Los obispos de Castilla y León apelan al derecho de los padres a objetar Educación para la Ciudadanía

ABC - 16/05/08

Los obispos de Castilla y León apelan al derecho de los padres a objetar Educación para la Ciudadanía

JOSÉ LUIS MARTÍN
VALLADOLID. «Los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura Educación para la Ciudadanía, así como a la denuncia personal de la Ley». Éste es el cuarto punto de un comunicado remitido ayer por los obispos de Castilla y León y que resume la percepción de la Iglesia ante la implantación de esta asignatura en la Comunidad a partir del próximo curso 2008-2009.
A lo largo del documento los obispos apelan insistentemente al derecho de los padres a objetar esta polémica asignatura y remarcan que el Estado «no puede imponer legítimamente una formación de la conciencia de los alumnos al margen de la libre elección de los padres». Y van más allá al recordar que el derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos es «primordial, insustituible e inalienable».
Los obispos de Castilla y León tienen claro, y así lo recogen en su tercer punto, que «las enseñanzas orientadas a la formación de la conciencia moral no son competencia del Estado» y que son los padres y los colegios los que tienen el «derecho y el deber de educación» de los alumnos.
Los once obispos de la Comunidad castellano y leonesa (uno por provincia más el de Ciudad Rodrigo y Astorga) piden que Educación para la Ciudadanía «no se aplique» en las Diócesis de la región «en la forma que está programada» y que, recuerdan, «ya ha sido desautorizada por las sentencias de varios tribunales civiles». En respuesta a esta petición, la Junta de Castilla y León anunció ayer que no pueden reconocer la objeción porque «perjudicaríamos seriamente a los que no tienen culpa, a los niños», ya que, según explicó el portavoz regional, José Antonio De Santiago, «hay que tener todas las asignaturas acabadas para recibir el título». No obstante, dejó claro que en el currículum de esta materia en Castilla y León «se ha reducido la carga ideológica», aunque está recurrido por el Gobierno.