Cantabria deriva a las mujeres a abortar a otras comunidades
La única clínica de la región no pasa el concurso por problemas administrativos
EL PAIS - MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 11/11/2011
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Las mujeres cántabras tendrán que viajar a otras regiones para abortar. El Gobierno de Cantabria deriva desde octubre a las pacientes que quieren interrumpir su embarazo a dos clínicas de Asturias y País Vasco. La única clínica que existe en la región, Los Lagos, que hasta hace un mes realizaba la mayoría de las intervenciones, no puede seguir haciéndolas con cargo a la sanidad púbica porque, según la Consejería de Salud, no ha superado el concurso convocado para ello por un problema administrativo. Así, las pacientes se trasladarán a otros centros de Vizcaya y Asturias al menos hasta 2013, fecha en la que se volverá a convocar otro concurso. Las autoridades reconocen esta situación como "poco deseable", pero, de momento, "irremediable".
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El gerente del centro cree que lo ocurrido tiene un tinte ideológico
Las pacientes deberán viajar a Asturias y Bizkaia al menos hasta 2013
Las opciones que la sanidad cántabra deja a las mujeres para no viajar, además, son escasas. Solo un hospital público practica abortos en la región, el Hospital de Valdecilla, en Santander. Este centro realiza menos del 10% de las alrededor de 1.000 intervenciones que se hacen al año en la comunidad, y casi únicamente en los casos avanzados y los más complicados. Si la situación no cambia, además, Los Lagos cerrará. Todavía algunas mujeres, pero pocas, siguen acudiendo al centro. "Vienen las que prefieren pagar la intervención de su bolsillo para no viajar", explica Sergio Muñoz, gerente de la clínica. Si el centro cierra, Cantabria -salvando el pequeño porcentaje de abortos que se hacen en la pública- tomará el relevo de Navarra y pasará a ser la única comunidad sin clínicas en las que se practiquen estas intervenciones.
El concurso que ha provocado esta situación se convocó en 2010 a raíz de la aprobación de la nueva ley del aborto, que prevé que las intervenciones deben hacerse en la red pública o, en su defecto, concertarlas. Hasta entonces no existían conciertos en Cantabria. La sanidad pública financiaba pocos abortos en centros privados, y todos se guiaban por un acuerdo basado en el reintegro posterior de gastos a las mujeres con pocos recursos. Algo que debía modificarse.
Sin embargo, Los Lagos (que abrió en 2008 en Santander) no superó el concurso. "La empresa quedó excluida por un problema administrativo. En el pliego de condiciones se pedía a los centros que ofertaran varias opciones [la píldora abortiva, la intervención más una revisión posterior, el aborto con un anticonceptivo...] y a esta clínica le faltaron dos", explica María Isabel de Frutos, subdirectora cántabra de Asistencia Sanitaria. "La clínica de Cantabria quedó fuera, lo que provocó una situación mala para las mujeres, que tenían que desplazarse hasta clínicas de otras regiones que sí obtuvieron en concurso", reconoce De Frutos.
De hecho, esta situación y el problema que podría acarrear a las pacientes llevó a las autoridades cántabras (entonces del Partido Regionalista de Cantabria, PRC, en alianza con el PSOE) a sellar un acuerdo con Los Lagos para que esta clínica realizara algunas intervenciones junto con un servicio de planificación familiar. Una modalidad nueva que permitiría a la clínica seguir interviniendo, fuera del concurso. Y así fue hasta octubre.
El cambio de Gobierno que trajeron las elecciones del pasado mayo -el Partido Popular pasó a gobernar Cantabria- implicó también la revisión de los acuerdos firmados. "Se detectó que Los Lagos había superado con creces la cantidad máxima que se puede gastar en este tipo de acuerdos, fijada en 18.000 euros", asegura la subdirectora de Asistencia Sanitaria, que incide también en que la clínica había sobrepasado el límite del 20% de las intervenciones que se había acordado. Por tanto, explica, la clínica cántabra ha cumplido su cupo y no puede realizar más intervenciones con cargo a la pública, ni siquiera a través de ese acuerdo concreto.
El gerente de Los Lagos critica la actitud de las autoridades cántabras y se queja de que las mujeres se vean obligadas a desplazarse a otra región para interrumpir su embarazo por un "tema administrativo absurdo y ridículo". Cree que el centro no recurrirá a los tribunales para anular el concurso porque llevaría demasiado tiempo. "Podríamos estar 10 meses poniendo recursos y dudamos que sirviera de nada. Aquí hay una cuestión de fondo; parece que están encantados con que no haya ninguna clínica de abortos en Cantabria. Y lo mismo les gustaría que ocurriera en otras regiones donde lo que están haciendo es estrangular a las clínicas a base de deudas", dice Muñoz.
La Consejería de Sanidad de Cantabria, sin embargo, lo niega. Se escuda, además, en que la ley permite derivar a las mujeres a otras regiones de manera excepcional, si no hubiera ningún centro que pudiera facilitarle a tiempo la intervención en la suya.
La subdirectora de Asistencia Sanitaria admite que viajar para someterse a una intervención no es lo ideal. Asegura que se ha tratado de modificar la situación y que el Gobierno cántabro acudió incluso a una asesoría jurídica para ver si se podía, sin perjudicar además a los otros centros que ganaron el concurso pero que no están en la región, convocar una nueva concurrencia con algún elemento añadido. "No puede hacerse, así que desde el 10 de octubre no podemos mandar a más mujeres a la clínica de Cantabria", asume De Frutos.
El resquicio legal
- Cantabria tiene una de las tasas de abortos más bajas de España. En 2010 se realizaron 986, según los datos de la Consejería de Sanidad. De enero a junio de este año, se realizaron 520 intervenciones.
- Sanidad aún no ha hecho públicos los datos de abortos de toda España de 2010. En 2009 se realizaron 111.482 interrupciones, un 3,7% menos que el año anterior.
- La Ley de Salud Sexual y Reproductiva (en vigor desde julio de 2010) fija un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de gestación, y tras este plazo, con varios supuestos.
- La nueva norma fija que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria pública y debe hacerse en centros públicos o vinculados. "Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir el abono de la prestación".
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