Los jueces acentúan la pugna con el Gobierno y convocan las primeras huelgas de su historia

ABC - 22/11/08

Los jueces acentúan la pugna con el Gobierno y convocan las primeras huelgas de su historia

Extremadura y Murcia paran el 18 de febrero. Otros territorios convocan juntas en enero para estudiar esta posibilidad

Secretarios indignados

NIEVES COLLI MADRID
Sábado, 22-11-08
Quien avisa no es traidor. Y los jueces avisaron en las juntas celebradas en toda España el pasado 21 de octubre: si las actuaciones del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para modernizar la Administración de Justicia no les convencían, tomarían medidas. Pues eso, nada más y nada menos, es lo que hicieron ayer, tras la segunda convocatoria de juntas y plenos. Un mes después, la insatisfacción del colectivo va en aumento, igual que su escepticismo frente a las promesas del Ministerio de Justicia y a la «ambigüedad» del Consejo. Y las reivindicaciones han subido de tono: Murcia y Extremadura han fijado fecha para la huelga (primera de la historia), que será el 18 de febrero de 2009. Muchos partidos judiciales estudiarán esta posibilidad el 21 de enero; otros empezarán por limitarse a cumplir con los módulos de trabajo fijados por el CGPJ. La mecha que se encendió en octubre sigue prendida en la carrera judicial.
El seguimiento de la convocatoria de juntas en toda España no alcanzó ayer el nivel de hace un mes (casi el cien por cien), pero sí rondó el 80 por ciento, lo que en fuentes de este colectivo se considera un «nuevo éxito». Está claro que la carrera judicial no está dispuesta a dejar de lado sus reivindicaciones; el tiempo puede haber enfriado la indignación que provocaron las injerencias de miembros del Gobierno en las competencias disciplinarias del CGPJ a cuenta del «caso Mari Luz», pero eso no significa que los jueces estén dispuestos a quedarse quietos ni a callarse.
La reacción del CGPJ no se ha hecho esperar. Desde Valencia, la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, advirtió que ni los jueces ni los fiscales (ella pertenece a este último colectivo) tienen reconocido el derecho a la huelga. «No está reconocido ni prohibido. No está previsto», explicó Bravo, quien no quiso hacer una valoración sobre el seguimiento de la convocatoria de juntas y sobre lo que en ellas se ha planteado y acordado antes de conocer con exactitud el contenido de las actas. Bravo sí recordó que «el CGPJ no tiene iniciativa legislativa», algo que le corresponde al Gobierno.
Pero los jueces, al menos los de Extremadura y Murcia, creen que sí pueden ir a la huelga. En estos territorios celebraron juntas autonómicas -no se limitan al partido judicial sino que reúnen a todos los que prestan servicio en la comunidad- y decidieron ir a la huelga el 18 de febrero. Sería la primera en celebrarse en la historia de la democracia.
En otros lugares de España se quedaron un paso por detrás y acordaron volver a reunirse en junta el 21 de enero para volver a analizar los avances del Gobierno y del CGPJ para modernizar la Justicia y, en su caso, estudiar la posibilidad de ir a la huelga como forma de «reivindicar» las «medidas imprescindibles para que el servicio [al ciudadano] pueda prestarse en las condiciones debidas».
La carrera judicial se queja de la ausencia de compromiso del gobierno y de la «ambigüedad» del Plan de Modernización del CGPJ, al que reclaman que reivindique con fuerza más inversiones
Otra de las medidas adoptadas en otros muchos partidos judiciales consiste en limitar el número de señalamientos tomando como referencia los módulos de trabajo del CGPJ (en la actualidad inexistentes después de que el Tribunal Supremo los anulara), de tal manera que en ningún caso se supere el cien por cien. En Oviedo, por ejemplo, el nivel de señalamientos llegaba al 150 por cien de dichos módulos. La traducción a la práctica es un mayor retraso: si se vienen señalando quince juicios a la semana, a partir de ahora serán diez. En Ciudad Real, los jueces decidieron dejar una semana al mes sin señalamientos, lo que les permitirá dedicarse al «control de ejecuciones de sentencias».
Limitar el reparto de asuntos
Mención aparte merece Madrid, donde la junta de jueces acordó limitar el «reparto de asuntos» a lo establecido por los módulos de entrada y exigió a los órganos de gobierno del Poder Judicial que adopten las medidas de refuerzo necesarias (jueces de apoyo, o jueces sustitutos) que permitieran asumir los que no fueran asignados a ningún juzgado por estar éstos al límite de su capacidad. Barcelona podría sumarse a esta iniciativa en enero. Fuentes del CGPJ han expresado su preocupación ante una medida que, «al menos por su enunciado, parece ilegal». En este sentido, pidieron a los jueces que «reflexionen», pues «los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias».
Los jueces siguen reivindicando medidas concretas que mejoren el funcionamiento de la Justicia -más jueces de carrera (20 por cada 100.000 habitantes; ahora hay 10,2), formación de los funcionarios interinos, acceso a todos los registros públicos, uniformidad de los sistemas informáticos, inversión) y se quejan de la «ambigüedad y falta de concreción» del Plan de Modernización del CGPJ y de la ausencia de compromiso -«clamoroso silencio»- de Bermejo.
La carrera reclama al órgano de gobierno de los jueces que se convierta en el «verdadero abanderado» de sus peticiones y que «reivindique ante el Ministerio y las comunidades autónomas con firmeza y contundencia» la inversión que necesita la Justicia.