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13 de agosto de 2018
14 de diciembre de 2011
Los diputados de ICV plantan al juez y evitan declarar por el cerco al Parlament
Los diputados de ICV plantan al juez y evitan declarar por el cerco al Parlament
"Los que hacemos leyes debemos colaborar con la justicia", dice Montserrat Tura (PSC)
JESÚS GARCÍA / IVANNA VALLESPÍN Barcelona 14 DIC 2011 - 08:47 CET20
Un grupo de indignados ante la Audiencia de Barcelona. / CARLES RIBAS
“Quienes me empujaron, me escupieron y dañaron mi vestuario prostituyeron el 15-M”. La diputada del PSC Montserrat Tura ha sido la primera en declarar ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, por los actos de acoso a diputados frente al Parlamento catalán. Tras prestar declaración, como testigo, durante más de media hora, Tura ha mostrado su “respeto” hacia el colectivo de indignados, pero ha remachado también que la “minoría” que provocó los altercados debe responder ahora por aquellos hechos.
La exconsejera de Justicia ha sido la primera en llegar al Palacio de Justicia de Barcelona, donde a lo largo de la mañana declaran un total de ocho diputados que, presuntamente, sufrieron agresiones físicas y verbales cuando trataron de acceder al hemiciclo el pasado junio. Velasco se ha desplazado expresamente a Barcelona para tomar declaración a los diputados. Estaba previsto que declarasen 10 de ellos, pero los dos representantes de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Boada y Salvador Milà han anunciado que no acudirán a la cita. Al menos, hoy, ya que como testigos están obligados a declarar.
El diputado de CiU Josep Maria Llop dirigiéndose a la Audiencia de Barcelona a declarar. / CARLES RIBAS
Iniciativa ha querido evitar así una fotografía incómoda: la de dos de sus diputados entrando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en medio de los silbidos y los gritos de casi 200 personas, que se han concentrado desde primera hora de la mañana y hasta las 13.00 frente al edificio para protestar por laimputación de 20 personas, a las que el juez Velasco acusa de un delito contras los altos organismos de la Nación, por bloquear el acceso al Parlamento catalán el día que debián votarse los Presupuestos de la Generalitat para 2011. Aquella protesta obligó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros miembros de su gabinete a acceder al recinto en helicóptero, una imagen que dio la vuelta al mundo.
La ausencia de Boada y Milà está marcando, por ahora, la jornada. Hace unos días, Boada remitió una carta a Velasco en la que expresaba que, por “problemas de agenda”, no podría acudir a la cita. El juez le ha pedido que le proponga fechas para ir a declarar a Madrid. El caso de Milà es distinto. La Audiencia Nacional no ha recibido ninguna súplica del diputado. Si, como ha dicho públicamente ICV en una rueda de prensa esta mañana, no se presenta, el juez le volverá a citar. “Respeto la opinión de cada uno, pero no la comparto y por eso estoy aquí. Creo que los que hacemos las leyes somos los primeros que debemos colaborar con la justicia”, ha explicado Tura.
La diputada socialista ha criticado a los autores de las agresiones. Pero, al mismo tiempo, ha defendido que el Movimiento 15-M goza de su respeto. “La mayoría de las personas que estaban frente al Parlamento de Cataluña tuvieron una actitud respetuosa, y algunas incluso me pidieron disculpas”, ha explicado. “No quiero criminalizar al conjunto del movimiento”, ha precisado Tura, quien ha declarado íntegramente en catalán ante el juez Velasco, ya que la sala de vistas dispone de traductor.
El juez, el fiscal y los abogados de la defensa han realizado diversas preguntas a Tura, que no pudo ver, ha dicho, a quienes la empujaron y la escupieron. “Me han enseñado el vídeo y por primera vez he visto a la persona que dañó mi vestuario. Pero es tarea de la policía determinar si es responsable de los hechos”. Uno de los indignados marcó con una cruz la parte trasera de la gabardina que llevaba ese día.
