Chacón reconoce que ya son 800 los oficiales que han impugnado la ley de la carrera militar

ABC - Jueves 18, septiembre 2008 - Últ. actualización 16:58h

Chacón reconoce que ya son 800 los oficiales que han impugnado la ley de la carrera militar

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PALOMA CERVILLA MADRID
Jueves, 18-09-08
La ministra de Defensa intentó ayer minimizar la respuesta en el seno de las Fuerzas Armadas a la Ley de la Carrera Militar, que se fraguó bajo mandato de José Bono. Dijo que «sólo un 3,8 por ciento del total» de los casi 19.000 oficiales de las Fuerzas Armadas (casi 800, por tanto) han impugnado la ley. Estas impugnaciones suponen un hecho sin precedentes en la historia de los Ejércitos, como así informó ABC al desvelar que 302 oficiales de la Armada habían interpuesto en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la ley. El plazo para las impugnaciones no está agotado, y éstas puden continuar entre un colectivo que nunca había articulado una respuesta administrativo-judicial contra una ley. Se trata de un acontecimiento excepcional, como así reconocen destacados mandos militares.
La ministra Chacón tuvo que responder ante el Congreso, después de que se haya mantenido en silencio ante la deriva judicial que ha tomado la decisión del Gobierno socialista de unificar en una sola las dos escalas de oficiales. La inquietud y el profundo malestar que esta integración ha provocado en los militares llegó al Parlamento de la mano del PP, que quería conocer, en palabras de la ministra, si esta integración de escalas vulnera derechos individuales. El PP se refería con ella a la denuncia que realizan los afectados en el sentido de que, como consecuencia de esta ley, militares con menor antigüedad rebasarán en el escalafón a otros con más años en el empleo y mayor preparación.
Estas impugnaciones suponen un hecho sin precedentes en la historia de los Ejércitos
Justificación
En su defensa de la ley, Chacón recordó que fue informada favorablemente por el Consejo de Estado, así como del curso de adaptación que tienen que hacer los mandos de la Escala de Oficiales para integrarse con los oficiales de la Escala Superior. La ministra argumentó que el Consejo de Estado «no informa favorablemente sobre leyes que pueden vulnerar derechos fundamentales», y se refugió en su convicción de que la ley se está desarrollando «con amplia participación de los Ejércitos».
Después de exponer una justificación legalista para defender la aplicación de la normativa militar, aprobada en el mes de octubre de 2007, afirmó que no se puede confundir «la modificación de expectativas de algunos militares con la vulneración de sus derechos». También aludió a los populares y les recriminó que ahora cuestione la ley, cuando «ni un solo diputado voto en contra» de ella. Reconoció, asimismo, que «las transiciones nunca son fáciles» y recomendó al principal partido de la oposición que «no tratara de pescar en río revuelto, que no creo que sea bueno para nadie».
Desde el PP, el diputado Arsenio Fernández de Mesa acusó al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero de «haber roto por primera vez el consenso» y, por este motivo, le instó a «recomponer la armonía y la unidad de criterio» en un asunto, como es la defensa, que siempre ha sido «cuestión de Estado».
Los populares, que calificaron la situación creada por esta nueva norma como un «auténtico desaguisado», pidieron a la ministra de Defensa que «enmiende una ley mala» y le recordaron que, aunque es cierto que salió adelante sin ningún voto en contra, sí lo hizo sin el voto a favor de los populares, que se abstuvieron en algunos de los puntos, al pedir votación separada de los aspectos más polémicos del texto elaborado por el Ejecutivo. Fernández de Mesa también se hizo eco de la situación de «agravio» de los 28.000 suboficiales de los Ejércitos a los que también le afectan los aspectos negativos de esta ley militar, así como a la Guardia Civil.