El Gobierno mete a la sociedad «en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte»

ABC - 8/7/2008

El Gobierno mete a la sociedad «en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte»

D. PÉREZ/M. J. CAÑIZARES. MADRID/BARCELONA.
La intención del Gobierno de convertir a toda velocidad la ley del aborto en una ley de plazos -aborto libre hasta una semana concreta de embarazo, que se situaría entre la 14 y la 22- provocó ayer la reacción de la Iglesia, del líder de CiU, Artur Mas, y de la totalidad de las organizaciones pro vida.
Leopoldo Vives, director de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, señaló, en declaraciones a Ep, que el Ejecutivo «está metiendo a la sociedad española en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte» al poner el aborto y la eutanasia como «banderas de su acción de gobierno. Me atrevo a decir que lo próximo que nos propondrán será el infanticidio de niños con enfermedades graves».
Para Vives, una ley que facilite el aborto no es la solución, al igual que tampoco lo fue el «divorcio exprés». «La sociedad debe educar en un ejercicio responsable de la sexualidad y dar alternativas a las mujeres embarazadas, que muchas veces no quieren ir a un aborto muy traumático para ellas. Por eso cada aborto es un fracaso de la sociedad», dijo.
«Verborrea de izquierdas»
Por su parte, el líder de Converg_ncia Democràtica de Catalunya (CDC), Artur Mas, criticó al presidente del Gobierno por utilizar cuestiones como el aborto o la eutanasia «de forma chapucera» para dividir a la sociedad. Mas considera que la falta de proyecto de los socialistas se ha traducido en «una verborrea de izquierdas» en la que «se habla de todo menos de economía». El dirigente nacionalista reprochó a los socialistas que en su congreso se haya «jugando con cosas que afectan a la conciencia personal o individual únicamente para mantener el clásico enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Seguro que hay cosas más prioritarias. Buscan la rentabilidad partidista y no la rentabilidad de país».
Según Mas, el PSOE «es el partido con más poder y que menos ideas tiene». El secretario general de CDC avanzó que en el congreso que su partido celebrará el próximo fin de semana se abordará, aunque no de forma prioritaria, el debate sobre el aborto, pero desde la óptica de que «ya existe una ley que regula esa materia». En este sentido, denunció que actualmente se están cometiendo muchas ilegalidades y «algunos lugares de España se han convertido en el paraíso del aborto. Se trata de una cuestión muy sensible que va más allá de las izquierdas y las derechas». El líder convergente advirtió de que «el problema de inconsistencia» del proyecto socialista dificulta el entendimiento entre ambas formaciones, lo cual complica acuerdos parlamentarios, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado.
Beatriz Mariscal, psicóloga y presidenta de AVA (Asociación de Víctimas del Aborto), señaló que «el gobierno quiere cambiar la Ley actual del aborto porque por fin hay numerosas mujeres que se han atrevido a hablar y a denunciar su síndrome postaborto. Creemos que los psiquiatras que firman los certificados que justifican el aborto por la salud psíquica (el 99 por ciento de los que se realizan), están haciendo malabarismos conceptuales para meter el caso en el supuesto. Además, es insostenible el supuesto de aborto por tener un hijo diferente o discapacitado», añadió.
La experiencia de otros países
«Por eso -agregó-, van a abrir más aún el aborto con una ley de plazos, de forma que se presione y manipule más fácilmente a la mujer. El Convenio de la ONU, que obliga a quitar leyes discriminatorias, está ya vigente desde el 3 de mayo de 2008, y España es uno de los Estados firmantes». «Con una ley de plazos -señaló- se abortará muchísimo más, puesto que no habrá ningún control que descarte que la mujer no esté siendo coaccionada o violentada a abortar. En todos los países donde se ha puesto una ley de plazos, el aborto ha sido cada vez más numeroso y el síndrome postaborto cada vez más prevalente en esa sociedad. Por tanto, el drama sería mucho peor».
Y es que, como señala Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, «da la impresión de que a los socialistas les parecen que son pocos los más de 100.000 abortos anuales actuales. Por eso quiere hacer una ley que haga que ir a abortar sea como ir al callista».
Para Arsuaga, al PSOE «poco le importa que con la nueva ley que prepara vaya a «contradecir a la Constitución Española, porque ya lo ha hecho más veces, como con los estatutos de autonomía». Destaca que tiene tres objetivos: «Transmitir una supuesta imagen progresista; acorralar al PP, al que ahora no le interesa llevar a la arena política la defensa de la vida, y, por último, contentar a sus amigos, los multimillonarios empresarios dueños de las clínicas abortistas». Igualmente, avisa de que los grupos pro vida «nos vamos a movilizar. No vamos a quedarnos callados en la defensa de los no nacidos, cuyo derecho a la vida ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional».
En esta línea, el presidente internacional de Médicos Católicos, Josep María Simón, denunció la doble moral del Gobierno: «Por una parte se dice que ninguna mujer aborta por gusto o que el aborto es muy traumático para la mujer; por otro lado, se las deja sin asistencia, tanto a las que abortan (síndrome del postaborto) como a las que tienen el niño (mínimas ayudas públicas)».
Asimismo, Simón tildó de «grotesco» exigir a los jueces de los casos judiciales en curso que no permitan que se conozca el nombre de las mujeres que han abortado y ocultar que se han encontrado muchas veces papeles con el nombre de esas mujeres en las basuras de las clínicas abortistas, como pretende De la Vega.
Juan Sánchez Galera, portavoz de la Plataforma la Vida Importa, insistió en que «hace falta un partido político que defienda el derecho a la vida como principal derecho humano, porque si no, el PSOE seguirá haciendo lo que le dé la gana y cambiará la ley del aborto».