El Gobierno lleva su revisionismo histórico más allá de la muerte de Franco

ABC - 04/10/08

El Gobierno lleva su revisionismo histórico más allá de la muerte de Franco

La vicepresidenta De la Vega, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Un dudoso mérito, por Pedro Corral
DOMINGO PÉREZ MADRID
Sábado, 04-10-08
El Gobierno desea relanzar su ofensiva revisionista, así como su particular visión de la Guerra Civil, la dictadura y la Transición. En esta línea, Teresa Fernández de la Vega anunció tras el Consejo de Ministros que el Consejo de Estado realizará un dictamen sobre cuatro reales decretos -al menos el Gobierno tiene otros cuatro en estudio-con los que se pretende empezar a desarrollar la controvertida Ley de la Memoria Histórica.
Para la vicepresidenta, estas normas nacen con la intención de «cerrar y cicatrizar las heridas» de la Guerra Civil, aunque más bien parecen surgir con el objetivo contrario, el de reabrir, las viejas y ya curadas. De la Vega justificó que estos decretos permitirán «recuperar para la memoria individual y familiar los nombres de aquellos que jamás debieron perder la vida o ser perseguidos por defender sus ideas».
En plen crisis, indemnizará con hasta 135.000 euros por cada muerto entre 1968 y octubre de 1977
«Ampliar derechos»
Los cuatro decretos regularán, respectivamente, el procedimiento para ser reconocidos como víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas en defensa de la democracia; el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las Brigadas Internacionales y, finalmente, la forma de restituir a los particulares los documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.
De la Vega destacó que estos decretos permitirán «ampliar y dar derechos a los ciudadanos que no se sentían amparados ni protegidos» como consecuencia de las acciones llevadas a cabo durante la Guerra Civil y el franquismo.
El Ministerio de Justicia expedirá para los que lo soliciten algo similar a un «carné» del represaliado
Entre los decretos que van a ser sometidos a estudio destaca y sorprende que, en plena crisis económica, se articulen «las condiciones para la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes antes y durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)». La cuantía total de esas indemnizaciones no ha sido calculada, pero podría alcanzar cifras astronómicas. La medida pretende determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones para «quienes hubiesen fallecido o sufrido lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia en dicho periodo». En el caso de fallecimiento, la indemnización ascendería a 135.000 euros, y en el de lesiones incapacitantes -parece que estarían incluidas las de tipo psicológico- se determinará en función del grado de incapacidad acreditado por la Seguridad Social.
Otras de las normas polémica es la que se refiere al «procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las Brigadas Internacionales, una vez que la Ley suprimió el requisito de renuncia a su nacionalidad previa».
El proyecto incluye una cláusula para facilitar la tramitación a las personas a quienes les fue concedida la nacionalidad en aplicación del Real Decreto de 19 de enero de 1996, pero que no hicieron efectivo su derecho por tener que renunciar a su nacionalidad.
«Carné» de represaliado
Otro de los decretos prevé el procedimiento mediante el cual se puede obtener la simbólica «Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal» de aquellos que «padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura». Algo así como un certificado oficial de haber sido víctima del franquismo, aunque será meramente simbólico porque el documento que se expida no otorgará derechos económicos. Esta especie de «carné del represaliado» será expedido por el Ministerio de Justicia.
Se restituirán a particulares documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil
La declaración podrá ser solicitada por los afectados y, si hubieran fallecido, «por el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado; o, a falta de estos familiares, por las instituciones públicas en que hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante las personas afectadas ya fallecidas».
En la misma línea, otro de los decretos desarrolla el procedimiento de restitución de documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española a las personas de carácter privado a los que fueron incautados.
Este Real Decreto se deriva de la Ley que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, que prevé que el Gobierno establecerá el procedimiento para la restitución de documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española a los particulares a los que fueron incautados. El Decreto establece el procedimiento para llevar a cabo la restitución. También precisa que antes de la salida de los documentos quedará depositada en el mismo una copia o duplicado.
Al menos otras cuatro normas
Estas cuatro iniciativas irán acompañadas en breve de al menos cuatro más, según reconoció recientemente la propia vicepresidenta. Al parecer, están ya casi ultimadas y regularán entre otras cuestiones el procedimiento para efectuar exhumaciones y la elaboración de mapas para la localización de fosas comunes del franquismo. También se estudia la elaboración de un censo de obras realizadas mediante trabajos forzados y la regulación de la retirada de símbolos franquistas. Igualmente, se ofrecerá la nacionalidad española para los hijos y nietos de los exiliados, así como la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.