comunicación, limitada a la confrontación con el poder político". También pretende Catela con su libro "ser una afirmación, por la vía de los hechos, de que la fe no puede reducirse al ámbito privado sino que tiene una dimensión pública".
Fútbol, conducir o la montaña
Aunque el proyecto lleva gestándose desde hace año y medio, el volumen recoge cuestiones que tienen "una especial actualidad (laicismo, relativismo moral, diálogo entre creyentes y no creyentes...)". Catela cree que la abra va a ayudar a mirar con perspectiva cuestiones que nos parecen de ayer y que ya se planteaban hace 30 años. En este sentido incide en que el mensaje de la Iglesia "se ha mantenido coherente aunque haya cambiado la coyuntura".
Preguntado acerca de experiencia de los prelados que le hayan llamado la atención, el autor relata que el libro cuenta con "algunas anécdotas muy ilustrativas" y con "historias personales deslumbrantes". "Además de sonreír al leer que a éste le gusta el fútbol, a éste, conducir, o a este otro le encanta la montaña, nadar o estudiar historia, creo que se puede aprender mucho del pasado reciente de España, del presente y de las claves para afrontar el futuro con esperanza", incide.
El autor espera que el lector se sienta confortado y que los no católicos o no creyentes descubran la "gran cantidad" de cosas que vive y hace la Iglesia en beneficio de los más necesitados. No en vano, con los derechos de autor se ayudará a la financiación de un proyecto pastoral en Kenia.

Monseñor Catalá pide que se deje de mentir: «Los obispos somos mileuristas»

ABC - 24/05/08

Monseñor Catalá pide que se deje de mentir: «Los obispos somos mileuristas»

ABC. MADRID
El obispo de Alcalá de Henares, Jesús Catalá, recordó ayer que «los sacerdotes cobran menos de 800 euros y los obispos menos de mil. Somos mileuristas». Y añadió: «Ya está bien de engañar a la gente con los dineros y los poderes de la Iglesia, que ha servido para que varios Gobiernos manipulen». Catalá hizo estas manifestaciones en una rueda de prensa para informar sobre la campaña para animar a los contribuyentes a marcar la equis en la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF.
El obispo criticó que no existan controles para conocer con certeza y objetividad cuál es el porcentaje exacto de la aportación del IRPF que se dirige a la Iglesia católica. «Cómo lo sé yo. No ha habido ninguna verificación real; aunque yo la he pedido, me tengo que fiar», dijo. Sobre su visión de por qué la Iglesia ha estado percibendo fondos de forma directa del Estado, explicó que eran una forma de pagar la desamortización de la que fue objeto esta institución en el siglo XIX. Más de siglo y medio después, las aportaciones directas se han terminado y, ahora, la Iglesia percibirá del Estado el 0,7% correspondiente al porcentaje de personas que hagan la declaración de la renta que elijan que su aportación vaya dirigida a esta institución o se comparta, marcando las dos casillas de forma simultánea, entre esta institución y la otra opción: los bienes sociales.
«Lo que la Iglesia percibía no era un privilegio, era una compensación, y ahora, desde enero de 2007, el Estado no aporta ni un euro a la Iglesia, y si no hay fondos económicos todo lo que se está haciendo no se podrá hacer», advirtió.
El vicesecretario para Asuntos Económicos del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, aseguró que la Iglesia debe ingresar «al menos 187 millones de euros» con la asignación tributaria de este año, informa Ep

Las autoridades australianas clausuran una exposición por considerarla pornografía infantil

El País

Las autoridades australianas clausuran una exposición por considerarla pornografía infantil

23-05-2008
En Australia, las autoridades insisten en que el desnudo de adolescentes no es arte sino pornografía infantil. Por eso han cerrado esta galería de arte de Sidney. Mostraba fotografías de jóvenes de entre 12 y 13 años semidesnudos. La policía interrogará a los niños y a sus padres. La misma exposición pudo verse en 2003 aquí en España, en la Universidad de Salamanca.

Francia reconocerá el catalán, el vasco y otras lenguas regionales en su Constitución

El País

Francia reconocerá el catalán, el vasco y otras lenguas regionales en su Constitución

