El Gobierno reactiva su frente contra la Iglesia en pleno declive económico

ABC - 26 de abril de 2.008

El Gobierno reactiva su frente contra la Iglesia en pleno declive económico

G. SANZ. MADRID
El Gobierno ha iniciado la legislatura con dos decisiones que la jerarquía de la Iglesia católica interpreta como una ofensiva legal laicista en toda regla. Por un lado, el Consejo de Ministros anunció ayer que ha ordenado a la Fiscalía General del Estado investigar el convenio firmado en enero pasado entre el Gobierno de Madrid y el Arzobispado, por el cual los sacerdotes de los hospitales «formarán parte del Comité de ética y el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos». Este convenio se ha renovado tal cual desde hace once años, y es ahora cuando el Gobierno entra en acción, cuando hay voces que piden a Zapatero que revise a fondo los acuerdos Iglesia-Estado.
De forma casi simultánea, ayer se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo, dependiente a su vez de la Fiscalía General del Estado, va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que permite objetar contra Educación para la Ciudadanía.
Estas decisiones -que entran directamente en rumbo de colisión con la postura defendida por la Iglesia en ambas cuestiones- se dieron con la amplificación que confiere la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo se veía obligado a reducir sensiblemente la previsión de crecimiento de la economía española para 2008. También ayer, el Instituto Nacional de Estadística facilitaba los datos de la Encuesta de Población Activa que sitúan el desempleo en una de las peores cifras de las últimas décadas. Entre enero y marzo, el paro aumentó en más de un cuarto de millón de personas.
En este negro panorama económico, María Teresa Fernández de la Vega explicó detalladamente las medidas sociales promovidas por el Ejecutivo. Así, afirmó que la Fiscalía General y la Agencia de Protección de Datos estudiarán si procede emprender acciones legales contra el convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el Arzobispado. De acuerdo con la Constitución -señaló-, «los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas».
El Ejecutivo dice que quiere saber si el acuerdo vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa. En tal caso, la Fiscalía procederá a «ejercitar las acciones que considere oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos», dijo la «número dos» del Ejecutivo. También subrayó que la voluntad de los pacientes sobre su salud no puede tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de criterios «profesionales».
Con un retraso de once años
Según denunció ayer el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, el acuerdo de enero es renovación literal, en el apartado de la presencia de curas en los hospitales, de uno que firmó en 1997 el entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Alberto Ruiz-Gallardón. Además, -abundó Güemes-, la presencia de representantes de la Iglesia católica en hospitales data de 1995, cuando el Insalud, dependiente en esa época del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Felipe González, envió una circular a los hospitales planteando la posibilidad de incluir capellanes en los Comités de Bioética, que en esos años se estaban poniendo en marcha.
«No es lo mismo»
Fuentes socialistas consultadas por ABC sostienen que «no es lo mismo» una circular de recomendaciones que suscribir un convenio en el que se dice literalmente que los sacerdotes católicos «formarán parte» de los comités de bioética, máxime cuando esto es materia de fuerte controversia política entre PP y PSOE desde que estallara el «caso de las sedaciones»en el hospital de Leganés el pasado año. Las mismas fuentes admiten que «puede que se nos pasara el convenio que firmó inicialmente el Gobierno de Gallardón en 1997, pero eso no justifica el decir que lo que se hace ahora es lo mismo que recomendaba el Gobierno socialista en 1995».
Sacar de apuros a un amigo
Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad aseguraron que la investigación de la Fiscalía ordenada por el Consejo de Ministros «es una maniobra del Gobierno para sacar del apuro a la cadena de radio amiga que ha metido la pata», en clara alusión a la SER, que ayer difundió la noticia. «Y utilizar al fiscal general del Estado para sacar a un amigo de sus aprietos puede ser constitutivo de un delito de prevaricación», añadieron las fuentes.
Pero esta batalla emprendida por el Gobierno tiene más frentes, ya conocidos, pero que se reactivan en este contexto de crisis económica. La Fiscalía del Tribunal Supremo, dependiente del fiscal general, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que estimó el derecho a la objeción de conciencia de unos padres respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), cuestionada por el Episcopado español.
El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando dos padres recurrieron una resolución de la Junta de Andalucía contra el derecho a la objeción de conciencia de un hijo menor de edad sobre la asignatura «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» y su consiguiente petición de asignatura alternativa a dicha disciplina. En su escrito, de 16 páginas, el fiscal del Tribunal Supremo considera que el tribunal andaluz realiza una detallada descripción sobre la libertad ideológica y sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero «no aporta ningún argumento» que concrete por qué se produce la «vulneración de derechos» que denunciaban los padres.
Según la Fiscalía del Tribunal Supremo, que depende directamente de las directirces del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, esta indefinición de la resolución judicial impide conocer qué contenidos concretos de la mencionada asignatura podrían incidir en los derechos fundamentales invocados por los recurrentes. El fiscal basa su informe en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que, en diversas sentencias, ha reconocido la potestad de los Estados para incluir asignaturas en sus programas educativos que aporten contenidos religiosos o ideológicos, siempre que estas exposiciones tengan un carácter divulgativo y aséptico, con el fin de proporcionar a los alumnos un nivel de conocimiento que les permita conformar sus propias convicciones.
En su escrito, el Ministerio Público recuerda que la objeción de conciencia no es abstracto, sino un derecho del individuo a ser eximido de determinados deberes legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones. Así, la Fiscalía señala en su escrito que se trata de «un derecho constitucional pero no fundamental ni reconocido con carácter general» por la Carta Magna (únicamente se alude al deber de prestar el servicio militar obligatorio).