Washington convocó una conferencia tras la liberación de los cooperantes para advertir que las concesiones a los terroristas lastran la lucha contra AQMI
ABC
CRISTINA DE LA HOZ / MADRID
Día 02/11/2010 - 07.44h
SECUESTRO DEL ALAKRANA. El atunero vasco «Alakrana» fue secuestrado en 2009 por piratas somalíes en el Índico con 36 tripulantes a bordo. El 17 de noviembre fueron liberados. Dos presuntos piratas resultaron detenidos y trasladados a Madrid.
La cita se produjo a iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos y, en concreto, del coordinador contraterrorista del mismo, Daniel Benjamin, a principios del mes de septiembre. Washington convocó a representantes de Cánada, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España a una conferencia multitaleral sobre gestión de crisis de rehenes y aunque en principio, según los organizadores, dicho seminario no se iba a enfocar en la prohibición del pago de rescates «lo cierto es que la mayoría de las ponencias del mismo, así como las conclusiones extraídas, estuvieron esencialmente enfocadas a hacer patente la necesidad de eliminar el pago de rescates, por razones derivadas tanto de la legalidad internacional como de la eficacia en la lucha contra el terrorismo». Así lo recoge el informe que se elaboró en la Embajada de nuestro país en Washington y al que ha tenido acceso ABC.
Hacía apenas quince días que Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI) había liberado a los cooperantes españoles Albert Vilalta y Roque Pascual tras 267 días de secuestro, en concreto el 22 de agosto. Entonces se supo, según la cadena de televisión árabe «Al Arabiya», que se había producido el pago de un rescate que se cifró en cinco millones de euros, aunque otras fuentes lo elevaban hasta diez. También que para que liberación fuera fuera posible el Gobierno de Malí tuvo que excarcelar a Omar Saharahui, condenado a 12 años por su participación en los hechos.
Ambas circunstancias acabaron provocando una protesta tanto de Estados Unidos, a través de Daniel Benjamin, como de Argelia, país que ha venido cooperando eficazmente en la lucha contra el terrorismo islamista, según se pone de manifiesto en el documento al que ha tenido acceso este periódico.
Política de «no concesión»
Por ello, además de la protesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió convocar los días 7 y 8 de septiembre la citada conferencia multilateral destinada a «encontrar posiciones comunes sobre cómo contrarrestar a AQMI y su política creciente de secuestros». Para ello, España recibió una auténtica lección de aquellos países que como EE.UU., Gran Bretaña y Cánada han optado por la política de la «no concesión»; esto es, no pagar rescates ni acceder a otras exigencias de los secuestradores como la liberación de terroristas, justo lo que ocurrió en la resolución de la crisis de Vilalta y Pascual.
Daniel Benjamin explicó a modo de introducción que los éxitos para cortocircuitar la recepción de fondos de Al Qaida habían sido «tremendos» en los últimos diez años, pero ese éxito había hecho que subiera «exponencialmente» el empleo de secuestros como vía de financiación de los terroristas. De ahí la importancia de mantener una política de «no concesión». El representante del Foreing Office coincidió con Benjamin al tiempo que recordó que el pago de rescates «contraviene el régimen de Naciones Unidas sobre sanciones a Al Qaida y a los talibanes», por lo que apostó por encontrar «medios creativos» destinados a recuperar a los nacionales sin beneficiar a los captores.
Otro representante británico estimó que el secuestro de occidentales en el Sahel ha supuesto para las arcas terroristas en los dos últimos añosunos 15 millones de euros. Tras esta premisa, dibujó un panorama desolador al señalar que esos fondos aumentan su capacidad operativa (compran con ellos armas, municiones y granadas), logística (adquisición de vehículos y de sistemas de comunicación por satélite, pagos de sus líderes y sobornos) y de reclutamiento. «Asimismo, permitirá a Al Qaida expandir su área de influencia en otros países de la zona» por lo que «si se consigue revertir la tendencia se habrá dado un golpe mortal a la propia existencia de AQMI», sugirió el británico.
Tanto el gobierno estadounidense como el británico cuentan con órganos de gestión de crisis con rehenes especializados en estrategias de negociación e investigación. La negociación no es más que una táctica «cuyo objetivo son los terroristas y aquellos que pueden influenciarlos —líderes y seguidores— así como las comunidades tanto a nivel local como global que constituyen su audiencia», reza el texto con las conclusiones de aquellas jornadas. El objetivo fundamental «es ganar tiempo porque no se van a pagar rescates, no se van a hacer concesiones políticas o liberar prisioneros. La idea es mantener la atención de los secuestradores, favorecer sus desequilibrios de forma que pueda producirse el rescate de rehenes y en los casos de resolución más negativos, se obtenga información para la lucha contra el terrorismo, de forma que se cree en la mentalidad del secuestrador la idea de no repetir».
