Ahora en serio, ¿y si cerramos el Senado?
El debate sobre la creación de una “cámara de representación territorial” se agota
Constitucionalistas y políticos hablan ya abiertamente de la posible supresión de este órgano
¿A quién va a votar usted para el Senado el próximo 20 de noviembre? Sí, para el Senado. ¿No lo había pensado? Bueno, no se agobie, en realidad nos da igual a todos. Fuera de estas páginas, nadie se lo va a preguntar, ni siquiera los encuestadores. "No conozco ninguna encuesta electoral que haya preguntado por el Senado", confiesa el director general de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz. Tampoco es que descarten hacerlo por principio. Simplemente, nadie se lo ha pedido. "No se publican encuestas sobre el Senado porque nadie las encarga", añade el responsable de los sondeos electorales que contrata EL PAÍS. "Supongo que esto revela el poco interés de la sociedad, los partidos políticos y los medios de comunicación". Al Gobierno tampoco le debe de interesar, porque ni siquiera el Centro de Investigaciones Sociológicas lo menciona en sus sondeos.
Pero el 20-N se eligen 208 senadores, cuatro por provincia más las islas y las ciudades autónomas. Se presentan en listas abiertas y se puede votar a tres en la papeleta, de igual o diferentes partidos. A esos se van a sumar 58 designados por los parlamentos autónomos. Los números son así de raros porque cuando se hizo la Constitución nadie se imaginaba que habría 17 comunidades autónomas ni que la población de España llegaría a los 45 millones (el número de senadores cambia de una legislatura a otra, en la pasada fueron 264 y en la próxima serán 266).
Nada más asentarse el Estado autonómico se vio la necesidad de reformar el Senado para responder a la nueva realidad. Tras algún intento serio, muchas llamadas al consenso y una palabrería asfixiante, nunca se ha hecho. Aunque los partidos siempre se declaran dispuestos a la reforma y los constitucionalistas sueñan con una "verdadera cámara de representación territorial", la idea de suprimirlo empieza a calar entre los expertos y se plantea abiertamente entre los políticos.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco es un conocido entusiasta de esta idea. "Si no estamos dispuestos a cambiarlo en serio, quitémoslo. Es una cámara inútil que no añade nada al proceso legislativo ni al control al Gobierno, y no le hace caso nadie, ni siquiera cuando veta los presupuestos". Y añade que "puestos a tener desvergüenza, se podría hacer por mayoría de tres quintos". No hace falta ni referéndum, se podría hacer igual que la reciente reforma constitucional.
Para no iniciados: el Senado tiene las mismas funciones que el Congreso. Puede proponer leyes, pero después debe enviarlas al Congreso para que inicie su trámite. Puede controlar al Gobierno, pero si no va, no pasa nada (ningún presidente fue antes deZapatero). En su función de segunda lectura puede enmendar parcial o totalmente (veto) las leyes, pero el Congreso puede anular esa votación hasta por mayoría simple. Y si acaso tuviera la tentación de presionar al Congreso, la Constitución le impone un límite de dos meses para revisar una ley. Si pasa el plazo, se entiende aprobada.
En cuanto a su función de "representación territorial", en las dos cámaras se elige por circunscripción provincial y los parlamentarios (los designados también) se organizan en grupos partidistas, por lo que el Senado no añade nada especial a favor de los intereses autonómicos, que ya se defienden en el Congreso. Para Blanco, la democracia española "es un sistema de facto monocameral".
Gerardo Ruiz-Rico, catedrático de la Universidad de Jaén y expresidente de la Asociación de Constitucionalistas, reconoce la situación. "Los constitucionalistas no vivimos en una urna de cristal, hay una cultura política que está poniendo en cuestión la existencia misma del Senado". Él quiere dejar claro que no es plato de gusto: "Si va a seguir así y no vamos a reformarlo, tiene lógica cerrarlo. Pero lo digo con esa condición, forzado por el incumplimiento de las expectativas constitucionales".
Para dar la puntilla a las funciones del Senado, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Cámara alta no puede aprobar ni rechazar leyes, sino solo introducir enmiendas. Y tampoco puede meter morcillas en cualquier ley si no tienen que ver con el objeto de la misma. El Senado tiene hoy las competencias legislativas de una comisión del Congreso.
Un mito que conviene sacar de este debate es que los senadores no se ganen el sueldo. El Senado hace lo mismo que el Congreso, con 90 escaños menos e infinitamente menos medios. El porcentaje de inútiles es igual en las dos Cámaras. Políticos muy valiosos pasan horas preparando discursos, noches revisando enmiendas. Sobran ejemplos de moderación y capacidad de acuerdo. Pero no tienen la última palabra en nada, y por tanto lo que decidan da igual. "Con la cantidad de horas que te pasas releyendo las leyes, luego se te queda cara de tonto", reconoce Joan Josep Nuet, el último senador que tuvo IU y hoy candidato al Congreso por Barcelona.
