El Parlamento Europeo veta la entrada de Puigdemont
Tras el veto total de la Comisión Europea, el Consejo y los Gobiernos de prácticamente toda la UE, el Parlamento Europeo decidió ayer dar portazo a Carles Puigdemont. El último gran escaparate para la internacionalización del procés en Bruselas se le ha complicado y mucho al ex president tras las medidas cautelares impuestas el domingo por la Justicia belga. Si él o sus conselleres quieren acceder a las instalaciones comunitarias tendrán que conseguir un permiso por escrito y expreso de los tribunales.
La presencia del presidente cesado y sus colaboradores está siendo un quebradero de cabeza para las autoridades. Las europeas y las belgas, que la semana pasada ya denegaron el uso de una sala de un edificio de propiedad federal para la rueda de prensa de Puigdemont. Con cada vez más opciones descartadas, la Eurocámaraparecía la mejor y casi única opción restante para hacer de la crisis catalana la cuestión europea que la Generalitat siempre ha deseado. Pero el equipo del presidente Antonio Tajani y los servicios jurídicos, tras las consultas de algunos eurodiputados, ha optado por impedir la entrada de los cinco reclamados por la Justicia española si no tienen un documento explícito.
"El Parlamento Europeo no puede prohibir la entrada de Puigdemont, pero entendemos que éste necesita la autorización expresa del juez para hacerlo", explican fuentes de la cámara a EL MUNDO. La situación es inédita. El magistrado de instrucción impuso el domingo medidas cautelares a Puigdemont y sus ex consejeros. Y en los detalles de las mismas hay elementos clave para la decisión de la institución. No pueden abandonar Bélgica, deben tener una residencia fija y comparecer inmediatamente cuando les sea requerido por las autoridades judiciales y policiales. Y eso, creen en el Parlamento Europeo, supone un problema importante.
"Necesita autorización expresa porque en aplicación del protocolo sobre privilegios e inmunidades de las instituciones europeas, el Parlamento es inviolable. Es decir, la Policía no puede acceder libremente para, por ejemplo, detener a alguien o llevarlo ante un juez a requerimiento del mismo", explican esas mismas fuentes.
"Para hacerlo necesitarían la autorización escrita del presidente Tajani, etc. Así que si el juez ha prohibido a Puigdemont salir de Bélgica para estar permanentemente a disposición de la Justicia belga es el juez quien ha de autorizarle o no él acceder a un edificio en el que esa situación se modifica", explican a este diario. Resumido: si es invitado por algún diputado y se presenta en la entrada, le será denegado el paso si no cuenta con ese papel oficial.
Un edificio del Parlamento no es como una embajada, pero el equipo de Tajani, el líder comunitario más duro y crítico con Puigdemont y defensor de la necesidad de respetar "el orden constitucional", se cura en salud. Una decisión que va a provocar airadas protestas no sólo entre los disputados independentistas catalanes y sus colegas separatistas de toda la UE, sino entre las fuerzas de la izquierda. Ya ocurrió en otras ocasiones, como por ejemplo cuando en abril Tajani vetó "por motivos de seguridad". el acceso al ministro sirio de Exteriores, Ayman Soussan, que había sido invitado por Javier Couso, de IU.
Ayer mismo, Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCat, quiso reservar una sala para un acto a celebrar hoy martes. Pero la presión de su grupo, Alde, del que también forma parte Ciudadanos, le llevó a anularla. "La Unión Europea tiene entre sus textos fundacionales el respeto a la integridad territorial y el orden constitucional de cada estado; no era admisible que un diputado instrumentalizara la sede de esta institución para un acto que va contra la esencia de la Unión", aseguró ayer el naranjaJavier Nart.
Los letrados de Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig tienen así un nuevo elemento con el que trabajar. Ayer se supo que el viernes 17, a las 14.00, la Chambre du Conseilcelebrará a puerta cerrada la vista sobre la orden de entrega emitida por la justicia española. Tras el primer acto (la salida del país) y la detención y puesta en libertad condicionada del domingo, el arduo proceso legal lleva inevitablemente a que la Chambre se pronuncie "antes de 15 días". La vista será la semana que viene, pero la decisión sobre la extradición no tiene por qué adoptarse inmediatamente. Y pase lo que pase puede ser recurrida hasta dos veces. Estarán los reclamados, su defensa y la Fiscalía belga haciendo de acusación en nombre de la Audiencia Nacional.
La decisión del magistrado no impuso ningún tipo de restricciones para hablar con los medios de comunicación o para seguir con su actividad política, por lo que Puigdemont podrá protagonizar, desde más de 1.000 km de distancia, una de las campañas electorales más extrañas de la historia europea. Todo indica que aunque la campaña formal empezará en unas semanas, el primer acto oficioso tendrá lugar hoy mismo. Más de 200 alcaldes de toda Cataluña se reunirán hoy en la capital comunitaria para "internacionalizar la persecución del Estado que padecen los representantes políticos catalanes", según la convocatoria impulsada desde la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM). El entorno de Puigdemont no ha confirmado que él y sus colaboradores vayan a participar o a intervenir, pero los convocantes lo dan por hecho.
La delegación tiene previsto hacerse una foto y organizar una concentración frente a la sede de la Comisión Europea a las 13.00 y un acto más formal, cuatro horas después, en el Bozar, un centro cultural de referencia, curiosamente el mismo que escogió la Embajada Española para la celebración de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre.
La campaña de internalización está teniendo por ahora dos grandes efectos. Por un lado, y como se ha visto, las instituciones son cada vez más claras y duras. Ayer, de nuevo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, volvió a mojarse. "No veo que las autoridades españolas estén violando el Estado de derecho. Creo más bien que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley", dijo una vez más en declaraciones a Europa Press y EFE al ser preguntado por la entrada en prisión de Junqueras y siete ex consellers. Esa misma mañana, su equipo había ironizado al ser preguntado por las posibles dudas de cara a la extradición afirmando: "la última vez que lo miramos, Bélgica y España eran ambas democracias".
El segundo efecto es el recrudecimiento de la crisis política en Bélgica. Los cuchillos vuelan fuera y dentro del propio Gobierno. Tras la salida de tono del ministro del Interior flamenco en la prevista, el titular de Exteriores, Didier Reynders, salió al paso el lunes: "Hay que dejar hacer a la Justicia y dejar de pensar que vamos a tener una influencia real en lo que pasa en España. Existe una exaltación en Bélgica en torno al caso que supera los límites de lo razonable. He visto a muchas personas inmiscuirse en el dossier cuando no tienen nada que decir", afirmó en una entrevista. Al Gobierno de Charles Michel no le gusto en absoluto la decisión de Puigdemont de venir a Bruselas y le preocupa mucho que pueda hacer campaña y los efectos de ésta a medio y largo plazo. El propio primer ministro, muy a su pesar, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento el miércoles en una sesión de control en la Comisión de Interior. La primera vez en persona desde la llegada de Puigdemont y su equipo a Bélgica el lunes de la semana pasada.
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