J. M. MARTÍ FONT - París - 24/05/2008

El pasado jueves por la tarde, por sorpresa, la Asamblea Nacional francesa votó, casi por unanimidad, una enmienda al proyecto de Ley de Reforma de las Instituciones para inscribir en el artículo primero de la Constitución el reconocimiento de las lenguas regionales de Francia, entre ellas el catalán y el vasco.
La noticia en otros webs
Saltaba así por los aires uno de los elementos más emblemáticos del centralismo jacobino, el monopolio total de la lengua francesa sobre los otros idiomas que se hablaban -y todavía se hablan- en el país vecino, aunque su hegemonía definitiva no se completó hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, en la estela del Ejército napoleónico y la guerra franco-prusiana de 1870.
La enmienda, presentada por el presidente de la comisión de leyes de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean-Luc Warsmann, establece que "las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de la nación".
Por el momento se desconocen cuáles son los efectos prácticos que puede generar este reconocimiento oficial de las lenguas regionales. La ministra de Cultura, Christine Albanell, anunció el pasado día 7 de mayo la presentación de un proyecto de ley destinado a "normalizar y organizar el aprendizaje y el empleo de las lenguas regionales", sin precisar ni el contenido ni el calendario.
En cualquier caso, el diputado conservador Claude Goasguen quiso dejar claro que el voto a favor de la enmienda "no tiene nada que ver" con la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias promulgada por el Consejo de Europa en 1999 que establece medidas a favor del empleo de estos idiomas en la vida pública y que Francia nunca ha ratificado.
Queda la incógnita sobre qué es lo que entiende el Gobierno francés por "lengua regional". La ministra Albanell, concretamente, aseguró que el "patrimonio lingüístico francés es muy rico porque incluye a 75 lenguas distintas".
En Francia se hablan, además del francés, un buen número de idiomas; del occitano al catalán pasando por el bretón, el vasco o el corso. Sólo el alsaciano, gracias al especial estatuto de esta región que ha estado históricamente a caballo entre Francia y Alemania, forma parte del sistema educativo en Alsacia. En algunas zonas pueden estudiarse las lenguas regionales como asignatura optativa. Además, hay escuelas infantiles que imparten clase en catalán, vasco y bretón, pero todas ellas son privadas.

El Rey empieza una gira por Oriente con las mayores empresas españolas

ABC - 24/05/08

El Rey empieza una gira por Oriente con las mayores empresas españolas

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS. ENVIADA ESPECIAL. ABU DHABI.
Con la crisis económica apretando a Occidente y el barril de petróleo a más de 130 dólares, Su Majestad el Rey empezará hoy una «oportuna» gira de cinco días por los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí. Don Juan Carlos viajará acompañado por los «grandes espadas» del empresariado español, que aspiran a participar en los ambiciosos proyectos puestos en marcha en estos pujantes países.
Como se trata de unos mercados a los que cortejan empresas de todo el mundo, el principal aval con que cuentan las compañías españolas es la figura del Rey, que en sus más de treinta años de Reinado ha forjado unas excelentes relaciones personales con las Familias Reales de estos países.
Se trata de un viaje de «diplomacia económica», en el que Don Juan Carlos estará acompañado por los ministros de Exteriores y de Industria y Comercio, que estrena su cargo en el periplo. La delegación empresarial estará encabezada por los presidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y del CSC, Javier Gómez-Navarro.
Tanto en Abu Dhabi como en Dubai y en Kuwait se celebrarán encuentros empresariales, que inaugurará el Rey, y en los que se analizarán posibles inversiones en infraestructuras, energía, medio ambiente, defensa y turismo. Aunque los países visitados dispongan de importantes reservas de petróleo, ya han mostrado su interés en las energías renovables, conscientes de que sus yacimientos se agotarán algún día.
Entre el empresariado español existía un «enorme interés» en realizar este viaje, según fuentes diplomáticas, ya que coincide con un momento en el que estos países están aplicando políticas de desarrollo interno y convocan concursos de gran trascendencia, no sólo por el importe económico sino también por lo que suponen de proyección internacional. Sólo Abu Dhabi planea invertir 175.000 millones de dólares en los próximos cinco años en proyectos de infraestructura, turismo, construcción, transportes y telecomunicaciones.
Con este viaje oficial también se pretende presentar a España como un destino atractivo para las inversiones y atraer de esta forma los «fondos soberanos» creados por estos ricos países para gestionar sus operaciones en el exterior.
El viaje del Rey también tiene un objetivo político, pues el mundo árabe constituye uno de los grandes ejes de nuestra política exterior y juega un importante papel en Oriente Próximo. Don Juan Carlos -que antes de partir ha recibido en audiencia al patriarca de Antioquía- abordará el panorama bilateral e internacional durante los encuentros que mantendrá con el presidente de Emiratos, el jeque Khalifa bin Zayed al-Nahyyan; el emir de Dubai, Mohammed bin Rashid; el emir de Kuwait, el jeque Sabah al-Ahmed, y el Rey Abdulá de Arabia Saudí.

Arzalluz ve «muy grave» la captura de «Thierry», por haber sido «negociador»

ABC - 24/05/08

Arzalluz ve «muy grave» la captura de «Thierry», por haber sido «negociador»

S.N. BARCELONA
El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz considera «muy grave» que el Gobierno haya detenido a un «negociador», al etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry», que se reunió con emisarios del Gobierno durante el «proceso de negociación que abrió el Ejecutivo de Zapatero con ETA. Se preguntó: «¿A qué viene esta alegría?» con esta detención. Pero «Thierry», además de negociador es, según Pérez Rubalcaba, quien ordenó los últimos atentados.
En declaraciones a TV3. Arzalluz aseguró, en contra de lo que sostiene el Ministerio del Interior, que López Peña no es el «número uno» de ETA, y precisó que su detención ha sido un «show» organizado para «contrarrestar la impresión» de que el Gobierno no controla la situación tras los últimos atentados. «¿Quién de ETA quiere negociar con gente que lo primero que hace es cortar la cabeza del que ha estado allí, del mensajero? Es muy grave», espetó Arzalluz, al tiempo que dijo que si él fuera uno de los interlocutores socialistas que trataron con «Thierry» «pondría tierra de por medio».«¿Sabes lo que ha dicho cuando lo llevaban detenido? Ha gritado: «Cuando saquen mi nombre van a caer todos los que estuvieron ahí», dijo el ex presidente del PNV en alusión a las negociaciones, tras participar en una conferencia en Gerona, informa Ep.
«No es la cúpula»
A su juicio, después de atentados «muy duros» como el de Legutiano, «desde el poder, (Alfredo Pérez) Rubalcaba» vio la necesidad de «escenificar y dar golpes para contrarrestar esa impresión y hacer que se creyera que el Gobierno domina la situación. Hasta ayer creíamos, y no porque supiéramos, que «Ternera» era el jefe «político» y «Txeroki» el jefe «militar», y ahora nos sacan de la manga de la noche a la mañana a este llamado «Thierry», que ahora resulta que este es el capo supremo», sentenció. E insistió: «Aunque el Gobierno diga que ha detenido a la cúpula de ETA, esto no es así».
A continuación detalló su teoría. «Este «Thierry» debió participar, por las noticias que tengo, en las conversaciones últimas del Gobierno, ETA, PSOE y Batasuna (...) A este hombre le vieron, le siguieron y lo tenían localizado en Burdeos», explicó.Por ello, según Arzalluz, después del atentado de Legutiano, el Gobierno consideró conveniente «dar un show» y «cogieron al que tenían controlado». En este contexto, Arzalluz llegó a lamentar: «Hay gentes de ETA que participan en unas negociaciones y en estas negociaciones con el enemigo se suele respetar un poco la figura de los que participan, y aquí se lo han cargado». Más aún, dijo que ahora «puede pasar que ETA reaccione de forma muy dura». Además, afirmó que «toda la política» del presidente del Gobierno, con respecto al País Vasco, consiste en «liquidar a Ibarretxe y poner a un Montilla en Euskadi», en alusión a Patxi López. Sobre el PNV, señaló que si había gente que pensaba que la línea de Ibarretxe era «dura y hasta arriesgada, se han ido retirando. Me atrevo a afirmar que la gente del partido, los que no mandan, están con Ibarretxe a muerte, y hoy cualquier dirigente del PNV que de una forma un poco abierta vaya en contra de Ibarretxe se juega el cuello».
Utilización de las víctimas
También fueron polémicas las declaraciones del dirigente de CiU Quico Homs, responsable de la negociación sobre la financiación autonómica. «Es muy gordo lo que diré ahora, pero lo que se ha demostrado en estos últimos 35 años es que al Estado español le impresionan más 90 muertos que el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña y si no repasen quién tiene concierto económico y quién no lo tiene».
Con esta alusión a las víctimas de ETA, justificó Homs el hecho de que el País Vasco disfrute del Concierto Económico, que CiU reclama ahora para Cataluña. En declaraciones a la emisora RAC 1, Homs añadió que «en el Estado español, tanto los de derechas como los de izquierdas, cuando les vas con planteamientos democráticos, se te ríen un poco».

23 de mayo de 2008

No es objeción. Es oposición


El País


No es objeción. Es oposición

El boicoteo a Educación para la Ciudadanía de obispos y PP desafía el Estado de derecho: la ley se cumple o se recurre, pero no se objeta - Otra paradoja: la objeción de los padres la pagarán sus hijos


SUSANA PÉREZ DE PABLOS 23/05/2008

Vota

Resultado 70 votos
Comentarios - 1
Ni por razones morales, filosóficas ni religiosas. La ley está para cumplirla -o para recurrirla- y no para saltársela alegando objeción de conciencia si no lo establece así una ley o la doctrina del constitucional. Sobre la mesa está Educación para la Ciudadanía, una asignatura obligatoria aprobada por el Parlamento para enseñar valores constitucionales, éticos y sociales a los estudiantes.
En nombre de la familia
¿Estás de acuerdo con que se pueda objetar en Educación para la Ciudadanía?
ENCUESTA - 106113 - Resultados
Parte superior do formulário

