El Senado rechaza la moción para garantizar la neutralidad en la red
La propuesta del PP no sale adelante, con 116 votos a favor y 121 en contra
ROSA JIMÉNEZ CANO | Madrid 17/11/2010
EL PAIS
El Senado ha rechazado por 121 votos en contra frente a 116 a favor de la moción de Ildefonso Pastor, senador del PP por Valladolid, en la que se instaba al Gobierno a modificar la normativa española en materia de Sociedad de la Información. En la misma se pedía el cumplimiento del principio de neutralidad de la Red por parte de los proveedores de telecomunicaciones que operan en España.
La senadora por Palencia y responsable en el PSOE de la moción, Miriam Andrés Prieto, dice "sí" a la neutralidad en el tráfico de datos que proponía el PP, pero con consenso parlamentario. No quieren aceptar una moción para la cual sus artífices no aceptan ni una sola modificación. "No es cuestión de forma, sino la manera que tienen de hacer política", ha declarado Andrés Prieto.
El motivo por el que el resto de los grupos no ha aprobado la moción radica en que está desarrollada en España, no a partir del marco normativo de la UE. El PSOE ha presentado una enmienda por la cual pide "que se tenga en cuenta el marco de la normativa europea sobre comunicaciones electrónicas".
Los grupos han criticado además al PP "la incongruencia" de su moción, puesto que la eurodiputada popular Pilar del Castillo "aboga por la gestión del tráfico y la seguridad, lo que podria ir en contra de ese mismo concepto de neutralidad que proponen". Todos los grupos del Senado se han comprometido a retomar el debate en 15 días.
Tráfico de datos en condiciones de igualdad
Según el promotor de la iniciativa, Ildefonso Pastor, suscitar este debate "no es una cuestión partidista, sino de todos. Una Red abierta hace que se pueda innovar y crear riqueza. La posición actual es ambigua y no promueve que lleguemos a generar una economía del conocimiento, fundamental en estos tiempos".
En el texto presentado en la Cámara alta por el Grupo Popular se define la neutralidad como el principio que "implica que un dispositivo conectado a Internet puede comunicarse con cualquier otro equipo de la Red, independientemente de su ubicación, e intercambiar libremente cualquier clase de datos a través de cualquier protocolo de cuantos se han ido definiendo. Todos los datos que circulan por la Red lo hacen en condiciones de igualdad, independientemente de su origen, destino y contenido".
La petición, impulsada también por Alfonso García Vicente, procurador en las Cortes de Castilla y León, explica la importancia de Internet para los ciudadanos: "Ha cambiado la forma en que nos relacionamos, comunicamos, informamos y aprendemos. Ha transformado asimismo el modo de trabajar, consumir y hacer negocios. En definitiva, ha permitido superar barreras físicas y geográficas que condicionaban las libertades y oportunidades de los ciudadanos".
Enrique Dans, profesor en el Instituto de Empresa y bloguero, ha publicado en su bitácora el texto completo. Celebra que los políticos comiencen a ser permeables a Internet: "Aunque solo sea como lo aprobado en Chile, ya sería un gran paso". El pasado mes de julio el Parlamento chileno promulgó una ley que, sin comprometer a nada concreto y sin imponer sanciones, declara la neutralidad de la Red como una necesidad.
La postura del Gobierno sobre la neutralidad de la Red no es clara pero sí muy polémica. Y lo es sobre todo después de que el pasado 10 de noviembre admitiese la ruptura de la misma en un documento remitido a la Unión Europea "siempre que no supongan una vulneración de la competencia".
Dentro del orden del día del Senado también se incluye el debate sobre el canon por copia privada y la gestión del mismo. El pasado viernes el Gobierno envió una carta a un bloguero confirmando que se iba a adaptar a la normativa europea, sin una fecha concreta. Es previsible que se concrete un cómo y cuándo a partir de esta sesión.
Ildefonso Pastor no entiende cómo se ha podido llegar a este punto: "Parece poco razonable que las empresas, que no hacen copia privada sino un uso profesional de los consumibles como soporte de sus documentos, tengan que sufragar a las sociedades de gestión de derechos".
En el texto presentado en la Cámara alta por el Grupo Popular se define la neutralidad como el principio que "implica que un dispositivo conectado a Internet puede comunicarse con cualquier otro equipo de la Red, independientemente de su ubicación, e intercambiar libremente cualquier clase de datos a través de cualquier protocolo de cuantos se han ido definiendo. Todos los datos que circulan por la Red lo hacen en condiciones de igualdad, independientemente de su origen, destino y contenido".
La petición, impulsada también por Alfonso García Vicente, procurador en las Cortes de Castilla y León, explica la importancia de Internet para los ciudadanos: "Ha cambiado la forma en que nos relacionamos, comunicamos, informamos y aprendemos. Ha transformado asimismo el modo de trabajar, consumir y hacer negocios. En definitiva, ha permitido superar barreras físicas y geográficas que condicionaban las libertades y oportunidades de los ciudadanos".
Enrique Dans, profesor en el Instituto de Empresa y bloguero, ha publicado en su bitácora el texto completo. Celebra que los políticos comiencen a ser permeables a Internet: "Aunque solo sea como lo aprobado en Chile, ya sería un gran paso". El pasado mes de julio el Parlamento chileno promulgó una ley que, sin comprometer a nada concreto y sin imponer sanciones, declara la neutralidad de la Red como una necesidad.
La postura del Gobierno sobre la neutralidad de la Red no es clara pero sí muy polémica.Y lo es sobre todo después de que el pasado 10 de noviembre admitiese la ruptura de la misma en un documento remitido a la Unión Europea "siempre que no supongan una vulneración de la competencia".
Dentro del orden del día del Senado también se incluye el debate sobre el canon por copia privada y la gestión del mismo. El pasado viernes el Gobierno envió una carta a un bloguero confirmando que se iba a adaptar a la normativa europea, sin una fecha concreta. Es previsible que se concrete un cómo y cuándo a partir de esta sesión.
Ildefonso Pastor no entiende cómo se ha podido llegar a este punto: "Parece poco razonable que las empresas, que no hacen copia privada sino un uso profesional de los consumibles como soporte de sus documentos, tengan que sufragar a las sociedades de gestión de derechos".
