22 de junio de 2012


Seis detenidos por los sabotajes en el metro en protesta por el ‘tarifazo’

Cuatro son estudiantes y dos pertenecen a un grupo de hip hop

Están acusados de desórdenes públicos y coacciones

Tres de ellos son arrestados en Lavapiés, dos en Ciudad Universitaria y el sexto, en Malasaña

Los agentes explican que la pista la ha dado el 15-M, que no está de acuerdo con sus métodos


Detención de una de las presuntas saboteadoras del metro. / CRISTÓBAL MANUEL
La Policía ha detenido en las últimas horas a seis jóvenes, cuatro hombres y dos mujeres, como supuestos autores de los sabotajes en el metro madrileño en protesta contra el tarifazo, que se saldaron con ligeras demoras en el servicio. El primer acto se registró el 25 de abril, cuando un grupo de personas tiró al mismo tiempo del freno de seguridad en 13 convoyes de nueve líneas de metro cuando estos estaban parados en las estaciones. El segundo, que quedó en una intentona irrelevante, se produjo el 8 de mayo, y el tercero y último, el 29 de mayo y se pararon 10 convoyes de siete líneas. En ninguno de los actos de protesta hubo ni heridos ni altercados.
En medio de un importante despliegue policial que está siendo muy criticado en las redes sociales por excesivo, tres de los supuestos autores de los sabotajes, que el Gobierno regional llegó a comparar con la kale borroka, han sido detenidos a primera hora de la mañana en Lavapiés —en un piso del número 28 de la calle Aver María, donde presuntamente se organizaron las acciones—, otros dos, anoche en una calle de Ciudad Universitaria, y el sexto, en la zona de Tribunal (Malasaña).

Así fueron los sabotajes

El primer sabotaje fue el 25 de abril y lo firmó el grupo Paremos el tarifazo. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, condenó duramente la protesta, advirtió de que "no puede quedar impune" y llegó a asegurar que la vida de los viajeros se había puesto "en peligro".
El segundo sabotaje, del que se hizo responsable el grupo Stop al tarifazo, se produjo el 29 de mayo, más de un mes después de la primera protesta y al día siguiente del anuncio de un posible recorte del horario del servicio, que elGobierno regional acaba de confirmar. En una acción coordinada, similar a la del 25 de abril, al menos 10 activistas accionaron el freno de emergencia y paralizaron el servicio entre las 8.29 y las 8.38 en 10 estaciones de siete líneas.
Stop al tarifazo explicó en un comunicado que la activación de las alarmas de emergencia provocó "un parón de varios minutos", siempre "cuando los trenes se encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas, por lo que no causó daños ni situaciones de peligro para los usuarios". Metro cifró en 90.000 viajeros afectados, 11 veces más que en el caso precedente, que afectó a más convoyes, 13 de nueve líneas.
Además, hubo un conato entre ambos, el 8 de mayo, día en el que un grupo, llamado esta vez Actuemos contra el tarifazo, aseguró haber "inutilizado decenas de compuertas de acceso al metro en diferentes estaciones por toda la ciudad", aunque la compañía lo rebajó a tres tornos atascados en una única estación.
Cuatro de ellos son estudiantes y dos, miembros del grupo de hip hop Me cago en tu padre —sus alias son El Niño Maldito y Cálido Leamo—. Tienen una media de edad de 25 años, dos son de Madrid, uno de Navarra, uno de Murcia y dos de Canarias. Se encuentran en el complejo policial de Moratalaz y pasarán a disposición judicial previsiblemente mañana.
Los seis están acusados de desórdenes públicos —un delito que suele quedar en multa si no hay antecedentes por hechos similares pero también en una pena de seis meses hasta cinco años de prisión si se considera que causaron "un grave daño para la circulación ferroviaria", como sostiene Metro de Madrid en su denuncia— y coacciones —de seis meses a tres años de cárcel o una pena de 12 a 24 meses de multa—, aunque se estudia imputarlos también por pertenecer a un grupo organizado. El delito de asociación ilícita está penado para los dirigentes con entre tres y seis años de cárcel y, para los integrantes, de dos a cinco años.
Cada una de las tres acciones ha sido reivindicada por un grupo distinto: Paremos el tarifazo, Actuemos contra el tarifazo y Stop al tarifazo. El consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, aseguró al poner la denuncia que la acción fue "concertada", que puso "en riesgo la seguridad ferroviaria" y que si son los mismos activistas "serían reincidentes y sería una agravante" desde el punto de vista judicial.
"Esto no es una travesura, no es una gamberrada sino una acción concertada que quería hacer daño a un grupo numeroso de personas y que podría haber desencadenado un problema de orden público", ha declaradoesta mañana en la misma línea la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que ha añadido que este tipo de actos se van a "perseguir siempre hasta dar con los responsables". "En esta ocasión era difícil porque iban encapuchados", ha añadido. Por su parte, Alfonso José Fernández Díez, jefe superior de Policía de Madrid, ha explicado que se intentará culpar a los detenidos de asociación ilícita porque "había una estructura jerárquica y su intención era, a través de planes concertados, cometer delitos", en referencia a las protestas.
La Operación Nido, como se ha bautizado a la investigación, se ha prolongado dos meses y, según han asegurado fuentes policiales, las informaciones les llegaban directamente de miembros del Movimiento 15-M porque, según dicen, están en contra de los métodos que usaban en los sabotajes y no comulgaban con perjudicar a los usuarios del metro. Con estas protestas en el suburbano, según los comunicados de los autores, pretenden mostrar su rechazo alfuerte incremento de tarifas de un 11% de media —la mayor de la última década — y su intención de actuar para pararla.
Estos seis arrestados hoy se suman a otros tres, una mujer de 32 años y dos hombres de 24 y 30, que fueron detenidos el 26 de abril como presuntos responsables de la primera protesta y que fueron puestos en libertad con cargos de desórdenes públicos. Al margen de la vía penal, se enfrentan a la administrativa, que pena actos individuales de vandalismo con sanciones. La Ley de Ordenación del Transporte prohíbe usar "sin causa justificada" los mecanismos de parada de los trenes. Las multas pueden oscilar entre 6.000 y 30.000 euros.

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