Carod monta colegios en Francia cuando hay 802 barracones en escuelas catalanas

ABC - 14/05/08

Carod monta colegios en Francia cuando hay 802 barracones en escuelas catalanas

IVA ANGUERA DE SOJO. BARCELONA.
El Gobierno catalán aprobó ayer la concesión de una subvención de 625.800 euros para la Fundación La Bressola, que escolariza en catalán a 600 alumnos en ocho centros del sur de Francia. Se da el caso de que esta fundación ya recibió el pasado octubre una subvención de 2,9 millones de euros. El Ejecutivo argumentó ayer que esa ayuda estaba destinada a la construcción de un nuevo centro, mientras la subvención actual se dedicará «a la actividad ordinaria» de La Bressola.
Paralelamente, en este curso hay todavía en Cataluña 802 barracones en centros escolares, que acogen a más de 19.000 alumnos, más que en el curso anterior, debido al aumento de la población escolar derivada de la inmigración. Sin embargo, las subvenciones otorgadas a La Bressola no parten del Departamento de Educación de la Generalitat, si no del de Vicepresidencia, en manos del líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. La Generalitat ha subvencionado esta fundación desde su nacimiento, en 1986, con cargo a los presupuestos de Política Lingüística.
Denuncia contra la Generalitat
Por otro lado, el Gobierno catalán se puso ayer «a disposición de la Justicia» después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abriera diligencias contra siete consejerías por presuntas irregularidades en la adjudicación de informes. La portavoz del tripartito, Aurora Massip, aseguró que el Gobierno catalán «actúa siguiendo la normativa» y se mostró convencida de la legalidad de todas las adjudicaciones.
El vicepresidente de la Generalitat defendió que «no es ningún delito» encargar informes a personas vinculadas a los partidos que integran el Ejecutivo. «Sólo faltaría que ahora, además, las personas que tienen una ideología o simpatizan con un partido determinado no pudieran trabajar, porque sería el final del sistema democrático», sentenció Carod.
Por contra, el presidente del PPC, Daniel Sirera, aplaudió la decisión de la Fiscalía y recordó que fue él quien presentó la pregunta parlamentaria que ponía al descubierto esta práctica. «Estaba claro que se estaba pagando un dinero que es de todos para hacer informes que no tenían ninguna utilidad para los ciudadanos» concluyó.
El sindicato Manos Limpias, autor de la denuncia, considera que la Generalitat podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por la adjudicación -denunciada en su momento por ABC- de 1.583 informes técnicos a personas externas a la Administración, por un coste total de 31 millones de euros. Parte de esos estudios fueron encargados a personas vinculadas a PSC, ERC e ICV. Sin embargo, el Gobierno catalán no estudia tomar medidas para limitar el gasto en este ámbito.