El PSOE denuncia un convenio con la Iglesia que arrancó con González en 1.985

ABC – 25/04/08

El PSOE denuncia un convenio con la Iglesia que arrancó con González en 1985

LAURA DANIELE. MADRID
El PSOE volvió a arremeter ayer contra la Iglesia católica, y de paso contra la Comunidad de Madrid, en su cruzada por desplazarla de los espacios públicos. Descalificaciones de todo tipo se oyeron desde las filas socialistas por el convenio que regula la asistencia religiosa en los hospitales públicos madrileños y que incluye, entre sus cláusulas, la participación de los capellanes en el Comité de Ética y en el Equipo Interdisciplinar de Cuidados Paliativos.
«Inquisitorial, fundamentalista e inconstitucional» fueron las palabras que utilizó el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, para referirse a dicho acuerdo (que pese a ser denunciado ayer se remonta a 1997) y que fue renovado en enero de este año entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado.
El convenio, en realidad, no presenta ninguna novedad con respecto al primero, que fue firmado por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el Arzobispado, y que en once años no motivó ninguna polémica ni denuncia por parte de los socialistas. Además, la presencia de los representantes de la Iglesia católica en los comité de ética de los hospitales públicos data de 1995, cuando el entonces Insalud planteaba, en una circular enviada a los centros sanitarios, la posibilidad de incluir capellanes en estos servicios que se estaban poniendo en marcha. Entonces gobernaba Felipe González, que en 1985 también había firmado un acuerdo marco sobre la asistencia religiosa en los hospitales.
Pero aún así, Álvaro Cuesta no se quedó en las críticas e instó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a retirar el acuerdo y emplazó a los facultativos a «desoír» su aplicación por la «mezcla intolerable y anacrónica» de lo religioso con la esfera de los derechos civiles y el funcionamiento de las instituciones públicas.
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, tampoco se quedó atrás y sostuvo que se trata de una «absoluta invasión» de la intimidad y de la libertad de conciencia de los pacientes. Asimismo, criticó que «los sacerdotes que trabajan en los hospitales, además de impartir misa y visitar a los enfermos, decidan sobre cuestiones que afectan a la moral individual de cada paciente». Por su parte, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, dejó claro que «no queremos que los curas decidan sobre nuestro sufrimiento». «Primero cambiaron los púlpitos por las calles, luego por las aulas y, ahora, por los hospitales madrileños. Sabemos lo que quiere la Iglesia, pero nosotros no queremos mártires», apuntó.
Desde el Arzobispado de Madrid, la secretaria de la Provincia Eclesiástica, María Rosa de la Cierva, calificó de «sorprendente la rebelión» que ha generado el tema y consideró positivo que el acuerdo, pese a no ser nuevo, «se haya hecho público» sobre todo tras el anuncio del ministro de Sanidad, Bernat Soria, de que la eutanasia «es una asignatura pendiente en la sociedad» española y «debe plantearse en algún momento», según informa Ep.
Sin poder de decisión
El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, aclaró que los capellanes no tienen poder de decisión sobre los pacientes, como no lo tiene ningún miembro de los comités de ética, ya que éstos no tienen, entre sus competencias, el estudio de casos particulares sobre la aplicación de cuidados paliativos en enfermos terminales.
El responsable madrileño de Sanidad indicó, además, que las decisiones sobre la terapia que hay que aplicar a los pacientes y sobre los cuidados paliativos dependen «exclusivamente» de los médicos, que son los que tienen que determinar lo que hay que hacer en cada caso con criterios «estrictamente científico-técnicos» y con arreglo a los protocolos aceptados en toda España, y «no a criterios religiosos».