La juez encarcela al núcleo duro secesionista que
no huyó a Bélgica
Santi Vila podrá
salir de prisión si deposita una fianza de 50.000 euros
EL
PAIS - Madrid 3
NOV 2017 - 06:01 BRST
Varios
exconsellers llegan a la Audiencia Nacional. ÁLVARO
GARCÍA | ATLAS
El Estado dio este jueves la respuesta más dura al proceso independentistacatalán.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión incondicional al
exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers del Ejecutivo autonómico por delitos
de rebelión, sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso que
culminó el pasado 27 de septiembre con la declaración de independencia. La
Fiscalía reclamó a la magistrada que emita una orden europea de detención contra el expresident Carles
Puigdemont y los cuatro exmiembros del Govern que han escapado
a Bélgica para ponerse a salvo de la Justicia. Interior envió a los hombres a
la cárcel de Estremera y a las mujeres a Alcalá-Meco.
La juez Lamela, a petición de la Fiscalía, solo hizo una excepción a las
órdenes de prisión incondicional contra todos los miembros del Govern
destituidos el pasado viernes en aplicación del artículo 155 de la
Constitución: el exconsejero de Empresa Santi Vila, encuadrado en el sector moderado
del PDeCAT y que dimitió la víspera de la declaración de independencia, saldrá,
previsiblemente hoy, de la cárcel, en cuanto deposite la fianza de 50.000 euros
que le impuso la magistrada.
La decisión de enviar a prisión provisional a los exconsejeros se
fundamenta en los tres supuestos que contempla la ley. El riesgo de fuga lo
basa en el hecho de que “algunos querellados ya se han desplazado a otros
países” para eludir “posibles responsabilidades penales”. Desde el lunes,
Puigdemont está en Bélgica, donde ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad
de la justicia española. El temor a una huida de los investigados también la
fundamenta tanto en la elevada pena que conllevan los delitos de rebelión (hasta 25 años de prisión en este caso),
sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años), como en su elevado
“poder adquisitivo”. Esa capacidad les permitiría “abandonar fácilmente el
territorio español y subsistir en el extranjero”.
La juez también cree que podrían destruir pruebas —porque “han ostentado
hasta hace solo unos días” cargos públicos— y volver a delinquir, tal como lo
han hecho, de forma “planificada y consciente”, durante los últimos dos años.
El primero en llegar ayer a la Audiencia fue el exvicepresidente Oriol
Junqueras. A continuación, llegaron los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores),
Dolors Bassa (Trabajo), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia),
Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn
(Interior). Fueron recibidos con aplausos y ovaciones por un grupo de cargos
del Govern y parlamentarios del PDeCAT y ERC. El último en comparecer fue Vila,
que recibió el silencio de los suyos y los insultos de un pequeño grupo de
nacionalistas españoles.
A diferencia del resto de consejeros, la juez ha fijado prisión eludible
con fianza para el exconsejero de Empresa Santi Vila. El auto le atribuye los
mismos hechos supuestamente delictivos que al resto. En Vila, sin embargo, no
concurre uno de los tres motivos que justifican la prisión provisional: el
riesgo de reiteración delictiva. La juez recuerda que el exconsejero “desistió
voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista” el pasado 26 de
octubre, “un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament”. Esa
renuncia, que fue criticada por los soberanistas, “pone de manifiesto su
voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.
“En atención a las especiales circunstancias” que se dan en el caso de
Vila, la juez decide enviarle a prisión eludible si paga una fianza de 50.000
euros en metálico. Vila, de todos modos, pasará la primera noche en prisión.
Según fuentes de la defensa, desembolsará el dinero este viernes. En caso de
que lo haga, la juez recuerda que le impondrá diversas medidas cautelares: le
prohibirá salir del territorio español, le obligará a entregar el pasaporte y a
presentarse, cada quince días, en el juzgado más próximo a su domicilio.
En su auto, la magistrada asume las tesis, e incluso los términos, de la
querella presentada el lunes por el fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, contra el expresidentPuigdemont
y sus 13 consejeros. La juez considera que los políticos, en una estrategia
coordinada con ANC y Òmnium —las entidades encargadas de las grandes
movilizaciones independentistas— “se valieron de la población” y “alentaron
actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la
autoridad legítima del Estado”.