No
Parte inferior do formulário
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
La Constitución sólo contempla la objeción frente a la ya extinta mili
El PP y sus Gobiernos autónomos apoyan a los detractores de la asignatura
El Constitucional dijo en 1987 que la objeción se debe "delimitar" por ley
Carrillo: "Llamar a la desobediencia es abusivo e improcedente"
Seis tribunales superiores autonómicos se han tenido que manifestar sobre si se puede objetar a ella desde que en diciembre de 2006 los obispos y diversas organizaciones sociales iniciaron una campaña para animar a los padres de alumnos a no cursarla.
Aunque la mayoría de las sentencias (cuatro) aseguran que no cabe acogerse legalmente a esa objeción, las otras dos, procedentes de una misma sala de Andalucía, lo califican como "un derecho de los padres". Ante esta diversidad, el Tribunal Supremo tendrá la penúltima palabra. No es descartable que acabe en el Constitucional.
Pero, mientras, la opinión mayoritaria de los juristas es clara: no cursar una asignatura obligatoria es incurrir en desobediencia a la ley. La excepción es cuando, a la espera de una sentencia, la sala aprueba medidas cautelares. Resquicio al que, de momento, se están acogiendo algunos padres. Pero, ¿qué pasa en el caso de los que se saltan la materia? Si es desobediencia civil, ¿quién debe pagar por ello? ¿Los padres? ¿Los colegios que les amparan en ese incumplimiento? ¿Los gobiernos autonómicos, como los de Madrid y la Comunidad Valenciana, que los apoyan? En este caso, los niños, que no recibirán el título de la ESO. En tres naciones europeas (Alemania, Suecia y Turquía) ha habido problemas similares. En todas por motivos religiosos. Pero una gran diferencia les separa del caso español. En ningún momento los padres se plantearon que los niños no cursaran la materia hasta que hubiera sentencia firme.
Conflictos en relación a la objeción de conciencia ha habido muchos, pero en ninguno ha habido gobiernos autonómicos animando a nadie a objetar. La campaña contra esta materia ha sido dirigida por la Conferencia Episcopal y, junto a ella, el Foro de la Familia y la organización católica de padres Concapa. Pero el pasado miércoles, el PP se sumó oficialmente a ellos al declarar la objeción a ciudadanía como un derecho democrático de los padres. Un gesto político con este tipo de colectivos del líder de los populares, Mariano Rajoy, que fue ministro de Educación en el Gobierno de José María Aznar. Y un giro llamativo, ya que él mismo dijo hace unos meses que la asignatura se tenía que cursar porque "hay que cumplir la ley".
La objeción de conciencia es, según la Real Academia Española, la "negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, especialmente en el servicio militar". Y, en efecto, la Constitución sólo la contempla en el caso del servicio militar obligatorio, ya extinguido. Sobre este tema, el Constitucional se pronunció en una sentencia de 1985 en relación con el aborto, en la que señala que objetar es un derecho. El texto dice: "Cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales".
Esto no quiere decir que cualquier caso sea equiparable al del aborto a la hora de recurrir a la objeción, insisten los expertos en derecho constitucional, especialmente cuando choca con el cumplimiento de una ley. Hay una gran diferencia entre quien objeta y su derecho a hacerlo en el caso del aborto (el médico) y en el Educación para la Ciudadanía (el alumno). En este caso, la objeción de conciencia la hace el destinatario de esa enseñanza, con lo que incumple la ley, a no ser que un tribunal haya autorizado que no vaya a esa clase como medida cautelar hasta que haya sentencia.
Pero en el caso de los médicos que objetan al aborto, el derecho reconocido por ley lo tienen las mujeres que quieren someterse a él. En el caso de los alumnos, la ley establece una obligación para ellos, la de formarse en esa materia. Tampoco es aceptable la objeción de conciencia, según expertos en derecho constitucional, en el caso de los jueces que se niegan a casar a homosexuales, pero nadie ha denunciado a ninguno por incumplir su deber de casar a estas parejas. No se pueden acoger a ella legalmente, pero, como el servicio al que tienen derecho esas parejas, el del matrimonio civil, se lo puede dar otra persona, hasta el momento no ha habido denuncias contra alcaldes o concejales que se negaran a cumplir con la ley de matrimonios homosexuales.
La educación en valores ha sido siempre un tema muy espinoso. Educación para la Ciudadanía incluye los derechos de las personas ante la ley, como consumidores y como ciudadanos europeos. Pero la polémica ha saltado en España al integrarla en una asignatura obligatoria en la que se incluyen cuestiones como la educación sexual o la igualdad de sexos. Una materia que tienen muchos países de la UE, como Finlandia, el referente educativo por excelencia, aunque en otras naciones ha habido también problemas. Sobre ellos ha publicado un amplio análisis el catedrático de Derecho Administrativo Antonio Embid Irujo. En Alemania se tuvo que pronunciar el Tribunal Constitucional Federal, en marzo de 2007, cuando el Land de Berlín introdujo la asignatura obligatoria de Ética, por la protesta de unos padres. La sentencia reconoce el derecho del Land a establecer esta asignatura obligatoria y añade: "Los alumnos y sus padres no tienen derecho a una configuración de la enseñanza dentro de la cual los niños permanezcan apartados totalmente de las concepciones religiosas o de las ideologías que les sean ajenas". También hubo polémicas parecidas en Noruega y Turquía, que acabaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ambas por razones religiosas y en ambas el tribunal defiende la educación en la pluralidad religiosa en estas materias, pero no cuestiona que existan como obligatorias.
En España, la objeción de conciencia que se plantea en otros ámbitos -sanitarios o educativos no tiene reconocimiento Constitucional expreso. Pero los que defienden la objeción se agarran a este artículo (16.1) de la Constitución: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
"Interpretar que es extrapolable al caso de Educación para la Ciudadanía supondría que el ciudadano podría en cualquier situación oponer y anteponer sus convicciones personales al cumplimiento de las leyes, lo cual implicaría, como ha dicho el Constitucional, la desaparición del Estado de derecho", argumenta Fernando Gurrea. Es el jurista especializado en educación que se encargó en la pasada legislatura de velar por la legalidad de las normas educativas aprobadas como subsecretario del Ministerio de Educación. Gurrea se refiere a otra sentencia clave de Constitucional de 1987 (la 160) en la que señala: "La objeción de conciencia exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un procedimiento regulado por el legislador en los términos que prescribe el artículo 30.2 de la Constitución". Y añade que en sí misma es "suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o subconstitucionales por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos".