Igual que otros seis diputados, Tura interpuso una denuncia en su día y reclamó por los más de 400 euros que, a su juicio, suponen los daños sufridos en el vestuario. El diputado Jordi Turull, de Convergència i Unió (CiU) es el siguiente que está prestando declaración. Todos los representantes han llegado esta mañana a la sede del TSJC en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Pese a los gritos y silbidos de los manifestantes, no ha habido ningún incidente salvo un par de minutos de tensión en los que se ha producido un conato de enfrentamiento cuando unos agentes de la policía autonómica han movido unas vallas. Todos han podido acceder por la puerta principal, como tenían previsto. Después de Turull, declararán Josep Maria Llop, Ana Isabel Marcos, Santi Vila y Gerard Figueres (CiU), Ernest Maragall (PSC) y Alfons López Tena (SI).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también tiene previsto interrogar por escrito al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para lo cual ha solicitado a las partes personadas que le remitan las preguntas que desean trasladarle.
Además, entregó un exhorto a los Juzgados de Barcelona para que los Mossos d'Esquadra realicen la reseña fotográfica a los cuatro imputados que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional a pesar de no haber recibido la citación judicial correspondiente.
El instructor investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se registraron cuando un grupo de indignados trató de "impedir la asistencia" de los parlamentarios a la sesión plenaria y "entorpecer su labor".
Los indignados han pedido en un comunicado a los medios de comunicación que no tomen imágenes de la concentración ya que, durante el bloqueo del Parlamento, las fotografías y vídeos permitieron identificar a los indignados ahora acusados. El consejero Puig les replicó ayer que con ellos hay "paradojas curiosas", porque un movimiento que defendía la transparencia en la información ahora quiere impedir a los medios que les filmen en sus protestas.
8 de octubre de 2010
El constitucional rechaza el primero de los tres recursos contra la ley del aborto
ABC
El constitucional rechaza el primero de los tres recursos contra la ley del aborto
No admite las objeciones de los grupos pro vida por un defecto de forma | Están pendientes el del PP y el de Navarra
Día 08/10/2010 - 14.19h
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo contra la Ley del Aborto, presentado por varias organizaciones defensoras del derecho a la vida, porque su normativa no permite impugnar leyes, sino "sus actos de aplicación". Quedan pendientes de decisión otras dos objeciones, la del PP y la del Gobierno de Navarra, admitidos a trámite en junio.
Encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, asociaciones como la Fundación Talita Aragón, RedMadre, Foro Español de la Familia, Projusticia y el ginecólogo Esteban Rodríguez Martín, presentaron el pasado mes de julio un recurso colectivo de amparo contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En la resolución judicial, emitida y difundida hoy por la Sala Segunda del TC, se aclara que quienes suscriben este recurso de amparo han recurrido a "una vía procesal inadecuada".
La razón esgrimida por el Alto Tribunal es que la Ley Orgánica por la que se rige no ha configurado un recurso de amparo contra leyes y, por ello, no permite una impugnación "abstracta" de disposiciones generales que conduzca a una "declaración de nulidad".
"En nuestro sistema de justicia constitucional el amparo frente a leyes sólo es posible mediante la impugnación de sus actos de aplicación, sin que quepa atender el argumento del carácter autoaplicativo de la Ley al que recurre la demanda", se indica en el auto. Los magistradosGuillermo Jiménez, Eugenio Gay y Pascual Sala agregan que la nueva norma, por sí misma, "no limita, ni prohíbe, ni faculta", por lo que, en caso de ser impugnada, habría que ceñirse a su aplicación concreta.
«Restrictiva de derechos»
El Centro Jurídico Tomás Moro ha reaccionado a esta resolución, que califica de "sumamente restrictiva de los derechos ciudadanos y frontalmente contraria al derecho a la vida". Ha criticado, en un comunicado, la existencia de una "mínima fundamentación jurídica" en la inadmisión del amparo y considera que la argumentación del TC "adolece de numerosos errores". Para los recurrentes, "resulta incoherente" manifestar que no cabe recurso de amparo directo contra la Ley del Aborto, para después argumentar que "carece de carácter autoaplicativo".
El Centro Tomás Moro "discrepa" de la interpretación de los magistrados porque entiende que la Ley del Aborto "limita de forma clara el derecho a la vida, prohíbe la protección integral del nasciturus y faculta para el ejercicio del nefando infanticidio". En cuanto al acto de aplicación al que alude el TC, esgrime que está claro que se trata de "la muerte de un inocente, muerte irreparable si no se interviene con carácter previo". Por todo ello, las asociaciones contrarias al aborto alegan que que "otra vez más, se ha manifestado el alto déficit democrático español, al no permitirse a diferencia de otros países, impugnar directamente una ley que agrade el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida".
