El sector bancario atraviesa un momento de agudas tensiones vinculado a su proceso de restructuración y saneamiento. Bajadas generalizadas de rating, caídas bursátiles, evaluadores externos, necesidades de recapitalización, y el paquete de apoyo financiero a España, dan la impresión de un sector dormido en sus laureles, incapaz de hacer frente a sus propios retos y de proveer a la economía española lo que necesita: canalizar crédito para estimular el crecimiento.
El sector está realizando una restructuración bajo la supervisión y tutela de las autoridades, cuya parte principal comenzó hace ahora tres años con el establecimiento del FROB. El FROB surge ante un diagnóstico del sector en aquel momento del que surgieron tres conclusiones: primera, el sector tenía un exceso de capacidad sustancial debido al crecimiento del crédito durante el boom económico, crédito que se había financiado mayoritariamente apelando a mercados internacionales; segunda, parte del sector, las cajas de ahorro, tenía problemas institucionales de gobernanza que les impedía captar recursos propios en los mercados, ampliar capital, y carencias en sus órganos de gestión que cuestionaban su profesionalidad; y tercera, las instituciones tenían concentraciones excesivas de crédito vinculado al inmobiliario que podían derivar en problemas de solvencia.
Los riesgos de solvencia derivados de exposición al crédito, particularmente inmobiliario, suponían un problema importante que, sin duda, podía afectar puntualmente la solvencia de algunas entidades pero no la gran mayoría de entidades del sistema. Específicamente, esta exposición no debería afectar la solvencia de las entidades más grandes o con capacidad de realizar ampliaciones de capital (los bancos). No se trataba, pues, de un problema sistémico y, en consecuencia, requería actuaciones específicas. El FROB nació para afrontar esas necesidades, con una dotación inicial de capital de 9.000 millones de euros y capacidad de endeudamiento con garantía del Estado de hasta 90.000 millones de euros adicionales, bajo la visión que esa cantidad debería ser más que suficiente para hacer frente a las posibles necesidades. La utilización de recursos públicos vendría unida al saneamiento de las entidades con tres criterios: un plan de restructuración e integración de entidades; minimizar el uso imprescindible de fondos públicos; e involucración sólo temporal del sector público.
La restructuración de cada entidad que acudiese al FROB abordaría, además, las otras dos debilidades del sistema: exceso de capacidad, y restricciones institucionales de gobernanza. El exceso de capacidad debería reducirse mediante procesos de integración que explotasen sinergias de costes y redujesen el número de oficinas y empleados. Así, desde 2010, el sector ha reducido oficinas y empleados, y el número de bancos y antiguas cajas de ahorro ha disminuido en dos tercios. Ajuste que debe continuar en el futuro.
España siempre ha liderado el debate por una mayor transparencia como mecanismo de solución de la crisis en Europa
La tercera debilidad eran las restricciones institucionales en las cajas de ahorro. Dada su dependencia de los mercados mayoristas, mejoras en su gobernanza, profesionalidad, y transparencia, eran fundamentales para generar la confianza de inversores. También necesitaban transformarse jurídicamente para poder captar recursos propios. Nuestros bancos habían incrementado, empezando ya en 2007, sus recursos propios captando capital pero las cajas carecían del capacidad institucional para hacerlo. Estos cambios se realizaron a partir del verano de 2010, mediante el trasvase de la actividad bancaria de las cajas a sociedades anónimas. Este proceso, inicialmente voluntario, e incentivado cuando se acudía al FROB, ha sido un éxito. El 98% de los activos gestionados por cajas pasaron a ser gestionados por bancos en menos de un año, entidades que sí tenían capacidad legal para ampliar capital, y algunas así lo hicieron. Además, más del 60% de esos activos estaban gestionados por sociedades cotizadas en bolsa sometidas a la disciplina y transparencia del mercado.