Es decir, resume Gurrea, "las Cortes han aprobado la LOE y todos estamos obligados a cumplirla en un Estado de derecho, es así desde la Revolución Francesa". Este jurista es en la actualidad director general de Cooperación Autonómica en al Ministerio de Administraciones Públicas. "Ni el PP ni ninguna comunidad autónoma presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) que es la que regula, entre muchas otras cosas, la materia de Educación para la Ciudadanía", insiste.
Gurrea recuerda otro caso en el que se presentó un recurso al Constitucional argumentando la objeción de conciencia, en el que éste desestimó este argumento. En los años ochenta, movimientos sociales pacifistas y cristianos lograron que se planteara la objeción de conciencia fiscal, sobre el impuesto de la renta, para que ninguna peseta fuera destinada a gastos militares o de defensa, el Constitucional negó que se pudieran acoger a ella, igual que en el caso de los Testigos de
Jehová, que la solicitaron para renunciar a las transfusiones de sangre, pero no se les dio la razón.
En la misma línea se pronuncian otros expertos. "Llamar a la objeción en este caso es incitar a la desobediencia legal, esta invocación a la objeción es abusiva, desproporcionada y sobre todo improcedente", opina el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo. "La objeción de conciencia no es un cajón de sastre en el que quepa todo".
Lo que ha sembrado la incertidumbre han sido los recursos de más de centenar de padres de alumnos presentados ante los tribunales de sus comunidades autónomas. Los tribunales superiores de justicia de Asturias, Aragón y Cataluña (que ni siquiera admitió a trámite la reclamación) argumentaban que los padres deben cumplir la ley: "No existe derecho constitucionalmente protegido a la objeción de conciencia superior a un deber impuesto normativamente". Han sido las dos sentencias que ha dictado uno de los dos tribunales superiores de Andalucía las que han alentado la posibilidad de que se admitiera la objeción. Las dos sentencias proceden de la misma sala, en la que ejerce Enrique Gabaldón Codesido, hijo del fundador del Foro de la Familia. Estas decisiones anulan de los desarrollos de la materia todas las referencias al género y a la "definición de las identidades en la adolescencia", que tiene como fin que se hable en la materia de opciones sexuales y, por lo tanto, también de la legalización del matrimonio homosexual. Los jueces que firmaron esta sentencia consideran que la asignatura "sobrepasa los límites de la neutralidad ideológica". La decisión está ahora en manos del Tribunal Supremo. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, letrado, defiende con varios argumentos la legalidad de la objeción. El primero es que "el sistema jurídico español está basado en la revisión de actos administrativos, por lo que no se puede actuar de otra manera: primero hay que objetar, jugársela en cierto modo, para intentar que los tribunales te den la razón.
Blanco cree que sería "incongruente" esperar a que haya una sentencia firme para que los niños dejen de ir a Educación para la Ciudadanía. Su organización integra, según sus datos, a más de 5.000 asociaciones. Blanco niega que el motivo de la objeción sean los contenidos: "La asignatura tiene como misión declarada formar la conciencia moral de los hijos y consideramos que este terreno del ámbito de las libertades que pertenecen a las familias".Sin embargo, algunos expertos en derecho constitucional consideran que la actitud del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede vulnerar los principios constitucionales de libertad y tolerancia, ya que incita a un sector de la población a una desobediencia legal, lo que es una situación atípica en un Estado de derecho.
El presidente de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), Mariano Benítez de Lugo, suscribe estos argumentos, e incluso va un poco más allá. "Podría haber prevaricación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque éste ha dicho a los padres que presentaron el recurso que pueden no cumplir la ley, pero un juez no puede obviar el cumplimiento de una ley en una sentencia, salvo si entiende que es no es constitucional y entonces debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero mientras debe obligar al cumplimiento de la ley".
¿Pero quién es responsable de hacer cumplir la ley? En el caso de los padres, es difícil que la actitud que los juristas califican de "irresponsabilidad social", sea perseguida. Aunque apuntan un ejemplo. En un caso de divorcio, si uno de los miembros de la pareja tiene constancia de que su hijo no está acudiendo a esta asignatura obligatoria por iniciativa del otro, como ambos tienen derecho a la participación en la enseñanza, sí podría denunciar al otro por desobediencia a una ley y por el bien de su hijo. Si es el colegio el que ampara el que no asistan a la materia, éste puede ser denunciado por la comunidad autónoma y si es la comunidad autónoma la que insta a que se aplique la ley es competencia de la Alta Inspección del Estado.
En nombre de la familia
En diciembre de 2006, cuando llevaba unos meses aprobada ya la ley que crea la Educación para la Ciudadanía, los obispos salieron del Ministerio de Educación cargados de armas. La lucha contra esta materia empezó a prepararse cuando el Gobierno no aceptó su propuesta de convertirla en la alternativa única y obligatoria a la asignatura de Religión. La Conferencia Episcopal lleva décadas luchando para que se cree una sola alternativa a la materia en la que predican sus creencias para intentar darle más relevancia. Lo importe no es lo que diga la ley, sino los desarrollos, habían anunciado meses antes. Es decir, mirarían con lupa lo que se enseñaba. Y, en efecto, cabían en ellos cuestiones como contar a los niños que el matrimonio homosexual está regulado por ley y que ellos tienen derecho a decidir su propia "identidad de género". Se agarraron a estas dos cosas y apoyados por el Foro de la Familia, liderado por Benigno Blanco, los padres católicos de Concapa y el PP en algunas comunidades iniciaron la campaña. Son las mismas organizaciones que se manifestaron contra los matrimonios gays. Pero no reconocen abiertamente que éstos sean los motivos de su protesta, como tampoco la innegable campaña política contra Zapatero (muchas pancartas pedían su dimisión en las manifestaciones) implicaron sus quejas. Su argumento general es fácil de rebatir: "La defensa de la familia". No pasa con su visión de ella: "Sólo es matrimonio si es entre hombre y mujer".

