19 de octubre de 2009

Dos mil oficiales abren otro frente judicial contra la Ley Militar del Gobierno

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Lunes, 19 de Octubre de 2009

Madrid

España

Dos mil oficiales abren otro frente judicial contra la Ley Militar del Gobierno


Tropas del Regimiento Arapiles, el último en partir hacia la misión española en el conflicto de Afganistán | EFE

PALOMA CERVILLA | MADRID
A falta de una semana para que empiecen a cumplirse los plazos que tiene el Ministerio de Defensa para contestar a los más de doce mil recursos de todo tipo que los militares han presentado contra distintos aspectos de la Ley de la Carrera Militar, los afectados calientan motores para retomar de nuevo la vía judicial, una vez agotada la administrativa.
Los militares no están dispuestos a aceptar las «injusticias» que creen que se han producido con la aplicación de esta nueva normativa, sobre todo en la integración de las dos escalas de oficiales (Superior y de Oficiales) en una única y, después de constatar que Defensa no ha contestado a sus recursos de alzada, preparan dos nuevos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra el nuevo escalafón de las Fuerzas Armadas.
Recurso de alzada
Desde que comenzaron a publicarse a final de junio los nuevos escalafones, los militares contaban con un mes de plazo para presentar, con carácter individual, recursos de alzada ante Defensa. El malestar era tal por el lugar en que muchos militares habían quedado situados, en muchos casos superados por oficiales de menor antigüedad en el empleo, que se reflejó en los más de doce mil escritos que han colapsado los servicios jurídicos del Ministerio. Tras este primer plazo de un mes, Defensa cuenta con tres para contestar. Agotada la vía administrativa, los militares podrán ir a la vía judicial.
El próximo día 26 de octubre finaliza para el Ejército de Tierra el plazo de tres meses para poder recurrir a la vía judicial, ya que el nuevo escalafón se publicó el 26 de julio. Una gran parte de los militares de Tierra, en concreto un grupo de unos 1.500 oficiales de la Escala Superior, ya tiene en marcha un recurso contencioso-administrativo que presentarán ante la Audiencia contra esta Ley, según han confirmado a ABC fuentes militares. En el recurso, aún en fase de redacción, se solicitará la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley. Una de las cuestiones más polémicas sobre la que pedirán la inconstitucionalidad es la modificación que a final de 2008 introdujo Defensa en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2009, en la que concedía el título de grado, dentro del nuevo Plan de Bolonia, a aquellos oficiales de la Escala de Oficiales que superaran el curso de adaptación.
A este recurso contencioso-administrativo de los oficiales de la Escala Superior de Tierra se unirá otro de unos 300 oficiales de la Escala Superior de la Armada. En el caso de la Armada, el plazo para que Defensa conteste a los recursos de alzada presentados finaliza unos días más tarde que en Tierra, pero los afectados ya han confirmado a ABC que presentarán otro contencioso contra la ley.
Para los oficiales de la Escala Superior de la Armada este será su segundo contencioso-administrativo ante la Audiencia contra esta nueva normativa, ya que ellos fueron los primeros que abrieron el camino de la vía judicial contra la orden ministerial que regula el polémico curso de adaptación. Al no poder recurrir la ley en su totalidad, a los militares sólo les quedaba el camino de acudir a los tribunales cuando se publiquen las órdenes ministeriales que regulan diferentes aspectos de la ley. A la vista de estos tres recursos contencioso-administrativos (dos de la Armada y uno de Tierra), a los que se podrían sumar algunos más, a Defensa se le presenta un negro horizonte judicial, en el que ya tiene enfrente a unos dos mil militares.
Rebelión
La rebelión estaba garantizada desde que el Gobierno de Zapatero aprobó una ley que no contenta a prácticamente ningún estamento militar y que ha provocado una profunda división interna en los Ejércitos. Las fuentes consultadas por ABC señalan que Defensa se ha visto obligada a trasladar a Madrid a varios jurídicos de otras provincias.