La
juez Lamela facilita la posible excarcelación de los ‘exconsellers’
El Supremo no es partidario de que la campaña se
afronte con los líderes del procés en la cárcel
EL PAIS - Madrid 22
NOV 2017 - 20:21 BRST
Ampliar fotoLos exconsejeros de la Generalitat llegan a
la Audiencia Nacional el 2 de noviembre. LUIS SEVILLANO
La juez
de la Audiencia Nacional Carmen Lamela defendió este miércoles en un informe
que la investigación por delitos de rebelión, sedición y malversación contra
los líderes independentistas catalanes, actualmente dividida entre la Audiencia
y el Supremo, se realice “de forma conjunta y en un único procedimiento”, que
necesariamente se llevaría en el alto tribunal. Este informe allana el camino
para que el juez del Supremo Pablo Llarena asuma toda la causa, y facilita la
excarcelación, previsiblente antes de las elecciones catalanas del 21 de
diciembre, de los exconsellers de la Generalitat en prisión provisional.
La juez Lamela envió al magistrado del
Supremo Pablo Llarena el informe que este le solicitó el pasado 14 de noviembre, previo a decidir sobre la posible
acumulación en el alto tribunal de las causas judiciales por rebelión, sedición
y malversación, entre otros delitos, contra los líderes del proceso
secesionista que culminó el pasado 27 de octubre con la declaración de independencia en el Parlament.
La magistrada es tajante a favor de la
unión de la investigación conjunta de las causas: “La actuación de los
investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la
organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para
culminar un propósito común”. Según la magistrada, “cualquier escisión de la
causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos”.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de
la Audiencia Nacional investiga la querella por rebelión, sedición y
malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Generalitat Carles
Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 12 exconsejeros del
Ejecutivo autonómico por sus actuaciones para lograr la secesión de la
comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente
dinamitando la Constitución y las leyes. Esta investigación incluye también
la denuncia por sedición contra los expresidentes las entidades
soberanistas Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart.
Al mismo tiempo, en el Tribunal Supremo, el
juez Llarena sigue una causa por los mismos hechos contra la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell y otros cinco miembros y exmiembros de la Mesa la
Cámara autonómica, casi todos ellos aforados. Ambas investigaciones derivan de
sendas querellas presentadas el 31 de octubre por el fallecido fiscal general
del Estado, José Manuel Maza.
La magistrada Lamela envió el pasado 2 de
noviembre envió a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a
otros siete exconsellers tras tomarles declaración y, al día siguiente, dictó orden de busca
y captura internacional contra Puigdemont y otros cuatro miembros de su antiguo
gabinete huidos a Bélgica.
La posición favorable de Lamela a acumular
los dos procedimientos facilita el camino a Llarena para asumir toda la causa.
El Supremo es partidario de que haya una sola causa judicial para la cúpula del
procés y de que esta se instruya en el alto tribunal. Y, pese a que la opinión
de la juez de la Audiencia no es vinculante para Llarena —este ni siquiera
había solicitado a la magistrada su parecer sobre la unificación de las
causas—, que la magistrada apoye la unificación evita que se traslade a la
opinión pública y a los propios implicados en la causa la existencia de
discrepancias entre los tribunales. La necesidad de que no vuelvan a repetirse resoluciones
contradictorias entre la Audiencia y el Supremo como las que se produjeron en
las primeras semanas de investigación es una de las razones que se valoran en
el alto tribunal para apostar por la unificación del proceso.
Al Supremo le preocupaba también que sus
decisiones, entre ellas la posibilidad de asumir toda la causa, no se
interpretaran como una desautorización a Lamela, y la postura de la juez de la
Audiencia favorable a la unificación evita esta posibilidad. No obstante, el
dictamen de Lamela contrasta con la posición expresada, también a petición de
Llarena, por la Fiscalía. El ministerio público se opuso a la acumulación de todas las causas en el Supremo al
entender que ambas causas “tienen sustantividad propia y (…) aunque
entrelazadas, presentan características propias y son susceptibles de análisis
independiente o separado”.
Varios de los exconsellers encarcelados,
entre ellos el exvicepresidente Junqueras, han pedido en la Audiencia que les excarcelen para hacer campaña
electoral. Las fuentes consultadas señalan que si, como es previsible, el Supremo
asume la causa en los próximos días, Llarena puede citarles a declarar y abrir
la puerta a un cambio en las medidas cautelares. La campaña para el 21-D
empieza el 5 de diciembre y se entiende que hay tiempo suficiente para que
revisar la situación antes de esa fecha. El Supremo no es partidario de que la
campaña se afronte con los líderes del procés (muchos de ellos candidatos
electorales) en la cárcel, pero las fuentes consultadas advierten de que las
situaciones de los exconsellers no son del todo equiparables a las de los
miembros de la Mesa (a los que Llarena dejó en libertad provisional) y que el
instructor tendrá que valorar cada caso.
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