Opinión | elmundo.es
Líder mundial en español
Sábado 31/10/2009. Actualizado 11:27h.
EDITORIAL
No era necesario esposarlos y menos exhibirlos
MUCHOS CIUDADANOS pudieron ayer ver las imágenes de los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma entrando en la Audiencia Nacional. Estaban esposados mientras recogían unas bolsas azules en las que presumiblemente se encontraban sus efectos personales. Fueron filmados a unas decenas de metros de la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Dado que el vehículo no podía acceder por su gran tamaño al interior, hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos.
Dejando al margen el hecho de que existen serias dudas sobre la competencia del juez Garzón en este asunto y, por tanto, la pertinencia del traslado a Madrid, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Este mandato legal no se está cumpliendo en los casos que afectan a dirigentes políticos y empresarios que son detenidos y llevados a la Justicia con las cámaras de televisión como testigos. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública.
Siempre hemos defendido en este periódico que la Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción y hace pocos días propugnábamos el endurecimiento de las penas. Pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses.
La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad.
Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña.
Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente.
Queda todavía en la memoria la imagen de Vera y Barrionuevo entrando por su propio pie en la cárcel de Guadalajara, escoltados y aclamados por cientos de compañeros. ¿No fue aquel un trato de favor de la Justicia que se contrapone a la humillante e innecesaria detención de Mariano Rubio?
Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta. Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente.
