Mas refuerza su plan soberanista con el respaldo del 77% del Parlament
Los socialistas impulsan una resolución calcada a la que rechazó el PSOE en el Congreso
Mas reitera su intención de convocar una consulta dentro de la legalidad española o catalana
EL PAIS - PERE RÍOS Barcelona 14 MAR 2013 - 08:34 CET3194
El Parlament aprueba hoy la resolución sobre el derecho a decidir. / CARLES RIBAS
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer con el apoyo de 104 de sus 135 diputados una resolución en la que se insta al Gobierno de Artur Mas a iniciar un diálogo con el Gobierno español para acordar la celebración de una consulta en la que los catalanes decidan su futuro político. El texto fue promovido por el PSC y todos los partidos que lo apoyaron (CiU, ERC e Iniciativa-Esquerra Unida) coincidieron en la importancia de que los socialistas catalanes se sumen a la reclamación del derecho a decidir, la reivindicación sobre el que gira la política catalana desde hace meses. Solamente el PP y Ciutadans votaron en contra (27 diputados), mientras que los tres de la CUP se abstuvieron.
Pere Navarro, primer secretario del PSC, insistió en que su partido “no quiere la independencia, sino un Estado federal”, y añadió que estaba reclamando en España lo que ha ocurrido en “democracias avanzadas del mundo, como Canadá y el Reino Unido”. Es decir, una consulta pactada como la celebrada en Quebec y la que tendrá lugar en Escocia el año próximo. Si la consulta se llega a celebrar en Cataluña, Navarro insistió en que el PSC reclamará el no.
La resolución aprobada refuerza a Artur Mas como interlocutor ante el Gobierno español, según admitió el líder del PSC. Desde que el presidente de la Generalitat lanzó su órdago soberanista tras la manifestación independentista de la Diada no había logrado un apoyo político tan importante el de ayer.
El pasado 23 de enero, en la primera reunión del Parlamento catalán tras las elecciones autonómicas, se aprobó una declaración que definía a Cataluña como “sujeto jurídico y político soberano”. Ese texto, que el Gobierno de Mariano Rajoy, ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional tras el informe del Consejo de Estado, recibió el apoyo de 85 diputados, el voto en contra de otros 41 y dos abstenciones. 15 diputados del PSC optaron por el no, mientras que otros cinco rompieron la disciplina de voto y no participaron en la votación, lo que les valió también una multa de 400 euros por romper la disciplina de voto.Es decir, el proceso soberanista fue apoyado en enero por el 63% de la cámara y ayer por el 77% de los 135 diputados.
La resolución aprobada ayer es un calco de la que rechazó el pasado 26 de febrero el Congreso de los Diputados con los votos de PP y PSOE. Aquel día 13 diputados del PSC se desmarcaron por primera vez del grupo parlamentario socialista y votaron a favor de la resolución impulsada por CiU y que apoyaron otros grupos políticos.
La exministra y diputada por Barcelona Carme Chacón no participó en esa votación. Los 14 diputados díscolos del PSC fueron multados con 600 euros y la ruptura de la disciplina de voto hizo tambalear las relaciones entre los socialistas catalanes y españoles, al punto de volver a invocarse el escenario de la ruptura por parte de alguno dirigentes territoriales del PSOE. Aquel escenario parece haberse apaciguado y ambas direcciones trabajan ahora en definir un nuevo protocolo de relaciones.
La actuación del PSC en el Congreso hace 15 días fue evocada ayer por las fuerzas soberanistas catalanas, que coincidieron en reclamar a Navarro que aguante el tirón con los socialistas españoles. “Acompañadnos hasta el final, porque sabemos que el PP y el PSOE no quieren que los catalanes nos promunciemos”, le reclamó Marta Rovira, de Esquerra Republicana. “No se dejen intimidar por los que nos niegan el derecho a existir porque se impondrá la voluntad popular”, le espetó Jordi Turull (CiU) al líder del PSC, mientras que Joan Herrera (ICV) dijo que la actuación de los socialistas catalanes era “una gran noticia” que les situaba en “la centralidad del catalanismo político”.
La dirección del PSOE hace una lectura muy distinta de la actuación del PSC por impulsar esta resolución y considera que era innecesaria y reabre el distanciamiento en la familia socialista. Pere Navarro insistió en su tesis de que actúa así por coherencia y que su partido llevó el derecho a decidir en el programa de las autonómicas. Con todo, deslizó un mensaje al PSOE.
“Soy plenamente consciente de que las dificultades y las reticencias que levanta el derecho a decidir en España. Les aseguro que quien mejor lo sabe de este Parlamento soy yo, por razones obvias”, afirmó. Tras reclamar a Artur Mas que explique su plan soberanista a todas las instituciones y líderes políticos españoles, añadió: “Al menos con los socialistas españoles, su trabajo ya lo he empezado yo”.
Al hilo de estas palabras, el portavoz parlamentario del PP, Sant Rodríguez, reclamó a Navarro que “antes de dar lecciones” de democracia “convenza a Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba” de que pueda celebrarse la consulta. En su opinión, la iniciativa del PSC “da oxígeno a las tesis separatistas de CiU y ERC”. Menos educaco fue Albert Rivera, de Ciutadans, quien se refirió al titular de una entrevista y definió a Navarro como “el tonto útil de todo el separatismo”.
Navarro argumentó ayer que el texto presentado por el PSC nada tiene que ver con el de hace dos meses y preguntó a las fuerzas políticas que lo auspiciaron “porqué pasó el concepto de soberanía por delante de la posibilidad de llegar a un gran acuerdo con más de cien diputados en torno a lo que sí estamos de acuerdo”. Para Navarro, el derecho a decidir que defiende el PSC “es la suma del principio democrático y del principio de legalidad” y reprochó a CiU y ERC el “callejón sin salida” que supone el anuncio de “internacionalizar el conflicto”. De ahí que apelase de nuevo a la necesidad de mantener la cohesión social, huyendo del “enfrentamiento y el conflicto”.
Durante la sesión de control parlamentario, Artur Mas volvió a reiterar su intención de convocar una consulta dentro de la legalidad, sea española o catalana. El primer caso requiere una autorización del Gobierno español que se antoja imposible, según ha anunciado ya Mariano Rajoy. La otra opción sería convocar una consulta al amparo de la ley catalana que está tramitando el Parlamento autonómico. “¿Y que también debe ser legalidad, no?”, se preguntó ayer el presidente de la Generalitat antes de añadir que “este pueblo tiene derecho a ser consultado”.
Queda por ver la actuación del Gobierno español si finalmente se produce ese escenario y la convocatoria de la consulta acaba recurrida ante el Tribunal Constitucional. Mas insistió ayer en el caso de los “países y estados civiilzados” para referirse al Reino Unido o Canadá y dijo que esos procesos se hicieron “sin dar la espalda y dedicarse a insultar y a difamar y a poner constituciones como si fuesen muros infranqueables”.
La ley catalana que con toda probabilidad utilizará el Gobierno de CiU podría estar aprobada como muy tarde el próximo mes de septiembre. La intención es que puedan votar los ciudadanos a partir de los 16 años. El desenlace de ese proceso, sea el que fuera, conducirá con toda probabilidad a la disolución de la cámara catalana y la convocatoria adelantada de nuevas elecciones, según admiten todos los partidos políticos catalanes.
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