La Justicia Europea avala la autonomía fiscal del País Vasco

ABC - Jueves 11, septiembre 2008 - Últ. actualización 15:37h

La Justicia Europea avala la autonomía fiscal del País Vasco

MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL
BRUSELAS
Actualizado Jueves, 11-09-08 a las 12:48
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acaba de avalar la autonomía fiscal del País Vasco con lo que no incumple el Tratado de las Comunidades Europea en materia de ayudas de Estado a través de las conocidas como "vacaciones fiscales" de las que se beneficiaron durante muchos años empresas situadas en esa región.
Luxemburgo concluye que si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de autonomía institucional, de procedimiento y económica están en su derecho de tener un régimen fiscal diferenciado del del resto del Estado español y, por tanto, los beneficios que conceden en esta materia no tienen carácter selectivo.
Una prueba, según el Tribunal, de que la autonomía existe ya de hecho es que la decisión la autoridad infraestatal, en este caso el País Vasco, puede adoptar decisiones sin que el Gobierno central haya podido intervenir en ningún momento.
Con la sentencia de hoy los recursos presentados por La Rioja y Castilla y León, así como UGT-Rioja pierden una batalla judicial histórica en la que acusaban al País Vasco de infringir normas nacionales de rango superior con las ventajas fiscales que daban a las empresas que se instalaban en su región y, según los demandantes, en perjuicio de las regiones limítrofes.
La sentencia responde ala cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Justicia del País Vasco en septiembre de 2006 en la que pidió a la instancia europea que aclarar, si, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, la fiscalidad vasca podía ser diferente a la del resto de España.
La Justicia europea ha concluido que la autonomía fiscal es válida porque esta región tiene autonomía institucional, el Estado no tiene posibilidad de intervenir en sus decisiones, tiene objetivos económicos propios y, además, asume las consecuencias económicas de una posible merma de la recaudación.