Moratinos se escuda en la ONU para justificar que no se atacara a los piratas

ABC - 23/05/08

Moratinos se escuda en la ONU para justificar que no se atacara a los piratas

CRUZ MORCILLO
MADRID. «No hubo ataque por un argumento de coherencia: el objetivo del Gobierno era liberar sanos y salvos a los tripulantes del «Playa de Bakio». No podíamos desarrollar un operativo de combate sin cobertura legal de Naciones Unidas». Tras el fin del secuestro del atunero vasco y la consiguiente lluvia de críticas y especulaciones -huida de los piratas, eventual pago de rescate- este fue el único argumento esgrimido por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para justificar que los secuestradores «desaparecieran» pese a tener a la fragata Méndez Núñez pegada a sus espaldas en aguas somalíes. De manera indirecta, apuntó que la actuación de Francia semanas antes con los captores de un velero galo había dado pistas a los piratas sobre cómo actuar y eludir el ataque.
Cinco buques y dos aviones
No obstante, ninguno de los grupos parlamentarios incluidos los tres (PP, PNV y Grupo Mixto) que habían pedido la comparecencia del ministro en el Congreso le otorgaron mayor importancia. Los populares se empecinaron -lo justo- con el pago o no del rescate por parte del Ejecutivo, duda que por supuesto quedó sin despejar, y el resto se contentó con reclamar seguridad para los barcos españoles en esa zona de cara al futuro.
La esperada comparecencia en comisión sobre el «Playa de Bakio» y los siete días de horror que vivieron sus 26 tripulantes se sustanció en el anuncio de Moratinos de que España se ha ofrecido a liderar la fuerza internacional «casi permanente» que previsiblemente se creará en cuanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte la resolución contra la piratería en Somalia.
Según el titular de Exteriores, esa resolución podría estar lista para el próximo 2 de junio y permitirá que una flota internacional proteja de los piratas a los barcos que navegan y faenan en las peligrosas aguas somalíes. Moratinos se refirió a un mando rotatorio, que podría asumir nuestro país en primer lugar, y consideró que serán precisos al menos un buque de mando, tres patrulleros, un barco de apoyo y dos aviones de patrulla marítima y abordaje. Una comisión interministerial trabaja ya en cuál será la contribución española al dispositivo en el que podría estar interesada la OTAN, según avanzó el ministro.
El titular de Exteriores agradeció el «apoyo, discreción y prudencia» de los grupos parlamentarios durante la crisis y se ufanó del desenlace, un resultado que atribuyó, como hace un mes, «a la diplomacia, el armador y la cooperación internacional, especialmente de EE.UU. y Francia». Ni una palabra respecto de si alguien pagó, cuánto o en qué manera se hizo pese a que el portavoz del PP en la comisión de Exteriores le interrogó dos veces sobre la «presencia, actuación o mediación del Gobierno ante el pago del rescate».
Moratinos dejó claro que el Ejecutivo espera como agua de mayo la resolución de Naciones Unidas, que comenzó a gestarse a raíz del secuestro del atunero y en cuya elaboración España está colaborando estrechamente con Francia y Estados Unidos.
Mientras llega, el Gobierno prepara un plan de de lucha contra la piratería, centrado en el torbellino somalí, pero que podría ir más allá. En ese marco se incluye impulsar una reforma de la legislación penal y procesal para luchar contra esta delincuencia de los mares; determinar cuál será la contribución de nuestro país a la fuerza internacional que velará por los barcos amenazados o ayudar a los países afectados a vigilar sus costas.
Moratinos eludió si hubo o no pago, pero no hará lo mismo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que tomará declaración los próximos 13 y 20 junio a los trece tripulantes españoles del «Playa de Bakio». El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se desplazará hasta el País Vasco y Galicia para la toma de declaración. El magistrado investiga un supuesto delito de piratería, competencia de la Audiencia Nacional, así como si se pagó o no un rescate por la liberación.

La UE se pone de acuerdo sobre las normas para expulsar a 12 millones de «sin papeles»

ABC - 23/05/08

La UE se pone de acuerdo sobre las normas para expulsar a 12 millones de «sin papeles»

