Garzón investiga a la principal siderurgia vasca por pagar la extorsión a ETA

ABC - 2/7/2008

Garzón investiga a la principal siderurgia vasca por pagar la extorsión a ETA

M. LUISA G. FRANCO. BILBAO.
La detención, ayer, de José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, el mayor grupo siderúrgico del País Vasco y probablemente uno de los principales de España, con una plantilla de cinco mil personas, por presuntos pagos a ETA, conmocionó a la sociedad vasca. Jainaga, quien fue puesto en libertad ayer mismo tras prestar declaración, entró en Sidenor como director general en 1998, poco después de que se hiciera con la empresa, al privatizarse, la sociedad de cartera Ifesa, entre cuyos principales accionistas estaba Sabino Arrieta, uno de los empresarios de la órbita del PNV. Otro empresario, cuyo nombre no ha trascendido, también fue retenido por unas horas.
Los presuntos pagos a ETA por los que el juez Garzón ordenó a la Guardia Civil el registro del domicilio de José Antonio Jainaga estarían supuestamente vinculados a esa etapa de la empresa, antes de su venta, a finales de 2005, al grupo brasileño Gerdau, al Santander y a directivos de la propia compañía por 443,8 millones de euros. La detención de Jainaga se produjo a primera hora de la mañana en su domicilio, tras el registro del mismo, donde la Guardia Civil se incautó de diversa documentación.
Mientras Confebask, la patronal vasca, no realizaba ninguna valoración de este hecho sin precedentes, el Círculo de Empresarios, que preside Álvaro Videgain, salió en defensa del consejero delegado de Sidenor, al destacar que tanto él como el grupo siderúrgico contribuían a la generación de riqueza y a la creación de empleo. El Círculo de Empresarios Vascos sí reclamó que se aclaren las imputaciones contra el consejero delegado de Sidenor y reivindicó para él la presunción de inocencia, condenando la extorsión a la que ETA somete a los empresarios vascos.
El arresto de José Antonio Jainaga es consecuencia de la documentación intervenida al dirigente de ETA Javier López Peña, detenido el pasado 21 de mayo en Burdeos junto a otros tres responsables del aparato político de la banda. En esos documentos figura el posible pago a ETA de 90.000 euros, sin que aparezcan indicios de que pudiera ser voluntario.
La investigación policial distingue este caso, que respondería a la cesión al chantaje de ETA, del de las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que se les imputa el pago voluntario a la banda. Ambas permanecen encarceladas, acusadas de colaborar con ETA y de haber donado 6.000 euros a los terroristas.
La detención del consejero delegado de Sidenor es un salto cualitativo en la acción de la Justicia contra el pago del denominado «impuesto revolucionario» de ETA. Hasta entonces, la única gran empresa que había sido relacionada por Garzón con la trama de extorsión de ETA era Azkoyen. Varios ex directivos de esa empresa navarra fueron imputados por el pago a ETA de 222.374 euros en 2001. El chantaje de ETA está muy extendido en el País Vasco y no sólo afecta a empresarios, sino también a pequeños comerciantes y a profesionales, que no han recibido cobertura institucional para afrontar la amenaza etarra. Tampoco quienes se han enfrentado a ETA y se han negado a pagar el impuesto revolucionario han recibido reconocimiento institucional o social por su negativa a financiar crímenes terroristas e incluso han resultado «marcados» por ello.
Sidenor apoyó ayer a su consejero delegado, destacando su «honorabilidad» y «profesionalidad». El PNV, partido en cuya órbita se mueve José Antonio Jainaga, permaneció ayer públicamente en silencio, mientras que EA consideró que «el Estado debe proteger a los extorsionados, en lugar de detenerles», ya que, en su opinión, «son víctimas de ETA».