PSOE y PP evitan excluir de sus listas a todos los imputados por corrupción

Los populares tantean un acuerdo "para preservar la presunción de inocencia"

BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 21/02/2011

EL PAIS

La corrupción "puede anidar en cualquier institución", según Esperanza Aguirre, y lo importante "no es que se produzca, sino qué se hace para evitarlo". Las elecciones municipales y autonómicas de mayo decidirán más del 90% de los cargos electos del país, que en su mayoría corresponden al PSOE o al PP. Los dos grandes partidos han convertido en arma arrojadiza cualquier sombra de corrupción en los candidatos rivalesque se van conociendo, pero mantienen una ambigüedad moral más o menos calculada para juzgar a los suyos.

- El mínimo común múltiplo. Lo impone la ley electoral, que en su última redacción de enero impide el ejercicio del sufragio pasivo (ser candidato) a los condenados por delitos contra la Administración. Antes solo estaban excluidos terroristas o traidores a la patria, pero una modificación legislativa impulsada por UPyD sumó a los reos por cohecho, malversación, tráfico de influencias, etc.

- Primera divergencia. Los socialistas asumen la restricción, y van más allá: no podrán ser candidatos los imputados por corruptelas destinadas al enriquecimiento propio. O como apostilló el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "el que haya metido la mano tiene que estar a mil leguas de una lista". En esa región, el PSOE presenta a la alcaldía de Plasencia a Elia María Blanco, imputada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Vara la defiende: "Nadie va a poder decir que haya habido ningún tipo de enriquecimiento". En efecto, según la investigación el supuesto beneficiario fue un constructor.

- ¿Y el resto de casos? Hay varios aspirantes socialistas imputados por corrupción , que sin embargo se librarían a priori de esa restricción porque supuestamente no fueron ellos quienes sacaron tajada de las componendas. El responsable de Política Municipal, Antonio Hernando, cree que "no hay corrupción si no se mete la mano en la caja para llevarse el dinero al bolsillo". Pero apunta: "La norma general se aplicará estrictamente, pero habrá que examinar cada caso en el que haya habido aprovechamiento particular por parte de terceros". Es decir, que si un alcalde enriquece a un constructor, quedará en manos de la Comisión Federal de Listas, última responsable para decidir si hubo "mala fe" y apartar al candidato, aunque haya sido refrendado en la localidad o la región. El portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, dijo el martes: "Ningún implicado en casos de corrupción va a ir o debe ir [en las listas]". ¿Dónde está pues el límite entre "lo justo y lo inflexible"?

- Un tercer baremo. El PSOE balear tiene otro listón: quedan excluidos los imputados sobre los que pesen medidas cautelares (retirada de pasaporte, fianza), tanto si es por enriquecimiento propio como por otros motivos. Su secretaria de Organización, Rosa María Alberdi, ve necesario un "indicio judicial más severo que una mera imputación", pero aplica un código más estricto para presumir de "transparencia" tras los sonados casos de corrupción en las islas. Su líder en Ibiza, Xico Tarrés, está imputado por un supuesto cobro de comisiones. Por ahora cumple los criterios locales y nacionales: podrá presentarse.

- Un 0,1% corrupto. Las líneas rojas del PP son más etéreas. Haberlas, haylas. Pero nadie se atreve a ponerlas negro sobre blanco, por si pudiera quedar alguien importante fuera de juego. Como en el PSOE, la decisión última depende de la dirección nacional y promete tomarse caso a caso. El coordinador de Política Autonómica y Municipal, Juan Manuel Moreno, admite que llevan en sus listas a "imputados que no están condenados y tienen derecho a defenderse, pero condenados nunca. Pero en principio hay una resistencia interna muy fuerte a que concurra gente procesada, con condena firme, en una situación compleja". De nuevo esa vaguedad, que oscila entre una riña vecinal y una sentencia del Tribunal Supremo. Pero aclara: "Se va a permitir que vayan imputados de todo tipo, aunque a día de hoy no hay ninguno que lo esté por enriquecimiento personal". Según sus cuentas, de unos 30.000 candidatos no hay más de 30 imputados.