Todos los exmiembros del Govern se acogieron a su derecho a contestar
solo a sus abogados, e insistieron en que “no están de acuerdo con la
violencia” y “no han propugnado actos violentos”. Santi Vila, asesorado
por el penalista Pau Molins —uno de los abogados que
lograron la absolución de la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos—, sí respondió a las preguntas del fiscal y
la juez.
La magistrada señala en su auto de prisión dos documentos
fundamentales. El primero es el plan EnfoCATs, intervenido el 20 de septiembre en el
Departamento de Economía, dirigido por Junqueras. Este documento contiene la
“hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña” y el papel que
debería desempeñar cada uno de los actores del procés,
que se inició el 9 de noviembre de 2015 con la resolución soberanista del Parlament suspendida y
anulada por el Tribunal Constitucional. “Este documento (...) se corresponde
perfectamente con los pasos ejecutados por la Generalitat durante los más de
dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia
(DUI)”, del 27 de octubre.
Lamela describe el reparto de tareas entre las instituciones catalanas
—Parlament y Govern— y las entidades soberanistas ANC y Òmnium, presididas
por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados en Soto del Real desde
el 16 de octubre. Según el relato de la juez, los trabajos
parlamentarios “se orientaban a dar una apariencia de legalidad a las distintas
etapas del proceso de desconexión”. La actuación de los movimientos populares,
auspiciada por los políticos, “iba encaminada”, sostiene Lamela, “a crear en la
ciudadanía un sentimiento de rechazo” hacia el Estado para justificar una
posterior desobediencia civil.
En este punto entronca el segundo documento citado por la juez: un plan
de la ANC elaborado en abril de 2015 en el que se habla de promover
“movilizaciones masivas, pacíficas, puntuales, ágiles y, cuando sea necesario,
espectaculares” para impulsar la hipotética república catalana independiente.
La juez desconfía absolutamente del carácter pacífico de esas movilizaciones.
Espionaje de Mossos
La resolución repasa los hitos del procés y cita
la carta que, el 6 de septiembre —después de que el Parlament convocara el
referéndum— Puigdemont envió a los alcaldes para que cedieran locales para
votar. Dos días después, en un acto, el expresident “hizo
un llamamiento al enfrentamiento”, interpreta la juez, cuando animó a los
ciudadanos a “mirar a los ojos” a los alcaldes y preguntarles si les
permitirían votar.
El auto recuerda las detenciones del 20 de septiembre y el posterior
acoso a la comitiva judicial. Y el referéndum del 1 de octubre, donde
“numerosas personas ofrecieron resistencia” para impedir el acceso de la
policía a los colegios electorales. La juez atribuye a los consejeros, además,
haber “alentado” las “acciones de rechazo” contra los agentes desplegados en
Cataluña. Las palabras más duras se las llevan los Mossos. “En la mayoría de
los casos, su actitud fue pasiva”. Incluso “evitaron intervenir en los casos en
los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos”. Los Mossos, lamenta,
“llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional” para
alertar a los ciudadanos de su presencia en los colegios electorales.
En el auto por el que envía a prisión incondicional a Oriol Junqueras y
otros siete exconsellers, la juez Carmen Lamela detalla que no acordó la
suspensión de las declaraciones, como sí ha hecho el Supremo con
los miembros de la Mesa del Parlament, porque los escritos que
presentaron todos ellos en la Audiencia Nacional esta misma mañana no llegaron
a sus manos hasta que había finalizado la toma de declaraciones. Además, Lamela
recuerda que tampoco ninguno de ellos lo ha hecho verbalmente al inicio de
la diligencia y que simplemente se limitaron a manifestar que únicamente iban a
contestar a las preguntas que les formularan los abogados de su defensa porque
no habían tenido “el tiempo suficiente para examinar la querella y preparar su
defensa”.
La juez detalla que la única petición verbal de suspensión de la
declaración la hizo el defensor de Jordi Turull, pero que únicamente alegó que
el abogado de otro de los investigados no se encontraba presente en ese momento
porque asistía a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, en el cercano
Tribunal Supremo. Lamela señala que también desestimó esa petición porque el
letrado ausente, que era el único que podía alegar dicha circunstancia, no hizo
la petición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario