El Supremo, dispuesto a asumir el control de la
causa contra el ‘procés’
En el Tribunal
Supremo no ha gustado el encarcelamiento de ocho miembros del Govern y las
fuentes consultadas no descartan que esta decisión se revierta antes del 21-D
Madrid 8
NOV 2017 - 08:48 BRST
Salida
del Tribunal Supremo de Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña. SAMUEL
SÁNCHEZ
El Tribunal Supremo se
prepara para asumir todas las causas judiciales abiertas contra exmiembros del
Govern y de la Mesa del Parlament por el proceso independentista. La Sala de lo
Penal ha dejado la decisión en manos de Pablo Llarena, el magistrado que
instruye la causa del alto tribunal, pero las fuentes consultadas consideran
que “lo más probable y lógico” es que se centralicen las investigaciones. La
decisión se basará en que el delito de rebelión es colectivo (se comete en
grupo) y no se pueden separar los hechos cometidos por un investigado de los
cometidos por otro. En el Supremo no ha gustado el encarcelamiento de ocho
miembros del Govern y las fuentes consultadas no descartan que esta decisión se
revierta antes del 21-D.
El Tribunal Supremo es poco proclive a asumir la investigación completa de las causas en las que
hay implicados aforados y no aforados. Lo habitual es que se quede solo con la
instrucción correspondiente a los investigados que mantienen el fuero y
devuelva el resto a los jueces de las instancias inferiores, ya sea un juzgado
de instrucción o un tribunal superior autonómico. Pero las fuentes consultadas
sostienen que, en el caso de los procedimientos abiertos por el proceso
independentista, se dan varias circunstancias que aconsejan centralizar las
causas. El Supremo asumiría así las investigaciones abiertas tanto en la Audiencia
Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La primera de estas razones parte de las características propias del
delito de rebelión (472 del Codigo Penal), que siempre es de ejecución
colectiva: un grupo de personas que se alzan para conseguir un fin, en este
caso la independencia. Esto, según las fuentes consultadas, impide investigar
los hechos cometidos por los imputados aforados (en este caso, la expresidenta
del Parlament, Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa) de forma aislada
del resto.
La puerta para asumir todas las causas la abrió la Sala de lo Penal del
alto tribunal en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la
Fiscalía contra los aforados. Los cinco magistrados que firmaron esa resolución
dejaron en manos del instructor, Pablo Llarena, la decisión de centralizar o no
la investigación, pero en su escrito dejaron claro de qué dependerá: que los
hechos que se investigan en las otras causas sean "inescindibles respecto
de los inicialmente atribuidos" a los investigados en el Supremo. Y si el
delito de rebelión es colectivo, la causa, avanzan fuentes del tribunal, no se
debe dividir. Este razonamiento serviría para que el alto tribunal asumiera la
investigación por rebelión que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen
Lamela contra Carles Puigdemont y su Govern cesado, así como las abiertas
contra los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el exjefe
de los Mossos Josep Lluís Trapero.
Con la centralización de las investigaciones, el Supremo quiere evitar
que se valoren con criterios dispares unos mismos hechos. Ya ha habido
discrepancias entre las decisiones de la juez Lamela y las suyas (como la
suspensión de los interrogatorios de los aforados) y en el Supremo pretenden
evitar que se repita.
En el alto tribunal no ha gustado el encarcelamiento de todos los
miembros cesados del Govern que han declarado en la Audiencia Nacional. Ya
antes de que la juez dictara el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los exconsejeros,
en el Supremo asumían que esa posibilidad, de la que no eran partidarios, daría
una baza al independentismo a mes y medio de las elecciones. Las fuentes
consultadas del tribunal consideran que la justicia debe mantener su
independencia, pero no puede abstraerse del "delicado" momento
político que vive el país.
"El criterio
del juez"
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, preguntado ayer sobre la
decisión de Lamela en una entrevista en Onda Cero, sostuvo que había argumentos
para mandar a prisión a los investigados. Pero también advirtió de que en las
resoluciones judiciales siempre hay "un margen para la apreciación"
del juez. En este margen puede moverse el alto tribunal para evitar encarcelar
mañana a los miembros de la Mesa del Parlament sin que parezca que está
desautorizando a la instructora de la Audiencia. "Las querellas son distintas
y las responsabilidades también podrían serlo. Y el criterio del juez también
podría ser distinto", afirmó Lesmes.
En el Supremo tampoco pierden de vista que la mayoría de los
encarcelados podría formar parte de las listas electorales independentistas para el 21 de
diciembre y, si obtienen el escaño, se convertirían en aforados y dependerían
del alto tribunal aunque este no hubiera asumido la causa. Los exmiembros del
Govern en prisión pidieron ya en la Audiencia que se les deje libres para poder hacer campaña electoral en igualdad de
condiciones. Si la Audiencia mantiene presos a los investigados o no resuelve
antes de que el Supremo asuma la causa, será el alto tribunal el que tendría
que decidir si la campaña se desarrolla con varios candidatos entre rejas. En
el órgano que preside Lesmes se inclinan por evitar esta situación.
La fiscalía ha retomado la ofensiva judicial contra cargos municipales a
propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público
investiga el papel de ediles que, presuntamente, pusieron trabas a sus órdenes
de requisar material sobre la consulta. El tercer teniente de alcalde de
Badalona, Josep Téllez, declarará el jueves por desobediencia, mientras que un
día antes ha sido citado, también como investigado, el jefe de la policía local
de Argentona, Pere Anglada. Téllez —que anunció ayer su intención de no
declarar— devolvió a los activistas de Òmnium Cultural 45 carteles de
propaganda que, minutos antes, habían sido requisados por la policía local.
Anglada, por su parte, declara por una nota interna del alcalde de la CUP,
Eudald Calvo, en la que ordenaba a los policías que, en lugar de retirar
carteles, atendieran “asuntos más importantes”.
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