Recursos pendientes
Quedan todavía dos recursos contra la ley del aborto, los que presentaron el Partido Popular y el Gobierno de Navarra, siguen pendientes en el TC. El Constitucional admitió a trámite los recursos que presentaron estas partes el pasado mes de junio, y no se pronunciará sobre el contenido de la ley del aborto en tanto no los examine. La decisión corresponderá en cualquier caso a los nuevos miembros que compongan el tribunal después de su renovación.
15 de julio de 2009
Treinta de los 36 nuevos fiscales de Cataluña tendrán tutores para aprender catalán
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Miércoles, 15 de Julio de 2009
Madrid
Treinta de los 36 nuevos fiscales de Cataluña tendrán tutores para aprender catalán
ABC / E. ARMORA | BARCELONA
Los 30 nuevos fiscales — de los 36 destinados este año a la Comunidad de Cataluña—, que ayer juraron su cargo en la Audiencia de Barcelona y no conocen el catalán, dispondrán, por primera vez, de un servicio de atención individualizada y de un curso acelerado para que en unos meses puedan familiarizarse con el lenguaje jurídico en la lengua propia de esta comunidad.
Este servicio pionero forma parte de un plan piloto impulsado por la Fiscalía de Cataluña y los departamentos de Justicia y Vicepresidencia, del que depende Política Lingüística.
Y mientras se incentiva el catalán en la carrera fiscal, un estudio reveló ayer la primacía de este idioma en el ámbito educativo, al menos en este momento. El 76% de los estudiantes universitarios cree que el catalán es la primera lengua de uso en la vida académica, aunque más de la mitad —un 56%— están convencidos de que esta situación cambiará en un futuro próximo con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una vez más, la realidad social se impone al dictado político.
Afán normalizador
Según los datos del primer estudio interuniversitario sobre usos lingüísticos, impulsado por la Generalitat y en el que han participado todas las universidades públicas, las dos lenguas más usadas en el futuro serán el castellano y el inglés. Esta última es la que más crecerá, según la percepción de los universitarios, seguido del castellano, mientras que el catalán, que ahora tiene una posición hegemónica en las aulas —más de la mitad de los alumnos toma apuntes en esta lengua y un 61% la usa para responder en los exámenes— , se estancará. Por mucho afán normalizador que haya —la Generalitat lleva años intentando incentivar el uso de la lengua autonómica en los campus—, la apertura de fronteras hacia Europa y Latinoamérica ha hecho que la realidad social de las universidades sea multilingüe.
Miércoles, 15 de Julio de 2009
Madrid
Treinta de los 36 nuevos fiscales de Cataluña tendrán tutores para aprender catalán
ABC / E. ARMORA | BARCELONA
Los 30 nuevos fiscales — de los 36 destinados este año a la Comunidad de Cataluña—, que ayer juraron su cargo en la Audiencia de Barcelona y no conocen el catalán, dispondrán, por primera vez, de un servicio de atención individualizada y de un curso acelerado para que en unos meses puedan familiarizarse con el lenguaje jurídico en la lengua propia de esta comunidad.
Este servicio pionero forma parte de un plan piloto impulsado por la Fiscalía de Cataluña y los departamentos de Justicia y Vicepresidencia, del que depende Política Lingüística.
Y mientras se incentiva el catalán en la carrera fiscal, un estudio reveló ayer la primacía de este idioma en el ámbito educativo, al menos en este momento. El 76% de los estudiantes universitarios cree que el catalán es la primera lengua de uso en la vida académica, aunque más de la mitad —un 56%— están convencidos de que esta situación cambiará en un futuro próximo con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una vez más, la realidad social se impone al dictado político.
Afán normalizador
Según los datos del primer estudio interuniversitario sobre usos lingüísticos, impulsado por la Generalitat y en el que han participado todas las universidades públicas, las dos lenguas más usadas en el futuro serán el castellano y el inglés. Esta última es la que más crecerá, según la percepción de los universitarios, seguido del castellano, mientras que el catalán, que ahora tiene una posición hegemónica en las aulas —más de la mitad de los alumnos toma apuntes en esta lengua y un 61% la usa para responder en los exámenes— , se estancará. Por mucho afán normalizador que haya —la Generalitat lleva años intentando incentivar el uso de la lengua autonómica en los campus—, la apertura de fronteras hacia Europa y Latinoamérica ha hecho que la realidad social de las universidades sea multilingüe.
