Expertos
juristas plantean una reforma federal de la Constitución
Los catedráticos proponen fijar las competencias
estatales y reorganizar el Senado con el modelo alemán o austriaco
Ampliar fotoPresentación del documento "Ideas para
una reforma de la Constitución" este lunes. JULIAN ROJAS EL PAÍS
Una decena de catedráticos de Derecho
Constitucional y Administrativo, coordinados
por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de
1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del
federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por
iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de
Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las
Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la
Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco.
La crisis independentista catalana se
convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de
materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo
territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado,
catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante
cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas
para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las
“técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.
El documento niega que la reforma “pueda
hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y
rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan
ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto
incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia,
defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una
nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para
esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo
del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.
El “voluntariado cívico” de este grupo de
juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho
Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la
“situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán. Según su diagnóstico, la “parálisis o
incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el
propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del
actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de
Cataluña.
Cinco de los firmantes —Eliseo Aja,
Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos—
pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en
Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla
(Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid
(Javier García Roca).
Estos juristas defienden la necesidad de
abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda
incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la
norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la
prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca
la garantía de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran
“urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir
un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.
Aunque los juristas no quieren “dar
excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en
la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble
condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y,
al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. “Sería
conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de
los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la
Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados
por el Parlamento autonómico.
Competencias blindadas
El escrito defiende remodelar por entero el
régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, cuyo carácter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal
Constitucional en el árbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que
la Constitución fije claramente las competencias del Estado y deje las
autonómicas a lo que establezca cada Estatuto.
La parte troncal del documento se centra en
la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas
participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del
Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat
alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco,
donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara
alta.
Los académicos defienden que la
Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas
deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según
las capacidades de ingreso de las regiones
Los firmantes reclaman a los partidos que
emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en
2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de
artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.
Este diálogo, defienden, debe producirse en
el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo
marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en
el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de
la propia Constitución. Los redactores del documento rechazan la idea de que
una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su
día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350
diputados. Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la
Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las
únicas mayorías vinculantes”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario