Polémica en Costa Rica por la conferencia de un
médico español que ‘cura’ a los [homosexuales]
El tribunal constitucional permite la charla pero anula un decreto del
Gobierno que la declaró de interés público
El máximo tribunal constitucional de Costa Rica reafirmó este miércoles
el derecho del médico español Jokin de Irala, vicedecano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Navarra, de dictar una conferencia en esta capital acerca
de que la homosexualidad es una enfermedad curable, pese a las protestas y el
rechazo explícito de la comunidad [homosexual] costarricense.
El tribunal ratificó que la conferencia del facultativo tampoco puede
impedirse, porque sería un acto de censura previa que golpearía el derecho a la
libertad de expresión, pero la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia anuló un
decreto del gobierno costarricense que declaró de “interés público” el V Congreso Centroamericano de Bioética, en el que De Irala participa, a partir de este miércoles, en San José.
La Sala también cuestionó al Gobierno porque aunque la ministra
costarricense de Salud, Daysi Corrales, admitió por un lado que “no avala
ninguna terapia o tratamiento para la curación de algo toda vez que la
homosexualidad no es una enfermedad y más bien señala los riesgos que implica”,
por otro propició una actividad “en la que uno de sus conferenciantes
precisamente viene a promocionar” lo que la funcionaria “considera dañino”.
El tribunal, cuyos fallos son inapelables, estableció que se “subraya el
derecho de los organizadores” del Congreso “de traer entre sus panelistas” a De
Irala “y su conferencia titulada: Comprendiendo
la homosexualidad hoy, aunque su posición no sea aceptada
por el criterio científico mayoritario y a pesar de que algunos consideren tal
postura como discriminatoria”.“En efecto, Costa Rica se rige por la prohibición
de la censura previa y la regla de la responsabilidad ulterior”, recalcó el
veredicto.
La Sala analizaba un recurso presentado por el costarricense Yashín Castrillo, abogado y dirigente homosexual, contra el decreto gubernamental, y
recordó que el “objeto del amparo no fue el tema de la libertad de expresión,
sino el hecho concreto y preciso de que tal actividad fuese declarada de
interés público”. Y determinó que “deviene irrazonable una declaración de
interés público de una actividad en que una conferencia revierte en una
estigmatización de un sector de la población y un potencial daño a su salud,
amén de que su base científica es altamente cuestionada por falta de sustento”.
La Sala se apoya para su resolución en “criterios técnicos” de la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el
Ministerio de Salud y los colegios de Médicos y Cirujanos y de Psicólogos de
Costa Rica e instituciones universitarias costarricenses.
El veredicto, aprobado con el voto mayoritario de cinco de los siete
magistrados, reconoce que el gobierno de Costa Rica “goza de una amplia
libertad de configuración para determinar qué actividades califica como de
interés público”, pero aclaró que “tal discrecionalidad está sometida en todo
caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para
lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable”. Por eso, añade, “en ningún
caso pueden dictarse actos contrarios a reglas de la ciencia o de la técnica, o
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.
De Irala es desde hace varias semanas el protagonista de una encendida
polémica en Costa Rica entre la comunidad gay, el Gobierno y los organizadores
del Congreso. La declaración gubernamental de interés público causó el
contundente rechazo del Movimiento Diversidad, la principal organización costarricense defensora de los derechos de
los homosexuales, que aseguró que la conferencia “solo oscurantismo traerá” por
diagnosticar “una enfermedad donde no la hay”.
El Ministerio de Salud de Costa Rica alegó reiteradamente que la
decisión del gobierno de declarar al Congreso como de interés público fue en
defensa de la libre expresión.
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