El Poder judicial aprueba que las chicas de 16 años tienen "madurez" para abortar
ELPAIS.COM
El Poder judicial aprueba que las chicas de 16 años tienen "madurez" para abortar
La comisión del CGPJ aprueba por tres votos a favor y dos en contra el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley del aborto.- El texto recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados aunque su opinión no tendrá validez
JESÚS DUVA - Madrid - 15/07/2009
Las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad son suficientemente "maduras" como para gozar de plena autonomía para decidir la interrupción voluntaria del embarazo, según establece el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ha sido aprobado esta mañana por la comisión del CGPJ por tres votos a favor y dos en contra.
A pesar de reconocer la capacidad de las chicas para decidir si abortan o no, la comisión considera que se admita el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, si bien la opinión de los progenitores no tendrá ninguna validez, según fuentes del Poder Judicial. En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera "adecuado" que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el aborto. De esta forma, reconoce que "se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de los padres."
Otra novedad que introduce el informe, realizado por la vocal Margarita Uría, recomienda que a la joven que desee abortar le entreguen los médicos un "informe detallado" con todas las circunstancias que concurren el caso, "no un simple formulario rutinario y abstracto", según las fuentes informantes.
El dictamen ha sido sometido esta misma mañana a votación en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y ha sido aprobado, al obtener el voto favorable de tres de los vocales que lo integran. Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y la ponente del informe, Margarita Uría son favorables, frente a la opinión de los vocales designados a propuesta del PP, (Concepción Espejel y Claro José Fernández). El texto resultante será discutido en última instancia en el Pleno que se celebrará el próximo día 23.
El Poder judicial aprueba que las chicas de 16 años tienen "madurez" para abortar
La comisión del CGPJ aprueba por tres votos a favor y dos en contra el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley del aborto.- El texto recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados aunque su opinión no tendrá validez
JESÚS DUVA - Madrid - 15/07/2009
Las jóvenes de entre 16 y 18 años de edad son suficientemente "maduras" como para gozar de plena autonomía para decidir la interrupción voluntaria del embarazo, según establece el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ha sido aprobado esta mañana por la comisión del CGPJ por tres votos a favor y dos en contra.
A pesar de reconocer la capacidad de las chicas para decidir si abortan o no, la comisión considera que se admita el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, si bien la opinión de los progenitores no tendrá ninguna validez, según fuentes del Poder Judicial. En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera "adecuado" que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el aborto. De esta forma, reconoce que "se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de los padres."
Otra novedad que introduce el informe, realizado por la vocal Margarita Uría, recomienda que a la joven que desee abortar le entreguen los médicos un "informe detallado" con todas las circunstancias que concurren el caso, "no un simple formulario rutinario y abstracto", según las fuentes informantes.
El dictamen ha sido sometido esta misma mañana a votación en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y ha sido aprobado, al obtener el voto favorable de tres de los vocales que lo integran. Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y la ponente del informe, Margarita Uría son favorables, frente a la opinión de los vocales designados a propuesta del PP, (Concepción Espejel y Claro José Fernández). El texto resultante será discutido en última instancia en el Pleno que se celebrará el próximo día 23.
24 de noviembre de 2008
Bermejo: "¿Se imaginan a los parlamentarios o al Gobierno en huelga?"
EL PAIS - Murcia - 24/11/2008
Bermejo: "¿Se imaginan a los parlamentarios o al Gobierno en huelga?"
El ministro de Justicia pide a los magistrados que reconsideren la convocatoria del paro por falta de medios previsto para febrero
EFE - Murcia - 24/11/2008
"Sorprende que titulares de un poder del Estado pretendan declararse en huelga: se entiende mal. ¿Se imaginan a los parlamentarios o al Gobierno en huelga?", El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha censurado así a los jueces de Murcia y de Extremadura que han convocado juntas generales para el 18 de febrero de 2009, que sería el primero de magistrados en España. "Hay que dejar de lado cuestiones corporativas que puedan interferir y que deben ser resueltas en otros foros", ha añadido.
