Padres en defensa del castellano lanzarán un manifiesto y se movilizarán en otoño

El Mundo - 16/06/09

Padres en defensa del castellano lanzarán un manifiesto y se movilizarán en otoño

BLANCA TORQUEMADA. MADRID.
La articulación de un movimiento cívico de ámbito nacional para reivindicar que la lengua común de los españoles no quede definitivamente proscrita en las escuelas de Cataluña, País Vasco y Galicia está en marcha y avanza imparable. Representantes de plataformas ciudadanas de estas comunidades autónomas y de Baleares, donde la imposición del catalán se acaba de aprobar por decreto, trabajan para ensamblar una contestación sólida y efectiva a un estado de cosas «de gravísima y manifiesta vulneración de las libertades», por lo que auguran que su demanda de «Justicia, de respeto a la Constitución y a las leyes y de sentido común» marcará la legislatura que acaba de arrancar.
Como primer paso, después de varias reuniones preliminares para intercambiar información, portavoces de estos grupos cívicos (compuestos fundamentalmente por padres de familia) se han citado de nuevo el día 28 de este mes en un lugar aún por concretar para una nueva puesta en común, ya más avanzada, en la que se debatirá el borrador de un manifiesto común que, una vez consensuado por todos, se hará público y servirá de preludio para movilizaciones de ámbito nacional.
Según han informado a ABC fuentes de las plataformas de Cataluña y del País Vasco, el texto base ya existe y no se preven graves obstáculos para alcanzar un acuerdo, pero aún hay que concretar la estrategia sobre cuándo lanzar a la opinión pública esa reivindicación conjunta. Las líneas básicas del borrador giran sobre dos ejes: el primero, instar a que se establezca en las comunidades con dos lenguas una oferta con tres modelos educativos (como la que ha existido hasta ahora en el País Vasco), para que los padres puedan optar por clases para sus hijos en español, en la lengua autonómica o por una enseñanza mixta. El segundo eje consistirá en solicitar que se modifique el actual sistema de conciertos para que la financiación pública de la enseñanza vaya directamente a los padres (no a los centros), porque los grupos promotores de la iniciativa creen que de esta forma no se podrá enmascarar (como ocurre ahora) la existencia de demanda de enseñanza en castellano. «Sería una especie de «cheque escolar» -explican las fuentes consultadas-, aunque no queremos usurpar ese término».
La duda está ahora entre si el manifiesto se lanzará de forma inmediata, en julio, o se esperará a septiembre, momento en el que «habrá aún más sensibilidad sobre estas cuestiones por el comienzo del curso escolar». Lo que parece ya fuera de discusión es que la difusión del manifiesto servirá de pistoletazo de salida para una serie de movilizaciones. La primera de ellas, probablemente, será una concentración ante el Ministerio de Educación a mediados de septiembre.
Variedad de situaciones
Antes de dar el primer paso, estos grupos cívicos han tenido que llevar a cabo un intenso intercambio de información para poder hacer un diagnóstico y ser capaces de dar una respuesta única, dado que, aunque el problema esencial es el mismo (no hay manera de escolarizar a los hijos en castellano) son variados los trucos legales y fórmulas más o menos sibilinas o subrepticias que han utilizado los Gobiernos autonómicos para liquidar la libertad de las familias y laminar la presencia del español en los colegios e institutos. Por ejemplo, en el País Vasco, el decreto de desarrollo del currículo 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe acaba de condenar a muerte el modelo educativo «de las tres líneas» (A, en castellano, B mixto de las dos lenguas y D en vasco), para instaurar el «euskera only», mientras que en Cataluña el Gobierno tripartito remacha ahora la imposición del catalán como lengua vehicular con continuas dilaciones de la obligación legal derivada del decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación de una tercera hora de enseñanza semanal del castellano, que no se está impartiendo.
La portavoz de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, plantea la situación -«gravísima», asegura- en toda su crudeza: «Nos sentimos inermes porque una de las lenguas oficiales está proscrita en Cataluña. Sencillamente, está prohibida la enseñanza en español». En esta dictadura lingüística perfectamente equiparable a la que estableció el franquismo con respecto al catalán, el hostigamiento al castellano va en aumento, a veces «a través del incumplimiento de las leyes», como está sucediendo ahora con la tercera hora de la lengua común de España. «La Generalitat aduce -explica Rodríguez- que hay que esperar a lo que vayan decidiendo los claustros para aplicar esa hora. ¿Desde cuándo los claustros son los que deciden si se cumple o no una ley? Esto es subversión. Es abrir la veda para que las leyes se respeten o no a gusto del consumidor».
Pablo Gay-Pobes, de la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco, reitera que su entidad, que agrupa ya a tres mil familias, confía en que «la unión hará la fuerza». Entretanto, este grupo tiene abiertos varios frentes de lucha y ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo. Sobre las negociaciones para el gran manifiesto nacional, estima Gay-Pobes que «están muy avanzadas, pero tampoco queremos hacer las cosas atropelladamente. Es mejor ser flexibles para aunar más voluntades». Denuncia, entretanto, que la última estratagema del Ejecutivo de Ibarretxe para imponer el euskera a todos los escolares «es la de ocultar que hay demanda de enseñanza en castellano. Las tres líneas de enseñanza daban respuesta a una realidad social, y ahora las han liquidado».
Imitación de Cataluña
Coincide por ello Gay-Pobes con Francisco Caja, de Convivencia Cívica Catalana, en que la implantación de esa fórmula de tres líneas podría ser una solución única para las Comunidades con lengua cooficial y por eso en el borrador del manifiesto nacional las reivindicaciones van por ese camino. Pese a las bondades de ese sistema que ha propiciado muchos años de «paz lingüística» en la escuela vasca, dice Caja, lo que se está generalizando ahora va por el camino opuesto: «Lo que tratan de imitar otros gobiernos autonómicos es el modelo catalán de inmersión, que comenzó en 1993 y se consolidó en 1998, pese a que en 1994 el Tribunal Constitucional lo que avaló fue la «conjunción lingüística» o bilingüismo integral».
Cree Caja también que los mimbres están ya bastante trenzados y que la reivindicación nacional de padres y profesores puede llegar a prosperar «si sabemos encontrar instrumentos adecuados. La Unesco reconoce desde 1953 el derecho de los niños a educarse en su lengua materna». Así que confía en los resultados, «basados siempre en la razón y en la ley» de este próximo «otoño caliente».