Tres de las cuatro asociaciones profesional se desmarcan de la convocatoria de la APM, que no secundó la anteriorELPAIS
El Poder Judicial cifra en un 23% el seguimiento de la huelga
M. ALTOZANO / J. M. LÁZARO - Madrid - 08/10/2009
La huelga de jueces y magistrados ha sido secundada por poco más de un millar de jueces, el 22,94% de la profesión, según datos reunidos por el Consejo General del Poder Judicial. La mayor incidencia del paro se ha registrado en Extremadura, con el 50% de los jueces en huelga; Castila-La Mancha, con el 48%; La Rioja, con el 40% y Valencia, con el 39%.
En total, han sido 1.042 jueces de toda España los que han decidido parar hoy en respuesta al llamamiento de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única de las cuatro grandes agrupaciones profesionales que secundaba la huelga. La APM, de carácter conservador, tiene unos 1.200 afiliados.
En cuando a los distintos tribunales, los magistrados del Supremo no parecen estar secundando la huelga. Un portavoz de prensa del alto tribunal ha asegurado que el movimiento de magistrados es similar al de un día normal.
La Sala Penal del Tribunal Supremo, la más fácil de controlar puesto que celebra vistas casi a diario, inició con normalidad la vista de un recurso de casación interpuesto por el miembro de la organización terrorista GRAPO Fernando Silva Sande. La Sala está presidida por el magistrado Adolfo Prego, uno de los más destacados miembros de la APM. En la convocatoria de huelga anterior, magistrados de las asociaciones convocantes Francisco de Vitoria y Foro Judicial, acudieron al Supremo.
Por otro lado, en la Audiencia Nacional únicamente dos jueces titulares y un magistrado han secundado la convocatoria, según datos provisionales.
La huelga, según fuentes del Poder Judicial, está siendo secundada por 42 de los 195 jueces del País Vasco; en Cantabria la siguen 22 de 70 y en la Comunidad Valenciana 140 de 400, mientras que en Castilla y León es inapreciable. El seguimiento está siendo muy alto, según los primeros datos recabados por algunos Tribunales Superiores de Justicia, en Extremadura, con un 50%, y más irregular en otras comunidades como Cataluña, donde hacen huelga 105 de unos 700 jueces y magistrados. En Sevilla, 33 de los 96 jueces han ido a la huelga, entre ellos Rafael Tirado, quien dejó sin ejecutar la condena contra el presunto asesino de la niña Mari Luz.
En cuanto a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, la mañana transcurre con normalidad, informa Efe. "Es como un día normal", "no he tenido ningún problema", "se ha celebrado mi juicio y estaba el juez", eran algunos de los comentarios que han hecho a la salida de los Juzgados varios abogados tras constatar que las vistas programadas para hoy se estaban celebrando.
El portavoz de la APM, Antonio García, ha afirmado al mediodía que un número muy importante de jueces está en huelga "pese a todo lo que se ha hecho desde diferentes instancias para entorpecer y boicotear la convocatoria", pero no ha precisado datos.
Solo convoca la APM
4.200 jueces y magistrados estaban llamado hoy de nuevo a la huelga. A diferencia del paro anterior -del pasado 18 de febrero-, que surgió en parte como reacción al expediente abierto por el Poder Judicial contra el juez Tirado, la protesta no surge espontáneamente en juntas y asambleas de jueces convocadas al efecto.
La convocatoria de hoy solo la sostiene la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM, 1.200 asociados), la única que no apoyó la de febrero.
Las otras tres asociaciones -las moderadas Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que sí la sostuvieron, y la progresista Jueces para la Democracia (JpD)- se han desmarcado argumentando que muchas de las medidas que se exigían en febrero ya han sido aceptadas por el Gobierno y que la negociación entre los colectivos y el Ejecutivo todavía no ha terminado.
Entre esas medidas, contenidas en la tabla de reivindicaciones de la huelga del 18 de febrero, se encuentra la supresión del traslado forzoso con el ascenso de juez a magistrado, la creación de los jueces de adscripción territorial (jueces sin destino que reforzarán juzgados colapsados y suplirán las bajas) y, sobre todo, el mantenimiento de la agenda de señalamientos en manos del juez, en lugar del secretario, como preveía el proyecto de ley. Justicia se ha comprometido además a crear 600 nuevos juzgados en tres años y a convocar 750 nuevas plazas en ese período, y ha anunciado un plan de modernización tecnológica de unos 600 millones de euros.
Las juntas de jueces, en esta ocasión, no han estado tan activas como en febrero. En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza ni siquiera hubo quórum para convocarlas. Sí apoyan la movilización las juntas de Murcia, A Coruña y Córdoba, informa Javier Ruiz.
La APM perdió asociados tras el 18 de febrero (la asociación los cuantifica en 20) y recibió duras críticas por no sumarse a la huelga. Su portavoz, Antonio García Martínez, afirma que la apoya ahora porque no se creen la oferta de Justicia. En el horizonte también están las elecciones a las salas de gobierno de los tribunales superiores del 26 de noviembre.