Trillo afirma que el PSOE desoyó a Zapatero al renovar el Constitucional
Para Bermejo, que ha intervenido hoy en un curso sobre legislación hídrica en Murcia, los jueces "deben reflexionar un poco y pensar en que el enorme esfuerzo que se está haciendo y que se va a hacer en materia de justicia es cuestión de todos, y necesitamos el esfuerzo de todos; no hace falta que nadie ponga de relieve las carencias que hay, porque el diagnóstico es muy claro; lo tenemos hecho".
Pacto en el Constitucional
El titular de Justicia ha asegurado que no le consta que hubiera ningún pacto entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, para que cada partido propusiera en el Senado sólo dos magistrados candidatos para renovar el Tribunal Constitucional y no hubiera vetos recíprocos, como ayer señaló el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo.
El ministro ha pedido que se deje a los tribunales que juzguen al ser preguntado por la vista oral de la causa que hoy se inicia en contra el juez Fernando Ferrín Calamita , acusado por el fiscal de prevaricación por el presunto retraso malicioso en la adopción de una menor por una mujer lesbiana.
Sobre la sentencia de un juzgado de Valladolid que obliga a un colegio público de esa ciudad a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, para recomendar a la Junta de Castilla y León que "tome buena nota", "proceda a su cumplimiento" y "no pretenda lavarse las manos como aquel Poncio que conocimos".
Bermejo: "¿Se imaginan a los parlamentarios o al Gobierno en huelga?"
El ministro de Justicia pide a los magistrados que reconsideren la convocatoria del paro por falta de medios previsto para febrero
EFE - Murcia - 24/11/2008
"Sorprende que titulares de un poder del Estado pretendan declararse en huelga: se entiende mal. ¿Se imaginan a los parlamentarios o al Gobierno en huelga?", El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha censurado así a los jueces de Murcia y de Extremadura que han convocado juntas generales para el 18 de febrero de 2009, que sería el primero de magistrados en España. "Hay que dejar de lado cuestiones corporativas que puedan interferir y que deben ser resueltas en otros foros", ha añadido.
Trillo afirma que el PSOE desoyó a Zapatero al renovar el Constitucional
Para Bermejo, que ha intervenido hoy en un curso sobre legislación hídrica en Murcia, los jueces "deben reflexionar un poco y pensar en que el enorme esfuerzo que se está haciendo y que se va a hacer en materia de justicia es cuestión de todos, y necesitamos el esfuerzo de todos; no hace falta que nadie ponga de relieve las carencias que hay, porque el diagnóstico es muy claro; lo tenemos hecho".
Pacto en el Constitucional
El titular de Justicia ha asegurado que no le consta que hubiera ningún pacto entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, para que cada partido propusiera en el Senado sólo dos magistrados candidatos para renovar el Tribunal Constitucional y no hubiera vetos recíprocos, como ayer señaló el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo.
El ministro ha pedido que se deje a los tribunales que juzguen al ser preguntado por la vista oral de la causa que hoy se inicia en contra el juez Fernando Ferrín Calamita , acusado por el fiscal de prevaricación por el presunto retraso malicioso en la adopción de una menor por una mujer lesbiana.
Sobre la sentencia de un juzgado de Valladolid que obliga a un colegio público de esa ciudad a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, para recomendar a la Junta de Castilla y León que "tome buena nota", "proceda a su cumplimiento" y "no pretenda lavarse las manos como aquel Poncio que conocimos".
18 de noviembre de 2008
Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
EL PAIS - Madrid - 18/11/2008
Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y evita que se le declare incompetente en la causa
M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS - Madrid - 18/11/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha extinguido la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y ha remitido la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el juez evita que se le declare incompetente en la investigación, lo que hubiera ocurrido por primera vez con un magistrado. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.
La Audiencia aplaza su decisión sobre la suspensión de la apertura de fosas
El juez nombra sus dos expertos para la búsqueda de fosas
La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal
En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento.
Apertura de fosas
Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.
El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
Los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y evita que se le declare incompetente en la causa
M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS - Madrid - 18/11/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha extinguido la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y ha remitido la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el juez evita que se le declare incompetente en la investigación, lo que hubiera ocurrido por primera vez con un magistrado. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.
La Audiencia aplaza su decisión sobre la suspensión de la apertura de fosas
El juez nombra sus dos expertos para la búsqueda de fosas
La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal
En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento.
Apertura de fosas
Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.
El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
Los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
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