- Cuestión de peso. Los alcaldes de Mazaricos, José Manuel Santos, y de Fisterra, José Manuel Traba, ambos en A Coruña, ambos diputados provinciales del PP, están imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Según su líder provincial, Carlos Negreira, no se puede ni siquiera hablar de corrupción porque las dos localidades no superan los 10.000 habitantes. La Comunidad Valenciana tiene más de cinco millones. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio por recibir regalos de la trama Gürtel; el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y revelación de secretos en el caso Brugal (el portavoz socialista en Alicante, Roque Moreno, dimitió al verse salpicado); y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por cohecho, tráfico de influencias y fraude. Camps y Ripoll quieren ser candidatos en mayo (Fabra ya ha dicho que se retira). La dirección nacional del PP se inclina por permitírselo al primero y, probablemente, al otro.

- Tolerancia cero a prueba. En el extremo contrario estaba hasta ahora el otro nudo gordiano del PP, las Islas Baleares, cuna de decenas de escándalos a cuenta de los Gobiernos de Jaume Matas (1996-1999 y 2003-2007). Su sucesor al frente del partido, José Ramón Bauzá, prometió que no habría imputados en sus listas y, pese a más de un disgusto político, lo ha cumplido. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, vio "acertada" esa tolerancia cero, pero con matices, pues en su opinión "hay personas imputadas y luego la imputación queda en nada". La inflexibilidad de Bauzá ha vuelto a ponerse a prueba estos días, con la imputación del portavoz parlamentario adjunto, Francesc Fiol. Por ahora se ha desmarcado con vaguedades, pero su principal vocero, Toni Fuster, ya ha dicho: "La decisión [de no aceptar imputados] no ha cambiado".

- Cinco exalcaldes corruptos. Igual de tajante se mostró Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, la otra comunidad más afectada por el caso Gürtel con 60 imputados (políticos, empresarios, funcionarios). Entre ellos tres exmiembros (pero aún diputados) de su Gobierno, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco; y los ex alcaldes de Boadilla Arturo González Panero y Juan Siguero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; de Majadahonda, Guillermo Ortega; y de Arganda del Rey, Ginés López. Todos los imputados han sido excluidos de las listas.

De ello se felicitaba el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón (PP): "Soy partidario de establecer reproches muy severos ante cualquier desviación de poder en ese sentido de beneficios personales". Una vez más, medidas solo contra el que mete la mano en la caja y se la lleva al bolsillo. Ejercer de hada madrina para constructores y empresarios de todo pelaje sigue saliendo (políticamente) barato.

Las líneas rojas

- El código ético del PP. A fines de 2009, asediado por el escándalo de la red Gürtel de corrupción, el PP aprobó un código de buenas prácticas: sus candidatos deben evitar "cualquier conducta, aun plenamente legal, que pueda dañar la imagen" del partido; y a "comunicar la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Pero la decisión sobre lo que hacer en ese caso no es automática: queda en manos del Comité Nacional de Derechos y Garantías.

- Los excluidos del PSOE. Los socialistas prometen no incluir en sus listas a políticos condenados por incumplir la ley, para enriquecerse o por otros motivos. Así quedó excluida Trinidad Rollán, mano derecha del líder madrileño, Tomás Gómez, y sentenciada por prevaricar: como alcaldesa de Torrejón de Ardoz, votó en 2001 un convenio urbanístico ilegal. Renunció "por ética y responsabilidad, para no perjudicar al partido", pero es secretaria de Organización aún "pues la pena no la inhabilita para ese cargo orgánico".

- ¿Un pacto? El dirigente del PP Javier Arenas apostó el viernes por un acuerdo de las fuerzas políticas sobre la figura del imputado para "preservar la presunción de inocencia".