La
Justicia niega al Congreso datos de los casos de corrupción del PP
La Audiencia Nacional sostiene que entregar
informes policiales de la caja b afecta a la presunción de inocencia de los
acusados
Mariano
Rajoy, Rafael Catalá y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el 21
de noviembre.ÁNGEL DÍAZ EFE
La Audiencia
Nacional ha negado al Congreso de los Diputados documentos de varios
sumarios de corrupción que afectan al PP, entre ellos el del caso
Bárcenassobre la
caja b del partido. Estos informes fueron reclamados al tribunal por la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP que se celebra en la Cámara baja
desde mayo. Apenas hay precedentes en 40 años de democracia de que la Justicia
se niegue a facilitar datos a una comisión parlamentaria.
La Sección Segunda de lo Penal de la
Audiencia Nacional rechazó el 22 de noviembre, por cuatro votos a favor y uno
en contra, la petición del Congreso de que remitiera diversos documentos de
sumarios de corrupción que afectan al PP. Estos datos fueron solicitados, a
través de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, por el presidente de la
comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, Pedro
Quevedo, diputado de Nueva Canarias.
El tribunal, con el voto discrepante del
magistrado José Ricardo de Prada, denegó el traslado de los diferentes informes policiales y de Hacienda solicitados por el Congreso y solo
accedió a facilitar a la Cámara resoluciones judiciales —autos y providencias—
sobre estos asuntos de alta sensibilidad política. El sector mayoritario de la
Sección Segunda considera que la cesión de estos documentos afecta a la
“presunción de inocencia” de los acusados. Esta, sostiene, “podría verse
comprometida” por la “investigación paralela” del Parlamento.
Entre la documentación judicial reclamada
por la comisión de investigación destacan dos informes de la UDEF sobre los
llamados papeles de Bárcenas. Uno es el número 39.199/13 y en él se
detallaban las correlaciones existentes entre los apuntes contables del
extesorero del PP y la contabilidad que el partido aportó al Tribunal de
Cuentas, incluidos el ingreso de donativos anónimos en la cuenta que la formación
tenía para tal fin y que supuestamente se utilizaron para blanquear las
entregas irregulares de dinero por parte de empresarios.
El segundo informe es el número 32.823/14, en el que se analizaba la documentación intervenida tanto en la sede del partido como en las oficinas de Unifica Servicios Integrales SL, el estudio de arquitectura que se encargó de las obras de remodelación del edificio de la calle Génova. En él se destacaban las numerosas irregularidades en la facturación de las obras realizadas en cuatro de las plantas del inmueble y concluía que parte de esos trabajos fueron presuntamente abonados con dinero negro.
Además, el tribunal recuerda que la
investigación del caso Bárcenas, que el juez Pablo Ruz dio por concluida en marzo de 2015, fue reabierta el pasado 28 de febrero por
su sucesor, José de la Mata. Según el grupo mayoritario, la entrega de los
informes podría afectar a la instrucción de esta causa. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional informó a favor de que no se remitieran los documentos al
Congreso.
Voto
discrepante
El magistrado discrepante, José Ricardo de
Prada, emitió un voto particular en el que recuerda que el objeto de las comisiones
de investigación parlamentarias “no es en ningún caso determinar
responsabilidades penales sino políticas sobre asuntos de interés general para
la ciudadanía” y que las conclusiones que alcancen los partidos “dejan
perfectamente incólume el derecho a la presunción de inocencia” y no vinculan a
los tribunales de justicia. Este juez, enmarcado en el sector progresista de la
Audiencia, argumenta, además, que la investigación del Congreso “no se refiere
a personas, sino que es relativa a un partido político”, el PP, que “no ostenta
la condición de acusado” en el caso
Bárcenas.
Las comisiones de investigación
parlamentarias están amparadas por los artículos 76 y 109 de la Constitución y
reguladas en los reglamentos del Congreso y el Senado. Según fuentes parlamentarias,
desde que en 1978 se aprobó la Constitución, la Justicia ha venido facilitando
al legislativo sin mayores limitaciones los documentos que este ha pedido para
las comisiones de investigación política. Así sucedió, por ejemplo, en la
comisión sobre los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, que se celebró
entre mayo de ese año y marzo de 2005, dos años antes de que se celebrara el
juicio en la Audiencia Nacional. También se accedió a entregar documentos
sumariales en la comisión sobre Gescartera, del año 2001. Una década antes, la
Audiencia Nacional remitió también al Congreso información sobre el caso
Renfe-Equidesa.
En tiempos recientes, el Juzgado de
Instrucción 2 de Madrid rechazó enviar al Congreso datos sobre el joven
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño
Nicolás, para la
comisión de investigación sobre la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del
Ministerio del Interior, celebrada entre marzo y junio de este mismo año. En
ese caso, se trataba de información sobre la que aun pesaba el secreto de
sumario, según fuentes parlamentarias. Para esa misma comisión de
investigación, el Tribunal Supremo sí que remitió documentos al Congreso.
El proceso independentista catalán y los
procesos electorales de 2016 han situado en un relativo segundo plano los
escándalos de corrupción que azotan al PP desde que estalló el caso
Gürtel en
febrero de 2009.Sin embargo estos siguen vivos en los juzgados. La decisión de
la Sección Segunda de la Audiencia de no dar la información al Congreso se tomó
dos días después de que este tribunal cambiara las normas de reparto de asuntos
y dejara fuera del juicio de la caja b al magistrado Julio de Diego, cuyo voto
el pasado abril fue decisivo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
tuviera que declarar como testigo en el caso
Gürtel.
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