Madrid, Andalucía y Valencia echan a 97.000 temporales del sector público
Los interinos de la sanidad y la educación, los que más sufren la austeridad
EL PAIS - MARÍA FERNÁNDEZ Madrid 11 MAR 2013 - 00:42 CET231
Protestas ante la Consejería de Educación de Madrid en septiembre de 2011. / ULY MARTÍN
Los trabajadores eventuales, interinos y el personal laboral forman el colectivo del sector público que está sufriendo más bajas en nombre de la austeridad. A finales de 2011 había 747.700 temporales trabajando para todas las administraciones españolas (desde Ayuntamientos hasta los ministerios). De un plumazo son un 20% menos, 179.000 ocupados que han dejado de estarlo. De ellos, según los datos de la Encuesta de Población Activa, casi 97.000 personas perdieron su puesto en alguna de estas tres comunidades: Madrid, Andalucía y Valencia. Juntas albergan al 42% de la población española y despidieron al 54% del total aunque, más que despidos, optaron por la vía fácil de no renovar miles de contratos. En proporción a sus habitantes, Castilla-La Mancha también se empleó a fondo: con el 4% de la población ejecutó el 8% de las bajas (en un año fueron 15.500 ocupados menos).
Las comunidades autónomas no ofrecen datos segregados de educación y sanidad, sectores sobre los que pesa el ahorro. “Cada administración calcula el personal como mejor le parece hasta el punto de que si dos o más trabajadores cubren una misma baja, todos cuentan como nuevos contratados”, denuncian desde UGT. Antonio Redero, de la federación de enseñanza de este sindicato, hace sus propios cálculos: la tasa de interinidad en España ha pasado del 15% hace dos años al actual 9,11%. Unos 60.000 profesores pueden haberse quedado por el camino. “Apenas ha habido oposiciones, se han perdido muchísimos puestos”, analiza Redero.
Ahora mismo hay convocadas 2.386 plazas de docentes de primaria y este año ninguna comunidad autónoma hará procesos selectivos en secundaria. Curiosamente se ha disparado la oferta en el cuerpo de inspectores educativos en lugares como Madrid o Galicia: “Quieren menos profesores, con más horas de clase, pero que estén más controlados”, subraya el ugetista.
Mely de la Cruz, portavoz de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos, lleva trabajando en ese régimen desde 1989. “La precariedad es enorme, cada vez las cosas se están poniendo peor. Hay compañeros contratados por cuatro horas a la semana”. Vaticina que pronto se vivirán estampas de los años 80, cuando los institutos llegaban a tener más de 40 alumnos por aula. Aclara que el suyo es un colectivo que sufre “despido libre y gratuito”. Y hasta hace unos años, sin derecho a paro. En su caso particular, y tras 25 años ocupando puestos aquí y allá, este curso la han contratado en virtud de una orden que la Comunidad de Madrid aprobó en 2006 y que prima a los mayores de 55 con más de 15 años de experiencia. “Pero las cosas pueden cambiar y, curiosamente, la experiencia docente importa cada vez menos”, señala.
CC OO acaba de hacer público un informe sobre las partidas de personal en la enseñanza no universitaria en España entre los años 2009 y 2013. Castilla-La Mancha encabeza la lista de los recortes, con un desplome del gasto del 20%, 276 millones de euros. Le sigue Aragón, con un 16% menos (101 millones) y Murcia, con un 15% (137 millones). País Vasco y Extremadura son las zonas donde la rebaja ha sido menor. El informe detalla que de los presupuestos de las comunidades y el Ministerio de Educación han caído en 2.616 millones en personal. De ellos, 1.796 por no renovar interinos.
El sindicato calcula que el salario medio del profesorado de la enseñanza pública en este tiempo ha pasado de 36.000 euros brutos anuales a 34.700. Como la mayoría de los interinos no cobra ni trienios ni sexenios, en este colectivo la retribución baja a 27.387 euros en infantil y primaria y a 30.724 en secundaria (cálculo para el año 2013).
La otra gran bolsa de perjudicados está en la sanidad, donde muchos médicos subsisten con contratos de días. En Andalucía este verano se ahorraron 22 millones en nóminas porque no cubrieron las vacaciones en varios centros de atención primaria y hospitales. Castilla-La Mancha directamente bloqueó la contratación de interinos. En Madrid, el plan de privatizaciones amenaza la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008. El personal sanitario con plaza será trasladado y los eventuales se irán a la calle. El tijeretazo se divisa por todas partes.
En Cataluña los planes de austeridad provocaron recortes del 5% en el salario de los 230.000 empleados públicos de la Generalitat. En el caso de los interinos esa reducción fue del 15%. Valencia ha suprimido 1.656 puestos, aparte de los casi 850 que saldrán de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El plan del Consell es suprimir unos 3.500 empleos durante este ejercicio.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) cree que hay un enorme “ERE encubierto sobre el personal interino” en las comunidades autónomas. Y lo peor es que la hemorragia de despidos no ha terminado.
Al comienzo de este año volvieron a publicarse datos muy malos. La Seguridad Social arrancó 2013 con 11.251 afiliados menos en el sector de la Administración Pública. “La preocupante sangría de empleo pone en serio peligro el modelo de función pública”, braman desde el CSIF. Piden un “plan urgente de ordenación de recursos humanos en el sector público que garantice que los servicios se prestan correctamente”. La próxima gran reforma de la Administración, la de los Ayuntamientos, puede añadirle drama al asunto. Porque los Ayuntamientos españoles han convertido en norma lo que debería de haber sido excepcional: la contratación de personal no funcionario. De los 526.248 trabajadores que tienen los Ayuntamientos españoles, 190.169 son funcionarios y 304.005 laborales. Otras 32.074 personas figuran con otro tipo de contratos. Ellos pueden ser los próximos si se llevan a cabo los recortes de 7.129 millones que pretende el Gobierno.
En el fondo también hay de un problema de modelo: “Un colectivo muy importante de personas ha hecho de esto una manera de vivir porque al sistema le ha convenido. Ahora que no les interesamos ¿tenemos que desaparecer?”, se pregunta Elena Escolano, de la Plataforma de interinos de Madrid.
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