También se plantearon otros temas de discusión como la posibilidad de recuperar los rescates, detener a los secuestradores, pactar una disminución de las cuantías de dichos rescates o formas de cooperar directamente con los estados afectados para disminuir el grado de apoyo a los criminales. Los canadienses explicaron su estrategia desde el punto de vista operativo y táctico, que incluye contacto con líderes locales, señores de la guerra, clérigos, ongs y diálogo con secuestradores y negociadores con la máxima «de que las personas suelen moverse más por miedo a perder que por la ganancia posible».
Violación de la legislación
Expertos contraterroristas recordaron además todo el marco legal internacional respecto a la obligación de los países miembros de bloquear los fondos que pudieran ser destinados al pago del rescate, por lo que el abono de los mismos «constituiría una violación de la necesaria congelación de fondos a los terroristas». No obstante, recordaron ante los representantes españoles, alemanes, franceses e italianos que Estados Unidos no apoya la «criminalización» de los pagos de rescate. Y es que los cuatro países citados se han plegado en distintas ocasiones a las exigencias económicas de los secuestradores.
Silencio de España
De hecho, el representante galo tomo la palabra de forma inesperada para aducir que la posición inicial de su país es de «no concesión» aunque agregó que «cada caso es único y muchas tomas de rehenes se solventan de forma privada». También se defendió el delegado italiano sumándose a la intervención del francés, bajo el argumento de que «cada secuestro tiene que ser analizado» por separado para dar una respuesta adecuada.
Ya de paso, un miembro de la Policía metropolitana de Londres afirmó que «la mayoría de los secuestradores actúan de forma encubierta porque saben que en el Reino Unido el Gobierno aplica estrictamente la política de no concesión», aunque obvió comentar que la piratería somalí tiene sus oficinas de «recaudación» en la capital del Támesis. No se tiene constancia en la nota informativa que elaboró la embajada española de que interviniera ningún representante de nuestro país, a pesar o, posiblemente por eso, del caso recientísimo de los cooperantes liberados.
Distintas visiones, mismo problema
EN CONTRA DEL PAGO DE RESCATES
EE.UU: El coordinador antiterrorista del Departamento de Estado, Daniel Benjamin, explicó la política de «no concesión»; esto es, no pagar rescates
Gran Bretaña: Un experto en terrorismo criticó que el dinero de los rescates incrementa las capacidades de armamento, logísticas y de reclutamiento de AQM.
Canadá: La estrategia canadiense de la «no concesión» pone el acento en el contacto con líderes locales, señores de la guerra, ONG y hasta clérigos.
A FAVOR DEL PAGO DE RESCATES
Francia: El representante francés recordó la posición de su país de no pagar, aunque objetó que cada caso es único y hay secuestros que se solventan privadamente.
Italia: En otra intervención fuera de programa se adhirió a la tesis francesa de que cada secuestro tiene que ser analizado individualmente.
NO SE MANIFESTARON
E spaña: El informe de la Embajada española en Washington al que ha tenido acceso ABC no recoge ninguna intervención de nuestros representantes.
Alemania: Al igual que los miembros españoles, los alemanes tampoco intervinieron. Alemania es, con España, Francia e Italia, de los países que han pagado
EE.UU: El coordinador antiterrorista del Departamento de Estado, Daniel Benjamin, explicó la política de «no concesión»; esto es, no pagar rescates
Gran Bretaña: Un experto en terrorismo criticó que el dinero de los rescates incrementa las capacidades de armamento, logísticas y de reclutamiento de AQM.
Canadá: La estrategia canadiense de la «no concesión» pone el acento en el contacto con líderes locales, señores de la guerra, ONG y hasta clérigos.
A FAVOR DEL PAGO DE RESCATES
Francia: El representante francés recordó la posición de su país de no pagar, aunque objetó que cada caso es único y hay secuestros que se solventan privadamente.
Italia: En otra intervención fuera de programa se adhirió a la tesis francesa de que cada secuestro tiene que ser analizado individualmente.
NO SE MANIFESTARON
E spaña: El informe de la Embajada española en Washington al que ha tenido acceso ABC no recoge ninguna intervención de nuestros representantes.
Alemania: Al igual que los miembros españoles, los alemanes tampoco intervinieron. Alemania es, con España, Francia e Italia, de los países que han pagado