El último punto débil era mejorar la transparencia y profesionalidad de las entidades, ante inversores, depositantes y clientes, para garantizar su confianza. España siempre ha liderado este debate por una mayor transparencia en el sector bancario como mecanismo de solución de la crisis en Europa. Además ha predicado con el ejemplo para conseguir mayor transparencia. Primero, anunciando en la primavera del 2010, su voluntad de realizar las primeras pruebas de resistencia a bancos en Europa, siguiendo la experiencia de Estados Unidos. Iniciativa que después se realizó coordinadamente en Europa. Las autoridades españolas decidieron ir incluso más allá que el resto de Europa, incluyendo a todas las entidades de crédito (excepto cooperativas), haciendo un esfuerzo mucho mayor de dureza en los supuestos, así como de transparencia en el detalle y comunicación posterior. Esta estrategia de incluir más instituciones, mayor transparencia y mejor comunicación, fue seguida por España en todos los ejercicios sucesivos de pruebas de esfuerzo. Y, recientemente se ha vuelto a realizar un esfuerzo singular de transparencia, en el análisis realizado por el FMI (el FSAP) y el realizado por los evaluadores externos.
Desde 2010, el sector ha reducido oficinas y empleados y el número de bancos y antiguas cajas de ahorro ha disminuido en dos tercios
El resultado de estos ejercicios de transparencia, más allá del ruido y dificultades de corto plazo, ha sido —y seguramente será— positivo para avanzar en la restructuración. Las pruebas de resistencia, a pesar de hacerse en entornos cada vez más difíciles, e irse incrementando la dureza de los supuestos utilizados, siempre han confirmado el diagnóstico inicial: 1) el sistema bancario español tiene gran capacidad de absorber posibles deterioros en situaciones de estrés con sus colchones existentes (provisiones y excesos de capital sobre el exigido regulatoriamente) y con generación de beneficios; 2) la posible necesidad de recursos públicos no afecta al conjunto de las entidades del sistema, sino a un número minoritario de entidades (según el FMI, no afectaría al 70% de entidades); 3) las posibles necesidades no afectan la solvencia de nuestras grandes instituciones, circunscribiéndose la inyección de capital público a entidades relativamente pequeñas; y 4) las cantidades de recursos públicos que serían necesarias son relativamente bajas con respecto del tamaño de nuestra economía (el FROB preveía una cantidad máxima de 99.000 millones de euros, y el peor escenario del último ejercicio estima que la cantidad total de recursos públicos continúa estando significativamente por debajo de aquella cifra).
Es indudable que este ajuste no está siendo ni sencillo, ni cómodo. Los recursos (fundamentalmente privados) destinados a reforzar las instituciones, bajo la supervisión del Banco de España, en forma de provisiones y nuevo capital, desde 2008 hasta mayo de 2012, superan el 15% del PIB. Extraer valor a través de procesos de integración nunca es fácil, y menos cuando se realizan en un entorno que se ha ido deteriorando, particularmente a partir del verano de 2011, tanto en perspectivas de crecimiento, como en costes de financiación y en acceso a los mercados.
Antes y durante el proceso, se han cometido excesos y errores por unos u otros actores. Por supuesto, los primeros deben limitarse, evitar los segundos, y exigir responsabilidades concretas allí donde sea necesario. Pero no confundamos obstáculos en el camino, existentes y sobrevenidos, con habernos equivocado en la dirección. La dirección era y es la correcta.
El futuro próximo todavía se plantea muy difícil. El entorno macro e institucional europeo no facilita el ajuste. La dificultad y carestía del acceso a los mercados y las tensiones en la financiación del soberano han llevado a España a solicitar el apoyo de los mecanismos europeos para avanzar la restructuración. El saneamiento debe continuar con ajustes más fuertes, más rápidos y más exigentes. Pero las dificultades no deben distraernos del objetivo fijado en 2009, ni hacernos perder la perspectiva. El objetivo es la estabilidad del sector financiero para normalizar el flujo del crédito a actividades productivas. Y la perspectiva es que contamos con bancos que en su gran mayoría continúan siendo solventes, incluso en los escenarios más severos, pero sobre los que se debe mantener la presión para conseguir su ajuste de capacidad, la reestructuración de su balance, y el incremento de su transparencia y credibilidad ante los mercados, minimizando también el coste para las arcas públicas.
José Manuel Campa es profesor del IESE Business School. Fue Secretario de Estado de Economía de mayo 2009 a diciembre 2011.
