Juristas se preguntan a quién puede acusar Garzón en el caso de la memoria histórica

ABC - Miércoles 3, septiembre 2008 - Últ. actualización 15:35h

Juristas se preguntan a quién puede acusar Garzón en el caso de la memoria histórica

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Batallas de antepasados

NATI VILLANUEVA
MADRID
Miércoles, 03-09-08
El emplazamiento del juez Baltasar Garzón a las distintas Administraciones e instituciones solicitando listados de fallecidos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha causado sorpresa entre los distintos agentes jurídicos consultados por ABC. No sólo la Fiscalía, sino también jueces y juristas coinciden en la inviabilidad de la vía penal para perseguir las muertes causadas en el enfrentamiento entre los dos bandos. Además de poner en duda la tipificación de aquellos hechos como delitos de genocidio y de lesa humanidad, cuestionan la forma en la que el magistrado de la Audiencia Nacional ha llevado a cabo la práctica de estas diligencias solicitadas por varias asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano: sin haberse declarado previamente competente para investigar los hechos y con la certeza de que será una investigación que caerá en saco roto, tanto por la imposibilidad de sentar en el banquillo a los responsables de aquellos acontecimientos como por la posible prescripción de aquellos delitos, sea cual sea el tipo en el que quedaran subsumidos.
Miguel Ángel Gimeno
Portavoz Jueces para la Democracia
«No hay causa penal sin imputables»
El representante de la asociación progresista Jueces para la Democracia recuerda que la apertura de cualquier investigación penal parte de la base de que hay unos hechos constitutivos de delito y que además son perseguibles. En este caso, dice, el procedimiento penal no sería viable: primero, porque aun en el caso de que las muertes de la Guerra Civil y el franquismo fueran tipificadas como genocidio, este delito no se podría retrotraer a los años 30 (por el principio de irretroactividad de la ley penal), y segundo, si fueran delitos comunes ya habrían prescrito. A ello se suma la imposibilidad de sentar en el banquillo a los responsables de aquellos hechos. «Ya no se trata de un problema de competencia -señala Gimeno-, sino de perseguibilidad desde el punto de vista penal». El portavoz de JpD asegura que su asociación entiende perfectamente la reivindicación de las víctimas, pero «no todas las injusticias se pueden resolver en el ámbito penal».
Antonio García
Portavoz de la APM
«No estamos para depuraciones éticas»
Mesura, sentido de la prudencia, autocontención y motivación de las resoluciones son, según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, las coordenadas en las que se debe mover un juez. Ninguna de ellas parece haber presidido la actuación de Baltasar Garzón, pues, según recuerda García, un procedimiento penal «nunca puede convertirse en una causa general sobre la que se pueda abrir una investigación universal, no concretada y formulada en términos generalistas».
«Tendrá que ser el propio Garzón el que explique cuáles son las razones que, con la ley en la mano, le permiten incoar unas diligencias de esa naturaleza sin haber fijado la competencia»
El portavoz de esta asociación cuestiona la práctica de diligencias del juez para dilucidar si es competente para investigar los hechos. En este sentido, recuerda que es la propia querella la que debe contener «un relato fáctico de hechos que están subsumidos en una norma de naturaleza penal, los presuntos responsables de los posibles delitos cometidos». «Tendrá que ser el propio Garzón el que explique cuáles son las razones que, con la ley en la mano, le permiten incoar unas diligencias de esa naturaleza sin haber fijado la competencia», señala. Finalmente, este juez recuerda que «lo nuestro no es una depuración ética o moral», sino que «tenemos que actuar sometidos al imperio de la ley».
Luis Rodríguez Ramos
Catedrático de Derecho Penal
«En la guerra civil no hubo genocidio»
Este jurista recuerda que las muertes de la Guerra Civil y del franquismo quedaron absorbidas por la Ley de Amnistía de 1977, con lo que no es posible la persecución penal de los hechos. Además, en su opinión, desde un punto de vista técnico-jurídico tampoco se puede hablar de genocidio, pues no se dan los requisitos del delito: la guerra fue un enfrentamiento entre dos bandos en el que no había el exigible propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, Rodríguez Ramos señala que haciendo una intepretación en los términos más amplios posibles sí se podría hablar de asesinato, rebelión o sedición, delitos que habrían quedado subsumidos en la ley de 1977. «Esta ley declaró una amnistía para todos los que hubieran cometido alguno de los delitos anteriores a esa fecha», explica. «En el fondo se trataba de buscar la impunidad de los que intervinieron en la guerra, sellar la paz». En su opinión, la solicitud de Garzón a las instituciones es algo que ya prevé la ley de memoria histórica, que «pretende hacer justicia permitiendo la búsqueda de fosas comunes».
Joan Queralt
Penalista
«Garzón ha aceptado ya su competencia»
Este jurista comparte la opinión de los otros encuestados en lo que se refiere a la inviabilidad de una causa penal sin acusados en el banquillo y a la imposibilidad de calificar como genocidio las muertes de la Guerra Civil. Sin embargo, sí se enmarcan en el delito de genocidio las muertes del franquismo, periodo en el que se produjo, en su opinión, un «auténtico terrorismo de Estado». Además, Queralt sí ve posible aplicar el delito de genocidio a aquellos hechos, pues en los delitos de lesa humanidad «no está prohibida la retroactividad» de la ley. Respecto a las críticas que ha recibido el juez por practicar diligencias antes de declararse competente para investigar los hechos, Queralt considera que el inicio de la investigación supone una «aceptación implícita de competencia», aunque el juez todavía no haya resuelto sobre este asunto concreto. En este sentido, la solicitud del magistrado se equipararía a las «diligencias a prevención».
Alfredo García Garate
Profesor Derecho Canónico CEU
«Olvida los acuerdos Iglesia-Estado»
En su opinión, es «inviable» que Garzón ordene a la Conferencia Episcopal facilitar los registros de los difuntos durante la Guerra Civil, ya que son potestad del «obispo de cada parroquia». En declaraciones a Ep, García Garate apuntó que la solicitud «carece de fundamento y tiene poca razón de ser», además de demostrar la «falta de conocimiento» del juez en materia de Derecho Canónico. «Ha obviado un principio fundamental entre los acuerdos de la Iglesia y el Estado por el que el Estado protege y respeta la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia. Si el obispo decide que no debe de proporcionar esa información, estará en su legítimo derecho y contará con la garantía del propio Estado».