El debate del laicismo
Los crucifijos son ya pocos, pero descolgarlos no es fácil
La única salida en algunas escuelas es ir a los tribunales
CARMEN MORÁN - Madrid - 11/11/2010
EL PAIS
La escuela española va cambiando poco a poco y ya apenas se dan conflictos por la retirada de los símbolos católicos heredados de otras épocas. Entre otras cosas, porque cada vez quedan menos. Pero cuando alguien lo pide, el camino sigue sin ser fácil y mucho menos rápido. Así le ocurrió a Fernando Pastor en Valladolid y ahora a Lorenzo Losada en Almendralejo (Badajoz). "Hemos recurrido a tribunales porque no nos ha quedado más remedio", dicen los dos. "Y a mí no me gusta pasar por ahí, ni que a mis hijos les señalen por ese motivo, ni gastarme un dinero, que no me sobra, en tribunales", dice Losada.
Los alumnos de secundaria que no estudian religión son mayoría
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer que estos asuntos "no deberían llegar a los tribunales porque es mejor hablarlos en la escuela", habida cuenta de que es un derecho constitucional que asiste a los padres. Lorenzo Losada piensa como él, pero nadie le hizo caso: "Hablamos con la dirección, después se llevó al consejo escolar y se le hizo saber a la dirección provincial de Educación. Incluso hablé con un inspector que me contestó que no hubiera llevado a mis hijos a ese colegio. Fui a tribunales porque no me quedó más remedio. "El asunto podría haberse solucionado sin polémica desde 2008", dice. O como lo hacen en otros colegios: cuando se blanquean las paredes, el crucifijo se guarda y ya no se cuelga.
Losada, que también es profesor en otro instituto, entiende que la dirección del centro no tome cartas en el asunto. "Para ellos es complicado, porque tienen que atender muchas voces dentro del colegio y soportar presiones. En esto debería intervenir decididamente la Administración y sin esperar a que lo soliciten los padres, porque cuando nos vemos obligados a pedirlo ya tenemos que declarar sobre nuestras creencias y la ley nos ampara para que no tengamos que hacerlo", afirma. "Nadie tiene por qué decir si es católico o si no lo es", insiste Losada. Pero al final, los padres tienen que salir a defender el laicismo en plaza pública. Muchos, claro, no lo hacen, aunque les incomode que los símbolos católicos presidan las aulas públicas en las que estudian niños de otras creencias o, sencillamente, ateos. Desde hace un par de años, en las aulas públicas, son ya más los chicos de secundaria que prefieren no estudiar religión que los que sí lo hacen.
El presidente de Europa Laica, Paco Delgado, asegura que no se dan ya muchos conflictos porque, normalmente "se solucionan sin llegar a mayores". A ello han contribuido varias sentencias. Definitiva ha sido la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta donde llegó la reclamación de una mujer italiana. La presencia de símbolos religiosos es una "violación del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones" y de la propia libertad de los alumnos, dice la sentencia.
Es normal que muchos padres no estén enterados de esto, como los que ayer protestaban en Almendralejo por la decisión de la Administración de retirar los crucifijos. A algunos les parecía "exagerada" y "patética" y que "no se respeta en absoluto la religión". Puede que ignoren que es un derecho constitucional, pero la Administración no puede desconocerlo. Y Lorenzo Losada dialogó y dialogó con todos durante años. Solo cuando vio que no había más remedio acudió a los tribunales. La Administración se dio entonces por enterada y frenó el proceso judicial.
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Los alumnos de secundaria que no estudian religión son mayoría
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer que estos asuntos "no deberían llegar a los tribunales porque es mejor hablarlos en la escuela", habida cuenta de que es un derecho constitucional que asiste a los padres. Lorenzo Losada piensa como él, pero nadie le hizo caso: "Hablamos con la dirección, después se llevó al consejo escolar y se le hizo saber a la dirección provincial de Educación. Incluso hablé con un inspector que me contestó que no hubiera llevado a mis hijos a ese colegio. Fui a tribunales porque no me quedó más remedio. "El asunto podría haberse solucionado sin polémica desde 2008", dice. O como lo hacen en otros colegios: cuando se blanquean las paredes, el crucifijo se guarda y ya no se cuelga.
Losada, que también es profesor en otro instituto, entiende que la dirección del centro no tome cartas en el asunto. "Para ellos es complicado, porque tienen que atender muchas voces dentro del colegio y soportar presiones. En esto debería intervenir decididamente la Administración y sin esperar a que lo soliciten los padres, porque cuando nos vemos obligados a pedirlo ya tenemos que declarar sobre nuestras creencias y la ley nos ampara para que no tengamos que hacerlo", afirma. "Nadie tiene por qué decir si es católico o si no lo es", insiste Losada. Pero al final, los padres tienen que salir a defender el laicismo en plaza pública. Muchos, claro, no lo hacen, aunque les incomode que los símbolos católicos presidan las aulas públicas en las que estudian niños de otras creencias o, sencillamente, ateos. Desde hace un par de años, en las aulas públicas, son ya más los chicos de secundaria que prefieren no estudiar religión que los que sí lo hacen.
El presidente de Europa Laica, Paco Delgado, asegura que no se dan ya muchos conflictos porque, normalmente "se solucionan sin llegar a mayores". A ello han contribuido varias sentencias. Definitiva ha sido la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta donde llegó la reclamación de una mujer italiana. La presencia de símbolos religiosos es una "violación del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones" y de la propia libertad de los alumnos, dice la sentencia.
Es normal que muchos padres no estén enterados de esto, como los que ayer protestaban en Almendralejo por la decisión de la Administración de retirar los crucifijos. A algunos les parecía "exagerada" y "patética" y que "no se respeta en absoluto la religión". Puede que ignoren que es un derecho constitucional, pero la Administración no puede desconocerlo. Y Lorenzo Losada dialogó y dialogó con todos durante años. Solo cuando vio que no había más remedio acudió a los tribunales. La Administración se dio entonces por enterada y frenó el proceso judicial.
