La Iglesia recuerda, ante la ofensiva laicista, que la ley garantiza la igualdad religiosa

ABC - 17/05/08

La Iglesia recuerda, ante la ofensiva laicista, que la ley garantiza la igualdad religiosa

LAURA DANIELE. MADRID.
El Gobierno socialista ha anunciado, a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, su intención de modificar en esta legislatura la Ley de Libertad Religiosa con la vista puesta en llevar su política de igualdad al campo de las confesiones religiosas y, así, «evitar los privilegios y las discriminaciones de unas confesiones respecto a otras», según consta en su programa electoral. Hay que adecuar la norma «a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy», ha señalado la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso para justificar la iniciativa.
Sin embargo, la actual normativa, que data de 1980, no reconoce en ninguno de sus ocho artículos más derechos a unas confesiones que a otras, ni tampoco hace distinción de fieles. En forma genérica, y al tratarse de una ley de mínimos, garantiza a todas su derecho a «establecer lugares de culto, designar y formar a sus ministros y propagar su propio credo».
Compromiso del Estado
Las únicas condiciones que plantea para poder gozar de personalidad jurídica es que se encuentren inscritas en el correspondiente Registro Público del Ministerio de Justicia y, que, en el caso de pretender acuerdos de cooperación con el Estado y beneficios fiscales, tengan además reconocido el notorio arraigo «por su ámbito y número de creyentes». Hasta el momento, sólo los musulmanes, judíos y evangélicos tienen firmados estos acuerdos de cooperación, pese a que son más las confesiones que tienen reconocido el notorio arraigo como los mormones, los testigos de Jehová y los budistas.
En su artículo segundo señala además que, para «la aplicación real y efectiva» de estos derechos, «los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en los centros públicos».
El amparo del derecho a la libertad religiosa y de culto plantea sólo una excepción en la normativa y es para aquellas «entidades relacionadas con fenómenos psíquicos o parapsicológicos o que difundan valores humanísticos o espirituales ajenos a los religiosos».
Mapa religioso poco plural
Además, esta sociedad «plural» que el Gobierno ha tomado como bandera para modificar la ley, se declara en un 77% católica, lo que significa que 35 millones de personas de las 45 que viven en España se identifican con la religión mayoritaria, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2007. El mapa religioso español, se completa, de acuerdo a los datos de las propias confesiones, con un 1,5 millones de evangélicos, un millón de musulmanes y 48.000 judíos, además de otras religiones minoritarias, como los testigos de Jehová (200.000 fieles) y los mormones (40.000). En el plano educativo, según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2004-2005 había inscritos en la clase de Religión católica más de 3 millones de alumnos -el 75,7% del total de la población estudiantil-.
Algunos expertos ven en esta reforma una clara intención del Gobierno de «transformar la sociedad, impulsando el pluralismo religioso y erosionando la posición de la Iglesia». Así, el profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Jorge Otaduy, recuerda que «la función del Estado es respetar el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en materia religiosa».
El arzobispo de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, ha abogado porque se «cumpla la actual normativa», ya que se cambian «sin haberse cumplido». El obispo de Tarazona, Demetrio Fernández, tem, en camio, que el Gobierno aproveche la reforma para «eliminar del ámbito público cualquier manifestación religiosa».