A pesar de que el debate está ahí, los partidos vuelven a proponer la reforma del Senado en sus programas y declararán cuando se les pregunte que están preparados para el acuerdo en cualquier momento. En estas elecciones, IU federal habla de "reforma radical". Solo dos partidos no llevan la reforma en sus programas. ERC plantea abiertamente la supresión del Senado. En el programa del PP, partido que sí o sí será mayoritario en la Cámara alta, ni se menciona.
¿Qué probabilidades hay de reformarlo? Los problemas son, primero, que el Congreso tendría que renunciar a parte de sus poderes. Un Congreso que ya cede poder hacia arriba, a la Unión Europea, y hacia abajo, a las comunidades autónomas. Segundo, que el PP admita un cambio en la forma de elegir, sujeta a la provincia, que le favorece enormemente (hasta el punto de que ha tenido mayoría durante las dos legislaturas de Zapatero). Tercero, que los nacionalistas admitan que en un Senado de tipo federal todos los territorios deberían ser iguales. La reforma del Senado está íntimamente ligada al cierre del mapa territorial de España, que es la madre del cordero de la política española, y eso también explica por qué ha sido imposible de pactar en 30 años.
Tampoco es fácil suprimirlo, porque los dos grandes partidos tendrían que renunciar a una importante vía de financiación indirecta. Partido Popular y PSOE tienen más de cien sueldos cada uno en esa Cámara. Un puesto en el Senado no se le ofrece a cualquiera. Si uno repasa los senadores, se dará cuenta de que hay muchos líderes o secretarios regionales, personajes de aparato duro. De esa forma, viajan a Madrid con cargo a la Cámara, cobran un sueldo (que ronda los 5.000 euros al mes) y, dada la poca presión que hay sobre el Senado, se pueden dedicar a labores de partido sin costarle nada a la organización. En el caso de algunos partidos, como el PSOE, los senadores aportan parte de su sueldo a la tesorería.
Para Roberto Blanco está claro que "es una forma de reparto de juego entre los partidos". "No lo van a tocar y no lo va a suprimir, salvo que la situación económica sea de tal gravedad que haya que ahorrar hasta en eso"
Y los ciudadanos lo ven. "Yo escribí que el debate de la reforma del Senado corría peligro de italianizarse, y es lo que ha sucedido", afirmaJuan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional. En Italia, "las instituciones degeneraban en un debate interminable sobre su reforma y nunca se reformaban, hasta que se desprestigiaban, e Italia cayó en un cinismo político y una desafección de la democracia que nos produjo pavor en los ochenta".
López Aguilar advierte contra los que "dicen que sobran políticos y hay que empezar a cerrar instituciones como si fueran chiriguitos". Afirma que "echaríamos de menos un Senado", porque España es un Estado federal. "Soy consciente de las críticas, participo de muchas, pero no me resigno". El exministro ve hoy ese riesgo de italianización, que define como "el desprecio de la gente hacia las instituciones".
La carencia de sentido del Senado español no es algo sobrevenido. Los constituyentes lo diseñaron así a propósito para que la Cámara, entonces reducto del franquismo, no molestara en las importantes reformas que necesitaba implementar España en aquel momento. Hoy se puede decir que hicieron un trabajo impecable. En tres décadas de democracia, el Senado, tal como le pide la Constitución, no ha sido una molestia para nadie. Excepto para los ciudadanos.
Quemados con el café de Jefferson
Habría que determinar para qué sirve un Senado. En tiempos recientes, cuando el entonces senador Manuel Fraga tenía que explicar por qué debe existir un Senado, tiraba de una anécdota de los padres de la Constitución de Estados Unidos. Durante la Convención de Filadelfia de 1787, George Washington, al igual que Thomas Jefferson, defendía que hubiera una sola Cámara: “Si hay dos, o dicen lo mismo o dicen lo contrario, y las dos cosas son contradictorias con el buen funcionamiento del Estado”. Irrefutable. Si las dos cámaras opinan igual, la segunda es innecesaria. Y si opinan distinto, el sistema se paraliza.
En un receso de las sesiones, fueron a tomar un café. Washington no se lo podía beber porque se lo pusieron hirviendo. Entonces le pidió otra taza al camarero para echarlo dentro y que perdiera temperatura. “Para esto sirve el Senado”, dijo entonces Washington.
La versión oficial de esta anécdota que se encuentra en la web del Senado de EE UU no es exactamente así, pero la de Fraga tiene más gracia.
En esencia, lo que concluyó Washington fue que la segunda cámara serviría para enfriar las leyes. Darles una segunda lectura, buscar un segundo acuerdo, en definitiva, echarlas en otra taza, para bajar la temperatura y hacerlas más fáciles de tomar.
La metáfora de los padres fundadores vale también para decir que, a falta de esta segunda taza, en España los proyectos de ley que empiezan abrasando, terminan abrasando. Ha ocurrido con una ley del aborto o con un Estatuto de Cataluña. Las leyes salen hirviendo del Congreso, los partidos políticos se saltan el Senado y llegan hirviendo al BOE. Y los ciudadanos se queman cuando se las hacen tomar.
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