Zapatero asume la mano dura de la UE y ya estudia pactar el contrato de integración

ABC - 6 de junio de 2.008

Zapatero asume la mano dura de la UE y ya estudia pactar el contrato de integración

LAURA VILLENA, SERVICIO ESPECIAL. LUXEMBURGO.
La Unión Europea (UE) va dando los pasos hacia la ansiada política común de inmigración que España viene pidiendo desde 2005. Ayer se aprobó en Luxemburgo la llamada «directiva de retorno» que establece las condiciones en las que los países de la UE deben retener y repatriar a los inmigrantes ilegales. Un texto, cuya adopción fue celebrada por el Gobierno español, que, sin embargo, guardaba celosamente los detalles sobre las negociaciones que mantiene con París en torno al polémico «contrato de inmigración». Una iniciativa que le ha distanciado de Nicolas Sarkozy y que en España ya ha sido adoptado por la Comunidad Valenciana, en medio de fuertes críticas del Ejecutivo central.
Ante el riesgo de perder el liderazgo que siempre ha tenido en materia de inmigración en el seno de la UE, y para evitar el aislamiento por su negativa a aceptar la propuesta del presidente francés, el Gobierno español ha empezado a moderar su discurso —en realidad, a sumarse al de lo más duros—, aunque lo haga con discreción. Esta nueva dureza poco a nada tiene que ver con los no tan lejanos tiempos de la regularizaciones masivas.
Reunión con Moratinos
Fue el ministro francés de inmigración, Brice Hortefeux, quien anunció ayer en Luxemburgo que tiene previsto viajar el próximo jueves a Madrid para empezar a consensuar el pacto de inmigración con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, con el que cree que será posible resolver las diferencias actuales, «sin mayor dificultad».
El ministro francés aseguró que será posible limar las discrepancias que actualmente alejan a Rodríguez Zapatero y a Sarkozy por el célebre «contrato de inmigración», que obligaría a los inmigrantes a aprender el idioma del país de acogida y adoptar sus valores. Esta iniciativa ya fue rechazada por Zapatero cuando fue lanzada por Rajoy durante la campaña electoral, y ha sido considerada desde el principio por el Gobierno español como un «obstáculo para el mercado del trabajo» y una «irresponsabilidad fundamental».
«Política justa y humana»
Hortefeux restó importancia al «contrato» y destacó que ese es sólo uno de los puntos que incluye el pacto europeo de inmigración, que Sarkozy pretende adoptar durante la presidencia francesa de la UE que comienza el próximo mes de julio. «Hay una expectativa unánime de una política justa, humana y equilibrada respecto a los flujos migratorios y este contrato es un pequeño detalle», dijo el ministro francés, que se comprometió sin embargo a no recordar de nuevo a España las regularizaciones masivas de inmigrantes de 2005.
Más allá del pacto de inmigración que propondrá Sarkozy, España celebraba ayer el acuerdo alcanzado en el consejo de ministros europeos de Justicia que tuvo lugar en Luxemburgo, por el que se fijan normas para el tratamiento de los inmigrantes ilegales en la UE.
La norma establece un plazo máximo de seis meses para la retención de inmigrantes ilegales, extensible a dieciocho en casos excepcionales, da prioridad al abandono voluntario del país, prohíbe volver a los inmigrantes que sean expulsados de la UE, durante un periodo de cinco años, y contempla la prolongación del periodo de retención de los menores que se encuentren a mitad de curso escolar, en caso de abandono voluntario del país.
Además, la directiva recoge posibilidad de dar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes, en función de lo establecido en las legislaciones nacionales y con las salvaguardas que se contemplan en la directiva sobre refugiados. Así, países en los que la ley descarte la necesidad de asistir jurídicamente a los inmigrantes cuya ilegalidad es evidente, como ocurre en Reino Unido, podrán optar por no ofrecerla.
La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha del Fondo de Retención para ayudar a los países que pueden atender con dificultad todas las solicitudes de asistencia jurídica de sus inmigrantes ilegales. El punto sobre la asistencia jurídica no entrará en vigor, sin embargo, hasta un año después que el resto del texto, es decir, en 2011.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró que la directiva europea aprobada ayer no supondrá grandes cambios para España, que cuenta con uno de los sistemas que más garantías ofrece a los inmigrantes, donde el periodo actual de retención de inmigrantes es de 40 días —un plazo que está siendo reconsiderado ahora para su posible ampliación a 60— y donde ya se ofrece asistencia jurídica gratuita.
Todas las miradas están puestas ahora en la votación del texto en el Parlamento Europeo el próximo día 18 de junio, cuyo resultado es bastante incierto ante el anuncio del Grupo Socialista de que presentará una serie de enmiendas relacionadas con la ampliación a dieciocho meses del periodo de retención, el retorno de los menores, y la asistencia jurídica. De salir adelante las enmiendas presentadas por el PSE a la directiva, que ha sido apoyada por los grupos Populares y Liberales, las negociaciones tendrían que empezar de cero y la redacción del nuevo texto podría durar tres años.