EFE. Europa avisa a sus vecinos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la reunión de la Conferencia de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental (CIMO), en la capital de Mauritania, en la que ayer europeos y magrebíes trataron, entre otros asuntos, la inmigración ilegal.
ENRIQUE SERBETO CORRESPONSAL. BRUSELAS.
Se calcula que en Europa se encuentran en estos momentos unos 12 millones de emigrantes en situación irregular, cuyo destino debería ser la expulsión a sus países de origen. Los gobiernos de los Veintisiete aprobaron ayer la controvertida «Directiva de retorno» que establece mecanismos comunes para la detención, internamiento y deportación de estas personas. Han pasado seis años y medio desde que la Comisión lanzó la idea y aún falta que sea aprobada por el Parlamento Europeo, donde las discusiones amenazan con ser muy escabrosas. Pero el principal acuerdo -el de los gobiernos- se logró ayer en la reunión de los representantes permanentes.
La parte más controvertida de la directiva es el tiempo de detención que establece para que se pueda formalizar el procedimiento de expulsión de una persona sin documentación para residir en Europa. La norma propone un máximo de seis meses, pero ampliable por un año más, un total de 18 meses, en caso de que se necesite más tiempo para establecer su origen o identidad, o si las autoridades de sus países de origen no colaboran en el proceso. Las personas expulsadas no podrán volver a Europa legalmente en cinco años.
El problema de esta directiva es que choca con la mayor parte de las salvaguardias del respeto a los derechos humanos que han sido la bandera de la UE durante medio siglo. Para salvar este escollo, los legisladores han querido dar preferencia a un compromiso con los afectados para que acepten volver voluntariamente antes de treinta días y les garantiza la posibilidad de pedir una revisión judicial de las razones de su expulsión. Este ha sido el último escollo en la negociación, puesto que no todos estaban dispuestos a aceptar el principio de garantizar la asistencia gratuita de un abogado como pedía la Comisión. El compromiso establece que esta asistencia será proporcionada, según las leyes que rijan en cada país.
Protestas en el horizonte
La cifra de 12 millones de posibles afectados por esta norma refleja claramente las dificultades que representa aplicar esta nueva legislación, pero si no se hubiera llegado a un acuerdo ahora, «la UE no habría podido tener una norma común al menos en cinco o diez años», en opinión del ponente del texto, el popular alemán Manfred Weber. El problema es que la UE todavía no tiene normas comunes para la emigración legal, aunque está en marcha la discusión de la famosa «tarjeta azul» para otorgar permisos de residencia a trabajadores cualificados en origen.La socialista francesa Martine Roure, que ha fiscalizado el proceso de negociaciones, considera que los plazos acordados son demasiado largos y que en su conjunto «la propuesta es represiva y no respeta los derechos humanos».
Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, se preparan para una campaña de protesta, porque consideran que la ley convierte a los emigrantes sin papeles en delincuentes. Su campaña de firmas en contra de esta directiva lleva recogidas más de 35.000 adhesiones en internet.
Dersde el punto de vista institucional, la tramitación de esta directiva está siendo un test para evaluar los mecanismos de decisión que se pondrán en marcha en el Tratado de Lisboa. No ha sido posible un acuerdo por mayoría cualificada, sino que se ha tenido que llegar a la unanimidad, pero esta es la primera decisión de gran calado en el área de justicia e Interior que se toma en codecisión con el Parlamento. Si es aprobada ahora por mayoría simple en el Parlamento, podría abrir el paso a un nuevo modelo de aplicación de decisiones comunes en este campo tan delicado.
España, que era uno de los países donde el tiempo máximo de detención era más breve, se había opuesto a esta medida, hasta que el Gobierno socialista ha cambiado la orientación de su política en lo que respecta a la emigración.
A la espera de lo que diga el Parlamento, que en el peor de los casos no se espera que bloquee la directiva, puesto que hasta para los más críticos resulta mejor esta norma que ninguna, los países deberán ahora prepararse para cumplirla, tanto desde el punto de vista legal, como en la construcción de infraestructuras correspondientes.

El Parlamento foral aprueba que el aborto se realice en la sanidad pública navarra

ABC - 23/05/08

El Parlamento foral aprueba que el aborto se realice en la sanidad pública navarra

A. LARDIÉS
PAMPLONA. El empeño de reabrir la cuestión del aborto en Navarra no cesa por parte de la oposición. Ayer, el pleno del Parlamento de Navarra aprobó, con los votos de PSN, Nafarroa Bai e IU, una modificación de la Ley de Salud, presentada por el grupo nacionalista vasquista, para que se garantice en la sanidad pública navarra la interrupción voluntaria del embarazo en los tres supuestos contemplados por la ley. Los partidos que sustentan el Gobierno, UPN y CDN, votaron en contra.
En concreto, en la modificación aprobada, se recoge que los «pacientes, como sujetos de derechos, tienen reconocidos dentro de la sanidad pública navarra y sanidad concertada, entre otras, la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos legalmente previstos. La administración sanitaria de la Comunidad foral podrá establecer prestaciones complementarias que serán efectivas previa programación expresa y dotación presupuestaria específica y tendrán por objeto la protección de grupos sociales con factores de riesgo específicos, con especial referencia a la salud laboral», añade la modificación.
Resoluciones precisas
La modificación aprobada faculta a la titular del departamento de Salud del Gobierno de Navarra para que se dicten las resoluciones precisas a efectos de poner en funcionamiento con «escrupuloso respeto a la objeción de conciencia personal de los profesionales, una estructura profesional suficiente que efectúe con dignidad la prestación del servicio sanitario inherente a la IVE en los términos legales previstos dentro de la sanidad pública de Navarra».
Como es sabido, Navarra es la única región donde no se practican abortos porque la abrumadora mayoría de los médicos se declaran objetores y por ello el Gobierno foral costea a las mujeres el viaje a otras regiones. No hay cambio alguno respecto a la objeción de conciencia, con lo que la iniciativa aprobada ayer parece tener un carácter más simbólico que de efectos prácticos.
La parlamentaria de Nafarroa Bai Asun Fernández de Garaialde señaló que la interrupción voluntaria del embarazo «no es deseada por nadie y conlleva fuerte carga de presión y sufrimiento» y añadió que el número de interrupciones voluntarias de embarazo aumenta cada año en Navarra y España y entre jóvenes e inmigrantes.
Por el PSN, María Chivite manifestó que la ley no se aplica en Navarra y que es «hora de garantizar y respetar los derechos de las ciudadanas navarras amparadas por ley». «Se está tratando a las mujeres de Navarra como mujeres de segunda», dijo. La parlamentaria de IU Ana Figueras, que mostró su apoyo al texto, dijo no obstante que ésta «no es nuestra ley porque estamos por la despenalización del aborto».
El regionalista Javier Marcotegui expuso que la proposición de ley aprobada «no dice nada», por lo que «nada habrá que reglamentar y nada habrá que incumplir».
«No reconoce nada que no esté reconocido y no modifica el régimen de la objeción de conciencia», sostuvo, para añadir que el texto pretende «un mal uso de la capacidad legislativa».
Por su parte, José Andrés Burguete, de CDN, ha rechazado esta iniciativa «efectista», que «va a aportar poco de novedoso» respecto a los derechos ya reconocidos en Navarra, cuyo sistema «ofrece gratuitamente el servicio de interrupción del embarazo», aunque hareconocido que hay «problemas» con la objeción de conciencia.

El Gobierno teme que las medidas de Italia desvíen a los inmigrantes a España

ABC - 23/05/08

El Gobierno teme que las medidas de Italia desvíen a los inmigrantes a España

LUIS AYLLÓN. MADRID
El Gobierno teme que la decisión del Ejecutivo de Silvio Berlusconi de considerar delito la inmigración ilegal termine afectando a otros países del entorno, entre ellos España. Así se desprende de las palabras que pronunció ayer el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tras reunirse en Madrid con el ministro italiano de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, que viajó a nuestro país para explicar las medidas que el Gobierno de Italia aprobó el miércoles para hacer frente a los problemas derivados de la inmigración.
Discrepancia
La visita de Ronchi tenía como objetivo exponer a las autoridades españolas los motivos por los que Italia ha adoptado esas medidas, después de que hace sólo unos días se desatara una polémica entre los dos países a raíz de unas declaraciones críticas hechas por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que intervenir para bajar el tono del incidente, y, al mismo tiempo, las autoridades italianas mantuvieron una actitud de concordia, a pesar de dejar claro su derecho a adoptar las medidas que crea oportunas. La decisión más polémica es la de considerar delito la inmigración ilegal, algo que no ocurre en España, donde un inmigrante irregular sólo se enfrentaría a una sanción administrativa.
Por ese motivo, Diego López Garrido, después de subrayar que el Gobierno respeta la capacidad de las autoridades italianas para tomar las medidas que estime convenientes pensando en el bienestar de sus ciudadanos, precisó que eso no quiere decir que España esté de acuerdo con todas ellas. «Unas nos satisfacen más que otras», dijo.
Entre las que no gustan al Gobierno español se encuentra, precisamente, la de considerar delito la entrada ilegal de inmigrantes. Según el secretario de Estado, se trata de una «medida disuasoria», que «podría derivar los flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo hacia España, sino también hacia otros países europeos». En cualquier caso, España podría ser uno de los principales perjudicados de ese desvío de los flujos del tráfico ilegal de personas.
Para López Garrido, la decisión italiana no favorece la posibilidad de adoptar una política común europea en materia de inmigración. «No es la mejor vía», dijo, al tiempo que señaló que la medida se debería haber consultado al resto de los socios europeos.
Ante esos temores y críticas, era obvio que a López Garrido se le preguntaría por el proceso de regularización que España llevó a cabo en el año 2005, y sobre el que hubo muchas críticas en otros países europeos que consideraban que tendría un efecto llamada y que se quejaban igualmente de que el Gobierno de Zapatero no hubiera tratado el asunto a nivel comunitario. Según López Garrido, no es el mismo caso, porque entonces «otros países no se veían afectados, ya que los inmigrantes se quedaban en España».
Ronchi: «Cambio de registro»
Por su parte, Ronchi explicó que las decisiones tomadas por su Gobierno y que, previsiblemente, aprobará el Parlamento, obedecen a que «Italia se encuentra en una emergencia de seguridad y Europa debe entender esa situación de urgencia».
El ministro italiano se mostró convencido de que, a partir de ahora, tras lo que llamó un «cambio de registro», «Italia dejará de ser la puerta giratoria del Mediterráneo para que entre la inmigración clandestina». Ronchi precisó que lo que se pretende «no es equiparar al inmigrante con el delincuente, sino ser drásticos con esa minoría de inmigrantes que delinquen».
Por último, fue muy tajante a la hora de afirmar: «Quien llegue a Italia debe respetar nuestra cultura, nuestra religión, nuestra identidad y todas las reglas de convivencia civil. Quien no acepte esto no puede estar en Italia, no puede ser aceptado en nuestra comunidad, sobre todo quien después delinque».